PERIODISTAS EN LA MIRA DE GOBIERNOS AUTORITARIOS
En países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua o México, periodistas enfrentan prácticas gubernamentales que debilitan su capacidad para fiscalizar al poder. (CONNECTAS)
En la noche del lunes 21 de junio de 2021, un enorme operativo llegó en patrullas y motocicletas a la casa de Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más reconocidos de Nicaragua. En su cuenta de Twitter resumió sus sentimientos: a pesar de todo, “nunca podrán confiscar el periodismo. No pueden matar las ideas, ni las voces del periodismo independiente”.
Un allanamiento como este no es nada nuevo para él, pero
nunca había sido algo tan personal. Al fin y al cabo, en 2018 Daniel
Ortega ordenó allanar su medio digital Confidencial.
Algo que se repitió en 2021, cuando la policía ocupó de nuevo esa redacción y
la del programa en televisión digital Esta Semana.
Desde hace un par de semanas, las autoridades judiciales de
Nicaragua, que no son independientes del gobierno de Daniel Ortega, comenzaron
una ofensiva de entrevistas, restricciones migratorias, señalamientos y
vinculaciones de periodistas y medios a investigaciones por supuestamente lavar
dinero o conspirar con gobiernos extranjeros. Pero no han aportado pruebas ni
detalles concretos, ni han hecho una acusación formal. De ahí que el hecho se
enmarque dentro de un patrón de intolerancia que, al estilo imperante en Cuba
desde hace décadas, se abre paso en América Latina. Como si los periodistas
fueran una piedra en el zapato de gobernantes e instituciones estatales a
quienes les incomoda la democracia.
Y no hay nada que moleste más que una piedra en el zapato.
De formas más o menos sutiles, en países como Nicaragua, El
Salvador, México y Venezuela, instituciones estatales mantienen presión sobre
los medios, en especial desde el Poder Ejecutivo. En todos se repite el mismo
discurso: la prensa independiente es enemiga del pueblo.
Por ejemplo, en Nicaragua, según reseñó el New York Times , las autoridades vincularon a 13 medios en una
investigación criminal enfocada en los líderes de la oposición por presunto
“lavado de dinero, traición y conspiración sediciosa”. El gobierno nicaragüense
ya había impedido al corresponsal del diario estadounidense la entrada al país.
Según el orteguismo, la investigación se mantiene debido a que “se está
desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y
gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios
de comunicación de la derecha y figuras de la oposición financiados por Estados
Unidos”.
El pretexto de la injerencia de otros gobiernos se replica
en México, donde Andrés Manuel López Obrador ocupa la presidencia desde 2018.
En esa nación, la prensa también sufre presiones de los gobiernos estatales y
municipales. Muchos medios viven de más del 50% de la publicidad oficial,
circunstancia que se convierte en una herramienta de censura: si eres crítico
con el gobierno, este te elimina la pauta.
Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática a Estados Unidos para protestar
por el financiamiento, por unos 250,000 dólares, a la asociación Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad. También acusó a la asociación Artículo 19 de
obtener dinero por la misma vía. Ambas trabajan por la libertad de prensa.
Esa financiación tiene un sentido. En efecto, en la crisis
de sostenibilidad del periodismo de calidad, diversos programas de cooperación
internacional han servido de refugio sobre todo para la especialidad
fiscalizadora y de investigación. Se trata de recursos de la Unión Europea, de
la cooperación de Alemania, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos,
entre otros. Pero al igual que en el tradicional modelo de negocio de los
medios comerciales, esos recursos no implican compromisos para los medios en
cuanto a sus contenidos, más allá de permitirles operar sin cortapisas. La
calidad de los mismos es el mejor sello de la independencia.
Como dijo a CONNECTAS el periodista Silber Meza, en México “se
vive también un hostigamiento declarativo desde la presidencia. Así como desde
el gobierno federal disminuyeron las llamadas a las redacciones para que algo
no se publique, desde las conferencias mañaneras el presidente busca acabar con
la credibilidad de medios y periodistas que no ve con buenos ojos. El riesgo es
que se incremente la autocensura por temor al linchamiento público”.
En Nicaragua, el desprestigio corre también por cuenta del
emporio de medios de comunicación “que funciona con una maquinaria
propagandística que sirve para distribuir mensajes de odio”, opina un
periodista nicaragüense. Según él, el gobierno no solo aparta a la prensa
independiente, la criminaliza y la encarcela, sino que crea sus propios canales
“en parte, gracias a que la allana y utiliza policías o turbas de simpatizantes
para robarles los equipos”.
Otra forma de ataque contra los medios se presenta en Venezuela:
la aniquilación judicial. En ese país, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó
al diario El Nacional pagar unos 13.36 millones de dólares al
diputado Diosdado Cabello, como “indemnización por daño moral”. Unas semanas
después de la sentencia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana embargaron la sede de la publicación .
Pero todavía faltaba algo: en mayo de 2021, el juez dobló
la cifra a 30.05 millones de dólares. Se trató de una verdadera
confiscación judicial, decretada con el pretexto de que El Nacional publicó
un informe extranjero que señalaba al personaje de tener vínculos con el
narcotráfico y lavado de dinero. En condiciones normales, ese asunto no habría
llegado al extremo de liquidar al diario.
La organización Artículo 19 define el acoso judicial como
una forma de agresión que interpone recursos legales (demandas civiles,
acusaciones criminales, procesos administrativos o acciones constitucionales)
en contra de periodistas que investigan e informan, en su mayoría, sobre
corrupción e irregularidades en entidades del Estado.
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