NO HAY MAÑANERA QUE ALCANCE
Por: Héctor De Mauleón
Columna publicada el 17 de noviembre de 2025.- El asesinato de Carlos Manzo acaparó durante las dos semanas previas a la marcha del sábado pasado la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el momento mismo en que Manzo cayó bajo las balas de un sicario, en la plaza principal de Uruapan, arrancó desde el gobierno federal la operación de control de daños y manejo de crisis que culminó con los hechos del 15 de noviembre, en medio de golpizas, nubes de gases lacrimógenos y violencia desatada y sin control en el Zócalo capitalino.
La preocupación mayor de Claudia Sheinbaum, tras los
asesinatos que recientemente habían sacudido Michoacán, como el del líder
limonero Bernardo Bravo, quien al igual que Manzo se había opuesto a la
injerencia del crimen organizado en la vida cotidiana de los michoacanos
por medio del cobro de piso, el asesinato, el secuestro, la extorsión,
la imposición de precios y el control de prácticamente todas las actividades
productivas, era que la ola de indignación nacional y repudio
generalizado que se expresó en redes sociales tras el homicidio del
único alcalde que había alzado la voz en contra de Morena y en contra
del cada vez más comprometido gobernador Ramírez Bedolla, y había pedido a
gritos en todos los tonos, sin ser escuchado, la intervención del gobierno
federal para sacar a los cárteles de la región, pudiera convertirse
en el Ayotzinapa de su sexenio.
No solo crecía en el país la idea del fracaso del gobierno
de Sheinbaum para garantizar la seguridad y el abandono en
que se hallan los mexicanos: al mismo tiempo, altos funcionarios
estadounidenses —Christopher Landau, entre ellos— aprovecharon el asesinato de
Manzo para ofrecer la ayuda del gobierno de Donald Trump y
subrayar el estado de indefensión en que, le guste o no a la presidenta, se
hallan amplias franjas de la sociedad mexicana.
El recurso fácil de culpar a los gobiernos de Peña y Calderón de
la situación de violencia en Michoacán, y de llamar “buitres” y “carroñeros” a
quienes expresaron su indignación por el homicidio de Carlos Manzo obtuvo una
reacción unánime de rechazo como no se había visto durante el primer año del
sexenio: un día después de pronunciadas estas palabras, prácticamente toda la
opinión publicada se había volcado en contra Sheinbaum, mientras las calles de
Uruapan —una ciudad de 356 mil habitantes— se veían colmadas con una marcha de
alrededor de cien mil personas, y movilizaciones que se prolongaron durante
varios días.
Simultáneamente se viralizó el recordatorio de que había sido
el actual jefe de asesores de la presidenta, el entonces gobernador Lázaro
Cárdenas, quien pidió a Calderón el envío de fuerzas federales para apaciguar
la región.
Un tropiezo más en términos de la opinión pública fue
el anuncio de que, en vez de investigar a los autores intelectuales del
asesinato del alcalde michoacano y de ordenar desarticular la colusión entre
políticos y criminales que oprimen la entidad, la presidenta había ordenado
investigar las cuentas de redes sociales que estaban promoviendo la marcha
nacional del 15 de noviembre, convocada inicialmente por jóvenes de la llamada Generación
Z, a la que se fueron sumando seguidores de Manzo —el Movimiento del
Sombrero—, remanentes de la Marea Rosa, varios sectores ciudadanos y
miles, de verdad miles, de agraviados.
La presidenta dedicó horas de su “mañanera” a restar legitimidad a
la marcha, a impulsar la idea de que era “inorgánica y pagada”, a difundir la
idea de que sus promotores no eran “tan jóvenes”, a tratar de vincular la
manifestación con “la derecha internacional”, y a exhibir incluso a
algunos de los jóvenes que la promovieron en redes sociales: “Cuándo ha visto
usted democracias en las que el presidente ponga en el paredón la foto de las
personas que se manifiestan”, le contestó uno de estos, Edson Andrade,
quien responsabilizó a la mandataria de lo que pudiera ocurrirle, “porque me
expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian”.
Sheinbaum pidió que Miguel Ángel Elorza, el supuesto
“Detector de Mentiras” de Infodemia saliera a destazarle a la marcha
todo viso de legitimidad. Desde el gobierno no se quiso contemplar, desde
luego, el desgaste que han procurado, y la indignación que han desatado, los
continuos escándalos de corrupción que recientemente han explotado
tanto en la cúpula de Morena como entre los altos funcionarios de la 4T, y
que involucran al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, al
senador Adán Augusto López, a varios gobernadores morenistas, como Rubén
Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rocío Nahle, Marina
del Pilar Ávila, al cada vez más impresentable Gerardo Fernández Noroña e
incluso a secretarios de Estado como Ricardo Trevilla y Mario
Delgado.
“Yo marché ayer, no soy joven, soy un padre que tuvo recoger
con las manos las cenizas de lo que unos sicarios me dejaron de mi hija;
también soy el abuelo que se quedó imaginando cómo crecerían mis nietos (…)
Marché porque me los mataron hace 6 años y hasta hoy no hay justicia”,
escribió Adrián LeBarón.
El nivel de preocupación del gobierno de Sheinbaum se pudo
medir por la cantidad de esfuerzos destinados a desautorizar la marcha del
sábado, y a empañar incluso la figura del alcalde Manzo, al que una apologista
del régimen definió en televisión nacional como de “ultraderecha” y colocó al
lado del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Nada impidió que miles de personas llegaran al Ángel el sábado
pasado. Lo que si se trató a toda costa fue impedir por todos los medios que la
columna llegara al Zócalo: los accesos se cerraron con vallas, salvo en 5
de Mayo, lo que hizo que a muchas personas le tomara alrededor de tres horas
avanzar de Reforma a Eje Central.
Además de la presencia imponente de fuerzas policiacas,
grupos de vándalos encapuchados desataron la violencia, primero a un lado de
la Catedral, justo por donde la gente iba entrando al Zócalo: “Una táctica
clara de inhibición”, señaló el experto en seguridad Alberto Capella.
Al mismo tiempo, otro grupo más numeroso lanzaba piedras,
botellas, objetos encendidos y cohetones frente a Palacio Nacional, donde
la mitad de las vallas fueron derribadas. El humo, el ruido de los cohetones,
la violencia operada por esos grupos —reportes de seguridad sostienen que
tradicionalmente han sido manejados desde la sombra por César Cravioto y Martí
Batres—, lograron el propósito central: que el Zócalo no se llenara.
Vino después la cereza del pastel: la violencia desatada
contra los policías y la violentísima reacción de estos, que culminó con un
Zócalo repleto de gente golpeada y aterrorizada, con decenas de jóvenes
gaseados y policías heridos.
La presidenta tuvo, al parecer, lo que estaba buscando. Un
recurso más para deslegitimar la marcha y condenar la violencia.
El problema, para ella, es que la llama sigue encendida en
Michoacán, que los problemas de corrupción dentro de su movimiento continúan
impunes, y que a lo largo del país la violencia y la inseguridad continúan
destrozando la vida de los mexicanos.
Y frente a eso, no hay “mañanera” que alcance.
