EL NARCO Y EL PODER: MORENA BAJO SOSPECHA
*La controversia por la presunta reunión de Ariadna Montiel
con El Guano exhibe una peligrosa confusión entre los intereses del partido
gobernante y las obligaciones del Estado. El desmentido oficial no esclarece el
fondo de las acusaciones ni despeja las dudas sobre una posible intervención
criminal en las elecciones de 2024
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La controversia estalló tras publicarse información sobre un
presunto encuentro en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, entre Ariadna Montiel,
actual presidenta nacional de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, alias "El
Guano", hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según lo expuesto
por De Mauleón, un reporte de inteligencia de carácter federal documentaba una
negociación para apoyar a candidatos oficiales durante el proceso electoral de
2024 a cambio de mantener control territorial. Aunque el propio periodista
aclara en su texto que el acuerdo no está acreditado públicamente y que se
desconocía si la reunión finalmente se concretó, la gravedad específica de los
señalamientos exigía un tratamiento estrictamente técnico, ministerial e
institucional, lejos de la confrontación política.
Lo que transformó este episodio en un escándalo político mayor
fue la inmediata y conjunta intervención del Gabinete de Seguridad federal,
integrado por las secretarías de Defensa y Marina, la Fiscalía General de la
República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana. A través de una carta aclaratoria, estas dependencias negaron de
forma contundente la existencia de información oficial que confirmara el
reporte citado. Sin embargo, en el terreno de la inteligencia penal, negar la
existencia de un registro oficial indexado no equivale automáticamente a
demostrar que la investigación previa, las carpetas informales o los
testimonios de las fuentes consultadas por el periodista no existan. La
respuesta gubernamental esquivó preguntas clave de fondo: ¿se realizó una
búsqueda exhaustiva y rigurosa en los archivos de todas las dependencias
durante el periodo electoral de 2024? ¿Se indagó de manera interna el origen de
la presunta filtración antes de emitir el desmentido?
La historia reciente del país ha demostrado con creces que la
delincuencia organizada no necesita gobernar formalmente para ejercer el poder
real; le basta con condicionar candidaturas, financiar estructuras locales y
controlar territorios clave. Por esta razón, cualquier indicio de un pacto
político-criminal debe ser investigado con absoluta independencia y
neutralidad, sin permitir que la filiación partidista o la relevancia pública
de los señalados dicte el alcance o la profundidad de las indagatorias jurídicas.
Mientras la dirigencia de Morena y sus militantes tienen el
legítimo derecho de defender su reputación frente a acusaciones que consideren
falsas, las instituciones del Estado tienen una obligación constitucional
radicalmente distinta: actuar con estricta imparcialidad. La inusual rapidez
del desmentido oficial en este caso contrasta con la lentitud o la falta de
resultados visibles en otros expedientes de alto impacto político y de
seguridad, lo que termina alimentando la percepción pública de una selectividad
institucional diseñada para dar cobertura política al movimiento gobernante.
México no necesita instituciones de seguridad que actúen como escudos de
contención para proteger las siglas de un partido; necesita un Estado
firmemente dispuesto a investigar hasta las últimas consecuencias, incluso
cuando los nombres señalados pertenezcan al oficialismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario