FIN DE LA AUSTERIDAD EN LOS REYES LA PAZ: ALTOS SUELDOS Y REDES DE CONTROL SEPULTAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
*Mientras la alcaldesa Martha Guerrero y el director de
OPDAPAS perciben sueldos superiores a los 100 mil pesos, el organismo opera en
números rojos con deudas millonarias ante el SAT y la CFE, dejando a miles de
familias sin el servicio básico
Por: EXPEDIENTE SECRETO
La pregunta es inevitable: ¿cómo se justifican estos ingresos
en un municipio donde el suministro de agua continúa siendo un problema
cotidiano y la propia dirección del organismo ha reconocido severas
dificultades financieras?
En enero de 2025, el propio Guillermo Guzmán Acosta declaró
públicamente que OPDAPAS operaba con números rojos. Las cifras oficiales describen
un panorama financiero alarmante para la institución hidráulica: Adeudo con el
SAT: 25 millones de pesos. Adeudo con el ISSEMyM: 4.1 millones de pesos. Adeudo
histórico con la CFE: Más de 360 millones de pesos acumulados por el consumo de
energía necesario para bombear agua de los pozos.
Aunque la administración actual atribuyó estos pasivos a
presuntos malos manejos de gobiernos anteriores, la explicación oficial deja al
aire preguntas centrales: ¿Qué medidas se han tomado para sanear las finanzas?
¿Qué denuncias penales o administrativas se presentaron para deslindar
responsabilidades? ¿Qué resultados concretos han obtenido las auditorías y
cuánto dinero se ha recuperado?
Mientras las respuestas no llegan, los habitantes enfrentan el
día a día con fugas recurrentes, baja presión, infraestructura obsoleta y
colonias enteras que dependen estrictamente del suministro mediante pipas. La
contradicción es evidente: un organismo con pasivos multimillonarios mantiene a
una cúpula directiva con percepciones mensuales individuales superiores a los
cien mil pesos.
La permanencia de Guillermo Guzmán Acosta al frente de OPDAPAS
también está rodeada de fuertes cuestionamientos políticos. Versiones locales
señalan que su llegada al cargo estaría directamente relacionada con un
presunto nepotismo y pago de favores: se apunta a su parentesco por afinidad
con el expresidente municipal Agustín Corona Ramírez —a quien se identifica
como su suegro— y a su estrecha cercanía con Tranquilino Lagos Buenabad, esposo
de la alcaldesa.
Estos lazos obligan a la ciudadanía a cuestionar cuáles fueron
los criterios técnicos utilizados para designarlo, qué experiencia y
preparación académica acreditó para el puesto y qué resultados reales ha
entregado al organismo.
A la par de las críticas institucionales, circulan en la
localidad reclamos por videos en los que el funcionario aparece bailando en
estado de ebriedad dentro de establecimientos nocturnos. Y si bien es cierto
que el contenido no debe utilizarse para contribuir en descalificaciones
personales. Los videos si son utilizados por la ciudadanía para hacer evaluación
de su desempeño público, el fondo del asunto se mantiene en determinar si
cuenta con el perfil idóneo para administrar recursos públicos y garantizar el
abastecimiento del vital líquido a la población.
La insuficiencia de la red municipal ha obligado a numerosas
familias a recurrir a pipas particulares, un mercado donde el acceso al agua se
ha convertido en una carga económica insostenible. De acuerdo con los reportes
ciudadanos, el costo de un solo servicio de pipa privada puede superar los 2
mil pesos. Para las familias de bajos ingresos, pagar esta cantidad por un
recurso indispensable significa destinar una gran parte considerable de su
presupuesto doméstico a cubrir una necesidad que debería atenderse mediante un
servicio público eficiente.
A esta crisis económica se suman graves denuncias vecinales
sobre el uso político en la distribución de agua y el condicionamiento de
apoyos a grupos vinculados a Morena. Colectivos ciudadanos sostienen que se
castiga activamente a las personas que no apoyen o se nieguen a afiliarse al
partido guinda, dejándolas fuera de las rutas de reparto de agua potable. Estas
acusaciones de utilización discriminatoria de un servicio esencial exigen una
investigación independiente inmediata.
NEXOS PELIGROSOS: TRANQUILINO LAGOS Y HÉCTOR BECERRIL
En el centro de la controversia aparece Tranquilino Lagos
Buenabad, esposo de la alcaldesa, a quien versiones de opositores y denuncias
vecinales atribuyen presuntos vínculos o tolerancia hacia las redes que
controlan el mercado irregular del agua. En específico, se le señala por una
presunta relación con Héctor Becerril, identificado por los denunciantes como
dirigente de un grupo vinculado a la denominada Federación Unida 22 de Octubre
(antes Sindicato 22 de Octubre).
En el ámbito regional, dicha organización arrastra constantes
señalamientos por su presunta influencia en actividades de extorsión, despojo
de inmuebles, invasión de predios y el manejo monopólico del agua. Por ello, la
exigencia ciudadana es que las autoridades federales investiguen estos hechos
hasta las últimas consecuencias.
La gravedad de las denuncias amerita que las fiscalías
competentes informen sobre los avances de las carpetas de investigación
abiertas, qué acciones se han realizado para frenar las extorsiones en el
reparto de agua y si existe evidencia de que el vital líquido esté siendo
explotado para obtener beneficios financieros de carácter criminal o político.
La crisis del agua en Los Reyes La Paz plantea una exigencia
elemental de transparencia. Si OPDAPAS arrastra deudas por cientos de millones
de pesos, la población tiene derecho a conocer cómo se ejercen sus recursos,
cuánto cuesta mantener su estructura directiva y por qué persisten las
deficiencias en el suministro.
Auditorías exhaustivas y externas a los estados financieros de
OPDAPAS. Transparencia absoluta en los contratos de suministro y en los
padrones de distribución de pipas. Investigaciones judiciales sobre las
denuncias de condicionamiento partidista y control irregular del recurso.
La pregunta final no es solamente cuánto ganan Martha Guerrero
y Guillermo Guzmán, sino qué recibe la población a cambio de los recursos
públicos que administra el gobierno municipal. ¿Dónde quedó la austeridad
republicana y la promesa de "por el bien de todos, primero los
pobres" cuando las familias de La Paz tienen que pagar miles de pesos para
conseguir el agua que necesitan para vivir? En este municipio, la transparencia
no puede seguir siendo una consigna electoral; tiene que traducirse en cuentas
claras y agua en los hogares.
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