LA CIRUGÍA RADICAL QUE HIGINIO MARTÍNEZ NO QUIERE COMENZAR EN CASA
*¿También está dispuesto a mirarse al espejo? El cacique de
Texcoco exige a Claudia Sheinbaum una cruzada anticorrupción, mientras su
trayectoria arrastra cuestionamientos por el financiamiento de Morena con
retenciones salariales, una red de familiares en el gobierno municipal y un
patrimonio inmobiliario familiar superior a 85 millones de pesos, reportado por
El Sol de México.
Por: EXPEDIENTE SECRETO
El 26 de octubre, el legislador morenista
había llamado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a emprender
una cruzada definitiva contra el despilfarro, los negocios con recursos
públicos y la ambición desmedida de los funcionarios, exigiendo una “cirugía
radical” para el modelo de administración pública en México. “No soy un santo,
tengo algún pecadillo de tipo terrenal”, reconoció Martínez Miranda al defender
su propuesta, asegurando que conoce el problema desde dentro y sabe exactamente
por dónde atacarlo.
Sin embargo, las declaraciones del senador abren una pregunta
inevitable: ¿está dispuesto a que esa revisión profunda alcance también a los
grupos políticos que él mismo ha construido y a las redes de poder que han
crecido bajo su influencia? Una cosa es denunciar la corrupción de los
adversarios y otra muy distinta aceptar que la fiscalización comience por casa.
Antes de exigir transformaciones nacionales, el líder del llamado "Grupo
Texcoco" tendría que responder por los episodios ampliamente documentados
y los señalamientos que han acompañado a su círculo cercano durante años.
El primer antecedente ineludible ocurrió durante la
administración municipal de Delfina Gómez Álvarez en Texcoco (2013-2015). En
enero de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) ratificó una multa de 4 millones 529 mil pesos a Morena tras
acreditarse un mecanismo ilícito de retenciones salariales. El expediente
demostró que se descontó de manera ilegal cerca del 10% de las percepciones a
los trabajadores del ayuntamiento y del DIF municipal, recaudando 2 millones
264 mil 612 pesos que fueron desviados a actividades del partido sin
reportarlos a la autoridad electoral. La resolución vinculó directamente en la
operación a personas pertenecientes al Grupo de Acción Política, la corriente
interna lidereada por el propio Higinio Martínez.
A este esquema de financiamiento se suma el cuestionado diseño
institucional de aquella gestión. Quienes conocen la política mexiquense
afirman que, mientras Delfina Gómez ocupaba la alcaldía nominal, quien operaba
realmente los hilos del gobierno municipal era el hoy presidente del Senado.
Durante ese periodo, una extensa red de familiares de Martínez Miranda ocupó
puestos clave en la nómina pública: su hermano, Alberto Martínez Miranda, fue
el tesorero municipal; su tío, Agustín Miranda Meneses, encabezó la Dirección
de Seguridad Pública; su nuera, Elizabeth Terrazas Ramírez, presidió el DIF, y
su prima, Mónica Quintero Miranda, fue nombrada titular del área de Agua
Potable y Saneamiento.
La lista de parientes en la estructura no terminó ahí.
Señalamientos periodísticos también identificaron en diversas áreas municipales
a Manuel y Roberto Hernández Romero (vinculados por matrimonio con la familia),
así como a María Adela Portuguéz Miranda y Juventino Larriva, entre otros. Si
bien la presencia de familiares en la administración pública no constituía en
automático una conducta ilegal, la acumulación de estos vínculos plantea dudas
legítimas sobre nepotismo, conflictos de interés y concentración del poder. En
la actualidad, la ciudadanía exige máxima transparencia sobre los criterios de
contratación, perfiles profesionales y remuneraciones de quienes formaron parte
de ese círculo.
El patrimonio personal del senador también ha estado bajo el
reflector. En mayo de 2017, una investigación realizada por el reportero Saúl
Hernández para el diario El Sol de México reveló que, entre octubre de 2010 y
noviembre de 2015, Higinio Martínez y sus tres hijos acumularon un total de 14
propiedades cuyo valor comercial conjunto superaba los 85 millones de pesos,
según datos del Instituto de la Función Registral del Estado de México.
El reportaje detalló que los inmuebles se adquirieron a
precios considerablemente inferiores a su valor comercial estimado posterior.
Dos de los predios aparecían a nombre del legislador y los 12 restantes a
nombre de sus hijos o de Grupo Mauler, una sociedad constituida por ellos
mismos. Destaca el caso de un terreno de casi 600 metros cuadrados comprado el
20 de febrero de 2014 por 1.5 millones de pesos, cuyo valor comercial real se
calculó en 12.5 millones. La investigación periodística también subrayó que,
durante el periodo analizado, Martínez Miranda omitió presentar sus declaraciones
patrimoniales, fiscal y de intereses a través de la iniciativa ciudadana 3de3.
A este historial de bienes se añadieron reportes sobre contratos de obra
pública otorgados a empresas vinculadas con miembros de su entorno político,
casos que ameritan un escrutinio exhaustivo sobre sus expedientes, montos y
licitaciones.
La controversia actual en torno a Higinio Martínez va más allá
de las cifras; toca la estructura misma de Morena en el Estado de México. Como
fundador del Grupo Texcoco, sus críticos internos y externos lo describen como
un cacique político enfocado en colocar aliados en posiciones estratégicas. Hoy
en día, diversos liderazgos de su propio partido muestran un profundo desgaste
en su relación con él, caracterizándolo como un político ambicioso que ha
puesto en riesgo su trayectoria por intereses personales.
Esta disputa por el poder se refleja también en su relación
con la gobernadora Delfina Gómez. Aunque en el pasado existía la percepción de
que Gómez se encontraba subordinada a la influencia del senador, el panorama ha
cambiado de manera drástica. Liderazgos fundadores de Morena señalan que el
presidente del Senado muestra angustia y resentimiento ante la clara evolución
política de la mandataria estatal, mientras él se ha quedado rezagado. Afirman,
además, que Martínez Miranda mantiene una obsesión personal por la gubernatura
del Estado de México y que utiliza la alta tribuna de la presidencia del Senado
exclusivamente como un escaparate para promover sus aspiraciones electorales,
una hipótesis que encuentra eco en la narrativa de sus discursos y sus
recientes apariciones públicas.
La exigencia planteada por Higinio Martínez es válida y debe
aplicarse sin excepciones: si la corrupción es un cáncer que amenaza a las
instituciones, ningún partido ni grupo político puede quedar exento de la ley.
Sin embargo, para que su discurso de "cirugía radical" tenga
legitimidad democrática y no sea visto como una simulación oportunista, el
examen y la rendición de cuentas deben comenzar obligatoriamente por los
expedientes pendientes en su propio feudo de Texcoco.
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