CAZAN AUTORIDADES FEDERALES A AMÍLCAR OLÁN
*La FGR obtiene presunta orden de aprehensión por delincuencia
organizada contra el empresario señalado por sus nexos con Andy y Gonzalo López
Beltrán; el expediente también toca una investigación fiscal por 834 millones
de pesos y presuntos vínculos con una célula del CJNG
Por: EXPEDIENTE SECRETO
De acuerdo con información difundida este martes por diversos
medios, el mandamiento judicial habría sido librado por un juez adscrito al
Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, en el
Estado de México.
La noticia coloca nuevamente bajo los reflectores a un
personaje cuya trayectoria empresarial ha sido cuestionada durante los últimos
años y cuya cercanía con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo “Bobby”
López Beltrán ha sido documentada y ampliamente señalada en investigaciones
periodísticas. Pero ahora el escenario es distinto.
Ya no se trata solamente de cuestionamientos políticos,
negocios, contratos públicos o presuntos conflictos de interés. El nombre de
Olán aparece ahora en una investigación federal que, según los reportes
conocidos, contempla el delito de delincuencia organizada.
DE LOS ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN A LOS NEGOCIOS MILLONARIOS
La historia empresarial de Olán Aparicio resulta
particularmente llamativa. De acuerdo con investigaciones periodísticas,
comenzó como un empresario relativamente pequeño dedicado al sector de acabados
de construcción, pero a partir de 2019 sus negocios habrían registrado una
expansión extraordinaria.
El empresario incursionó posteriormente en sectores como
medicamentos, construcción y suministro de balasto para obras ferroviarias
federales, incluido el Tren Maya.
Ese crecimiento lo llevó a participar en operaciones y
contratos públicos por cantidades millonarias.
La pregunta que desde entonces ha acompañado las
investigaciones periodísticas es sencilla, pero demoledora:
¿Cómo pasó un empresario de perfil relativamente modesto a
convertirse en un participante de negocios de miles de millones de pesos
alrededor de proyectos estratégicos del gobierno federal?
El cuestionamiento cobró todavía mayor fuerza por su cercanía
personal con los hijos del entonces presidente López Obrador.
Diversos reportes lo han señalado como presunto prestanombres,
socio encubierto u operador de negocios relacionados con Andy y Gonzalo López
Beltrán.
La nueva ofensiva judicial estaría relacionada con otra
investigación que apunta hacia el negocio de los combustibles.
El Servicio de Administración Tributaria habría presentado
ante la FGR una denuncia contra Portacelis Gas and Oil, empresa señalada por
presunto contrabando de combustible y defraudación fiscal. El monto involucrado
sería de aproximadamente 834 millones de pesos.
De acuerdo con N+, el SAT detectó inconsistencias en
documentos de importación y embarques de diésel, en una operación que habría
permitido introducir combustible al país declarando cantidades menores a las
realmente transportadas.
Portacelis aparece vinculada con el entorno empresarial de
Olán Aparicio y su administrador único era Juan Carlos de la Cruz Murillo,
identificado en los reportes como colaborador cercano del empresario.
Así, la investigación comienza a dibujar un escenario mucho
más complejo: empresas, combustible, presunta evasión fiscal y personajes
relacionados con el círculo empresarial que rodeó a Olán.
Y EN MEDIO DE TODO, LOS AUDIOS DEL CJNG
Pero existe otro elemento que ha convertido el caso en uno de
los expedientes más explosivos alrededor del llamado círculo de Andy López
Beltrán.
En agosto pasado, Latinus difundió grabaciones telefónicas
atribuidas a Amílcar Olán y a su hermano Luis Alberto, correspondientes a conversaciones
de 2023.
Los audios fueron presentados como evidencia de presuntos
contactos con una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en
Veracruz.
En las conversaciones difundidas se hacen referencias a Iván
Cazarín Molina, “El Tanque”, señalado por autoridades estadunidenses como
integrante de alto nivel del CJNG.
Los materiales periodísticos sostienen que Luis Alberto Olán
habría tenido contactos con personas relacionadas con esa estructura criminal y
que esos vínculos habrían servido para proteger operaciones empresariales
relacionadas con minas de balasto en Veracruz.
Aquí existe, sin embargo, una precisión indispensable: los
audios difundidos públicamente no demuestran por sí mismos que Andrés Manuel o
Gonzalo López Beltrán hayan participado en actividades criminales, sin embargo,
l Fiscalía General de la Republica se ha negado a investigar a lños hijos del
expresidente AMLO y, hasta la presidente de México Claudia Sheinbaum se ha convertido
en su defensora de oficio.
Previamente se había reportado que Olán Aparicio promovió un
amparo después de detectar labores de vigilancia de la FGR alrededor de su
domicilio.
En aquel momento, las autoridades habrían informado que no
existía una orden de captura vigente. Ahora, de acuerdo con los reportes
publicados este 15 de septiembre, el escenario habría cambiado radicalmente.
La orden de aprehensión presuntamente ya existe. Y habría sido
solicitada dentro de una investigación federal por delincuencia organizada. El
expediente coloca inevitablemente bajo presión política al entorno de los hijos
del expresidente.
La dimensión política del caso es, por tanto, imposible de
ignorar. Un empresario que pasó de un negocio relativamente pequeño a
participar en operaciones millonarias; contratos y actividades alrededor de proyectos
estratégicos del gobierno; señalamientos de ser presunto prestanombres o socio
encubierto de los hijos del expresidente; una investigación fiscal por cientos
de millones de pesos; y ahora una orden de captura por delincuencia organizada.
Son demasiadas coincidencias para que el caso pueda
despacharse simplemente como una disputa política. La justicia tendrá que
determinar qué hay detrás de esta historia.
Tendrá que establecer quiénes participaron, quiénes se
beneficiaron, cómo circularon los recursos y, sobre todo, si las relaciones
empresariales y personales que durante años fueron objeto de señalamientos
periodísticos llegaron o no a convertirse en una estructura criminal.
Porque la pregunta ya no es solamente quién era el amigo de
“Andy”. La pregunta que ahora queda sobre la mesa es quiénes estaban detrás del
negocio.
Y esa respuesta, si existe, tendrá que salir de las
investigaciones de la Fiscalía, de los expedientes judiciales y de las pruebas
que eventualmente sean presentadas ante los tribunales.
Por ahora, Jorge Amílcar Olán Aparicio enfrenta uno de los
momentos más delicados de su trayectoria empresarial y judicial.
El amigo de los hijos del expresidente que durante años
apareció en investigaciones sobre negocios millonarios ahora aparece, en la
mira de la justicia federal por delincuencia organizada.
