ANTORCHA, EL VERDE Y EL VIEJO PRI: LA ALIANZA QUE AMENAZA

 CON DINAMITAR A MORENA EN EL EDOMEX

*Alejandra del Moral, Higinio Martínez Miranda y el entramado de Antorcha Campesina tejen acuerdos rumbo a 2027 en medio de acusaciones de corrupción, traición y pactos oscuros

 

Por: Carlos Recio, Martín Ponce

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 2 de marzo de 2026.— En el tablero político mexiquense se mueve una jugada que, de confirmarse, exhibiría la peor cara del pragmatismo electoral: la convergencia entre liderazgos señalados por corrupción, estructuras históricamente vinculadas al priismo más rancio y operadores que hoy buscan refugio bajo las siglas del Partido Verde para golpear desde dentro a Morena.

 

En el centro de las versiones se encuentra Alejandra del Moral, excandidata del PRI, PAN y PRD al gobierno del Estado de México, quien —según diversas voces locales— estaría operando políticamente junto con el exalcalde priista de San Vicente Chicoloapan para fortalecer a Antorcha Campesina, organización que durante décadas fue señalada por prácticas clientelares, presión política y control territorial bajo el cobijo del PRI.

 

La jugada, aseguran actores locales, tendría como beneficiario indirecto al senador Higinio Martínez Miranda, figura histórica de Morena en la entidad, hoy acusado por críticos internos de pactar con antiguos adversarios ideológicos. El vehículo sería el Partido Verde Ecologista de México, plataforma desde donde buscarían “dinamitar” la cohesión morenista en el Estado de México.

 

ANTORCHA: DEL DISCURSO INCENDIARIO AL OPORTUNISMO

 

La organización fundada por el tirano Aquiles Córdova Morán atraviesa uno de los momentos más frágiles de su historia. Tras perder espacios de poder y financiamiento, sus liderazgos han sido cuestionados por su pasado de confrontación violenta y por su histórica cercanía con gobiernos priistas.

 

Hoy, en un giro que para muchos raya en el cinismo político, Córdova Morán ha suavizado su discurso e incluso ha elogiado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pese a que en el pasado calificaba a la 4T, como sus enemigos políticos. Pero para Antorcha Campesina, no se trata de convicción ideológica, sino de supervivencia.

 

EL MALESTAR EN MORENA

 

En la base morenista crece la incomodidad. Militantes cuestionan qué pensar cuando ven a Alejandra del Moral compartiendo espacios con el senador Martínez Miranda, a quien algunos ya llaman “traidor” a los principios fundacionales de la llamada Cuarta Transformación.

 

Martínez presume controlar políticamente al menos 40 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, uno de los bastiones electorales más importantes del estado. Ese poder territorial lo coloca como pieza clave rumbo a 2027, pero también como epicentro de divisiones internas.

 

CHICOLOAPAN: LABORATORIO DE LA FRACTURA

 

San Vicente Chicoloapan es ejemplo de la implosión interna. Por un lado, el grupo del alcalde Francisco Javier Mendoza Vázquez; por el otro, el bloque ligado a la exalcaldesa Nancy Gómez Vargas, representado por su esposo, el diputado local Samuel Ríos.

 

Sobre Ríos pesan señalamientos políticos por el control del organismo operador del agua (OPDAPAS) y por presuntamente haber acumulado una fortuna millonaria administrando el servicio. A ello se suman acusaciones de encubrimiento en favor de sus cuñados, Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, y Alexis Gómez Vargas, alias “El Honda”, señalados por versiones locales como presuntos líderes de la organización criminal conocida como La Familia Michoacana en la región.

 

En medio de esta pugna aparece Andrés Aguirre Romero, quien aguardaría el momento oportuno para colarse como candidato del Verde —o impulsar a uno propio— aprovechando la fractura morenista.

 

¿Pragmatismo o traición?

 

La posible alianza entre sectores del viejo PRI, liderazgos del Verde, Antorcha Campesina y operadores cercanos a Higinio Martínez dibuja un escenario donde las ideologías parecen haber sido sustituidas por cálculos de poder.

 

Para Morena en el Estado de México, el riesgo no es sólo electoral. Es moral y político. Si la base percibe que sus dirigentes pactan con quienes históricamente combatieron —y que hoy arrastran acusaciones de corrupción, violencia y vínculos cuestionables—, la fractura podría ser más profunda que cualquier derrota en las urnas.

 

El 2027 aún parece lejano. Pero en el Edomex, las alianzas subterráneas ya comenzaron a mover sus piezas.

LA PAZ BAJO EXTORSIÓN: PROTECCIÓN CIVIL CONVERTIDA EN BOTÍN POLÍTICO

 

*Martha Guerrero y Tranquilino Lagos reciclan a funcionario con negro historial para exprimir a empresarios

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce

LOS REYES LA PAZ, Estado de México.– En lugar de garantizar condiciones de seguridad y legalidad para el desarrollo económico, el gobierno municipal encabezado por Martha Guerrero Sánchez parece haber convertido la Dirección de Protección Civil y Bomberos en una oficina de cobro extraoficial.

 

Empresarios de pequeños, medianos y grandes negocios acusan directamente al titular del área, Francisco Felipe Villa Campa, de operar un esquema sistemático de hostigamiento y presunta extorsión que utiliza inspecciones, observaciones administrativas y clausuras como mecanismo de presión económica.

 

En días recientes fueron cerrados varios establecimientos en Plaza Tepozanes y en distintas colonias del municipio. Los afectados denuncian que para “liberar” trámites o evitar sanciones se les exigen pagos que van de 50 mil a 80 mil pesos. En casos más graves, aseguran, las cantidades pueden dispararse mucho más alto bajo la amenaza de clausura definitiva.

 

No se trata de un funcionario sin antecedentes. El 16 de octubre de 2024, cuando se desempeñaba en Protección Civil de Ciudad Nezahualcóyotl, más de un centenar de propietarios de clínicas, gimnasios, farmacias y otros giros se manifestaron frente al palacio municipal para exigir al alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo su destitución por presuntos abusos, extorsiones y la operación de una red de “coyotes” que ofrecían arreglar irregularidades a cambio de fuertes sumas de dinero.

 

Los denunciantes de entonces hablaron de citatorios intimidatorios y cobros que podían alcanzar hasta 200 mil pesos. La presión pública obligó a su salida.

 

Lejos de representar un antecedente que descalificara su perfil, el historial parece haber sido irrelevante para el gobierno de La Paz. Tras pasar por la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Villa Campa reapareció en la administración de Martha Guerrero, en lo que empresarios califican como un acto de complicidad política.

 

Los antecedentes del funcionario también se extienden a Xalapa Veracruz, donde fue titular de Seguridad Ciudadana. Ahí enfrentó señalamientos por opacidad y presunta corrupción, así como críticas por pobres resultados en materia de seguridad que derivaron en su renuncia en marzo de 2021, tras presiones políticas y denuncias ante la Contraloría.

 

Su historial incluye episodios que exhiben abuso de poder y conductas indebidas: desde intentos de detención arbitraria contra civiles hasta el señalamiento de haber utilizado una patrulla para transportar adoquines destinados a obra pública hacia su domicilio particular en 2018.

 

Ese es el perfil que hoy ocupa la oficina encargada de supervisar medidas de seguridad y protección civil en Los Reyes La Paz.

 

Empresarios consultados sostienen que el verdadero problema no es solo el funcionario, sino quien lo sostiene. Señalan que la presidenta municipal y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un control político férreo sobre el ayuntamiento y que nada ocurre sin su conocimiento.

 

“Si sigue ahí es porque tiene respaldo”, señalan afectados, quienes acusan que el municipio se ha convertido en tierra fértil para el reciclaje de perfiles cuestionados provenientes de otras administraciones.

 

La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿ignorancia o complicidad? Porque después de un historial público de denuncias, escándalos y renuncias forzadas, la designación de Villa Campa no puede explicarse como descuido administrativo.

 

Mientras el discurso oficial habla de orden y legalidad, comerciantes viven bajo la amenaza constante de una inspección que puede convertirse en factura. En La Paz, dicen los empresarios, la Protección Civil dejó de prevenir riesgos para convertirse en instrumento de presión política y financiera.

 

El costo no solo lo pagan los negocios; lo paga la credibilidad de un gobierno que prometió transformación y hoy carga con la sombra de prácticas que dice combatir.

EMBOSCADA Y SILENCIO: LA OTRA GUERRA TRAS LA CAÍDA DE “EL MENCHO”

 

*Denuncias internas hablan de decenas de militares muertos, falta de apoyo en San Isidro y una ola de violencia que expuso la fragilidad institucional en al menos 22 estados

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2026.– En medio del hermetismo oficial que siguió al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, comienzan a emerger denuncias que dibujan un panorama mucho más grave del que hasta ahora han reconocido las autoridades federales.

 

De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor de Mauleón, elementos de la Guardia Nacional denunciaron que el mismo día del operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo de guardias fue emboscado en la entrada del poblado de San Isidro, a un costado del residencial Las Cañadas, en Zapopan, Jalisco.

 

Según la denuncia, varios elementos murieron en el ataque. Una fuente militar citada señala que la cifra superaría los 20 efectivos caídos solo en ese punto. Sin embargo, hasta ahora no existe un reporte oficial actualizado que confirme cuántas vidas se perdieron aquel domingo ni en los hechos violentos que se desencadenaron en los días posteriores.

 

Más aún, en un mensaje enviado por un mando militar, se afirma que el número de militares fallecidos —entre personal del Ejército y la Guardia Nacional— podría ascender a 120, producto de emboscadas y ataques ocurridos desde el domingo en distintos puntos del país. Se trata de una cifra que no ha sido corroborada oficialmente.

 

LA EMBOSCADA EN SAN ISIDRO

 

De acuerdo con los testimonios, mientras los guardias nacionales intentaban resistir la emboscada en San Isidro, solicitaron apoyo por radio. El respaldo nunca llegó.

 

Los atacantes —presuntamente integrantes del CJNG— habrían ejecutado la agresión como parte de la reacción violenta desatada tras la muerte de “El Mencho”, que incluyó bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a casetas de cobro, tiendas de conveniencia, bancos del Bienestar y tiroteos contra instalaciones de seguridad.

 

Videos que circulan en redes sociales muestran fragmentos del ataque. En uno de ellos, grabado por los propios agresores, se menciona al “Doble R”, identificado como Ricardo Ruiz Velasco, señalado como responsable de la zona metropolitana de Guadalajara para el grupo criminal.

 

Un dato subrayado por los denunciantes resulta especialmente delicado: San Isidro estaría bajo la responsabilidad del Sector 1 de la Policía de Zapopan, y en el punto del ataque existiría una cámara del C-5. A pesar de ello, ni policías municipales ni estatales con bases cercanas acudieron en auxilio. Cuando refuerzos del Ejército y la Guardia Nacional llegaron, era demasiado tarde. La mayoría de los elementos ya habían perdido la vida.

 

DETENCIONES Y OMISIONES EN MICHOACÁN

 

La ola de violencia no se limitó a Jalisco. En Michoacán, once policías municipales de Ecuandureo, incluido su director, fueron detenidos tras detectarse que patrullaban encapuchados y sin insignias oficiales durante los narcobloqueos.

 

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que los agentes habrían obstruido labores para retirar vehículos incendiados y que estarían vinculados con una célula del CJNG que opera en la región.

 

En los municipios de Sahuayo y Jiquilpan también se abrieron investigaciones contra policías municipales que no respondieron ante el inicio de los bloqueos y permitieron el robo e incendio de vehículos.

 

SILENCIO OFICIAL Y VACÍO INFORMATIVO

 

Hasta el momento, el gobierno federal y el gabinete de seguridad no han emitido un informe detallado que precise el número de víctimas, las circunstancias de los ataques ni el balance real de la ofensiva criminal desatada tras el operativo en Tapalpa.

 

La falta de información oficial ha generado un vacío que alimenta versiones encontradas, cifras no confirmadas y una creciente desconfianza pública. Lo ocurrido no solo evidenciaría la capacidad de reacción del CJNG, sino también las debilidades institucionales y posibles complicidades a nivel municipal y estatal que quedaron expuestas durante los narcobloqueos en al menos 22 estados.

 

Mientras las cifras continúan sin aclararse, la pregunta central permanece abierta: ¿cuál es el costo real —en vidas y en control territorial— que dejó la caída de “El Mencho”?

FALSOS AGENTES, ARMAS Y EXTORSIÓN EN ECATEPEC EXHIBEN EL VACÍO DE AUTORIDAD EN LA FISCALÍA MEXIQUENSE

 

*Mientras Marina y policías estatales detienen a supuestos PDI piratas, el fiscal José Luis Cervantes Martínez guarda silencio ante el cáncer de las “madrinas”

 

Por: Carlos Recio y Martín Ponce

 

ECATEPEC, Estado de México, 26 de febrero de 2026. — La detención de diez presuntos extorsionadores que se hacían pasar por Policías de Investigación no solo destapó una célula criminal que operaba con armas, chalecos balísticos y camionetas de lujo; también volvió a exhibir la profunda descomposición que impera en las instituciones de procuración de justicia.

 

Los hechos ocurrieron sobre avenida Recursos Hidráulicos, en la colonia Luis Donaldo Colosio, cuando una pareja denunció haber sido amenazada y despojada de una fuerte suma de dinero por sujetos armados que viajaban en una Seat Cupra roja sin placas, una BMW X6 azul, una Mercedes Benz roja y una motocicleta sin matrícula.

 

Tres de los detenidos portaban una Glock 25 calibre .38, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, panel balístico y un chaleco antibalas con la leyenda “PDI”. Uno de ellos, Rubén Omar “N”, de 39 años, afirmó ser elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina. La consulta en sistema reveló que había sido dado de baja. Es decir, usaba la investidura del Estado para delinquir.

 

En otro punto, en la colonia Potrero del Rey, fueron interceptados siete tripulantes más. Llevaban 46 mil pesos en efectivo, 12 teléfonos celulares y una Glock 19X con 17 cartuchos. El patrón es claro: vehículos de alta gama, armas cortas, supuesta investidura policial y extorsión directa.

 

El caso evidencia que aún hay fisuras graves en los controles internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero en el Estado de México el problema es más profundo y estructural.

 

Porque mientras se detiene a falsos agentes, nadie toca el tema de fondo: las llamadas “madrinas” que operan bajo la sombra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

En territorio mexiquense es un secreto a voces que estos grupos irregulares —sin nombramiento oficial, sin controles, sin uniforme institucional— realizan detenciones, ejecutan cateos de facto, fabrican imputaciones y presionan a ciudadanos para obtener confesiones o dinero. Son el brazo informal que permite inflar estadísticas, simular eficiencia y, según múltiples denuncias públicas, recaudar recursos paralelos.

 

La pregunta obligada es: ¿qué ha hecho el fiscal José Luis Cervantes Martínez para erradicar estas prácticas?

 

HASTA AHORA, NADA VISIBLE.

 

Ni operativos de depuración, ni investigaciones internas contundentes, ni sanciones ejemplares contra mandos que toleran o utilizan madrinas. El silencio institucional termina convirtiéndose en complicidad política.

 

Mientras elementos de Marina y policías estatales enfrentan en calle a grupos armados que se hacen pasar por autoridad, dentro de la estructura ministerial mexiquense persiste un sistema paralelo que permite detenciones irregulares y presuntos actos de extorsión bajo la sombra del poder.

 

El caso de Ecatepec no es un hecho aislado: es el síntoma de una enfermedad más grande. Cuando exagentes pueden usar chalecos oficiales para extorsionar y cuando en la entidad operan grupos informales que “hacen el trabajo sucio”, la línea entre autoridad y delincuencia se vuelve peligrosamente delgada.

 

La credibilidad de la justicia en el Estado de México no se reconstruye con boletines, sino con depuración real. Y esa responsabilidad recae directamente en el fiscal general.

 

Porque si las madrinas siguen operando, no es por falta de denuncias. Es por falta de voluntad.

GOBIERNO PRESUME BAJA EN ROBO DE VEHÍCULO MIENTRAS EL CRIMEN ORGANIZADO MANTIENE PRESENCIA EN MÁS DE 60 MUNICIPIOS DEL EDOMEX

 

*Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reporta reducción del 54 %, diagnósticos oficiales revelan expansión territorial de grupos criminales en la entidad

 

Por Martin Ponce, Carlos Recio y Rodolfo Rodríguez

 

Mientras el gobierno del Estado de México celebra una disminución del 54 por ciento en el robo de vehículo entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026, el propio diagnóstico institucional reconoce la presencia de estructuras del crimen organizado en decenas de municipios estratégicos.

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez difundió en redes sociales que la reducción —de 5 mil 166 casos en 2025 a 2 mil 386 en 2026— es resultado de la coordinación en la Mesa de Paz. Sin embargo, la cifra corresponde a un periodo de apenas 55 días y no aborda otros delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, secuestro o narcomenudeo.

 

EL PROBLEMA NO ES SOLO LA ESTADÍSTICA, SINO EL CONTEXTO.

 

La misma Fiscalía que reporta la baja en robo de autos ha documentado presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en al menos 60 municipios y de La Familia Michoacana en 75, además de la coexistencia de otras estructuras criminales en corredores industriales y zonas densamente pobladas del Valle de México y el Valle de Toluca. Es decir, mientras se presume un indicador específico a corto plazo, el mapa oficial muestra un fenómeno mucho más amplio y estructural.

 

Especialistas en seguridad advierten que reducciones temporales pueden obedecer a múltiples factores: desplazamiento geográfico del delito, subregistro, reclasificación de carpetas de investigación o variaciones estacionales. Además, la disminución en robo de vehículo no necesariamente implica debilitamiento de las estructuras criminales, que diversifican actividades hacia extorsión, cobro de piso, robo de combustible o control territorial.

 

En la Mesa de Paz número 35 participaron el secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo, el fiscal José Luis Cervantes Martínez y representantes federales. La narrativa oficial insiste en la coordinación institucional como eje de la estrategia.

 

Sin embargo, la pregunta de fondo permanece: ¿Puede hablarse de “pacificación” cuando el propio diagnóstico estatal reconoce expansión y disputa territorial entre grupos criminales?

 

Reducir un delito es positivo y debe reconocerse. Pero convertir una cifra parcial en símbolo de transformación estructural puede resultar prematuro si no se acompaña de acciones contundentes contra la corrupción, la infiltración institucional y el control territorial de organizaciones criminales.

 

La seguridad no se mide solo en porcentajes. Se mide en percepción ciudadana, control efectivo del territorio y debilitamiento real de las estructuras delictivas. Y en ese terreno, los propios mapas oficiales cuentan una historia mucho más compleja que el boletín gubernamental.

CJNG Y FAMILIA MICHOACANA SE EXPANDEN EN MÁS DE 60 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO BAJO LA MIRADA DEL GOBIERNO ESTATAL

 

*Diagnóstico oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirma presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y otras células en corredores industriales y zonas densamente pobladas, mientras autoridades siguen acumulando mapas sin frenar la violencia

 

Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce.

 

TOLUCA, Estado de México, 25 de febrero de 2026.- La radiografía no deja lugar a dudas: el problema ya no es percepción, es estructura. Si la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México documenta que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en al menos 60 municipios mexiquenses —y que La Familia Michoacana alcanza 75—, entonces el Estado de México no enfrenta hechos aislados, sino una expansión criminal sostenida y tolerada.

 

Y AQUÍ ES DONDE LA CRÍTICA SE VUELVE INEVITABLE

 

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez prometió un cambio profundo bajo la bandera de la llamada “transformación”. Pero lo que muestran los mapas oficiales es otra cosa: superposición de grupos, disputa territorial, corredores industriales infiltrados y municipios estratégicos bajo asedio criminal. Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca… la lista es larga y alarmante. No se trata de un punto rojo: es un estado sembrado de puntos.

 

El Fiscal General de Justicia del Edomex, José Luis Cervantes Martínez ha perfeccionado el diagnóstico. Láminas, mapas, colores superpuestos, clasificaciones por delito. Pero mientras la burocracia presenta gráficas, en las calles la extorsión se normaliza, los homicidios dolosos continúan, el secuestro no desaparece y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército se vuelve rutina en investigaciones abiertas. El conocimiento del problema ya no puede presumirse como logro; cuando la enfermedad avanza, el diagnóstico sin tratamiento es omisión.

 

El secretario de Seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo llegó con discurso de experiencia y firmeza. Sin embargo, el mapa institucional reconoce incluso la existencia de una “Nueva Alianza” —la suma entre el CJNG y la Unión Tepito— operando en municipios clave del corredor industrial del Valle de México. Si el propio aparato de seguridad identifica estas convergencias criminales, ¿por qué la estrategia no ha desarticulado esas células de forma contundente?

 

El problema no es que existan investigaciones abiertas hasta 2024 o 2025. El problema es que, a pesar de años de registros de inteligencia federal que sitúan la expansión criminal desde la segunda mitad de la década de 2010, hoy la presencia no se reduce: se diversifica y se consolida. Robo de combustible en el norte colindante con Hidalgo, extorsión en zonas densamente pobladas, disputas en corredores comerciales, homicidios en municipios estratégicos. El patrón es claro.

 

Más grave aún es el trasfondo que nadie quiere tocar con firmeza: la corrupción como habilitador estructural. Sin complicidad política, sin redes de protección institucional, sin impunidad judicial, ningún grupo criminal logra expandirse en 60 o 75 municipios. Cuando la autoridad se limita a mapear el crimen, pero no a limpiar sus propias filas, el mensaje es devastador: el Estado observa, documenta… y permite.

 

Morena hoy gobierna el Estado de México, tiene mayoría legislativa federal, controla congresos locales y domina la narrativa nacional. Cuando eran oposición, aseguraban que el problema era la “herencia” y la falta de voluntad política. Hoy que concentran todo el poder. ¿Cuál es ahora el pretexto?

 

Si el diagnóstico oficial ya reconoce la magnitud del problema, la omisión deja de ser incapacidad y empieza a parecer tolerancia. Y cuando un gobierno se especializa en explicar el crimen en lugar de erradicarlo, la ciudadanía queda atrapada entre mapas institucionales y balas reales.

 

El Estado de México no necesita más radiografías. Necesita cirugía. Y, hasta ahora, ni la gobernadora, ni el fiscal, ni el secretario han demostrado estar dispuestos a empuñar el bisturí contra la corrupción que alimenta al crimen organizado.

 

Si se revisa con seriedad la propia radiografía institucional aportada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el panorama es todavía más preocupante cuando se detallan municipios y grupos criminales señalados.

 

GRUPOS CRIMINALES IDENTIFICADOS

 

El diagnóstico menciona presencia o incidencia de: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, La Unión Tepito (en alianza con CJNG bajo la figura denominada “Nueva Alianza”), El Cártel de Tláhuac, Nuevo Imperio, Los Peluches, Los Catalinos, Los Gastones.

 

MUNICIPIOS CON PRESENCIA O INCIDENCIA VINCULADA AL CJNG

 

El informe ubica al CJNG en al menos 60 municipios. Entre los mencionados destacan: Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Nicolás Romero, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca, Metepec, Atlacomulco y Jilotepec.

 

En varios de estos puntos, el mapa muestra superposición, es decir, coexistencia o disputa entre distintos grupos criminales.

 

MUNICIPIOS CON FUERTE PRESENCIA DE LA FAMILIA MICHOACANA

 

De acuerdo con el mismo diagnóstico, concentra mayor incidencia en: Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Chalco e Ixtapaluca.

 

Además, en municipios del sur y poniente del estado, se encuentra la “Nueva Alianza” (CJNG Unión Tepito).

 

La figura descrita como alianza operativa aparece en: Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Tultepec, Coacalco y Ecatepec.

 

Cártel de Tláhuac, tiene registros en: Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca. El dato central es demoledor: no se trata de un solo grupo ni de una sola región, sino de un entramado criminal extendido en corredores industriales, zonas densamente pobladas y rutas comerciales estratégicas del Valle de México, el Valle de Toluca, el norponiente y el oriente mexiquense.

 

Cuando los propios documentos oficiales enlistan municipios específicos y estructuras criminales con nombre y apellido, la discusión deja de ser imprecisa. El problema está geográficamente identificado. La pregunta ya no es dónde están. La pregunta es por qué, si el Estado sabe exactamente dónde operan y quiénes son, no ha logrado desmontar su presencia territorial.

HIGINIO MARTÍNEZ: ENTRE LA AUSTERIDAD DISCURSIVA Y

 LAS ALIANZAS INCÓMODAS RUMBO A 2027

 

*Entre la austeridad selectiva y las nostalgias autoritarias que inquietan rumbo a 2027

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026.- El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, volvió a escena pública, acompañado de la presidenta de México, con un mensaje que, más que respaldo institucional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, suena a arranque anticipado de campaña rumbo a 2027.

 

El legislador celebró la propuesta de Reforma Electoral y presumió, “modestia aparte”, la reducción de regidurías que impulsó hace seis años en el Estado de México. Se adjudicó ahorros millonarios y se colocó como pionero de la austeridad republicana. Pero detrás del discurso de eficiencia administrativa hay una historia política mucho más compleja —y mucho menos pulcra.

 

Porque mientras habla de recortes y ahorro público, Martínez Miranda mantiene una relación política con la organización Antorcha Campesina, señalada durante años por su estructura clientelar, su capacidad de movilización bajo presión y su historial de confrontaciones violentas. No es un detalle menor. Antorcha no es un club de debate ideológico; es un aparato de control territorial que ha operado con métodos de choque en distintos municipios del Estado de México.

 

Resulta profundamente contradictorio que quien presume combatir excesos presupuestales haya construido parte de su poder territorial apoyándose en estructuras que viven precisamente de la presión política y la negociación presupuestal. La austeridad parece selectiva cuando se trata de aliados estratégicos.

 

Más aún, el senador decidió cerrar su mensaje evocando una frase atribuida a Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. No se trató de una referencia histórica neutral. Fue una cita celebratoria, casi nostálgica, de un régimen que ha mantenido a Cuba bajo un sistema autoritario durante más de medio siglo, con represión a la disidencia, ausencia de libertades políticas y una economía colapsada que ha obligado a millones de cubanos a emigrar.

 

Que un senador mexicano, en pleno 2026, evoque con ligereza a Castro mientras habla de reformas políticas debería generar inquietud. No es un guiño inocente: es un mensaje ideológico. Y en política, los símbolos importan.

 

Si Higinio Martínez pretende presentarse como reformista moderno y austero, debería explicar por qué coquetea con referencias a regímenes autoritarios y por qué mantiene cercanía con organizaciones cuya trayectoria está marcada por prácticas de presión y confrontación.

 

La pregunta no es si “va bien”, como en la frase que citó. La pregunta es hacia dónde quiere llevar al Estado de México y al país: ¿hacia una reforma institucional auténtica o hacia la consolidación de estructuras de poder personal, sostenidas por alianzas cuestionables y nostalgias ideológicas peligrosas?

 

Porque una cosa es reducir regidores. Otra muy distinta es reducir la calidad democrática.

MORENA Y LA SOMBRA DE LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA:

 SILENCIO, OMISIÓN O COMPLICIDAD

 

*Órdenes de aprehensión sin ejecutar, vínculos con alcaldes y presunta infiltración institucional alimentan las sospechas de protección política en el sur del Estado de México.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 24 de febrero de 2026.- Mientras el discurso oficial de la “cuarta transformación” presume una lucha frontal contra el crimen organizado, en el sur del Estado de México y en la región de Tierra Caliente opera con absoluta impunidad La Nueva Familia Michoacana, una organización que no solo se expandió territorialmente, sino que fue designada en febrero de 2025 como organización terrorista en el marco del combate internacional contra el fentanilo y las anfetaminas.

 

LA PREGUNTA ES INEVITABLE: ¿POR QUÉ SUS LÍDERES SIGUEN LIBRES?

 

Los hermanos Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga controlan municipios estratégicos del sur mexiquense como Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec, Sultepec y Texcaltitlán. Existen órdenes de aprehensión en su contra por secuestro y homicidio. Son objetivos prioritarios de la Fiscalía mexiquense. Hay recompensa pública. Hay inteligencia militar. Hay evidencia filtrada en los llamados #SedenaLeaks. Y, aun así, no hay detención.

 

La organización no nació ayer. Surgió como escisión de la vieja La Familia Michoacana, tras el debilitamiento de Los Caballeros Templarios, y desde 2016 comenzó a reposicionarse. De acuerdo con investigaciones federales iniciadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se permitió su ingreso y consolidación en el sur del Estado de México. Pero lo más grave no es su origen. Es su permanencia.

 

Durante el gobierno estatal actual, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, la estructura criminal no solo no ha sido desmantelada: mantiene control territorial, infiltra corporaciones policiacas, presuntamente recibe armamento —incluso granadas— desde instalaciones militares según investigaciones internas, y sostiene vínculos con autoridades municipales.

 

Los reportes militares hackeados por el colectivo Guacamaya son contundentes: “El Pez” mantiene relación con alcaldes y ex alcaldes en Guerrero, Michoacán y Estado de México. Se le atribuye infiltración de policías y militares. Se le vincula con extorsión sistemática a ayuntamientos y hasta con negociaciones para influir en contratos públicos, como la compra de camiones de basura en Amatepec.

 

¿DÓNDE ESTÁ LA TRANSFORMACIÓN PROMETIDA?

 

El 5 de octubre de 2022, en San Miguel Totolapan, 20 personas fueron asesinadas en un ataque brutal. La versión pública difundida por “El Fresa” culpó a Los Tequileros, pero los supuestos agresores nunca aparecieron. Según reportes, los cuerpos fueron incinerados. No hubo justicia. No hubo responsables detenidos.

 

En Valle de Bravo, en 2021, fue “levantada” la candidata opositora Zudikey Rodríguez para obligarla a abandonar la contienda municipal. El beneficiario político fue el entorno cercano al gobierno estatal. ¿Casualidad?

 

En San Vicente Chicoloapan, líderes regionales vinculados a la organización operaban presuntamente con protección de la policía municipal bajo el gobierno de la morenista, Nancy Gómez Vargas y de su esposo el diputado local, Samuel Ríos. Los jefes de plaza, Marco Antonio Gómez Vargas y Alexis Gómez Vargas, ambos hermanos de la alcaldesa y a más de dos años de que se destapara el escándalo, ellos siguen prófugos y su hermana la alcaldesa nunca fue siquiera llamada a rendir su declaración ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

 

Y mientras tanto, el Fiscal General del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, prometió transformación institucional. Pero los objetivos prioritarios siguen libres. Las órdenes de aprehensión no se ejecutan. Las recompensas no producen resultados.

 

Cuando una organización criminal cobra derecho de piso incluso a empresas mineras extranjeras, infiltra policías, negocia contratos públicos, decide candidaturas mediante la violencia y controla regiones completas, y aun así no es desmantelada, la discusión deja de ser operativa y se vuelve política.

 

Morena llegó al poder prometiendo acabar con los pactos de impunidad. Pero en el sur mexiquense la realidad parece distinta: un grupo criminal consolidado, líderes identificados, investigaciones abiertas y cero capturas.

REFORMA ELECTORAL EN LA CONGELADORA: ALIADOS DE MORENA FRENAN INTENTO DE “DINAMITAR” EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

*Reunión con Claudia Sheinbaum termina sin acuerdos; PVEM y PT no ceden ante iniciativa que eliminaría plurinominales

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2026.-

La reunión de este lunes por la noche en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum dejó más dudas que certezas y evidenció que la llamada reforma electoral no camina al ritmo que el partido en el poder quisiera.

 

Al encuentro acudieron Jorge Emilio González, del Partido Verde; Alberto Anaya, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena; así como los morenistas Ignacio Mier, Ricardo Monreal y Pablo Gómez. Lo que se anticipaba como una cita clave para destrabar la ruta legislativa terminó convertido en una reunión sin humo blanco.

 

Versiones de los asistentes aseguran que los aliados se mantuvieron firmes —por no decir inamovibles— en sus posiciones. No hubo concesiones de último minuto ni acuerdos preliminares. Las conversaciones continuarán en los próximos días, pero por ahora la iniciativa electoral se queda en la congeladora.

 

En política, lo que no avanza… se negocia más caro. Jorge Emilio González, conocido como “El Niño Verde”, explicó que acudió en representación del coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, quien no pudo asistir. “No conocemos la versión final. Yo vengo nada más a recibir y de aquí me voy a ver a Manuel Velasco y le platicaré”, declaró a su llegada. Se fue como llegó: sin acuerdos y con más interrogantes que respuestas.

 

EL FONDO DEL CONFLICTO

 

Lo que se ha filtrado sobre la reforma electoral es explosivo. Morena, bajo el argumento de que “las elecciones cuestan demasiado”, pretende eliminar las candidaturas plurinominales. Una medida que, de concretarse, golpearía directamente a sus propios aliados: el Partido Verde y el PT dependen en buena medida de ese esquema para mantener representación legislativa.

 

Para muchos analistas, la jugada tiene un trasfondo más profundo: rediseñar el sistema electoral en condiciones donde el partido en el poder ya concentra una mayoría legislativa cuestionada por la oposición. El riesgo, advierten, es desmantelar los equilibrios que durante décadas construyó la izquierda cuando era oposición y que hoy parecen estorbarle.

 

La paradoja es evidente. Morena, que durante años denunció fraudes, excesos y control institucional, hoy es señalada de querer redibujar las reglas del juego con mayoría en mano. Si el PVEM y el PT acceden sin resistencia, se darían un balazo en el pie. Si se oponen, podrían abrir una grieta en la alianza oficialista.

 

¿RUPTURA EN PUERTA?

 

La reforma electoral podría convertirse en un parteaguas. Una ruptura con los aliados dejaría al partido guinda expuesto y sin el margen de maniobra que presume. La narrativa del poder absoluto se desdibujaría.

 

El contexto tampoco ayuda: críticas por el control de órganos autónomos, señalamientos sobre la influencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionamientos en materia de derechos humanos y un clima de confrontación constante desde la tribuna presidencial contra periodistas, madres buscadoras y activistas.

 

La pregunta flota en el ambiente político: ¿es esta reforma un ajuste técnico para abaratar elecciones o el intento de consolidar un poder sin contrapesos?

 

Por ahora, no hubo acuerdo. Y en el tablero político, cuando los aliados dudan, el mensaje es claro: el poder también se desgasta.

UNIDAD EN EL DISCURSO, FRACTURA EN LOS HECHOS: MORENA

 SE RESQUEBRAJA EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

Mientras Ramírez Cuéllar promete el “segundo piso” en Neza, crecen las rupturas internas por pactos con Antorcha, imposiciones familiares y el control criminal del agua en la zona Oriente.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 23 de febrero de 2026.- El discurso fue impecable. Unidad, bienestar, justicia social, seguridad, regeneración del agua, 60 mil viviendas y más de 400 mil votos para la presidenta en 2027. El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar encabezó en Ciudad Nezahualcóyotl una reunión para fortalecer el llamado “Segundo Piso de la Transformación” bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

Pero mientras en el templete se hablaba de consolidación y honestidad, abajo, en el territorio, Morena enfrenta una de sus crisis internas más delicadas en el Estado de México.

 

LA FRACTURA CON ANTORCHA

 

Uno de los focos rojos está en los acuerdos que el senador Higinio Martínez Miranda estaría construyendo con Antorcha Campesina, organización históricamente vinculada a prácticas clientelares y estructuras corporativas que Morena prometió erradicar.

 

Militantes de base advierten que estos acercamientos no sólo contradicen el discurso de transformación, sino que profundizan la división interna. Para muchos cuadros morenistas, pactar con estructuras que simbolizan el viejo modelo de control territorial erosiona la credibilidad del proyecto y revive los métodos que la Cuarta Transformación dijo combatir.

 

La fractura no es menor: en municipios estratégicos del oriente mexiquense ya se habla de bloques internos enfrentados rumbo a 2027.

 

NEZA: EL RIESGO DEL CACICAZGO RECICLADO

 

En Ciudad Nezahualcóyotl, la unidad que se presume en los eventos oficiales contrasta con la tensión interna provocada por la intención del exalcalde Juan Hugo de la Rosa de impulsar a su hija, Carmen de la Rosa, como candidata a la presidencia municipal.

 

La imposición familiar genera inconformidad entre liderazgos locales que acusan un intento de heredar el poder bajo las siglas de Morena. Lo que antes se criticaba en otros partidos, el cacicazgo y el control dinástico— hoy amenaza con reproducirse al interior del partido guinda.

 

En privado, operadores territoriales advierten que, si se concreta la candidatura sin consenso real, podría detonarse una ruptura que afecte la meta de los 400 mil votos que Ramírez Cuéllar planteó como objetivo.

 

EL AGUA: LA PRUEBA DE FUEGO

 

Pero la mayor contradicción no está sólo en las candidaturas, sino en el territorio donde el agua se ha convertido en moneda política y botín criminal.

 

Si Alfonso Ramírez Cuéllar, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presidenta Claudia Sheinbaum realmente quieren resolver el desabasto en la zona Oriente, tendrán que ir más allá de convenciones y discursos. Tendrán que enfrentar a los alcaldes que, por acción u omisión, han permitido que grupos criminales controlen el suministro.

 

El caso más grave se ubica en Los Reyes La Paz, donde el esposo de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, Tranquilino Lagos Buenabad, habría pactado con el grupo delictivo conocido como Sindicato 22 de Octubre, entregándole el control del agua en la localidad.

 

Habitantes denuncian que el suministro se condiciona: agua a cambio de afiliación política. Un mecanismo que convierte un derecho humano en herramienta de presión electoral.

 

Mientras en el discurso se promete “rehúso de agua”, “mejoramiento de la red hidráulica” y apertura de pozos, en la práctica el líquido es administrado por estructuras que operan con lógica de control territorial.

 

LA CONTRADICCIÓN CENTRAL

 

En el evento, del pasado sábado 21 de febrero, se habló de combatir la extorsión y el cobro de piso. Se dijo que la unidad es necesaria para que los delincuentes no encuentren huecos. Sin embargo, los huecos parecen estar dentro del propio partido: acuerdos con organizaciones cuestionadas, intentos de imposición familiar y tolerancia a estructuras que operan el agua como instrumento de sometimiento político.

 

El “Segundo Piso de la Transformación” en el Estado de México enfrenta su prueba más compleja: demostrar que la unidad no es sólo una fotografía de evento, sino una limpieza real de prácticas heredadas.

 

Porque si Morena no resuelve sus fracturas internas, si no frena los pactos que contradicen su narrativa y si no lleva ante la justicia a quienes permiten que el crimen administre servicios básicos, el discurso de transformación podría convertirse en una repetición del viejo régimen con nuevos colores.

 

La unidad se proclama. La cohesión se demuestra. Y en el oriente mexiquense, hoy, la distancia entre ambas es cada vez más evidente.