DESIGNACIÓN DE JUAN HUGO DE LA ROSA EN MOVILIDAD DESATA INDIGNACIÓN Y REVIVE SEÑALAMIENTOS DE CACICAZGO EN EL EDOMEX

 

* Nombramiento revive acusaciones de cacicazgo y conflictos de interés en el gobierno estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 15 de enero de 2025.— Cayó como un balde de agua fría en amplios sectores sociales y políticos del Estado de México la designación de Juan Hugo de la Rosa García como nuevo titular de la Secretaría de Movilidad estatal, en sustitución de Daniel Sibaja González, cuya renuncia fue anunciada desde la semana pasada. La toma de protesta del exalcalde de Nezahualcóyotl se concretó este miércoles 15 de enero y, lejos de generar consenso, desató una oleada de críticas.

 

De la Rosa García es considerado por amplios sectores ciudadanos como uno de los caciques políticos más repudiados del oriente mexiquense. Su llegada al gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fue interpretada por actores políticos como otro error estratégico del actual gobierno estatal, al privilegiar viejas prácticas de poder por encima de perfiles técnicos y con preparación en la materia.

 

El nombramiento abre serias interrogantes debido a que, desde hace años, Juan Hugo de la Rosa ha sido señalado como presunto operador político y financiero de las protestas protagonizadas por choferes del autotransporte en el oriente del Edomex, particularmente las llamadas “rutas hermanas”, movilizaciones que han afectado a miles de ciudadanos sin que exista una explicación clara de su origen ni de sus beneficiarios.

 

Estas sospechas se refuerzan con el hecho de que, en meses recientes, unidades de dichas rutas han sido utilizadas para promover la imagen de Carmen de la Rosa, hija del ahora secretario, a quien Juan Hugo de la Rosa busca posicionar —a toda costa— como candidata de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Nezahualcóyotl.

 

La llegada del exalcalde a la Secretaría de Movilidad también anticipa una profundización de la pugna política con el actual presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda, una confrontación que amenaza con fracturar aún más a Morena en uno de sus bastiones electorales más importantes del Estado de México.

 

Diversas voces advierten que, desde esta nueva posición, Juan Hugo de la Rosa podría fortalecer redes de negociación entre ministerios públicos, dueños de corralones y organizaciones del transporte, lo que permitiría que continúen abusos, extorsiones y atracos contra los ciudadanos sin consecuencias visibles, en un contexto donde la impunidad ha sido una constante.

 

A estos señalamientos se suma un antecedente familiar grave. Juan Hugo de la Rosa es tío de Fabiola Yuritzi Hernández De la Rosa, contra quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documentó que el 25 de septiembre de 2022 participó, junto con cuatro cómplices, en el secuestro de una comerciante en el municipio de Texcoco. De acuerdo con la investigación, los agresores ingresaron armados al negocio de la víctima, la privaron de la libertad y exigieron cinco millones de pesos para su liberación.

 

Según las indagatorias, Hernández De la Rosa se hacía pasar como ministerio público cuando encabezaba la Dirección de Apoyo a la Mujer, cargo que le fue otorgado durante una de las administraciones municipales de su tío en Nezahualcóyotl, lo que agravó la gravedad de los hechos.

 

Aunque la prima de la diputada Carmen de la Rosa y sobrina del cacique Juan Hugo de la Rosa, fue sentenciada a 95 años de prisión, hoy se encuentra en libertad, presuntamente gracias a argucias legales y gestiones políticas atribuidas a de la Rosa y a su hija, la actual diputada de Morena.

 

Juan Hugo de la Rosa fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos (2016–2018 y 2019–2021), diputado federal por el PRD en 2006 y nuevamente legislador federal por Morena en la LXVI Legislatura en 2024. También ha sido diputado local y funcionario municipal en distintas áreas administrativas y de servicios públicos, pero carece de experiencia comprobable en materia de movilidad y transporte.

 

Entre la ciudadanía persiste una pregunta que no deja de retumbar: ¿no existen perfiles mejor preparados y sin señalamientos para encabezar una dependencia tan estratégica? Para muchos, este nombramiento no solo perpetúa los cacicazgos regionales, sino que contradice el discurso fundacional de Morena.

La duda es inevitable: ¿no que eran diferentes?

AULAS PARA LA FOTO, AGUA SECUESTRADA PARA EL NEGOCIO:

 EL VERDADERO PODER EN LA PAZ

 

* El negocio del agua, la omisión del gobierno y el silencio que ahoga a La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de enero de 2026.— Mientras la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez encabeza actos públicos para presumir la entrega de un aula escolar como ejemplo de “austeridad” y buen gobierno, en el municipio se consolida una realidad mucho más grave: el agua, derecho humano básico, permanece bajo un presunto control criminal con la tolerancia y la complicidad del poder político local.

 

Para escuelas públicas y miles de familias, la propaganda oficial contrasta brutalmente con la vida diaria. Planteles educativos que no reciben agua por la red municipal se ven obligados a comprar pipas hasta en 1,700 pesos para poder operar, mientras el Ayuntamiento guarda silencio y evade cualquier explicación seria.

 

La desesperación social crece ante los señalamientos directos de líderes comunitarios y operadores del reparto de agua, quienes, bajo reserva de identidad por temor a represalias— aseguran que la alcaldesa Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un pacto político y económico con Héctor Becerril, identificado por diversas fuentes locales como quien habría asumido el control del grupo criminal conocido como Sindicato 22 de Octubre, tras la detención de “El Jimmy”.

 

Según estos testimonios, el saqueo del agua es sistemático: de cada pozo se extraen alrededor de cien pipas diarias durante la madrugada, mismas que no se distribuyen a la población, sino que son apartadas para su venta, convirtiendo el desabasto en un negocio multimillonario sostenido por la omisión deliberada del gobierno municipal.

 

La pregunta es inevitable y cada vez más incómoda: ¿por qué el Ayuntamiento no interviene, no clausura, no investiga y no denuncia?

Para vecinos y directivos escolares, la respuesta es clara: porque el control del agua se ha convertido en un botín político y económico, útil para someter colonias enteras, castigar disidencias y administrar la escasez como herramienta de poder.

 

Habitantes de las zonas altas, las más golpeadas por la falta de agua, aseguran que el problema podría aliviarse de inmediato si el gobierno municipal rompiera los presuntos acuerdos que mantiene con estas redes. Sin embargo, lejos de hacerlo, la alcaldesa opta por culpar al crecimiento urbano y pedirle a la ciudadanía que “impida” la expansión de colonias, lavándose las manos de una responsabilidad que es exclusivamente institucional.

 

En este escenario, la entrega de un aula no es un logro: es una distracción. Una cortina de humo frente a un sistema que permite que escuelas públicas compren agua como si fuera un lujo, mientras funcionarios presumen “ahorros” y administran ceremonias.

 

Hoy, la exigencia social va más allá de obras aisladas: La Paz demanda respuestas, nombres, investigaciones y consecuencias. Y la pregunta que retumba en colonias, escuelas y calles sigue sin respuesta oficial:

 

¿Cuánto dinero reciben mensualmente Martha Guerrero Sánchez y Tranquilino Lagos Buenabad por permitir que el agua de La Paz siga en manos de un presunto grupo criminal?

 

Mientras esa duda no sea aclarada con transparencia y acciones reales, cualquier discurso de austeridad no será más que propaganda construida sobre la sed de la población.

NEZAHUALCÓYOTL: PROTESTAS POR AGUA TURBIA DESTAPAN PRESUNTO NEGOCIO PRIVADO DEL ALCALDE

 

*Agua turbia, pipas privadas y silencio oficial: la indignación crece en Ciudad Neza

 

Por: EXPEDIENE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 13 de enero de 2026.— La crisis hídrica en la colonia Izcalli estalló ayer en las calles. Vecinos bloquearon vialidades clave, como la avenida Chimalhuacán, para denunciar la falta de suministro regular de agua potable, un problema que —aseguran— se arrastra desde hace más de un año sin solución por parte del gobierno municipal.

 

La protesta escaló cuando los colonos acusaron directamente al alcalde morenista, Adolfo Cerqueda Rebollo, y a su círculo cercano de repartir y vender agua sucia a la población. “No es agua limpia y no es segura”, reclamaron. De acuerdo con los testimonios, el líquido que compran hasta dos veces por semana presenta alta turbiedad, no sirve para lavar alimentos ni puede pasar por purificadores domésticos.

 

Las afectaciones son cotidianas y costosas. El agua sólo alcanza para sanitarios y pisos; la ropa queda percudida y la blanca ya no recupera su color. Para llenar un tinaco de mil litros, las familias pagan hasta 300 pesos, un volumen que apenas rinde dos días. El gasto semanal asciende a 600 pesos, además del pago anual de 4 mil 149 pesos que realizan al ODAPAS Nezahualcóyotl por un servicio que, en los hechos, no llega.

 

“Es injusto pagar más de 4 mil pesos al año y que el agua llegue cuando quiere: de madrugada o una vez a la semana. Llevamos años denunciando y nadie nos hace caso”, reclamó una vecina afectada. La precariedad ha obligado incluso a que algunas familias se trasladen a otros municipios, como Tecámac, para lavar su ropa y reducir el impacto económico, una postal que exhibe el colapso del servicio hídrico municipal.

 

La indignación creció tras revelaciones documentales. De acuerdo con el periódico QUADRATÍN EMX, registros del Registro Público del Comercio señalan que el edil figura como accionista de LDA y Asociados S.C. de R.L. de C.V. y Multiproductos y Servicios ACR y Asociados S.A. de C.V., ambas con sede en el municipio que gobierna. LDA y Asociados mantiene actividades vinculadas al transporte, acarreo, carga y descarga, rubros relacionados con el uso de pipas para el traslado de agua o residuos dentro y fuera del Estado de México. Por ello, vecinos acusan un posible conflicto de interés y sostienen que el alcalde estaría lucrando con la necesidad de la población.

 

Multiproductos y Servicios ACR y Asociados, dedicada a la distribución y flete de mercancías, también registra al alcalde como accionista, lo que ha encendido más alertas. “No se entiende por qué no resuelven el problema si mientras el servicio público colapsa, el negocio privado del transporte prospera”, reprochan los colonos.

 

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha aclarado ni la calidad del agua distribuida por pipas ni los señalamientos sobre la relación del alcalde con empresas vinculadas al reparto del líquido. Mientras tanto, en Izcalli y otras colonias, la población sigue pagando caro por agua que no puede consumir y que, para muchos hogares, simplemente no existe.

CORRALONES DEL HORROR EN EL ORIENTE DEL EDOMEX: EXTORSIÓN, ROBO Y COMPLICIDAD OFICIAL DESATAN PROTESTA MASIVA DE TRANSPORTISTAS

 

*El negocio del despojo: policías, ministerios públicos y corralones operan una red de extorsión con protección oficial en el oriente del Edomex, según afectados

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 13 de enero de 2026.— La movilización de transportistas que colapsó este martes las principales vialidades del oriente del Estado de México no fue un acto espontáneo ni una protesta aislada: fue el estallido de un hartazgo acumulado por años de abusos, extorsiones y robos sistemáticos operados, según denuncias directas, desde una red de corrupción donde confluyen policías estatales y municipales, agentes del Ministerio Público y empresas concesionadas de grúas y corralones.

 

Los transportistas aseguran que su patrimonio ha sido erosionado no solo por la delincuencia común —robos de autopartes, asaltos a pasajeros y atracos a operadores— sino por un esquema institucionalizado de saqueo que utiliza la ley como herramienta de despojo. La acusación es contundente: los corralones se han convertido en centros de robo legalizado bajo la protección del Estado.

 

De acuerdo con los testimonios recabados, es una práctica recurrente que vehículos asegurados terminen desaparecidos dentro de los propios depósitos. En casos extremos, aun después de pagar multas y supuestos adeudos, los propietarios descubren que sus unidades ya fueron vendidas de manera ilegal por el personal del corralón.

 

A ello se suman cobros arbitrarios y desproporcionados. Transportistas denuncian que elementos de la policía estatal, un sin tener atribuciones, buscan cualquier pretexto para remitir unidades a depósitos donde se cobran hasta 6 mil pesos por un solo día de estancia, cantidades imposibles de cubrir para quienes viven al día.

 

El presunto modus operandi incluye la fabricación de delitos. Según las denuncias, policías y agentes del Ministerio Público imputan cargos falsos como “ataques a las vías de comunicación” para mantener detenidos a los operadores hasta por 48 horas. Al recuperar la libertad, el castigo continúa: en los corralones se les exigen pagos que alcanzan los 15 mil pesos o más para liberar su herramienta de trabajo.

 

La protesta inició alrededor de las 9:00 de la mañana y provocó cierres totales y parciales en la Carretera Chalco-Cuautla, la Autopista México-Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Nezahualcóyotl, Calzada Ignacio Zaragoza en Santa Martha Acatitla, Avenida Bordo de Xochiaca en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, así como el acceso al Circuito Exterior Mexiquense por el cruce con avenida Vicente Villada.

 

Para los líderes transportistas, el bloqueo fue el último recurso ante la indiferencia sistemática de las autoridades de seguridad y del gobierno del Estado de México. Cerca de las 11:00 horas, los manifestantes levantaron las movilizaciones tras alcanzar un acuerdo preliminar con autoridades estatales, quienes reconocieron —aunque sin consecuencias visibles— que muchos corralones continúan extorsionando a la ciudadanía en complicidad con policías estatales, municipales y agentes del Ministerio Público.

 

Uno de los casos más señalados es el del corralón “Grúas Castillo”, ubicado en los límites de Los Reyes La Paz y la Ciudad de México, propiedad de Arturo Castillo, representante del Corporativo de Servicios y Comercializadora Moctezuma S.A. de R.L..

 

Transportistas y víctimas aseguran que el empresario presume públicamente ser amigo personal de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, jactándose de que, por esa relación, “puede hacer lo que quiera” sin enfrentar consecuencias legales.

 

El caso de Gabriela Adriana Vega Torres expone con crudeza la profundidad de este entramado. En agosto de 2022, su esposo, Adán Santos Cuevas, fue asesinado, hecho asentado en la carpeta de investigación NUC NEZ/NEZ/NZ3/062/222569/22/08. El vehículo donde ocurrió el homicidio —un Volkswagen Beetle azul, modelo 2010, placas V05AZV, valuado en 140 mil pesos— fue asegurado por la Fiscalía Especializada de Homicidios Zona Oriente.

 

Lo que debía ser evidencia clave para esclarecer el asesinato, terminó convertido en botín. El automóvil fue trasladado al corralón Grúas Castillo, donde, pese a oficios oficiales como el 2133F000/73/2025, firmado por el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Roa Salazar, a Gabriela se le intento extorsionar con una exigencia de más de 100 mil pesos por “gastos” inexistentes. Luego, la respuesta del dueño fue brutal: “¿De verdad le conviene recuperar su coche? Mejor cómprese otro”.

 

En septiembre de 2025, un trabajador del propio corralón confirmó lo impensable: el vehículo había sido vendido desde finales de 2024. La verificación oficial del número de serie 3VWKV21C1AM002737 reveló que el coche fue reemplacado como LHB-63-8B, repintado de amarillo y hoy es conducido presuntamente por un familiar del propio dueño del corralón.

 

La evidencia de un homicidio fue robada, alterada y revendida con lo que las víctimas califican como complicidad directa de la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad y el gobierno estatal.

 

Otro episodio, ocurrido el 29 de octubre de 2025, refuerza el patrón. Un conductor de un camión tipo torton, averiado en la vía pública, fue detenido por policías municipales de la patrulla SP-284, en el municipio gobernado por la alcaldesa morenista Martha Guerrero. Tras ser presentado ante un juez cívico y multado con 4 mil 394 pesos, su unidad fue enviada al corralón Moctezuma, mejor conocido como: “Corralón Castillo”, donde le exigieron un pago total de 69 mil 209 pesos.

El desglose resulta escandaloso:

– Servicio de grúa: 14,211 pesos

– Abanderamiento: 7,800 pesos

– Tiempo en espera: 4,545 pesos

– Piso: 3,255 pesos

– Maniobras de salvamento: 21,452 pesos

– Servicio de grúa tipo B (dos unidades): 8,800 pesos

Subtotal: 59,663 pesos

IVA: 9,546 pesos

Total exigido: 69,209 pesos

Para los transportistas, estos hechos no son excepciones, sino la regla. Un sistema donde la ley dejó de proteger y pasó a extorsionar; donde la justicia se vende, la evidencia se roba y la impunidad se administra desde oficinas públicas. Mientras tanto, en el oriente del Estado de México, los corralones siguen operando como cajas negras del despojo, bajo la mirada complaciente —o cómplice— del poder.

MORENA SIMULA UNIDAD EN EL EDOMEX MIENTRAS SE PROFUNDIZA

 LA DISPUTA INTERNA RUMBO A 2027

 

*“Unidad de utilería: asambleas de Morena exhiben la lucha por candidaturas y el control del Edomex rumbo a 2027”

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 12 de enero de 2026.— Lejos de representar un verdadero cierre de filas o una reconciliación interna, las llamadas “asambleas en defensa de la soberanía nacional” realizadas por Morena en diversos municipios del Estado de México evidenciaron, una vez más, la profunda fractura que persiste al interior del partido y la lucha anticipada por el control político y las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

 

Aunque el discurso oficial buscó presentar estos encuentros como ejercicios de organización territorial y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en los hechos se trató de actos políticos cuidadosamente calculados para reposicionar a un grupo específico: el encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda, histórico cacique de Texcoco, quien continúa siendo uno de los principales factores de ruptura dentro de Morena en la entidad.

 

La presencia conjunta de algunos liderazgos fue vendida como “reconciliación”, pero en realidad responde a una estrategia de negociación y presión interna. El objetivo es claro: ganar espacios, condicionar decisiones y asegurar cuotas de poder y candidaturas para 2027, aun a costa de la estabilidad del partido en el Estado de México.

 

Resulta particularmente revelador que en estas reuniones brillaran por su ausencia alcaldes y diputados identificados con el grupo político cercano a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte. Esta omisión no es menor: confirma que no existe tal unidad y que los actos fueron organizados por una sola corriente, la misma que históricamente ha confrontado y saboteado los esfuerzos de cohesión interna.

 

En ese contexto, el supuesto respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum se percibe más como un recurso retórico que como un compromiso político real. Un apoyo “de saliva”, vacío de hechos y desprovisto de una verdadera alineación institucional, utilizado únicamente como bandera para legitimar una disputa interna que nada tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional ni con el trabajo de base que Morena dice abanderar.

 

Mientras el grupo opositor a Delfina Gómez y Horacio Duarte insiste en protagonizar estos actos, la realidad es que sus movimientos apuntan a descarrilar a Morena en el Edomex, anteponiendo intereses facciosos y ambiciones personales al proyecto de gobierno y a la responsabilidad de gobernar una de las entidades más complejas del país.

 

Así, bajo el disfraz de asambleas cívicas y mensajes patrióticos, Morena en el Estado de México comienza a mostrar el verdadero rostro de su disputa interna: una lucha adelantada por el poder que amenaza con erosionar su credibilidad y su cohesión rumbo a 2027.

PARQUES INAUGURADOS, SEGURIDAD SIMULADA: LA OTRA CARA

 DEL “MUNICIPIO DE PAZ” EN ECATEPEC

 

*Mientras el gobierno presume parques y espectáculos comunitarios, la seguridad de Ecatepec sigue secuestrada por mandos y asesores señalados por vínculos con estructuras del crimen organizado.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 11 de enero de 2026.– Mientras el gobierno municipal de Azucena Cisneros Coss presume la inauguración del parque Colibrí en la colonia Francisco I. Madero y difunde discursos sobre la “transformación” de la policía, la realidad de la seguridad pública en Ecatepec contradice de manera frontal la narrativa oficial.

 

La recuperación de espacios públicos, presentada como símbolo de avance institucional, no puede ocultar el deterioro estructural de la corporación policiaca, ni mucho menos la permanencia de figuras altamente cuestionadas dentro del aparato de seguridad municipal.

 

LOS BOLETINES NO ALCANZAN PARA ESCONDER LA REALIDAD

 

La seguridad en Ecatepec no se va a recuperar, y mucho menos mientras el gobierno municipal mantenga como asesor en materia de seguridad pública a Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa”, señalado en círculos de inteligencia federal como uno de los operadores que impulsó la creación de mandos policiacos utilizados como recolectores de extorsiones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Frente a estos señalamientos, los boletines de prensa resultan irrelevantes, e incluso ofensivos para una ciudadanía que vive a diario la extorsión, el miedo y la desconfianza hacia su propia policía.

 

Cisneros Coss debe entender que no se construye un municipio de paz con propaganda, cuando al interior de su gobierno operan personajes ligados —presuntamente— a estructuras de la delincuencia organizada.

 

POLICÍA “TRANSFORMADA”, CIUDADANOS DESPROTEGIDOS

 

El subdirector de la policía municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, afirmó que se busca profesionalizar la corporación y recuperar la confianza ciudadana. Sin embargo, la presencia de asesores cuestionados, la falta de depuración real y las constantes denuncias ciudadanas desmienten ese discurso.

 

La confianza no se decreta en un evento público, se construye con resultados, con mandos limpios y con decisiones firmes para romper cualquier vínculo entre autoridad y crimen organizado. Hasta ahora, eso no ha ocurrido.

 

EVENTOS PARA LA FOTO, PROBLEMAS SIN ATENDER

 

La exhibición de binomios caninos, caballería, prevención del delito y convivencia con niños funciona como escenografía institucional, pero no atiende el problema de fondo: La inseguridad sigue intacta, y los delitos de alto impacto continúan golpeando a colonias enteras del municipio.

 

Los parques pueden ser pintados, los juegos infantiles reparados y las fotos difundidas, pero ningún columpio rehabilitado sustituye una estrategia real de seguridad pública.

 

LA ORGANIZACIÓN VECINAL, NO EL MILAGRO GUBERNAMENTAL

 

Incluso los propios testimonios ciudadanos reconocen que el parque Colibrí fue recuperado gracias a la organización vecinal, jornadas comunitarias de limpieza y trabajo colectivo, más que por una acción integral del gobierno municipal.

 

Eso revela una verdad incómoda: cuando la autoridad falla, la ciudadanía se organiza; cuando la autoridad presume, la realidad desmiente.

 

CONCLUSIÓN POLÍTICA

 

Ecatepec no necesita más inauguraciones ni discursos reciclados.

Necesita decisiones contundentes, ruptura con personajes señalados, y una depuración real de su policía.

 

Porque mientras el gobierno municipal insista en vender una imagen de “municipio de paz”, la inseguridad seguirá siendo el principal habitante de Ecatepec, y la distancia entre el boletín y la calle será cada vez más difícil de ocultar.

JUGUETES PARA LA FOTO, SILENCIO PARA LOS FEMINICIDIOS: LA PAZ, ENTRE LA PROPAGANDA Y LA SANGRE

 

* Feminicidios ocultos, balaceras a metros del Palacio Municipal y el control criminal del agua exhiben el colapso moral y político del gobierno de Martha Guerrero y Tranquilino Lagos rumbo a 2027.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

Los Reyes La Paz, Estado de México, 5 de enero de 2026.– Mientras el gobierno municipal encabezado por Martha Guerrero Sánchez, junto con su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, se esfuerza por proyectar una imagen de “convivencia familiar” a través de festivales, rifas y la entrega masiva de juguetes, La Paz se hunde en una realidad marcada por la violencia feminicida, el control criminal de servicios básicos y el presunto encubrimiento institucional.

 

EL CONTRASTE ENTRE EL DISCURSO OFICIAL Y LA REALIDAD SOCIAL YA NO ES SUTIL: ES BRUTAL

 

El pasado 27 de diciembre, una menor de apenas 15 años fue asesinada en la colonia Altavista. De acuerdo con denuncias vecinales y testimonios de activistas, el crimen no fue difundido ni por el Ayuntamiento ni por la Fiscalía del Estado de México, presuntamente para evitar el impacto político y mediático durante la temporada decembrina.

 

Hasta hoy, no existe posicionamiento público, informe oficial ni avance claro de la investigación. El silencio institucional ha encendido la indignación de colectivos de mujeres y habitantes, quienes advierten que La Paz se ha convertido en territorio de feminicidios silenciados, donde la omisión es política de Estado.

 

EL AGUA COMO BOTÍN Y EL PODER COMO CÓMPLICE

 

A la crisis de seguridad se suma una problemática estructural que golpea a los más pobres: el control del agua potable. Señalamientos ciudadanos apuntan a que Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, presuntamente mantiene acuerdos con un sujeto identificado como Héctor Becerril, señalado como ex líder del Sindicato Libertad y hoy líder del Sindicato 22 de Octubre, operador criminal que controla pozos de agua y vende el recurso a precios elevados, afectando principalmente a familias de escasos recursos en las zonas altas del municipio.

 

Mientras el Ayuntamiento anuncia albercas públicas y “recuperación de áreas verdes”, el acceso al agua depende de redes irregulares toleradas desde el poder, lo que representa una violación directa al derecho humano al agua y una muestra clara de cómo los servicios básicos se han convertido en negocio bajo la sombra del poder político.

 

FIESTA PÚBLICA, OMISIÓN PRIVADA

 

Durante los primeros días de enero, el gobierno municipal presumió la entrega de más de 30 mil juguetes, espectáculos de lucha libre, payasos y rifas. Pero, lo que no hubo fue un solo acto público para condenar la violencia contra las mujeres, ni una mención al asesinato de la menor en Altavista.

 

Para amplios sectores de la población, los festejos operan como una cortina de humo, en un municipio donde la violencia, la corrupción y la impunidad dictan la vida cotidiana.

 

BALACERAS, MUERTES Y SILENCIO OFICIAL

 

Los hechos no son aislados: el jueves 4 de diciembre, una balacera dentro del bar “La Europea”, un establecimiento de mala muerte ubicado literalmente a espaldas del Palacio Municipal, dejó dos personas sin vida, una de ellas mujer. El hecho, como ya es costumbre en este gobierno municipal, se intentó ocultar. El caso quedó asentado en la carpeta de investigación TLA/FEF/FEF/104/336691/2512.

 

El martes 2 de diciembre, fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 35 años dentro de una habitación del hotel Saro, sobre avenida Puebla, en la colonia Los Reyes Acaquilpan. El cuerpo presentaba múltiples golpes en rostro y cabeza, evidencia de una agresión salvaje. Según las investigaciones, un hombre ingresó con la víctima al hotel y hasta la fecha sigue libre, reflejo de la ineficacia de la Fiscalía de Feminicidios.

 

En todos estos casos, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez se ha mantenido en absoluto silencio, pese a que en su toma de protesta aseguró que “llegaron todas”. Los hechos, sin embargo, hablan por sí solos.

 

FISCALÍA SUMISA, JUSTICIA AUSENTE

 

Aunque en el discurso se insiste en la independencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en los hechos esa autonomía es cuestionable. El fiscal José Luis Cervantes Martínez ha sido señalado por servir a los intereses del partido en el poder, guardando silencio y permitiendo que los asesinatos de mujeres sean tratados como daños colaterales que no deben trascender mediáticamente.

 

RUMBO A 2027: CUANDO EL MAQUILLAJE NO ALCANZA

 

A dos años del próximo proceso electoral, La Paz comienza a perfilarse como un ejemplo del costo político del maquillaje institucional. Un gobierno que apuesta por la propaganda, pero calla ante los feminicidios, que habla de infancia mientras oculta la muerte de una niña, y que promete bienestar mientras presuntamente tolera pactos con estructuras criminales, difícilmente sostendrá su narrativa rumbo a 2027.

 

Porque en el balance electoral, los juguetes se rompen, pero las omisiones pesan, y la sangre no se borra con festivales y mucho menos con la construcción de albercas.

EXTORSIÓN CON PLACA Y ARMAS LARGAS: ACUSAN RED CRIMINAL

 DENTRO DE LA FGR EN EL EDOMEX

 

*Empresarios del sector energético denuncian cobros ilegales, clausuras fabricadas y amenazas armadas en nombre del combate al huachicol

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 10 de enero de 2026.- Lo que debería ser una estrategia federal para erradicar el robo de combustible se ha convertido, según empresarios del sector Gas LP y gasolineros, en una maquinaria de extorsión institucional, operada por elementos de la Policía Ministerial Federal adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR). Bajo el disfraz de supuestos “operativos” contra el huachicol, agentes federales estarían saqueando a negocios legalmente constituidos en el norte del Estado de México.

 

Desde diciembre pasado, estaciones de servicio y puntos de venta de Gas LP en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero han sido objeto de incursiones intimidatorias, principalmente los fines de semana, cuando la vigilancia ciudadana es menor y la presión económica mayor. Los operativos, denuncian los afectados, carecen de órdenes judiciales, actas fundadas o documentación oficial, pero sobran armas largas, camionetas oficiales y amenazas.

 

El libreto se repite: llegan hasta 10 agentes armados, realizan revisiones superficiales, inventan “irregularidades administrativas” y advierten que el negocio será clausurado y se abrirá una carpeta de investigación. Minutos después, aparece un Ministerio Público con una supuesta orden judicial que refuerza el montaje. La ley no investiga: aprieta.

 

Las exigencias económicas, según los testimonios, van de 100 mil a 200 mil pesos mensuales, una cuota que no se deposita en arcas públicas, sino que, presuntamente, engorda una red de corrupción que opera desde dentro del aparato federal.

 

“Tenemos todos los permisos: SENER, Protección Civil, municipio. Generamos empleos, pagamos impuestos y aun así ahora son los mismos policías los que nos quieren joder”, denunció Raúl Garza, encargado de una gasolinera en Atizapán de Zaragoza.

 

La extorsión se formaliza una vez colocados los sellos de clausura. Los agentes dejan un número telefónico. Al llamar, el mensaje es directo: para “agilizar” el levantamiento de sellos y evitar futuras inspecciones, hay que pagar. La advertencia es brutal: “Si no pagas, no vuelves a abrir”.

 

En las denuncias aparece señalado un agente que se identifica como José Eduardo Acosta, quien asegura actuar por instrucciones del comandante Fernando Pérez, adscrito a la Subdelegación de la FGR en Naucalpan. Ambos nombres ya figuran en testimonios que describen una operación sistemática, no hechos aislados.

 

Los empresarios aseguran que la FGR tiene conocimiento de estas acusaciones y que existe un expediente abierto en Asuntos Internos. No obstante, mientras los expedientes duermen el sueño de los justos, los negocios cierran, los trabajadores pierden ingresos y el miedo se impone como política pública de facto.

 

Arturo Martínez, encargado de otra gasolinera afectada, lanzó un llamado directo y sin rodeos: “Estamos empezando el año. Si la fiscal Ernestina Godoy o la gobernadora Delfina Gómez no actúan ya, esto va a ser una extorsión permanente. Así nos van a tener todo el sexenio”.

 

LLAMADA URGENTE A DERECHOS HUMANOS

 

Ante la gravedad de los señalamientos, los empresarios exigen la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de organismos internacionales anticorrupción y de defensa de garantías económicas, al considerar que estas prácticas violan el derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso, además de configurar presuntos delitos de extorsión y abuso de autoridad cometidos por servidores públicos federales.

 

Si estas denuncias se confirman y no hay consecuencias, el mensaje del Estado será devastador: que en México no solo el crimen organizado cobra cuotas, sino que el propio Estado aprendió a hacerlo con uniforme, placas oficiales y sellos de clausura.

 

Porque cuando combatir el huachicol se vuelve el pretexto perfecto para extorsionar a quien sí cumple la ley, el problema ya no es la delincuencia común, sino un Estado que corre el riesgo de llegar a 2027 con instituciones desacreditadas, empresarios asfixiados y una legalidad convertida en mercancía.

ATAQUE ARMADO AL PENAL DE TEXCOCO EXHIBE DENUNCIAS HISTÓRICAS DE EXTORSIÓN, OMISIÓN OFICIAL Y CONTROL INTERNO DE REOS

 

* Disparos, amenazas y señalamientos públicos vuelven a colocar bajo escrutinio al sistema penitenciario del Estado de México

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Méx., 10 de enero de 2026.- La escalada de violencia en la zona oriente del Estado de México alcanzó un nivel crítico luego de que el Penal de Texcoco, conocido como «Molino de las Flores», fuera atacado a balazos, un hecho que no sólo evidenció fallas graves en la seguridad, sino que reactivó denuncias públicas y documentadas sobre presuntas redes de extorsión que operarían desde el interior del centro penitenciario.

 

De acuerdo con reportes oficiales, el pasado 6 de diciembre, alrededor de las 02:40 de la mañana, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron al acceso principal del penal. Uno de ellos descendió y realizó al menos veinte disparos con un arma larga contra el portón, provocando daños considerables antes de huir del lugar.

 

TESTIMONIO DIRECTO Y CARPETA DE INVESTIGACIÓN

 

Los hechos fueron observados por Antonio Barrera Díaz, custodio penitenciario con más de 25 años de servicio, quien se encontraba realizando labores de vigilancia en una de las torres del penal. El vigilante declaró que pudo percatarse del ataque tal como ocurrió y que de inmediato se tiró en el piso de la torre de vigilancia, por lo que pudo escuchar el número de disparos. Luego de manera inmediata dio aviso a las autoridades correspondientes.

 

El incidente quedó registrado en la carpeta de investigación TEX/CAJ/AIX/100/338025/25/12, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre personas detenidas por estos hechos.

 

De manera extraoficial, trascendió que en el lugar fue localizada una cartulina blanca con un mensaje amenazante, dirigido presuntamente a la dirección del penal. El texto advertía inconformidad por la permanencia de un interno identificado como «Adrián», a quien se le atribuye, según diversas denuncias públicas, el control de una red de extorsión dentro del penal.

 

El mensaje decía a la letra: «Este es el primer msj al director que no hace caso y sigue teniendo al reo Adrián, ya estamos hartos de las extorsiones. Si ustedes no toman cartas en el asunto, ahora las tomaremos nosotros. Y como con huelgas y manifestaciones no se ha hecho, ahora será a nuestra manera».

 

GRAVES SEÑALAMIENTOS

 

Desde hace años, familiares de personas privadas de la libertad, organizaciones civiles y trabajos periodísticos de investigación han denunciado que al interior del Penal de Texcoco operaría una estructura de cobros ilegales, conocidos como «rentas» o «derecho de piso», cuyos montos, según los testimonios, oscilan entre 500 y 3,000 pesos semanales.

 

Los cobros presuntamente estarían relacionados con: Uso de teléfonos celulares, venta y acceso a alimentos, asignación de espacios para dormir, condiciones mínimas de seguridad dentro del penal y el cobro por las visitas de familiares y visitas íntimas.

 

Estas prácticas han sido señaladas reiteradamente como violaciones a derechos humanos, sin que hasta ahora exista una intervención visible que erradique el problema.

 

DIRECTIVOS CUESTIONADOS

 

Las inconformidades se han intensificado, según los denunciantes, a partir de la llegada de Mario Alberto Santamaría Méndez como director del penal. Asimismo, se ha cuestionado públicamente la actuación de Víctor Manuel Martínez Mendoza, subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México, por la falta de acciones contundentes frente a las denuncias acumuladas.

 

UN SISTEMA BAJO SOSPECHA

 

 Fuentes consultadas aseguran que el interno «Adrián» presume que los recursos obtenidos de estas actividades ilegales se reparten entre diversos actores, versión que no ha sido confirmada por autoridad alguna, pero que forma parte del cúmulo de denuncias que rodean al penal.

 

El ataque armado ocurrido el 6 de diciembre no puede desligarse del contexto de estas acusaciones, pues refleja el nivel de descomposición que, según los denunciantes, se vive al interior del centro penitenciario, donde muchos internos aseguran enfrentar condiciones extremas pese a no contar con sentencias definitivas.

 

ADVERTENCIA IGNORADA

 

Lo sucedido en el Penal «Molino de las Flores» coloca nuevamente bajo escrutinio al sistema penitenciario del Estado de México y plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad real del Estado para ejercer control en espacios que deberían ser los más vigilados.

 

Mientras las investigaciones continúan, las denuncias siguen sin una respuesta clara, y el ataque armado se convierte en una señal de alerta: cuando las quejas se acumulan y la autoridad no actúa, el riesgo escala, incluso en lugares donde el control debería ser absoluto.

SOBERANÍA DE DISCURSO, SILENCIO EN NEZA: CARMEN DE LA ROSA EVADE LA REALIDAD LOCAL MIENTRAS CARGA EL PESO DEL CACICAZGO FAMILIAR

 

*La diputada habla de dignidad nacional, pero calla ante la herencia de poder, los señalamientos criminales y la impunidad que rodean a su apellido

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 8 de enero de 2026.- La diputada local de Morena, Carmen de la Rosa Mendoza, salió a pronunciarse sobre la soberanía nacional y a rechazar cualquier “entreguismo” frente a intereses extranjeros, asegurando que el rumbo de México lo define el pueblo y no presiones externas, en referencia a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos.

 

Desde Toluca, la legisladora afirmó que quienes hoy ocupan cargos públicos fueron electos por la voluntad popular y, por lo tanto, deben responder al mandato ciudadano. Recalcó que México es una nación soberana, construida por pueblos libres, donde el principio rector de la vida pública es que el pueblo manda y decide su destino.

 

El discurso se adornó con llamados a fortalecer la justicia social, redistribuir la riqueza, consolidar programas para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, y reconocer que la mayor riqueza del país es su gente trabajadora.

 

Sin embargo, mientras Carmen de la Rosa mira hacia el extranjero, evade deliberadamente la crisis política, social y de seguridad que vive su propio municipio, así como los cuestionamientos que pesan sobre su trayectoria y su entorno familiar.

 

DISCURSO VACÍO Y CANDIDATURA HEREDADA

Fuentes políticas locales señalan que la diputada ha recurrido a temas internacionales ante la ausencia de resultados concretos en beneficio de los habitantes de Nezahualcóyotl, y que su activismo mediático responde más a una estrategia anticipada rumbo a la candidatura a la alcaldía de Neza, impulsada —no por méritos propios— sino por la presión política de su padre, Juan Hugo de la Rosa García.

 

El exalcalde de Nezahualcóyotl gobernó el municipio en dos periodos consecutivos (2016–2018 y 2019–2021), consolidando un cacicazgo político que hoy busca perpetuarse a través de su hija.

 

Para amplios sectores ciudadanos, el único “mérito” que llevó a Carmen de la Rosa al Congreso local fue su apellido, no una agenda legislativa sólida ni un trabajo territorial comprobable.

 

LA SOMBRA DE LA SEGURIDAD Y LOS VÍNCULOS CRIMINALES

 

Durante las administraciones de Juan Hugo de la Rosa García, se tejió —según fuentes de inteligencia— una red de complicidades dentro de la Dirección de Seguridad Pública municipal, encabezada entonces director de la corporación policiaca, Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa”.

 

De acuerdo con estos reportes, desde esa estructura se habría construido una red de mandos policiacos dedicados a la extorsión, cuyos recursos presuntamente beneficiaban a células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Señalamientos que nunca fueron aclarados ni investigados a fondo, y que hoy regresan como un lastre político para la diputada morenista.

 

EL CASO QUE EL DISCURSO NO PUEDE BORRAR

 

A este historial se suma un hecho que golpea directamente al núcleo familiar de la legisladora. Fabiola Yuritzi Hernández De la Rosa, sobrina del exalcalde Juan Hugo de la Rosa y prima de Carmen de la Rosa Mendoza, quien fuera sentenciada a 95 años de prisión por su participación en el delito de secuestro, de acuerdo con resoluciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

 

La Fiscalía documentó que el 25 de septiembre de 2022, la víctima —un comerciante de alimentos— se encontraba con dos familiares en su negocio ubicado en la colonia Loma de Cristo, municipio de Texcoco, cuando varios sujetos armados arribaron a bordo de una camioneta conducida por Fabiola Yuritzi Hernández De la Rosa.

 

Cuatro cómplices ingresaron al local, amagaron a la víctima con armas de fuego, la sacaron por la fuerza y la trasladaron a otro punto donde permaneció secuestrada. Horas después, la familia recibió llamadas exigiendo cinco millones de pesos a cambio de su liberación.

 

Tras la denuncia, la Policía de Investigación realizó un operativo el 12 de octubre de 2022, en el Circuito Exterior Mexiquense, municipio de Chimalhuacán, donde fueron detenidos cuatro implicados y asegurados dos vehículos.

 

Aunque la prima de la diputada fue sentenciada a 95 años de prisión, hoy se encuentra en libertad, presuntamente gracias a argucias legales y gestiones políticas atribuidas al exalcalde Juan Hugo de la Rosa y a su hija, la actual diputada de Morena.

 

Mientras Carmen de la Rosa Mendoza habla de soberanía, dignidad y justicia social, en Nezahualcóyotl persisten la impunidad, los cacicazgos y las redes de poder heredadas.

 

El problema no es el discurso patriótico, sino la incongruencia: no se puede exigir independencia nacional cuando se calla ante la corrupción local, ni presumir voluntad popular cuando se pretende imponer una candidatura por la fuerza del apellido.

 

Porque antes de hablar de presiones externas, la diputada debería explicar las cuentas pendientes de su propia casa política. Y en Neza, esas cuentas siguen abiertas.