DEL HUACHICOL AL PODER LOCAL: EL CRIMEN SE DISFRAZÓ DE ESPECTÁCULO EN

 EL ESTADO DE MÉXICO

 

* “El Edomex como refugio criminal: festivales, política y huachicol bajo la misma red”

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ACOLMAN, Estado de México, 19 de diciembre de 2025.– La narrativa del “emprendedor cultural” y promotor de espectáculos se desmorona ante las revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño de la franquicia Miss Universo, admitió ante autoridades federales haber participado en operaciones de huachicol, señalando como operador principal y socio criminal a Jacobo Reyes León, excomisario de Seguridad Pública de Acolman y excandidato del PRD a la Presidencia Municipal de San Martín de las Pirámides.

 

La declaración de Rocha Cantú —convertido en testigo protegido— coloca a Reyes León, alias “El Yaicob”, en el centro de una organización dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, delincuencia organizada y tráfico de armas, delitos por los que fue detenido el pasado 16 de diciembre en la Ciudad de México y trasladado a un penal federal.

 

La paradoja es brutal: quien habló de “convivencia sana”, saldo blanco y desarrollo económico mediante conciertos, hoy es señalado como líder de una red criminal que operaba con millones de pesos y combustible contrabandeado.

 

El empresario cultural que prometía millones… y terminó señalado por huachicol

 

Reyes León se presentó públicamente como impulsor del Festival Caminante, evento realizado en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, y utilizó esa plataforma para construir una imagen de gestor cultural y aspirante político.

 

En una entrevista difundida en 2021 en el canal de YouTube SOYMARTINTEOT, el propio Reyes admitía que su incursión en los festivales musicales fue el detonante de su carrera pública: “Antes ni me pelaban… Caminante fue lo que detonó que se diera a conocer mi nombre”.

 

Como candidato, prometía un Foro Multicultural desmontable para 14 mil personas, hasta 45 eventos anuales, y una supuesta derrama económica con recaudación directa de 5.8 millones de pesos anuales para el municipio. Incluso hablaba de crear proyectos de seguridad privada, mientras años después sería acusado de encabezar actividades criminales.

 

La detención y el señalamiento directo

 

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León fue arrestado en Reforma 75, sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), tras promover sin éxito un amparo contra la orden de captura girada el 15 de noviembre por el juez federal Rodrigo Rosales Salazar, del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro. La orden también incluía a Raúl Rocha Cantú y a otros siete presuntos integrantes del grupo delictivo.

 

Rocha Cantú confesó haber entregado 2 millones 100 mil pesos en dos exhibiciones, a finales de noviembre y diciembre de 2024, a cambio de rendimientos económicos derivados de la venta ilegal de combustible. Según su testimonio, Reyes León le garantizó seguridad en el negocio, asegurándole que él era “el operador” de toda la estructura.

 

El combustible, según la declaración ministerial, se almacenaba en un predio de Querétaro, dentro de instalaciones de la empresa Ferropolymers.

 

Testigo protegido y preguntas incómodas

Como parte de un criterio de oportunidad, Rocha Cantú —exdueño del Casino Royale— evitó la cárcel a cambio de colaborar con la FGR. Antes de dejar la titularidad de la dependencia, Alejandro Gertz Manero autorizó retirar la orden de aprehensión en su contra y concederle el estatus de testigo colaborador.

 

La pregunta de fondo permanece abierta y resulta incómoda para el poder en el Estado de México: ¿Por qué tantos personajes ligados al crimen organizado han ocupado cargos públicos o posiciones de poder en la entidad? ¿Quién los protege mientras construyen carreras políticas o empresariales? ¿Qué ha hecho la Policía de Investigación, bajo el mando del fiscal José Luis Cervantes Martínez, para detectar estas redes antes de que estallen?

 

¿Cuál es la responsabilidad política de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ante un estado donde prácticamente todos los municipios aparecen infestados de delincuencia organizada? ¿Cuántos funcionarios más caerán… y cuántos serán protegidos? ¿Morena les abrió la puerta o simplemente miró hacia otro lado?

 

El caso Reyes León no es un hecho aislado: es otro síntoma de un Estado de México donde el crimen, la política y los negocios conviven con alarmante normalidad, mientras la rendición de cuentas sigue siendo la gran ausente.

AUTORITARISMO EN LOS REYES LA PAZ: GOBIERNO MORENISTA

 MANDA DETENER A PERIODISTAS INCÓMODOS

 

* Retienen a reporteros dentro del palacio municipal; señalan órdenes directas de la alcaldesa Martha Guerrero

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES, LA PAZ, Estado de México, 17 de diciembre de 2025.– El gobierno municipal de Los Reyes La Paz volvió a exhibir un rostro autoritario y hostil contra la libertad de expresión. Dos periodistas de la Revista Expediente Secreto fueron privados de la libertad de manera arbitraria al interior del palacio municipal, en hechos ocurridos el pasado lunes 15 de diciembre alrededor de las 10 de la mañana.

 

De acuerdo con los testimonios y la narrativa de los hechos, los comunicadores se encontraban repartiendo el medio informativo dentro de las oficinas del ayuntamiento cuando Pedro Luna Pintor, quien se ostenta como director de Gobierno municipal, reaccionó de forma violenta y verbalmente agresiva. “Ya les dije que aquí no pueden estar repartiendo su chingadera”, gritó a uno de los reporteros, antes de ordenar a dos policías municipales que lo detuvieran.

 

Los uniformados acataron la instrucción de manera inmediata. Uno de los periodistas fue retenido en contra de su voluntad durante aproximadamente 45 minutos en el segundo piso del edificio municipal. Durante ese lapso, Pedro Luna Pintor le habría advertido que se trataba de instrucciones directas de la alcaldesa morenista Martha Guerrero, quien ha ordenado que cualquier persona que distribuyera la revista Expediente Secreto fuera detenida de inmediato.

 

La retención forzada del comunicador configura, conforme al marco legal vigente, el delito de privación ilegal de la libertad. Pese a ello, el abuso no terminó ahí. Tras mantenerlo retenido, Luna Pintor y los dos policías municipales lo condujeron al sótano del ayuntamiento, donde se ubican las oficinas de la policía municipal, para posteriormente presentarlo ante el Juez Conciliador.

 

De manera paralela, el segundo periodista —que se encontraba en la explanada municipal— también fue detenido por uno de los policías y trasladado al mismo Juez Conciliador. Tras revisar los hechos, la autoridad determinó que no existía infracción administrativa ni delito alguno, por lo que ambos comunicadores fueron puestos en libertad. Esta resolución deja en evidencia que la detención fue completamente arbitraria y carente de sustento legal.

 

Lejos de tratarse de un “malentendido”, el caso ya derivó en la apertura de la carpeta de investigación NEZ/CCF/SPN/062/347133/25/12, en la que figura como imputado Pedro Luna Pintor, junto con los dos policías municipales involucrados, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad.

 

El Código Penal es claro: toda persona que sea retenida contra su voluntad incurre en un delito. Además, el Artículo 355 establece sanciones y la obligación de reparación del daño en casos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, concusión, peculado y otros delitos cometidos por servidores públicos.

 

Más grave aún, el Título Séptimo de los Delitos contra la Libertad de Expresión, en su Artículo 356, tipifica como delito cualquier conducta destinada a impedir, limitar o atacar la labor periodística y a los medios de comunicación. Lo ocurrido en Los Reyes La Paz encaja de manera directa en estas disposiciones.

En este contexto, el gobierno encabezado por Martha Guerrero Sánchez, junto con su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, queda bajo un manto de sospecha política y legal. Para los reporteros de Expediente Secreto, las agresiones se han intensificado desde que el medio comenzó a publicar información sobre la presunta cercanía de Tranquilino Lagos con Héctor Becerril, señalado como presunto operador de extorsiones y presunto controlador de la venta ilegal de agua en La Paz y otros municipios de la zona oriente del Estado de México.

 

Mientras el ayuntamiento guarda silencio, los hechos hablan por sí solos: en Los Reyes La Paz, repartir información crítica se castiga con detenciones ilegales, abuso de poder y amenazas veladas. Cada día que pasa, el gobierno municipal morenista deja menos dudas sobre su intolerancia a la prensa incómoda y su desprecio por las libertades fundamentales.

SILENCIOS, AMPAROS Y RUMORES: RADIOGRAFÍA DEL PODER MEXIQUENSE

 

* Rumbo a 2027, silencios, amparos y rumores exhiben la disputa real por el control político del Estado de México.

TOLUCA, Estado de México, 14 de diciembre de 2025.— El poder en el Estado de México no siempre grita: a veces calla, se ampara, filtra rumores, disputa territorios y celebra fiestas sin contabilidad. En esa coreografía de signos —más elocuentes que cualquier discurso— se revela un sistema en tensión rumbo a 2027.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

METEPEC: EL VACÍO COMO ADVERTENCIA

 

Metepec fue escenario de un silencio calculado. El alcalde Fernando Flores Fernández (PAN), presidente municipal de Metepec y figura con proyección estatal, convocó fuerza, discurso y multitudes, pero los liderazgos del PAN decidieron no llegar. La ausencia no fue descuido: fue método. No fue olvido: fue mensaje. Cuando un liderazgo local empieza a parecerse más a una marca personal que a una estructura partidista, las élites recuerdan quién autoriza el crecimiento.

 

En la ecuación aparecen Anuar Azar Figueroa, dirigente estatal del PAN en el Estado de México, y Enrique Vargas del Villar, senador y principal operador del panismo mexiquense rumbo a 2027. La lectura interna es clara: ningún liderazgo local, por popular que sea, está autorizado a expandirse sin alinearse a los equilibrios del partido. El discurso “ciudadano” de Flores dejó de ser estrategia de comunicación para convertirse en una amenaza simbólica a la marca PAN. Medirlo sin arropo fue una forma de probar si su fuerza es real o solo espejismo mediático.

 

El vacío también funcionó como recordatorio de disciplina vertical: los liderazgos se autorizan desde arriba, no se autoproclaman desde el territorio. En clave electoral, Metepec fue laboratorio para medir si Flores puede sostener aspiraciones sin el aval de la dirigencia estatal ni del grupo de Vargas, que busca mantener el control del proceso interno panista hacia la sucesión de 2027 ¿Fue un informe… o una sentencia política anticipada?

 

MANZUR: EL AMPARO QUE ANTICIPA

 

El amparo penal 1305/2025 no es un trámite: es un aviso. José Manzur Quiroga, exsecretario general de Gobierno del Estado de México durante la administración de Eruviel Ávila Villegas (PRI), operador de redes políticas y administrativas profundas, optó por blindarse antes de que un expediente se convierta en acción penal. El juzgado admite, dicta suspensión y fija fecha. Poco se ve; mucho se intuye.

 

Ampararse no es miedo: es lectura. Y Manzur siempre ha leído antes que los demás. Las notarías en litigio —asignadas y reconfiguradas durante el eruvielismo— asoman como puerta de entrada para revisar relaciones, favores, firmas y decisiones del viejo régimen. En un contexto donde el PRI mexiquense busca sobrevivir con alianzas rumbo a 2027, el movimiento de Manzur sugiere que algunas piezas del pasado podrían ser usadas como moneda de presión política.

 

El amparo también envía señales a antiguos aliados dentro y fuera del PRI: si tocan a uno, tocan a muchos. No es solo una defensa jurídica; es una jugada de tiempo para recomponer alianzas y evitar que la justicia selectiva se convierta en herramienta de disciplina política ¿Qué sombra vio Manzur antes que todos?

 

EL RUMOR: GOLPEAR LA SALUD PARA EROSIONAR LA LEGITIMIDAD

 

El rumor corrió con precisión quirúrgica: Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México y figura central de Morena, se enfermó, dejará el cargo, el Estado se descarrila. Nada cierto; todo funcional. La gobernadora siguió trabajando mientras la mentira viajaba más rápido que la institucionalidad.

 

Golpear la salud es golpear la legitimidad. No es preocupación: es guerra sucia. Que ocurra cuando se reacomoda el gabinete estatal y se empieza a definir la correlación de fuerzas de Morena rumbo a 2027 no es coincidencia. El objetivo es reducir el peso político de Delfina en la definición de candidaturas, particularmente en el Valle de México, y abrir espacio a negociaciones anticipadas entre grupos internos.

 

Detrás del rumor convergen intereses de sectores del viejo régimen priista desplazado y de corrientes internas de Morena que buscan acotar la influencia de la gobernadora en la sucesión. El ataque, además, carga un sesgo simbólico: debilitar a la primera mujer que gobierna el Edomex presentándola como frágil ¿Qué revela un rumor sobre quienes necesitan que parezca verdadero?

 

TECÁMAC: LA FRACTURA TERRITORIAL DE MORENA

 

Tecámac exhibió la zona sísmica de Morena. Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de la República y exalcaldesa del municipio, actúa como jefa territorial con músculo electoral; Rosi Wong Romero, presidenta municipal en funciones, ejerce institucionalidad desde el gobierno local. Entre ambas, estructuras que se deslizan, nóminas que se reacomodan y la sombra política de Higinio Martínez Miranda, histórico operador del oriente mexiquense, pero, también es quien encabeza la ruptura al interior de Morena.

 

Lo visible fue el choque; lo real es la disputa por el control político del oriente del Estado de México, una de las regiones clave para ganar la gubernatura y las principales alcaldías en 2027. La nómina municipal aparece como base de lealtades y plataforma de proyectos mayores. No estalló un pleito personal, se estrellarse dos modelos de operación política dentro de Morena.

 

El conflicto de Tecámac funciona como anticipo de la guerra interna que se avecina: control territorial versus legitimidad institucional. La pregunta para el gobierno estatal es cuánto puede escalar esta confrontación sin comprometer la cohesión del movimiento en una región estratégica ¿Quién controla un territorio cuando dos dicen controlarlo?

 

HUIXQUILUCAN: OPULENCIA SIN CONTABILIDAD

 

Autos, motos y pantallas: espectáculo público; contabilidad privada. En Huixquilucan, gobernado por el PAN bajo la figura de Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal y pieza clave del grupo político de Enrique Vargas del Villar, la abundancia se volvió narrativa de gobierno.

 

Si el dinero es municipal, debe justificarse. Si son donaciones empresariales, deben transparentarse. Si es promoción política, debe sancionarse. Una rifa no es un regalo: es un mensaje. Y todo mensaje tiene costo. En clave rumbo al 2027, Huixquilucan opera como vitrina de poder y como plataforma de posicionamiento político del panismo del Valle de México.

 

Las preguntas son presupuestales y éticas: ¿Qué capítulo absorbió la compra?, ¿Hubo aprobación del cabildo?, ¿Los bienes quedaron registrados como activos municipales?, ¿Existieron donaciones privadas no reportadas?, ¿Se trata de promoción personalizada encubierta? La opulencia sin contabilidad no es descuido: es método ¿Qué oculta una fiesta cuando la paga el erario?

 

DIAGNÓSTICO

 

El poder no enferma por desgaste corporal, sino por los síntomas que deja su comportamiento: silencio calculado, amparo urgente, rumor anónimo, choque territorial y opulencia sin contabilidad. El sistema no se rompe: se revela. Y cuando se revela, la duda deja de ser crítica para convertirse en defensa. En el Estado de México, donde el poder siempre habló en clave, preguntar no solo ilumina: desnuda.

CIFRAS ALEGRES Y COMPLICIDADES CRIMINALES: LA EXTORSIÓN QUE EL GOBIERNO DEL EDOMEX SE NIEGA A COMBATIR

 

* Entre discursos oficiales y redes de complicidad política, la extorsión sigue gobernando municipios enteros del Edomex

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 14 de diciembre de 2025.— Mientras el Gobierno del Estado de México presume como “logro” que la Policía Cibernética evitó el pago del 93.3 por ciento del dinero exigido por extorsión y fraude entre el 4 y el 10 de diciembre —equivalente a 12 millones de pesos—, la realidad en las calles y mercados del estado desmiente el discurso oficial.

 

Durante la Mesa de Paz número 233, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad estatal informó que en ese periodo se recibieron 748 denuncias ciudadanas, principalmente por extorsión telefónica, fraude y amenazas. Para el gobierno, estas cifras son motivo de celebración. Para la ciudadanía, son apenas la punta del iceberg.

 

La propia estadística oficial omite un dato clave: por cada denuncia presentada existen al menos ocho casos más que no se denuncian, debido a la desconfianza absoluta en las policías municipales, la policía estatal y, sobre todo, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez.

 

Ni la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ni el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, han mostrado voluntad política para recuperar la confianza ciudadana. Y la razón es evidente: hacerlo implicaría una depuración profunda de los cuerpos policiacos y de los ministerios públicos, hoy señalados de operar más como aliados del crimen organizado que como defensores de la sociedad.

 

Un ejemplo claro de esta descomposición institucional se vive en San Vicente Chicoloapan, donde comerciantes y habitantes han denunciado desde hace años la operación del grupo de extorsionadores conocido como “Los Talibanes”, encabezado por Reinaldo Ruiz Castaneyra, alias “El Perro”.

 

De acuerdo con múltiples señalamientos locales, este grupo mantiene sometidos a comerciantes mediante el cobro de derecho de piso, con la clara complicidad del alcalde morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez, quien lejos de enfrentar a la delincuencia, es acusado de protegerla y tolerarla.

 

La red de impunidad no termina ahí. Edgar Ruiz Aguilar, hijo de Reinaldo Ruiz Castaneyra, funge actualmente como primer regidor del ayuntamiento de Chicoloapan, y públicamente presume que será el próximo candidato de Morena a la alcaldía, pese a los señalamientos que pesan sobre su entorno familiar y político.

 

Este tipo de casos explican por qué las víctimas de extorsión no denuncian. No es miedo irracional: es la certeza de que las autoridades están involucradas, aliadas o directamente coludidas con los grupos criminales que dicen combatir en discursos y mesas de seguridad.

 

Así, el llamado oficial a denunciar al 089 resulta vacío y ofensivo para quienes viven bajo amenaza permanente. Las cifras que presume el gobierno son, en realidad, cifras alegres, construidas sobre el silencio forzado de miles de mexiquenses que saben que denunciar puede costarles el patrimonio, la libertad o la vida.

 

Mientras no se rompan las redes de complicidad, no se castigue a funcionarios coludidos y no se limpie de fondo a las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, la extorsión seguirá mandando en el Estado de México. Y el gobierno seguirá celebrando números, mientras la delincuencia gobierna territorios completos con el aval del poder.

CHIMALHUACÁN SE HUNDE EN EL TERROR: DECAPITADOS, NARCOMENSAJES Y EXTORSIÓN BAJO LA SOMBRA DE LA IMPUNIDAD

 

* Entre narcomensajes, extorsión y omisiones oficiales, la violencia se encuentra normalizada en Chimalhuacán

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México.– La violencia criminal en Chimalhuacán alcanzó un nuevo nivel de barbarie el pasado 10 de diciembre, cuando vecinos de la localidad descubrieron un hallazgo atroz: dos cabezas humanas abandonadas en la vía pública, una de ellas dentro de una mochila escolar color rosa y la otra al interior de una bolsa negra. El macabro mensaje fue claro y directo: el crimen organizado opera con total libertad en el municipio.

 

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, el hallazgo ocurrió en la Cerrada Francisco Villa y 16 de Septiembre, en el punto conocido como El Chocolín. Junto a la mochila fue localizada una cartulina con un narcomensaje que advertía sobre la llegada de un sujeto identificado como “el Señor de la O”, firmado por el grupo criminal “La Familia Michoacana” (FM), confirmando la disputa violenta por el control territorial.

 

La gravedad del hecho se incrementó al saberse que dentro de la mochila escolar fue encontrada una credencial perteneciente a una menor de edad que cursa el nivel preescolar. Sin embargo, lejos de activar todos los protocolos de emergencia y búsqueda inmediata, el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez y la Fiscalía de Homicidios del Estado de México habrían optado por minimizar y ocultar la información, según denunciaron vecinos y fuentes locales.

 

La posibilidad de que la vida de una niña esté en riesgo debió encender todas las alertas. No obstante, la respuesta institucional ha sido el silencio. El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, no ha informado de operativos extraordinarios ni de líneas claras de investigación. Chimalhuacán se desangra mientras las autoridades miran hacia otro lado.

 

La jornada de horror no terminó con el hallazgo de las cabezas decapitadas. A escasas calles del lugar, fueron localizadas dos personas gravemente heridas, con visibles huellas de tortura, abandonadas por sus agresores. Ambas fueron trasladadas a un hospital de la localidad: una murió poco después de ingresar al nosocomio y la otra permanece con vida, bajo custodia policiaca, debatiéndose entre la vida y la muerte.

 

Estos hechos no son aislados. El pasado sábado 22 de noviembre, otro crimen fue silenciado. Un comerciante dedicado a la venta de caldos de gallina fue asesinado dentro del mercado público San Isidro, ubicado en la avenida Obrerismo, en el barrio Curtidores, a escasos metros del Búnker de la policía municipal. Pese a los llamados de auxilio de los locatarios, ninguna patrulla acudió de inmediato.

 

Testigos relataron que alrededor de las 15:00 horas, dos sujetos armados ingresaron directamente al local de Óscar “N”, de 35 años, y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los agresores escaparon en una motocicleta. El crimen ocurrió a plena luz del día, frente a decenas de personas y en una de las zonas que debería estar más vigiladas del municipio, por la cercanía del Búnker de donde se concentran cientos de policías municipales.

 

Aunque oficialmente no se ha establecido el móvil, fuentes cercanas a la investigación apuntan al cobro de derecho de piso. Una práctica que, de acuerdo con comerciantes, se ha vuelto sistemática y generalizada en Chimalhuacán, pese a que ha sido denunciada una y otra vez sin que ninguna autoridad actúe.

 

Fuentes internas de corporaciones federales señalan que al menos dos policías municipales, hermanos y de apellido Onofre González, presuntamente son los que estarían encabezando la banda dedicada a la extorsión. Uno de ellos es conocido con el alias de “El Patas”. Además, dichas fuentes aseguran que el Director Operativo de la policía municipal, Arturo Hernández Ortega, con indicativo Centurión, presuntamente tiene pleno conocimiento del cobro de extorsiones y ha permitido que continúe.

 

En el Chimalhuacán gobernado por la autodenominada Cuarta Transformación, la violencia, el terror y la impunidad avanzan sin freno. Decapitados, narcomensajes, comerciantes asesinados y posibles víctimas infantiles forman parte de un escenario que las autoridades locales y estatales parecen decididas a ocultar. Mientras tanto, la población vive siendo rehén del miedo y del crimen organizado.

ECATEPEC BAJO SOSPECHA: ORGANIGRAMA FEDERAL EXHIBE PRESUNTA RED CRIMINAL LIGADA AL CJNG DENTRO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

 

* Altos funcionarios, mandos policiales y operadores delictivos habrían tejido una estructura de protección, extorsión y control territorial, según informes de inteligencia revelados por Latinus.

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 13 de diciembre de 2025.– Un organigrama elaborado por agencias de inteligencia del gobierno federal expone una presunta red de complicidades entre altos funcionarios del municipio de Ecatepec y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una estructura que involucra a políticos, mandos policiales y grupos criminales dedicados a la extorsión, el narcotráfico y el robo de combustible.

 

De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso el medio informativo Latinus, en la cúspide de la red se encuentra José Jorge Amador Amador, alias “El Doctor” o “La Jirafa”, actual asesor de seguridad de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss y exdirector de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl durante 15 años. Los informes señalan que desde ese cargo habría construido una amplia red criminal que, presuntamente, continúa operando en el actual gobierno municipal encabezado por el morenista Adolfo Cerqueda Rebollo.

 

Según fuentes de inteligencia, Amador Amador habría tenido como función central la creación de redes de policías dedicadas a la extorsión, así como la colocación de mandos afines en puestos estratégicos. Junto a él aparece Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, señalado por su presunta participación en el nombramiento de jefes policiacos acusados de extorsionar a transportistas y de facilitar el tránsito de cargamentos del CJNG.

 

El organigrama identifica al grupo delictivo “La Chokiza” como el brazo armado que respaldaría las operaciones de estos funcionarios, presuntamente involucrados en actividades de narcotráfico y huachicol. Uno de los líderes de esta célula criminal estaría vinculado con Jacobo Reyes León, operador del tráfico de armas y combustible robado del empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo.

 

Las investigaciones federales también colocan bajo la lupa a Francisco Villagómez Pulido, quien fue nombrado en enero pasado por la propia alcaldesa Azucena Cisneros como encargado de Seguridad Pública, cargo que ocupó hasta julio. De acuerdo con los reportes, Villagómez ha estado recluido en distintos penales por delitos de alto impacto, pero habría contado siempre con la protección de Amador Amador. El documento señala que, junto con Israel Perales, director de Proximidad, habría encabezado un esquema de extorsión sistemática a comerciantes a cambio de “protección”.

 

En el mismo nivel jerárquico se ubica a Luis Enrique Serna, subdirector de Tránsito, designado por Faustino de la Cruz, y acusado de extorsionar a integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas, exigiendo pagos que van de los 40 mil a los 200 mil pesos para permitirles circular sin hostigamiento policial. Las investigaciones sostienen que Serna también habría brindado protección al paso de cargamentos de droga y huachicol del CJNG con destino a la Ciudad de México. Serna fue removido en 2022 como titular de la Guardia Civil de Tecámac tras denuncias por irregularidades en su desempeño.

 

El organigrama federal también menciona a Guillermo Fragoso Báez, presunto líder de organizaciones delictivas que operan bajo la fachada de sindicatos como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y “25 de Marzo”. Fragoso, actualmente prófugo, habría tejido redes políticas y criminales mediante estos grupos, contando como abogado con Jacobo Reyes León. Según las investigaciones, estas estructuras serían utilizadas para la invasión de predios y otros delitos.

 

A pesar de su condición de prófugo, Fragoso habría asumido recientemente el control de la venta y distribución ilegal de agua en la colonia Tulpetlal, a través de su operador Ricardo Mendoza. El brazo ejecutor de esta red sería Alejandro Guilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder de “La Chokiza”, detenido en septiembre pasado. Los informes apuntan a que estas organizaciones contaban con la presunta protección de Mario Guerrero, fiscal regional de Ecatepec.

 

En el entramado criminal también aparece el nombre de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, identificada como presunto enlace entre “La Chokiza” y el cártel de la Unión Tepito.

 

Finalmente, los reportes advierten que la corporación policiaca de Nezahualcóyotl estaría infiltrada por mandos formados por Amador Amador, varios de los cuales han sido recluidos en penales del Estado de México, pero continúan activos. Entre ellos destaca el jefe del Grupo Táctico, conocido como “El Shaggy”, señalado por el asesinato de un agente de inteligencia estatal y quien, pese a ello, habría sido liberado y reinstalado en un cargo clave durante la gestión de “La Jirafa”.

 

El gobierno municipal de Ecatepec y sus principales funcionarios se encuentran ahora bajo la investigación de la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un caso que vuelve a colocar al municipio como uno de los principales focos de corrupción e infiltración por el crimen organizado en el Estado de México.

CÁRTEL, SINDICATO Y PODER: LA DETENCIÓN DE “EL LIMONES” SACUDE A LA CATEM Y SALPICA A FIGURAS DE MORENA

 

* Fotos, extorsión y deslindes: el caso “El Limones” desnuda la cercanía entre sindicatos morenistas y el narco

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2025.– La caída de Edgar “N”, alias “El Limones”, operador financiero de la célula “Los Cabrera” —brazo del Cártel de Sinaloa en Durango—, no solo destapó una red de extorsión. También puso contra la pared a la dirigencia de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por el diputado federal de Morena Pedro Haces Barba, quien ahora intenta negar lo evidente: las fotografías donde aparece abrazado, sonriendo, con el presunto criminal.

 

El operativo coordinado por la SSPC, Semar, Sedena y la FGR no solo dejó un detenido; dejó al descubierto un entramado incómodo para un movimiento político que presume “transformación”. Las imágenes difundidas por la propia CATEM contradicen por completo el deslinde desesperado de Haces, quien en un video aseguró: “¡No se equivoquen! ‘Limones’ no es CATEM”. El problema es que las fotos lo desmienten con la violencia de un golpe directo a la credibilidad del legislador.

 

Lo que viene detrás es todavía más oscuro. La CATEM —que presume 1,193 sindicatos afiliados y un supuesto músculo de siete millones de trabajadores— carga un historial que la vincula con extorsiones, cobros ilegales y estructura paralela de presión en al menos tres estados. El medio informativo, El País México documentó en agosto una “relación simbiótica con organizaciones criminales”, mientras La Revista Proceso en septiembre describió una trayectoria “negra”, marcada por explotación laboral y contratos públicos entregados en la sombra.

 

La tormenta también roza a la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, apadrinada por el propio Haces y abiertamente colocada en el radar de Morena rumbo a la gubernatura de Tlaxcala para 2027. Sus visitas constantes al estado y declaraciones ambiguas sobre “proyectos futuros” ya son leídas como una precampaña de bajo perfil. Con el escándalo de “El Limones” encima, su camino político podría ensuciarse antes de empezar.

 

Mientras Pedro Haces intenta blindarse con discursos sobre “integridad sindical” y presume oficinas en Washington para el TMEC, lo cierto es que el caso exhibe la creciente sombra de la infiltración criminal en estructuras que llevan años operando bajo el paraguas de Morena. Las autoridades federales ya investigan si los vínculos entre CATEM y el crimen organizado van más allá de fotografías incómodas.

 

Y la lectura es inevitable: es hora de que empiece a derrumbarse el entramado de complicidades que Morena ha permitido, alimentado o ignorado durante siete años de gobierno. El país necesita desmontar el narco-poder que se instaló en las instituciones, y el caso de “El Limones” apenas es otra de las grietas que deja ver todo lo que la 4T está podrida por dentro.

CABILDO ABIERTO EXHIBE EL VACÍO DE GOBIERNO DE

 MARTHA GUERRERO EN LA PAZ

 

* Vecinos revientan el acto: denuncian abandono total mientras la alcaldesa responde con excusas y promesas recicladas

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La Paz, Edomex., 12 de diciembre de 2025.– El Sexto Cabildo Abierto en San Salvador Tecamachalco terminó siendo una radiografía brutal del fracaso del gobierno de Martha Guerrero Sánchez. Lejos de un ejercicio de transparencia, el evento se convirtió en un recordatorio público de que el municipio sigue hundido en inseguridad, servicios colapsados y una administración incapaz de responder.

 

La alcaldesa habló de “escuchar a la gente”, pero los ciudadanos hicieron lo que el gobierno tanto evita: decir de frente que La Paz está abandonada. Enumeraron lo mismo que llevan denunciando desde el primer día de esta administración: calles sin luz, vialidades destruidas, puentes peatonales olvidados, movilidad caótica, inseguridad sin control y una ribera del Río de La Compañía hecha un foco de riesgo.

Guerrero presumió austeridad y compra de camiones y computadoras, pero no pudo explicar por qué, con todo ese “ahorro”, el municipio sigue igual o peor. ¿De qué sirven las pipas y retroexcavadoras si los problemas más básicos no se atienden? La gente no vio resultados, vio excusas.

 

Incluso recurrió al tema del tren ligero La Paz–Texcoco, una obra estatal que no depende de su gestión. Presentarlo como solución cuando ni siquiera puede solicitar estaciones para las colonias de la localidad. Su discurso desgastado en el Cabildo Abierto, solo reforzó la percepción de que su gobierno vive desconectado de la realidad.

 

Al cierre, pidió paciencia y dijo que “viene lo mejor”, la misma frase gastada que repite cada vez que queda en evidencia ante la falta de resultados. Un año perdido y un municipio que retrocede, la grave situación que se vive en La Paz, no se resuelven con optimismo de micrófono, sino con trabajo que su administración no está mostrando.

 

El Cabildo Abierto dejó un mensaje contundente: los vecinos ya no creen en discursos ni en promesas futuras. Lo que quedó claro es que, hoy, La Paz está sola y sin gobierno.

CHICOLOAPAN: PACTO CRIMINAL ENTRE ALCALDE Y “EL PERRO” DEJA A MILES BAJO EXTORSIÓN E IMPUNIDAD TOTAL

 

* Regidor hijo de líder criminal, policía comprada y Fiscalía omisa: la mafia local opera con el aval del gobierno morenista

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Estado de México, 11 de diciembre de 2025.— Mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunciaba en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, en Chicoloapan se vive justo lo contrario: un municipio secuestrado por las cuotas, la impunidad y los pactos entre autoridad y delincuencia.

 

El nuevo acuerdo federal busca reforzar el combate a la extorsión, armonizar leyes estatales para perseguir este delito de oficio, crear áreas especializadas en todas las fiscalías y fortalecer el funcionamiento del 089, con un manual nacional para unificar la recepción de denuncias, la investigación y la persecución. Harfuch reveló que la Estrategia Nacional Contra la Extorsión ha generado más de 102 mil 800 llamadas de denuncia y derivado en 600 detenidos en 22 estados, pero advirtió que hace falta que la población denuncie de manera segura y anónima.

 

Sin embargo, en Chicoloapan el mensaje parece caer en tierra infértil. Ahí gobierna Francisco Javier Mendoza Vázquez, alcalde de Morena, quien ha permitido —y según comerciantes, protegido— el crecimiento de Reinaldo Ruiz Castaneyra, “El Perro”, jefe de Los Talibanes, la banda criminal que controla el cobro sistemático de cuotas en el municipio.

 

“El Perro”, no solo opera con libertad: logró imponer a su hijo, Edgar Ruiz Aguilar, como regidor, otorgándole voz y voto dentro del cabildo. Ese acceso al poder, coinciden víctimas, ha incrementado la impunidad y fortalecido el sometimiento de miles de comerciantes que viven atemorizados.

 

Las amenazas se han multiplicado desde que comenzaron a difundirse las denuncias públicas sobre el actuar del grupo delictivo. Los comerciantes aseguran que los gatilleros de “El Perro” advirtieron que quien sea descubierto hablando con portales informativos “no vivirá para contarlo”. Y dejaron claro algo más: las cuotas no se detendrán.

 

Los pagos por “credenciales” van de 500 a 3 mil 500 pesos por puesto, además de las tarifas semanales obligatorias, y ahora impondrán nuevas cuotas en los tianguis de juguetes por la temporada de Reyes Magos. Es un sistema de extorsión total, sostenido por una red política y policiaca.

 

De acuerdo con testimonios, “El Perro” presume que el alcalde Mendoza Vázquez está “completamente de acuerdo” con el cobro de cuotas, porque su hijo —el regidor Edgar Ruiz— entrega cientos de miles de pesos al presidente municipal y al director de la policía, Josafat Green Ramírez, quien además de permitir las extorsiones, le brinda protección al grupo delictivo. Aseguran, además, que existe un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México para que ninguna denuncia prospere.

 

Ante este escenario, la exhortación de García Harfuch cobra mayor peso: las víctimas deben denunciar al 089, donde la federación pueda atraer los casos sin exponerlos ante autoridades locales coludidas. La investigación, afirma el secretario, debe abarcar no solo a los operadores criminales, sino también a los funcionarios que permiten y se benefician de la extorsión.

 

Porque en Chicoloapan, mientras el gobierno federal habla de combatir la extorsión, el municipio vive sometido por un pacto entre delincuencia, cabildo y policía, un pacto que mantiene a miles de familias viviendo con miedo y terror.

MORENA Y ANTORCHA: LA ALIANZA IMPRESENTABLE QUE

 TEXCOCO YA NO PUEDE OCULTAR

 

* Higinio mezcla agua y aceite mientras Nazario regulariza invasiones; Sheinbaum y AMLO deberán tragar su propio discurso

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Texcoco, Estado de México, 10 de diciembre de 2025.- Si algo ha quedado al descubierto en Morena y en sus eternos adversarios-antagonistas-aliados —según convenga el día— es que ambos bandos son expertos en traicionar incluso a sus muertos. No es exageración: durante años se han intercambiado acusaciones de asesinatos, ejecuciones políticas y violencia orquestada.

Unos señalan sin pudor a figuras como Aquiles Córdova, Juan Celis, Marisela Serrano, Rosalba Pineda, Jesús Tolentino Román, Telesforo García, Gloria Brito, Abel y Brasil Acosta, entre otros, como autores o beneficiarios de crímenes.

Los otros responden apuntando a Carlos Guzmán, Higinio Martínez, Horacio Duarte, Paco Vázquez, Adán Gordo, Nazario Gutiérrez, los De la Vega, Alejandro Encinas, Tranquilino Lagos, Miguel Benito, Felipe Arvizu y Armando Corona, por mencionar solo algunos.

Es una guerra de lodo donde la palabra “asesino” ha dejado de tener gravedad para convertirse en un adjetivo de uso cotidiano. Y, sin embargo, lo verdaderamente grotesco no son las acusaciones cruzadas, sino la manera en que se reconcili­an cuando el poder lo exige. Ejemplo: los pleitos “a muerte” entre Marisela Serrano y Felipe Arvizu, que un día incendian Ixtapaluca con movilizaciones estudiantiles, y al día siguiente amanecen con una paz absoluta, como si nada hubiera pasado.

Antorcha jamás ha renunciado a estas prácticas: confronta, simula, presiona, negocia, retrocede, avanza… siempre según la necesidad. Ahí está su pleito de utilería con el gobierno actual de Chimalhuacán.

Su hostilidad escenificada con la administración de La Paz. Y la joya del surrealismo político: su choque con Nazario Gutiérrez en Texcoco, quien ahora —de manera increíble, ridícula y políticamente obscena— impulsa la regularización de las colonias antorchistas.

¿En serio el mismo que los acusaba de invasores y asesinos ahora ayuda a legalizar las invasiones? Increíble, pero real.

 

La pregunta cae por su propio peso: ¿Qué opinará Claudia Sheinbaum? ¿Y qué dirá AMLO, que tanto se burló de la “antorcha mundial”? ¿Tendrá ahora que decir: la antorcha mundial… y texcocana?

 

Mientras tanto, Higinio Martínez sigue echando gasolina al fuego. ¿Lo hace por cálculo político o porque ya empezó su etapa senil? Porque lo que sí ha logrado es una proeza digna de un laboratorio: mezclar el agua y el aceite.

¿Quién hubiera imaginado que Antorcha Campesina y Morena caminarían juntos para disputar el poder en el Estado de México? Y sin embargo aquí estamos, viendo cómo, aunque usted no lo crea, avanza esta alianza impresentable que desdibuja, ensucia y contradice todo lo que ambos dijeron ser… y lo que muchos aún creen que representan.

EN LA PAZ HABLAN DE “ESPACIOS SEGUROS”, PERO TOLERAN ANTROS DONDE SE “PROSTITUYE Y SE VIOLENTA A MENORES DE EDAD”

 

* En La Paz siembran flores, pero abandonan a mujeres y niñas en antros de explotación

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES, LA PAZ, Estado de México, 9 de diciembre de 2025.– El gobierno de La Paz volvió a refugiarse en el discurso fácil y decorativo. Mientras la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez presume la intervención de áreas verdes “para concientizar sobre la violencia hacia las mujeres”, la realidad en la cabecera municipal desmiente cada una de sus palabras: La Paz sigue siendo un corredor de antros clandestinos, prostitución —incluidas menores de edad—, venta de droga y agresiones sistemáticas contra mujeres que ni el Ayuntamiento ni la Dirección de las Mujeres se atreven a tocar.

 

La titular de la Dirección de las Mujeres, Inclusión y Equidad, Alma Janeth Ramírez Hernández, anunció que la dependencia intervino el área verde de la intersección México–Puebla y México–Texcoco con un moño de plantas formado por lantanas y crotón, en coordinación con Ecología y Medio Ambiente. Según ella, estas acciones buscan “recuperar espacios públicos” y “garantizar un caminar seguro para las mujeres”. Un mensaje institucional que suena bien… pero que en La Paz no tiene sustento real.

 

La presidenta municipal Martha Guerrero ha convertido cada 25 del mes —el llamado Día Naranja— en una plataforma para repetir el mismo guion: apoyo psicológico, médico y jurídico para mujeres víctimas de violencia. Pero más allá de los boletines, nada de eso detiene el infierno cotidiano que se vive a unas cuadras del Palacio Municipal.

 

La Directora de Ecología, Diana Patricia Aguilar, aseguró que la recuperación de áreas verdes y la lucha contra la violencia hacia las mujeres “van de la mano”. Lo dijo mientras el personal del Ayuntamiento sembraba plantas polinizadoras “que atraen abejas por su olor dulce”. Una postal perfecta… siempre y cuando se ignore lo que ocurre a espaldas del palacio municipal, en el corazón de la cabecera municipal.

 

Porque la otra cara de La Paz es brutal y está ahí, a la vista de todos.

La cabecera municipal está inundada de antros y bares donde se practica la prostitución y donde muchas de las mujeres que trabajan son menores de edad. Son espacios donde se consume y se vende droga: marihuana, cocaína y hasta “piedra”. Sitios donde la violencia es parte del menú diario y donde las mujeres sufren agresiones que el gobierno municipal pretende ocultar detrás de macetones, jardineras y moños naranjas.

 

Si Martha Guerrero realmente quisiera combatir la violencia contra las mujeres, empezaría por gestionar el cierre inmediato de estos centros de explotación ante la Fiscalía General de Justicia y el propio Gobierno del Estado. Bastaría con que su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, alias, “El Trancas”, se diera una vuelta por cualquiera de los cientos de antros instalados en la cabecera para confirmarlo: insultos, golpes, explotación sexual, cobro de piso, venta de droga y menores trabajando sin protección.

 

Es cierto que estos tugurios no nacieron en esta administración; llevan décadas operando bajo la sombra del PRI y del PRD. Pero también es cierto que Martha Guerrero y Tranquilino vienen del PRD, y que Morena prometió ser diferente. En los hechos, sin embargo, son exactamente lo mismo: un gobierno que prefiere sembrar flores antes que enfrentar las estructuras reales de violencia que destruyen la vida de las mujeres en La Paz.

 

Mientras el Ayuntamiento siga presumiendo jardines mientras ignora prostíbulos, hablar de “caminar seguras” será solo una burla más para los ciudadanos.