EL ESCÁNDALO DE LA REFORMA AL INFONAVIT
Por: Mario Maldonado
*Hay temor entre sindicatos y organismos patronales de que el
gobierno eche mano de los 2.4 billones de pesos de los fondos de vivienda para
destinarlos a otras tareas.
El último round que la 4T tendrá con la oposición en este 2024
es la discusión sobre la reforma a la Ley del Infonavit. La discusión para
modificar el marco jurídico a su antojo se extenderá hasta las primeras semanas
del siguiente año, por decisión del coordinador morenista en San Lázaro,
Ricardo Monreal, quien reconoce que la minuta requiere de un mayor análisis. El
problema de fondo es que hay un temor entre sindicatos y organismos patronales
de que el gobierno eche mano de los 2.4 billones de pesos de los fondos de
vivienda para destinarlos a otras tareas, como la construcción de vivienda.
En la discusión sobre el tema se han escuchado muchas
falsedades, verdades a medias y uno que otro argumento real, pero los hechos
apuntan a que la intención original de los morenistas, sobre todo del actual
director del Infonavit, Octavio Romero, y del coordinador de los
senadores, Adán Augusto López, era efectivamente apoderarse de ese dinero.
De hecho, muchos recuerdan el diagnóstico que Romero solía dar sobre el fondo
de vivienda al inicio de esta administración: decía que sus recursos están “mal
utilizados” e invertidos en bonos que financian proyectos de infraestructura
concesionados a empresas privadas.
El mayor problema es que, más allá de las intenciones abusivas,
esta onerosa bolsa de recursos no es de utilidad para ganar liquidez
presupuestal. De entrada, éstos son generados por las aportaciones de los
trabajadores y los patrones, y al igual que en el caso de las Afores, un
importante porcentaje del capital está colocado por fondos de inversión en
bonos a mediano y largo plazo. Del patrimonio total del Instituto, alrededor de
900 mil millones se encuentran en ese esquema, y los otros 1.5 billones
corresponden a la cartera de crédito. Es una estructura financiera que, en el
mismo gobierno, dicen que el ingeniero agrónomo que llevó durante seis años las
riendas de Pemex no alcanza a entender.
Las únicas formas en las que el gobierno o sus funcionarios
podrían sacar provecho financiero de las reformas al Infonavit son dos:
mediante los gastos de administración o a través de inversiones en bonos que
favorecen los proyectos de la 4T. En el primer caso se habla de que la nueva
legislación brinda la oportunidad a la dirección general del Instituto de
utilizar el 0.55% de la bolsa total de recursos para gastos de administración,
un atractivo y manejable presupuesto de 13 mil 750 millones de pesos, casi tres
veces el monto que pelea Adán Augusto para su Cámara de Senadores.
Con respecto a la inversión en proyectos de interés para la
4T, o para sus funcionarios, un ejemplo podría ser dirigir los recursos a bonos
como el esquema del fideicomiso que tienen las plantas que se compraron a
Iberdrola, y que se presentaron como objeto de un proceso de “expropiación”. La
clave de la reforma está justo en el poder de decisión que podría ganar el
gobierno en los órganos de control tripartitas del Infonavit, lo que permitiría
dirigir estratégica, política y sospechosamente los recursos de administración
y hasta las grandes inversiones en el mercado financiero.
Los morenistas indican que la Asamblea Nacional del Infonavit,
el máximo órgano en jerarquía, queda con una representación igualitaria de
patrones, trabajadores y gobierno: 10 representantes por sector, pero evitan
mencionar que éste ya no tendrá participación en la designación del director
general, que será definido únicamente por la presidencia de la República.
Tampoco mencionan que el director podrá votar y hasta tener poder de veto en la
Asamblea, ni que otros órganos como la Comisión de Vigilancia, el Comité de
Auditoría o el Comité de Transparencia sí perderán el equilibrio tripartita. La
minuta que Adán Augusto López lideró en el Senado se discutirá en Cámara de
Diputados a principios del 2025, pero ahora bajo el liderazgo de su nuevo
enemigo, Ricardo Monreal.
Posdata 1
Antes los rumores de que Moisés García Ochoa se
convertirá en el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas México, las
fuentes de la Presidencia reconfirman que así será.
Sin embargo, en la Secretaría de la Defensa, a cargo del
general Ricardo Trevilla, aseguran que este nombramiento no está
confirmado. Dicen que Trevilla y García Ochoa en realidad cargan con una
animadversión de hace tiempo.
Sea como sea, este personaje que fue en su momento cuestionado
y ha sido objeto de investigaciones de Estados Unidos, sí fue presentado como
un candidato a ocupar la dirección de la agencia con la cual la presidenta
Claudia Sheinbaum quiere combatir el contrabando, la piratería china y, a su
vez, incrementar la recaudación fiscal.
Posdata 2
En el Poder Judicial de la Federación hay una lluvia de
amparos de los llamados “anfitriones” que decidieron protegerse ante la entrada
en vigor de la reforma a la Ley de Turismo en la Ciudad de México, la cual fue
propuesta por el exjefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, y pretende
regular los espacios de alojamiento temporal y limitar las noches que los
inmuebles inscritos en aplicaciones pueden estar en renta.
A los recursos ya admitidos se les sumarán un centenar más en
los siguientes días, pues hay una lista amplia de personas que esperan la
publicación de las reglas secundarias para conocer el funcionamiento del que
será el llamado Padrón de Anfitriones; esto para conseguir una suspensión
definitiva a las disposiciones del nuevo marco legal.
Según los jueces que han otorgado las suspensiones, la reforma
resulta discriminatoria y afecta directamente a la actividad turística de la
capital, “que es el resultado de la atracción que posee la Ciudad de México
sobre millones de turistas, como uno de los centros económicos, culturales,
sociales y políticos del país, debido a la oferta que posee en infinidad de
segmentos”.
Posdata 3
En el caso de Grupo GICSA, al que se le acusa una presunta
falsificación de documentos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, la
novedad es que hay una denuncia por corrupción contra los magistrados del
Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Los juzgadores Gabriela Eleonora Cortés Araujo, Carlos
Arellano Hobelsberger y Alejandro Sánchez López están acusados
de hacer resoluciones sospechosas en favor de los accionistas mayoritarios de
la empresa, Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, pues a
pesar de que los empresarios confesaron el delito, hasta el momento no han
determinado las sanciones correspondientes.
