CENSURA MADE IN TAMAULIPAS
Por: Héctor De Mauleón
Ciudad de México, 19 de mayo de 2025.- El pasado 15 de mayo un
notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, pegaba en la
puerta de mi casa dos cédulas por medio de las cuales se me notificó de una
“Resolución por la que se ordena la adopción de medidas cautelares”. El
notificador me dijo que el INE había entregado, “por un convenio”, la dirección
de mi domicilio.
Supe de inmediato de qué se trataba. En días anteriores me
habían pasado una nota que señalaba que Tania Contreras, exconsejera
jurídica del gobierno de Américo Villarreal y candidata a Magistrada del
Supremo Tribunal Electoral, nos había demandado, a mí y a EL UNIVERSAL, por los
delitos de calumnias y violencia política en razón de
género.
En un primer momento (6 de mayo) el secretario ejecutivo del
IETAM desechó la primera de las quejas, la de calumnias, al considerar que “los
periodistas y los medios de comunicación se encuentran excluidos del universo
de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral”.
La candidata impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral
por haberse negado a tomar medidas cautelares contra EL UNIVERSAL y
el autor de esta columna. En su escrito de queja solicitó un procedimiento
especial sancionador en mi contra. En ese documento, mientras
Contreras dice ser calumniada, se refiere a mí como un pseudoperiodista cuyo
objetivo “es difamar a quienes no se alinean con sus credos políticos,
intereses económicos y directrices de sus patrones”, y habla de mi “dañina
intención” y mis “falsas publicaciones”.
Empezamos bien, pensé.
El 1 de mayo publiqué en este espacio la columna titulada
“Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”. Hice referencia a un documento
hackeado a la Sedena por el colectivo Guacamaya en el que el entonces
secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval alertaba al director
del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, sobre una red
de tráfico de huachicol, corrupción, sobornos y extorsiones, comandada por
el administrador de Operación Aduanera Juan Carlos Madero Larios.
Madero Larios está casado con la hermana de Tania Contreras, a
quien me referí en la columna como la carta fuerte de Morena para
quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En su escrito de queja, la candidata no desmiente esta
relación. Es decir, no desmiente que el secretario de la Defensa acusó a su
cuñado de ser cabeza de una red de huachicol y de extorsión a agentes
aduanales. Solo pregunta que en qué me baso para escribir que “es considerada
la carta fuerte de Morena”, y luego alega que “este pseudoperiodista” ignora
que los partidos políticos no están interviniendo en la elección del Poder
Judicial en Tamaulipas. Me acusa, entre otras cosas, de intentar afectar su
campaña y sus derechos político-electorales.
¿De verdad los partidos políticos, léase Morena, no están
interviniendo en la elección? En todo caso, las implicaciones de la vinculación
de Contreras con Madero Larios no las inventé yo. No solo constan en un reporte
del Centro Nacional de Inteligencia, sino que aparecieron ya en el portal Código
Magenta que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, quien en días
anteriores fue obligado a eliminar una serie de publicaciones que abordaban el
tema del tráfico de huachicol en Tamaulipas, la corrupción en las aduanas y el
peligro de que el Poder Judicial del estado fuera capturado por grupos
del crimen organizado.
Sobre el buen nombre de la familia de la candidata, esta
debería reclamarle al general Luis Cresencio Sandoval, quien el 18 de
agosto de 2022 firmó el documento en el que solicita una investigación por
delitos cometidos contra el sistema de aduanas.
Con inaudita celeridad, a solo unos días de la presentación de
la queja, el Tribunal Electoral ordenó que se emitiera una serie de medidas
cautelares en contra de EL UNIVERSAL y de este columnista:
Una, retirar de inmediato la publicación. Otra, abstenerse de
emitir nuevas publicaciones o expresiones que vinculen a Contreras con personas
o actos delincuenciales. La Resolución avisa que en caso de desacato se impondrán
las medias de apremio contenidas en el artículo 59 de la Ley de Medios,
entre las que se contemplan desde las sanciones económicas hasta el arresto.
El Tribunal Electoral de Tamaulipas está hoy integrado por
cinco personas. Tres fueron designadas por el Senado de la República. Dos más,
Selene López Sánchez y Ricardo Arturo Barrientos Treviño, ingresaron al
Tribunal el 16 de enero de 2025 como secretarios de estudio y cuenta.
En solo ocho días, Selene López Sánchez fue
designada como Magistrada en funciones. López Sánchez es prima hermana de
la candidata Tania Contreras López. El otro magistrado, Ricardo Arturo
Barrientos Treviño, fue subordinado directo del esposo de Contreras, actual
subsecretario general de gobierno de Tamaulipas.
Los dos fueron ilegalmente habilitados como
magistrados por el Pleno local y en menos de una semana escalaron
meteóricamente hasta convertirse en magistrados.
Otros dos integrantes del Tribunal, Iván Arroyo Villarreal y
Blanca Hernández Rojas, están completamente alineados y son identificados por
integrantes del Poder Judicial como incondicionales de Tania
Contreras.
Ese tribunal es el que hoy nos manda callar, en un ataque
directo contra la libertad de expresión. Ese tribunal es el que lleva sus
notificaciones, no al periódico donde se publicó la columna, sino hasta el
domicilio del periodista que la escribió. Ese es el Poder Judicial que viene,
el Poder Judicial que quieren. Un Poder Judicial a modo y al servicio de los
verdaderos poderes que hay en México.
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