EN NEZA, LA POLICÍA MUNICIPAL OPERA COMO EL BRAZO

 ARMADO DEL CRIMEN ORGANIZADO

 

*El secreto a voces que las autoridades locales ignoraron explota tras la intervención de la FGR y el Ejército; acusan al ayuntamiento de encubrimiento institucional ante la podredumbre interna

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México. — Bajo el manto de la impunidad local y operando con el descaro que solo otorga la placa oficial, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl ha quedado al descubierto no como un cuerpo de seguridad que garantiza la paz, sino como una sucursal del crimen organizado.

 

El pasado miércoles 28 de octubre, un fulminante operativo conjunto ejecutado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló una parte de la red criminal que opera desde las entrañas de la policía municipal. Las fuerzas federales reventaron los domicilios particulares de tres elementos en activo: el comandante regional Jesús Rubio, el oficial José Galindo y el agente Salim Mendoza.

 

El golpe federal se dio bajo un absoluto hermetismo. A la policía de Neza no se le dio el más mínimo aviso; las agencias federales sabían perfectamente que, de haber notificado a los mandos locales, los hoy detenidos habrían sido alertados para escapar.

 

EL BRAZO ARMADO DE "EL CRIS": SECUESTROS EN PATRULLA OFICIAL

 

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) revelan un panorama aterrador para los habitantes del municipio. Jesús Rubio, José Galindo y Salim Mendoza no solo eran cómplices pasivos; aprovechaban activamente sus cargos, uniformes, armas de cargo y las propias patrullas pagadas con los impuestos públicos para dar cobertura, facilitar logística y participar de manera directa en los secuestros ordenados por el líder criminal apodado "El Cris".

 

Al interior de la corporación, la colusión de estos agentes con el hampa era un secreto a voces. Sin embargo, ni el comisario Vicente Ramírez García ni el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo movieron un solo dedo. Este inmovilismo abre un debate urgente y legítimo: ¿Hasta dónde llega la omisión y dónde empieza la participación del alcalde y su comisario en estos hechos delictivos?

 

LA SOMBRA DE "EL DOCTOR" Y LA ESCUELA DE MANDOS PARA EL CJNG

 

Este escándalo no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una estructura criminal arraigada. Hace algunos meses, un organigrama de inteligencia federal sacó a la luz pública los presuntos vínculos entre funcionarios, policías y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para mantener el control territorial de la zona oriente.

 

En la cúspide de esta red de poder es señalado José Jorge Amador Amador, alias “El Doctor” o “La Jirafa”, quien por más de una década controló la policía de Neza y posteriormente se incrustó como asesor de seguridad en Ecatepec. De acuerdo con los informes federales, “El Doctor” tenía la encomienda del CJNG de formar y sembrar mandos policiales que operaran para el cartel, encargándose específicamente de cobrar las extorsiones destinadas a financiar a la organización criminal. El hoy capturado comandante regional, Jesús Rubio, fue un jefe policiaco creado y encumbrado bajo la sombra de Jorge Amador Amador.

 

EL SILENCIO CÓMPLICE DE MORENA Y LA POLICÍA DEL HAMPA

 

Resulta condenable el silencio sepulcral que mantiene el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo ante la caída de su comandante regional y sus oficiales. Esta crisis institucional debería provocar la destitución fulminante del comisario Vicente Ramírez García y una limpia profunda e inmediata de la corporación. No obstante, la podredumbre apenas comienza a salir a la superficie: trascendió que existen al menos diez órdenes de aprehensión pendientes en contra de más policías de Neza que serán ejecutadas en el futuro cercano, lo que sugiere que la mayoría de los mandos actuales sirven al crimen organizado.

 

Lamentablemente, la ciudadanía de Nezahualcóyotl enfrenta la amarga certeza de que las administraciones de Morena no se investigan a sí mismas; por el contrario, la norma política es el encubrimiento mutuo. Mientras el gobierno municipal calla, la población queda desamparada y a merced de una policía delincuente. Los hechos demuestran que la corporación bajo el mando de Vicente Ramírez y Adolfo Cerqueda Rebollo ha renunciado por completo a proteger a los ciudadanos, convirtiéndose en el brazo operativo del crimen organizado.

EL NARCO Y EL PODER: MORENA BAJO SOSPECHA

 

*La controversia por la presunta reunión de Ariadna Montiel con El Guano exhibe una peligrosa confusión entre los intereses del partido gobernante y las obligaciones del Estado. El desmentido oficial no esclarece el fondo de las acusaciones ni despeja las dudas sobre una posible intervención criminal en las elecciones de 2024

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

La respuesta del Gobierno federal a las revelaciones del periodista Héctor de Mauleón abrió una disputa entre el poder político y la prensa que va mucho más allá del debate mediático tradicional. El caso pone sobre la mesa una interrogante sumamente delicada sobre la autonomía y la independencia de las instituciones encargadas de la seguridad nacional en México: ¿el Estado realmente está investigando los posibles vínculos entre la delincuencia organizada y partidos políticos, incluyendo a Morena, o está utilizando su aparato institucional para defender políticamente a sus dirigentes?

 

La controversia estalló tras publicarse información sobre un presunto encuentro en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, entre Ariadna Montiel, actual presidenta nacional de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Según lo expuesto por De Mauleón, un reporte de inteligencia de carácter federal documentaba una negociación para apoyar a candidatos oficiales durante el proceso electoral de 2024 a cambio de mantener control territorial. Aunque el propio periodista aclara en su texto que el acuerdo no está acreditado públicamente y que se desconocía si la reunión finalmente se concretó, la gravedad específica de los señalamientos exigía un tratamiento estrictamente técnico, ministerial e institucional, lejos de la confrontación política.

 

Lo que transformó este episodio en un escándalo político mayor fue la inmediata y conjunta intervención del Gabinete de Seguridad federal, integrado por las secretarías de Defensa y Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A través de una carta aclaratoria, estas dependencias negaron de forma contundente la existencia de información oficial que confirmara el reporte citado. Sin embargo, en el terreno de la inteligencia penal, negar la existencia de un registro oficial indexado no equivale automáticamente a demostrar que la investigación previa, las carpetas informales o los testimonios de las fuentes consultadas por el periodista no existan. La respuesta gubernamental esquivó preguntas clave de fondo: ¿se realizó una búsqueda exhaustiva y rigurosa en los archivos de todas las dependencias durante el periodo electoral de 2024? ¿Se indagó de manera interna el origen de la presunta filtración antes de emitir el desmentido?

 

La historia reciente del país ha demostrado con creces que la delincuencia organizada no necesita gobernar formalmente para ejercer el poder real; le basta con condicionar candidaturas, financiar estructuras locales y controlar territorios clave. Por esta razón, cualquier indicio de un pacto político-criminal debe ser investigado con absoluta independencia y neutralidad, sin permitir que la filiación partidista o la relevancia pública de los señalados dicte el alcance o la profundidad de las indagatorias jurídicas.

 

Mientras la dirigencia de Morena y sus militantes tienen el legítimo derecho de defender su reputación frente a acusaciones que consideren falsas, las instituciones del Estado tienen una obligación constitucional radicalmente distinta: actuar con estricta imparcialidad. La inusual rapidez del desmentido oficial en este caso contrasta con la lentitud o la falta de resultados visibles en otros expedientes de alto impacto político y de seguridad, lo que termina alimentando la percepción pública de una selectividad institucional diseñada para dar cobertura política al movimiento gobernante. México no necesita instituciones de seguridad que actúen como escudos de contención para proteger las siglas de un partido; necesita un Estado firmemente dispuesto a investigar hasta las últimas consecuencias, incluso cuando los nombres señalados pertenezcan al oficialismo.

EL BANQUETE DE MORENA EN EL VALLE DE LA MISERIA

 

*Alan Velasco y sus funcionarios cobran como magnates en el Valle de la Desdicha

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

VALLE DE CHALCO, Estado de México.- Es un insulto a la dignidad humana. En este municipio, el dolor se respira en cada esquina: el 66.3% de la gente vive en la pobreza y miles sufren en pobreza extrema. Mientras las familias hacen milagros para estirar unos cuantos pesos y poder comer, los políticos del Ayuntamiento se sirven con la cuchara grande. El Cabildo se embolsa 14,573,639.29 pesos al año. Una millonada brutal que sale de las costillas de un pueblo olvidado.

 

La gran mentira se llama Alan Velasco Agüero. El alcalde llegó al poder prometiendo la "austeridad republicana" de Morena, con el cuento de que "primero los pobres". Pero la realidad es que el único que va primero es su bolsillo. Velasco Agüero cobra 1,571,141.73 pesos anuales. Detrás de él, la síndica Jenny Barrera Méndez se lleva 1,315,016.46 pesos, el secretario del Ayuntamiento recibe 917,911.67 pesos, y los regidores ganan hasta 1.24 millones de pesos al año.

 

El truco de estos funcionarios es tramposo: enseñan recibos quincenales bajitos para engañar al pueblo, pero esconden el verdadero botín. La millonada real llega con los bonos, las gratificaciones, los aguinaldos y las primas vacacionales que se reparten sin un mínimo de vergüenza. Mientras tanto, en Valle de Chalco la mayoría de habitantes viven en el hacinamiento, con más de 15 mil personas por kilómetro cuadrado, sin servicios básicos dignos y con calles destrozadas.

 

Hay que hablar claro y hacernos la pregunta que a ellos les incomoda ¿Cuánta agua potable? ¿cuántas luminarias? ¿cuánta seguridad se pagaría si estos políticos se bajaran el sueldo a la mitad?

 

Alan Velasco y su Cabildo demuestran la peor decadencia de Morena: usan un discurso de izquierda para ganar votos, pero cobran y viven como millonarios. Se han vuelto una aristocracia que gobierna a personas que tratan como mendigos a los habitantes. Se sienten intocables porque la oposición local está dormida, pero no se dan cuenta de que, con cada peso que se roban del futuro de Valle de Chalco, están cavando su propia tumba en las urnas. El pueblo tiene hambre, y la paciencia se agota.

LA CIRUGÍA RADICAL QUE HIGINIO MARTÍNEZ NO QUIERE COMENZAR EN CASA

 

*¿También está dispuesto a mirarse al espejo? El cacique de Texcoco exige a Claudia Sheinbaum una cruzada anticorrupción, mientras su trayectoria arrastra cuestionamientos por el financiamiento de Morena con retenciones salariales, una red de familiares en el gobierno municipal y un patrimonio inmobiliario familiar superior a 85 millones de pesos, reportado por El Sol de México.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México.– El escenario político nacional se sacudió en pleno Proceso Electoral Federal 2026-2027. La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados en medio de severos señalamientos por presunta corrupción, anunciándolo formalmente en un mensaje difundido por el propio instituto. Ante la gravedad de la crisis institucional, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, reaccionó de manera inmediata alzando la mano para encabezar la ofensiva contra la corrupción.

 

El 26 de octubre, el legislador morenista había llamado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a emprender una cruzada definitiva contra el despilfarro, los negocios con recursos públicos y la ambición desmedida de los funcionarios, exigiendo una “cirugía radical” para el modelo de administración pública en México. “No soy un santo, tengo algún pecadillo de tipo terrenal”, reconoció Martínez Miranda al defender su propuesta, asegurando que conoce el problema desde dentro y sabe exactamente por dónde atacarlo.

 

Sin embargo, las declaraciones del senador abren una pregunta inevitable: ¿está dispuesto a que esa revisión profunda alcance también a los grupos políticos que él mismo ha construido y a las redes de poder que han crecido bajo su influencia? Una cosa es denunciar la corrupción de los adversarios y otra muy distinta aceptar que la fiscalización comience por casa. Antes de exigir transformaciones nacionales, el líder del llamado "Grupo Texcoco" tendría que responder por los episodios ampliamente documentados y los señalamientos que han acompañado a su círculo cercano durante años.

 

El primer antecedente ineludible ocurrió durante la administración municipal de Delfina Gómez Álvarez en Texcoco (2013-2015). En enero de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una multa de 4 millones 529 mil pesos a Morena tras acreditarse un mecanismo ilícito de retenciones salariales. El expediente demostró que se descontó de manera ilegal cerca del 10% de las percepciones a los trabajadores del ayuntamiento y del DIF municipal, recaudando 2 millones 264 mil 612 pesos que fueron desviados a actividades del partido sin reportarlos a la autoridad electoral. La resolución vinculó directamente en la operación a personas pertenecientes al Grupo de Acción Política, la corriente interna lidereada por el propio Higinio Martínez.

 

A este esquema de financiamiento se suma el cuestionado diseño institucional de aquella gestión. Quienes conocen la política mexiquense afirman que, mientras Delfina Gómez ocupaba la alcaldía nominal, quien operaba realmente los hilos del gobierno municipal era el hoy presidente del Senado. Durante ese periodo, una extensa red de familiares de Martínez Miranda ocupó puestos clave en la nómina pública: su hermano, Alberto Martínez Miranda, fue el tesorero municipal; su tío, Agustín Miranda Meneses, encabezó la Dirección de Seguridad Pública; su nuera, Elizabeth Terrazas Ramírez, presidió el DIF, y su prima, Mónica Quintero Miranda, fue nombrada titular del área de Agua Potable y Saneamiento.

 

La lista de parientes en la estructura no terminó ahí. Señalamientos periodísticos también identificaron en diversas áreas municipales a Manuel y Roberto Hernández Romero (vinculados por matrimonio con la familia), así como a María Adela Portuguéz Miranda y Juventino Larriva, entre otros. Si bien la presencia de familiares en la administración pública no constituía en automático una conducta ilegal, la acumulación de estos vínculos plantea dudas legítimas sobre nepotismo, conflictos de interés y concentración del poder. En la actualidad, la ciudadanía exige máxima transparencia sobre los criterios de contratación, perfiles profesionales y remuneraciones de quienes formaron parte de ese círculo.

 

El patrimonio personal del senador también ha estado bajo el reflector. En mayo de 2017, una investigación realizada por el reportero Saúl Hernández para el diario El Sol de México reveló que, entre octubre de 2010 y noviembre de 2015, Higinio Martínez y sus tres hijos acumularon un total de 14 propiedades cuyo valor comercial conjunto superaba los 85 millones de pesos, según datos del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

 

El reportaje detalló que los inmuebles se adquirieron a precios considerablemente inferiores a su valor comercial estimado posterior. Dos de los predios aparecían a nombre del legislador y los 12 restantes a nombre de sus hijos o de Grupo Mauler, una sociedad constituida por ellos mismos. Destaca el caso de un terreno de casi 600 metros cuadrados comprado el 20 de febrero de 2014 por 1.5 millones de pesos, cuyo valor comercial real se calculó en 12.5 millones. La investigación periodística también subrayó que, durante el periodo analizado, Martínez Miranda omitió presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses a través de la iniciativa ciudadana 3de3. A este historial de bienes se añadieron reportes sobre contratos de obra pública otorgados a empresas vinculadas con miembros de su entorno político, casos que ameritan un escrutinio exhaustivo sobre sus expedientes, montos y licitaciones.

 

La controversia actual en torno a Higinio Martínez va más allá de las cifras; toca la estructura misma de Morena en el Estado de México. Como fundador del Grupo Texcoco, sus críticos internos y externos lo describen como un cacique político enfocado en colocar aliados en posiciones estratégicas. Hoy en día, diversos liderazgos de su propio partido muestran un profundo desgaste en su relación con él, caracterizándolo como un político ambicioso que ha puesto en riesgo su trayectoria por intereses personales.

 

Esta disputa por el poder se refleja también en su relación con la gobernadora Delfina Gómez. Aunque en el pasado existía la percepción de que Gómez se encontraba subordinada a la influencia del senador, el panorama ha cambiado de manera drástica. Liderazgos fundadores de Morena señalan que el presidente del Senado muestra angustia y resentimiento ante la clara evolución política de la mandataria estatal, mientras él se ha quedado rezagado. Afirman, además, que Martínez Miranda mantiene una obsesión personal por la gubernatura del Estado de México y que utiliza la alta tribuna de la presidencia del Senado exclusivamente como un escaparate para promover sus aspiraciones electorales, una hipótesis que encuentra eco en la narrativa de sus discursos y sus recientes apariciones públicas.

 

La exigencia planteada por Higinio Martínez es válida y debe aplicarse sin excepciones: si la corrupción es un cáncer que amenaza a las instituciones, ningún partido ni grupo político puede quedar exento de la ley. Sin embargo, para que su discurso de "cirugía radical" tenga legitimidad democrática y no sea visto como una simulación oportunista, el examen y la rendición de cuentas deben comenzar obligatoriamente por los expedientes pendientes en su propio feudo de Texcoco.

FIN DE LA AUSTERIDAD EN LOS REYES LA PAZ: ALTOS SUELDOS Y REDES DE CONTROL SEPULTAN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

 

*Mientras la alcaldesa Martha Guerrero y el director de OPDAPAS perciben sueldos superiores a los 100 mil pesos, el organismo opera en números rojos con deudas millonarias ante el SAT y la CFE, dejando a miles de familias sin el servicio básico

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México. — El discurso de la austeridad republicana choca de frente con una realidad que golpea directamente el bolsillo de las familias en este municipio. Mientras la presidenta municipal morenista, Martha Guerrero Sánchez, tiene asignado un salario bruto mensual de 104 mil 517.40 pesos, el director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), Guillermo Guzmán Acosta, percibe 114 mil pesos al mes.

 

La pregunta es inevitable: ¿cómo se justifican estos ingresos en un municipio donde el suministro de agua continúa siendo un problema cotidiano y la propia dirección del organismo ha reconocido severas dificultades financieras?

 

En enero de 2025, el propio Guillermo Guzmán Acosta declaró públicamente que OPDAPAS operaba con números rojos. Las cifras oficiales describen un panorama financiero alarmante para la institución hidráulica: Adeudo con el SAT: 25 millones de pesos. Adeudo con el ISSEMyM: 4.1 millones de pesos. Adeudo histórico con la CFE: Más de 360 millones de pesos acumulados por el consumo de energía necesario para bombear agua de los pozos.

 

Aunque la administración actual atribuyó estos pasivos a presuntos malos manejos de gobiernos anteriores, la explicación oficial deja al aire preguntas centrales: ¿Qué medidas se han tomado para sanear las finanzas? ¿Qué denuncias penales o administrativas se presentaron para deslindar responsabilidades? ¿Qué resultados concretos han obtenido las auditorías y cuánto dinero se ha recuperado?

 

Mientras las respuestas no llegan, los habitantes enfrentan el día a día con fugas recurrentes, baja presión, infraestructura obsoleta y colonias enteras que dependen estrictamente del suministro mediante pipas. La contradicción es evidente: un organismo con pasivos multimillonarios mantiene a una cúpula directiva con percepciones mensuales individuales superiores a los cien mil pesos.

 

La permanencia de Guillermo Guzmán Acosta al frente de OPDAPAS también está rodeada de fuertes cuestionamientos políticos. Versiones locales señalan que su llegada al cargo estaría directamente relacionada con un presunto nepotismo y pago de favores: se apunta a su parentesco por afinidad con el expresidente municipal Agustín Corona Ramírez —a quien se identifica como su suegro— y a su estrecha cercanía con Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa.

 

Estos lazos obligan a la ciudadanía a cuestionar cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para designarlo, qué experiencia y preparación académica acreditó para el puesto y qué resultados reales ha entregado al organismo.

 

A la par de las críticas institucionales, circulan en la localidad reclamos por videos en los que el funcionario aparece bailando en estado de ebriedad dentro de establecimientos nocturnos. Y si bien es cierto que el contenido no debe utilizarse para contribuir en descalificaciones personales. Los videos si son utilizados por la ciudadanía para hacer evaluación de su desempeño público, el fondo del asunto se mantiene en determinar si cuenta con el perfil idóneo para administrar recursos públicos y garantizar el abastecimiento del vital líquido a la población.

 

La insuficiencia de la red municipal ha obligado a numerosas familias a recurrir a pipas particulares, un mercado donde el acceso al agua se ha convertido en una carga económica insostenible. De acuerdo con los reportes ciudadanos, el costo de un solo servicio de pipa privada puede superar los 2 mil pesos. Para las familias de bajos ingresos, pagar esta cantidad por un recurso indispensable significa destinar una gran parte considerable de su presupuesto doméstico a cubrir una necesidad que debería atenderse mediante un servicio público eficiente.

 

A esta crisis económica se suman graves denuncias vecinales sobre el uso político en la distribución de agua y el condicionamiento de apoyos a grupos vinculados a Morena. Colectivos ciudadanos sostienen que se castiga activamente a las personas que no apoyen o se nieguen a afiliarse al partido guinda, dejándolas fuera de las rutas de reparto de agua potable. Estas acusaciones de utilización discriminatoria de un servicio esencial exigen una investigación independiente inmediata.

 

NEXOS PELIGROSOS: TRANQUILINO LAGOS Y HÉCTOR BECERRIL

 

En el centro de la controversia aparece Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, a quien versiones de opositores y denuncias vecinales atribuyen presuntos vínculos o tolerancia hacia las redes que controlan el mercado irregular del agua. En específico, se le señala por una presunta relación con Héctor Becerril, identificado por los denunciantes como dirigente de un grupo vinculado a la denominada Federación Unida 22 de Octubre (antes Sindicato 22 de Octubre).

 

En el ámbito regional, dicha organización arrastra constantes señalamientos por su presunta influencia en actividades de extorsión, despojo de inmuebles, invasión de predios y el manejo monopólico del agua. Por ello, la exigencia ciudadana es que las autoridades federales investiguen estos hechos hasta las últimas consecuencias.

 

La gravedad de las denuncias amerita que las fiscalías competentes informen sobre los avances de las carpetas de investigación abiertas, qué acciones se han realizado para frenar las extorsiones en el reparto de agua y si existe evidencia de que el vital líquido esté siendo explotado para obtener beneficios financieros de carácter criminal o político.

 

La crisis del agua en Los Reyes La Paz plantea una exigencia elemental de transparencia. Si OPDAPAS arrastra deudas por cientos de millones de pesos, la población tiene derecho a conocer cómo se ejercen sus recursos, cuánto cuesta mantener su estructura directiva y por qué persisten las deficiencias en el suministro.

 

Auditorías exhaustivas y externas a los estados financieros de OPDAPAS. Transparencia absoluta en los contratos de suministro y en los padrones de distribución de pipas. Investigaciones judiciales sobre las denuncias de condicionamiento partidista y control irregular del recurso.

 

La pregunta final no es solamente cuánto ganan Martha Guerrero y Guillermo Guzmán, sino qué recibe la población a cambio de los recursos públicos que administra el gobierno municipal. ¿Dónde quedó la austeridad republicana y la promesa de "por el bien de todos, primero los pobres" cuando las familias de La Paz tienen que pagar miles de pesos para conseguir el agua que necesitan para vivir? En este municipio, la transparencia no puede seguir siendo una consigna electoral; tiene que traducirse en cuentas claras y agua en los hogares.

EL BOTÍN DE CHIMALHUACÁN: NEPOTISMO, SAQUEO Y EL

 REGRESO DISFRAZADO DE ANTORCHA

 

*Mientras Xóchitl Flores y su esposo operan un maximato familiar para saquear el presupuesto, la organización más violenta del Edomex se infiltra sin pudor en la 4T

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México.- El pasado 18 de octubre, el teatro de la política en esta localidad montó una de sus funciones más cínicas y calculadas. Se presentaron con bombo y platillo tres aspirantes a las coordinaciones de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena. Entre las luminarias del evento destacaba la actual presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez. Sin embargo, detrás del discurso oficial de la “transformación”, lo que realmente se operaba era una burda maniobra de continuidad dinástica: el anuncio del registro de Patricia Jiménez Hernández, exsecretaria del Ayuntamiento, ungida como la candidata oficial del grupo en el poder.

 

Jiménez Hernández busca la alcaldía impulsada por una sociedad conyugal que ha visto en el municipio un negocio privado: la alcaldesa Xóchitl Flores y su esposo, Miguel Benito Pérez. Dicen las malas lenguas —y las buenas también— que el plan original era que el mismísimo Benito Pérez fuera el sucesor directo. El nepotismo en su máxima expresión. No obstante, una bendita cláusula interna de Morena, que prohíbe la postulación de familiares directos de funcionarios en funciones, le cerró el paso al esposo. Ante el freno legal, la pareja presidencial aplicó el viejo truco del "maximato" local: imponer a una incondicional para seguir gobernando tras bambalinas.

 

En el evento abundó la retórica vacía. La alcaldesa Flores Jiménez se llenó la boca hablando de unidad y de un supuesto respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la dócil aspirante, Patricia Jiménez, se desvivió en elogios hacia la gobernadora Delfina Gómez y la propia alcaldesa, atribuyéndole a esta última el "histórico" triunfo de 2021 que sacó a Antorcha Popular del Palacio Municipal después de 20 años de gobierno.

 

Qué memoria tan corta y qué soberbia tan alta. Todo el mundo en Chimalhuacán sabe perfectamente que la derrota de Antorcha Campesina no fue un logro de Xóchitl Flores ni de su esposo. Fue la gran ola electoral de Andrés Manuel López Obrador la que los arrastró a la victoria. En realidad, la pareja se sacó la lotería sin haber comprado el boleto. Y en lugar de honrar esa confianza ciudadana, se han dedicado a lo largo de estos años a saquear todo lo que han podido del presupuesto local.

 

Pero lo más alarmante para la militancia de izquierda no es solo la voracidad de los que mandan, sino la miopía de una clase política que no ve —o no quiere ver— quién es el verdadero enemigo a vencer. El peligro en Chimalhuacán no son los partidos de oposición debilitados; el peligro real es la metamorfosis de Antorcha Campesina. Esa organización, mutante por conveniencia, ya se ha infiltrado silenciosamente en el PRI, en el Partido Verde y, descaradamente, en el propio Morena.

 

¿Qué diría hoy el fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, si viera a los líderes de la "Antorcha Mundial" pidiendo el voto uniformados con los chalecos guindas de la Cuarta Transformación?

 

Para muestra basta un botón que raya en el descaro absoluto: hoy vemos al maestro Antonio Zacarías Mendoza, líder de una de las facciones consideradas más violentas del Estado de México, operando activamente en reuniones públicas de Morena. El mismo personaje que sin ningún pudor porta el chaleco tricolor del PRI o de Morena, el mismo que hace algunos meses despotricaba con odio contra la 4T, hoy, sin embargo, se arrodilla ante las siglas del partido guinda con tal de mantener sus privilegios.

 

La columna vertebral de la dignidad se les rompió hace mucho. Queda claro que existen personajes capaces de cualquier pirueta ideológica con tal de no perder el poder o la impunidad. Entre el saqueo de la pareja gobernante y el transformismo cínico de los antorchistas, el noble pueblo de Chimalhuacán sigue siendo el único que paga los platos rotos de una transformación que, en estas tierras, terminó convertida en una burla.

FUEGO AMIGO EN TEXCOCO: EL BOTÍN DE ECATEPEC Y

 LA DEMENCIA POR EL PODER

 

*El botín millonario de Ecatepec desata el canibalismo guinda: la obsesión de Higinio Martínez abre una grieta insalvable en el Estado de México que ni los programas sociales podrán rescatar a la 4T del colapso electoral

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México.- Dicen que el poder revela la verdadera naturaleza de los hombres, pero en el Estado de México, el poder absoluto ha desatado una preocupante patología de ambición. El otrora monolítico Grupo Texcoco —esa trinidad que operaba con sincronía perfecta para derrocar al PRI— hoy es un nido de víboras que se devoran entre sí. Lo que se vive en el tablero mexiquense no es una disputa ideológica; es una guerra civil encarnizada por el control territorial, los recursos millonarios y el liderazgo absoluto rumbo a 2027, detonada por las ambiciones desmedidas del presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda. Fuentes cercanas al partido guinda señalan que el senador parece estar perdiendo la cordura en su desesperada búsqueda por no perder el control, obsesionado un día sí y el otro también en boicotear, chantajear y fracturar el gobierno de su compañera, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

Pero el higinismo ya no la tiene fácil. En los sótanos del palacio de Toluca, el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, ha puesto en marcha una maquinaria implacable. Duarte opera una contraofensiva silenciosa a ras de tierra, tejiendo alianzas y operando directamente con los liderazgos regionales de Morena para convencerlos, uno a uno, de retirar todo apoyo al proyecto del presidente del Senado. Es un juego de asfixia política que busca dejar a Higinio Martínez como un general sin ejército, aislado en su propio delirio de grandeza.

 

El epicentro de esta violenta sacudida es Ecatepec. Mucho más que una alcaldía, esta demarcación representa el botín económico y electoral más codiciado de la entidad. Aquí chocan de frente dos proyectos irreconciliables: el "delfinismo" oficialista contra el "higinismo" recalcitrante, este último perfectamente articulado a través de la organización Mexiquenses de Corazón. La contienda interna ha adquirido tintes de canibalismo político puro y duro, personificado en una dinámica que la prensa local ya describe sin rodeos como "todas contra Azucena y Azucena contra todas". Las piezas de este tablero de discordia tienen nombres propios: la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, midiendo sus fuerzas contra Zaira Cedillo, Luzma Hernández y Esmeralda Vallejo por el control hegemónico del movimiento.

 

La narrativa oficial del partido guinda, desgastada y cínica, se desmorona cuando se escuchan las propias palabras de la alcaldesa de Ecatepec. Durante una asamblea informativa "en defensa de la soberanía", Cisneros Coss tronó con dureza: “nunca más el yugo de los que transaron, de los que traicionaron los principios de este gran municipio”. Pero, ¿a quién le habla? El dedo flamígero de la alcaldesa ya no apunta al PRI, ni al PAN, ni a los fantasmas del pasado neoliberal. Su dardo envenenado va directo contra sus propios hermanos de militancia. Al denunciar una supuesta "guerra sucia" y violencia política tras registrarse en el proceso de Morena, Cisneros dejó en claro, en entrevista con el medio Callejón, que sus detractores quieren que "regresen los que se fueron". La ironía es perversa: esos que se fueron y a los que acusa de traición, también se cobijan bajo las siglas de Morena y se dicen apóstoles de la llamada Cuarta Transformación.

 

La descomposición ética de esta disputa alcanza su punto más vergonzoso en el pragmatismo con el que justifican sus alianzas con la delincuencia. El escándalo que persigue a Azucena Cisneros por videos y fotografías junto a Alejandro Gilmare Mendoza, alias "El Choko" —el detenido líder del grupo criminal "La Chokiza"— es una mancha de cinismo que ningún discurso de honestidad puede borrar. Aunque la funcionaria se defienda alegando un burdo "montaje sacado de contexto", los registros públicos no mienten: en el material audiovisual se le escucha referirse a este generador de violencia como un "gran ser humano". Esta condescendencia hacia liderazgos delictivos demuestra que la ambición por retener el territorio no conoce límites morales ni legales.

 

Morena en el Estado de México ha resultado ser una profunda vergüenza institucional; un coliseo donde la supuesta mística de la transformación ha sido sustituida por el hambre del presupuesto millonario y el control del poder por el poder mismo. Lo único que mantiene a flote a esta marca electoral frente a una ciudadanía harta son los multimillonarios programas sociales federales que actúan como calmante político. Sin embargo, la tregua social será efímera. Si el partido oficialista no frena este canibalismo, la fractura de Texcoco no solo dejará un reguero de cadáveres políticos en el camino, sino que terminará mandando a toda la Cuarta Transformación directamente a la lona. En esta guerra interna de ambiciones desbocadas, nadie saldrá ileso, y el costo de su soberbia podría ser la pérdida total del estado más importante del país.

HIGINIO SE ASUME COMO MAESTRO DE DELFINA GÓMEZ Y VENTILA TRAICION

 

*En entrevista con Fuera de Tono, el presidente del Senado minimizó la trayectoria de la gobernadora, reclamó el olvido de sus "pupilos" y abrió una profunda grieta en la unidad de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México.-Para comprender a fondo la magnitud de esta ruptura, es necesario desglosar la reveladora entrevista que el actual presidente del Senado, el morenista Higinio Martínez Miranda, concedió al medio informativo Fuera de Tono. En este espacio, el legislador no solo ventiló una profunda fractura interna, sino que adoptó una postura donde se asume explícitamente como el "maestro" y creador político de la hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, desatando una ola de reacciones en la cúpula de la Cuarta Transformación.

 

LA NARRATIVA DEL "MAESTRO" Y SU "ALUMNA", FUERA DE TONO

 

Durante la entrevista con Fuera de Tono, el punto más crítico fue la postura paternalista y de superioridad política que adoptó Martínez Miranda. Al relatar cómo la "descubrió" cuando era una directora escolar ajena al mundo público, el senador se posicionó a sí mismo en el rol de mentor indispensable. Bajo su narrativa ante el medio, Delfina Gómez era una figura de gran sencillez, pero carente de herramientas y formación política. Al asegurar en los micrófonos de Fuera de Tono que tuvo que pasar tres años convenciéndola en privado debido a las inseguridades de ella frente a los grandes retos estatales, Higinio Martínez no solo buscó minimizar el liderazgo propio de la gobernadora, sino proyectar que el éxito de la mandataria es, en realidad, obra de su propia autoría e ingeniería política. Esta visión de "maestro a alumna" es la que hoy genera mayor fricción, pues el senador dio a entender que el cargo actual le ha quedado grande a la gobernadora al prescindir de su guía.

 

CONTEXTO HISTÓRICO: EL AUGE Y LA DISPUTA DEL GRUPO TEXCOCO

 

Para entender el dolor de la supuesta "traición" que el senador acusó en la entrevista, hay que ver el origen de este bloque político: El Grupo Texcoco nació como una estructura regional ultra organizada bajo el liderazgo de Higinio Martínez, Horacio Duarte y, posteriormente, Delfina Gómez.

 

Durante más de dos décadas, construyeron una hegemonía total en el municipio de Texcoco. La victoria de Delfina Gómez en la alcaldía de Texcoco en 2012 (operada por Higinio) y su posterior candidatura estatal en 2017 convirtieron al Grupo Texcoco en el bastión más poderoso de Morena a nivel nacional. Al ganar la gubernatura en 2023, la gobernadora diversificó su gabinete e incluyó a otras fuerzas políticas, dejando fuera de las decisiones estratégicas a su antiguo jefe político, lo que desató los reclamos públicos del legislador en Fuera de Tono.

 

REACCIONES DE LOS LÍDERES DE MORENA ANTE LA RUPTURA

 

Las declaraciones del presidente del Senado en Fuera de Tono cayeron como un balde de agua fría en la dirigencia del partido, provocando diversas posturas entre los liderazgos de la Cuarta Transformación: Liderazgos mexiquenses clave de la 4T han comenzado a desmarcarse de la línea de Higinio Martínez tras escucharlo en Fuera de Tono.

 

La postura generalizada en los pasillos de Toluca es que el senador está anteponiendo su obsesión personal por gobernar la entidad por encima del proyecto de nación. Le recuerdan que la época de la tutela política ya terminó en el Estado de México. A nivel nacional, preocupa que estas disputas personales contaminen la agenda del Senado de la República, dado que Martínez Miranda ostenta la presidencia de la Mesa Directiva.

 

Sectores del partido advierten que utilizar los medios para externar un evidente resentimiento debilita la cohesión necesaria para consolidar las reformas de la 4T. La división es real y profunda. Mientras Higinio Martínez insiste ante medios como Fuera de Tono en reclamar el crédito histórico como el "maestro" de la gobernadora y amaga con buscar la próxima candidatura, el grueso de Morena parece estar listo para defender la autonomía plena de Delfina Gómez.

CASO FERNANDITO; LA SENTENCIA QUE DESNUDA LA

 PODREDUMBRE INSTITUCIONAL

 

*Detrás de la histórica pena contra la familia de plagiarios se esconde la indolencia gubernamental: dependencias locales negaron el auxilio a la madre del menor y las promesas económicas estatales nunca llegaron

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, México.- El valor de la vida de un niño de cinco años en esta localidad quedó tasado en una deuda de mil pesos. Recientemente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 78 años y 9 meses de prisión contra Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz. Fueron hallados culpables de secuestro con causa de muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas en agravio del pequeño Fernando.

 

Sin embargo, el fallo judicial llega como un eco tardío en una comunidad lacerada. Detrás de los fríos números de la sentencia se esconde una trama de horror, miseria extrema y una cadena de omisiones institucionales que exponen la total ausencia del Estado de derecho en una localidad gobernada por la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez y su esposo, Tranquilino Lagos Buenbad, señalado de operar las decisiones gubernamentales en la sombra.

 

LA CRÓNICA DEL HORROR EN LA EJIDAL EL PINO

 

Todo comenzó el 28 de julio de 2025. Según los informes oficiales de la FGJEM, los hoy sentenciados privaron de la libertad al menor como un mecanismo de presión radical: lo tomaron «en prenda» y en garantía para exigirle a su madre el pago inmediato de un adeudo ridículo en cantidad, pero devastador en consecuencias. La madre suplicó. Sin embargo, entre el 30 de julio y el 2 de agosto de ese año, el pequeño Fernando fue privado de la vida. No fue sino hasta el 5 de agosto de 2025 cuando su cuerpo fue localiza do en el patio de u n a vivienda en la colonia Ejidal El Pino.

 

envuelto en un costal dentro de una habitación maloliente y en avanzado estado de descomposición. El ensañamiento con el menor estremeció a la opinión pública, pero la verdadera radiografía del caso radica en por qué la madre no acudió a las autoridades locales desde las primeras horas del secuestro.

 

UNA POLICÍA REPROBADA Y OFICINAS DE PUERTAS CERRADAS

 

En Los Reyes La Paz la desconfianza ciudadana hacia la policía municipal es absoluta. Ante la amenaza de los captores, la madre prefirió rogar directamente a los delincuentes antes que acudir a una corporación policíaca señalada cotidianamente por corrupción, ineficacia y abusos. La seguridad en el municipio se encuentra bajo la dirección del Contralmirante Eduardo Fouilloux Bataller, un funcionario cuestionado por no haber presentado ni aprobado sus exámenes de control y confianza correspondientes.

 

Además, el director operativo, Isaías Ramírez Real, con indicativo “El Gallo”, es señalado presuntamente por tener nexos con el grupo delictivo “La Familia Michoacana”. La cadena de rechazos para la madre de Fernando continuó en las sedes ministeriales y asistenciales: La Fiscalía Local: Al acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Los Reyes La Paz, el jefe de averiguaciones previas, Oscar Mendoza Paulín, simplemente se negó a recibirla o escuchar su testimonio en los momentos más críticos. El DIF Municipal: Desesperada, la mujer buscó auxilio en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encabezado por Ana Guerrero Sánchez - hermana de la presidenta municipal.

 

Ahí, las puertas también se mantuvieron cerradas. La pregunta que resuena entre los habitantes de la colonia Ejidal El Pino es inevitable: si alguna de estas instituciones civiles o de seguridad hubiese activado un protocolo de reacción inmediata, ¿estaría Fernando vivo?

 

 LA POLÍTICA DEL COMUNICADO Y LAS PROMESAS ROTAS

 

 Tras el impacto internacional de la noticia, la respuesta del ayuntamiento de Martha Guerrero se limitó a la emisión de boletines de prensa redactados para expresar una «solidaridad y empatía» institucional que los vecinos califican de simulación. Ninguno de los funcionarios omisos fue removido de su cargo de manera inmediata tras la tragedia.

 

Incluso la esfera estatal se vio envuelta en la controversia. De acuerdo con testimonios recopilados en la localidad, la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, acudió al municipio junto con la alcaldesa para visitar a la madre afectada. En dicho encuentro se le prometieron apoyos económicos; no obstante, las denuncias locales apuntan a que el acercamiento buscó contener la ola de desprestigio mediático hacia las administraciones morenistas, y los recursos prometidos jamás llegaron a las manos de la víctima.

 

 UN PANORAMA DE ABANDONO QUE NO CAMBIA

 

La sentencia de casi 79 años de cárcel para los asesinos materiales cierra un capítulo en los tribunales, pero mantiene abierta la herida social en este municipio. El caso de «Fernandito» desnudó la realidad de miles de familias que sobrevive n en la periferia del Estado de México bajo condiciones de marginación extrema, desamparadas por un gobierno local sin estrategias reales de desarrollo social ni depuración policial.

 

Hoy, a un año de la tragedia, los rostros en el palacio municipal y en las fiscalías siguen siendo los mismos. La justicia penal castigó a los captores, pero la estructura política y administrativa que permitió que la vida de un niño valiera mil pesos permanece intacta y cobrando del erario público.

35 HORAS DE BLOQUEO PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES

 A ESCUCHAR A LAS MADRES BUSCADORAS

 

*Más de 20 carpetas de desaparición exigían avances; la protesta terminó con tres mujeres lesionadas y acuerdos que ahora deberán traducirse en resultados.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LERMA, Estado de México.— Tuvieron que transcurrir más de 35 horas de bloqueo en la carretera México-Toluca para que las madres buscadoras consiguieran una mesa de diálogo con las autoridades. Detrás del cierre vial no había una exigencia de privilegios, sino familias desesperadas por conocer el paradero de sus seres queridos y obtener avances en más de 20 carpetas de investigación por desaparición.

 

Integrantes de colectivos como Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional instalaron su protesta el martes 20 de octubre, a la altura de Plazas Outlet Lerma, con fotografías y pancartas de personas desaparecidas. Su reclamo apuntó directamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la que exigieron respuestas y seguimiento efectivo a los expedientes.

 

La pregunta resulta inevitable: ¿por qué las familias tuvieron que paralizar una de las principales vías del país para conseguir que las autoridades las escucharan?

 

ENTRE LA INDOLENCIA DENUNCIADA Y LA VIOLENCIA

 

El bloqueo provocó afectaciones a miles de automovilistas y transportistas. Sin embargo, la tensión escaló cuando algunos conductores intentaron atravesar por la fuerza el cerco de manifestantes.

 

Los enfrentamientos dejaron, según los reportes difundidos, al menos tres mujeres lesionadas, entre ellas la activista María de los Ángeles. También se reportaron golpes, pedradas y daños en el campamento.

 

La inconformidad por las horas de espera no justifica las agresiones contra quienes exigen conocer el destino de sus familiares. Al mismo tiempo, el episodio exhibió un conflicto que las instituciones no consiguieron resolver oportunamente mediante canales de atención y diálogo.

 

Las madres denunciaron falta de avances y revictimización. Su reclamo expone una realidad dolorosa: buscar a una persona desaparecida puede convertirse en una lucha prolongada no solamente contra la incertidumbre, sino también contra la falta de respuestas institucionales.

 

ACUERDOS, PERO TODAVÍA SIN JUSTICIA

 

Fue hasta la tarde del miércoles 21 de octubre cuando las manifestantes aceptaron retirar el bloqueo, después de establecer mesas de diálogo con representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía mexiquense.

 

Las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a las carpetas de investigación y brindar acompañamiento institucional a las familias.

Pero liberar una carretera no significa resolver una desaparición. Los acuerdos deberán traducirse en diligencias verificables, información oportuna y avances concretos en cada expediente.

 

Las pérdidas económicas y las afectaciones viales fueron importantes, pero para las familias el costo más doloroso sigue siendo la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos.

 

La México-Toluca recuperó la circulación; las familias, en cambio, siguen esperando respuestas.

 

El verdadero examen para las autoridades no será la firma de compromisos ni el fin de la protesta, sino demostrar que las búsquedas avanzan y que ninguna madre tenga que volver a paralizar una carretera para ser escuchada.