AMLO LLEGA A 100 DÍAS SIN MEJORAR LA SEGURIDAD DE MEXICANOS Y CON TEMORES POR LA GUARDIA NACIONAL
Los expertos coincidieron que el arranque del sexenio de
Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado ningún avance significativo en
relación a la incidencia de delitos de alto impacto, incluso la violencia sigue
en ascenso. Sin embargo, aclararon que tampoco se esperaban resultados o que
empezara a revertirse la tendencia violenta dada la magnitud de la crisis de
seguridad que dejó el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto, de al menos 90
asesinatos diarios.
En el primer bimestre de la administración morenista la
violencia creció 2.12 por ciento al registrar 102 crímenes más que el último
bimestre de Enrique Peña Nieto, que reportó 4 mil 790 investigaciones por
homicidios dolosos.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Las reformas
constitucionales para la creación de la Guardia Nacional y para
aumentar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son
los principales aspectos en materia de seguridad que analistas y expertos
destacan, con opiniones encontradas, en relación a los primeros 100 días del
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La gestión de la nueva administración federal ha sido
percibida de diferentes maneras y ha generado diversas opiniones entre
académicos y especialistas en seguridad nacional, derecho, justicia y seguridad
pública.
La profesora e Investigadora de la División de Estudios
Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina
Pérez Correa, resaltó que el Gobierno se ha enfocado más en la parte punitiva
[castigo duro] y menos en la parte social durante el arranque de la
administración.
“El problema que veo es el fortalecimiento del Estado de
excepción, ensanchando el uso del derecho penal de excepción como la prisión
preventiva automática y el uso de las fuerzas armadas, sabiendo que desde la
academia eso no va a dar los resultados en materia de seguridad”, consideró.
Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de
Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana,
dijo que aún falta plantear un esquema integral o una verdadera estrategia en
materia de seguridad, pues solo “tenemos una visión retórica en los ocho puntos
de su Estrategia de Seguridad [la de AMLO]”.
Para el especialista, las acciones emprendidas hasta el
momento por el nuevo Gobierno, principalmente contra el robo de combustible
[huachicoleo], han sido más de carácter coyuntural y no de fondo.
“No hubo realmente una desarticulación total de las
bandas del crimen organizado que están involucradas en esta actividad ilícita.
Se emprendieron acciones sin ninguna planeación en términos de desarticulación
y de desintegrar las redes de corrupción de los gobiernos estatales como de
Gobierno federal, y ya no digamos de los grupos criminales, que son regionales.
[…] Tuvo una expresión mínima contra el huachuicoleo, pero a un costo económico
muy alto”, calificó.
La analista Pérez Correa concordó que “además de hacer
permanente el Estado de excepción y ensanchar el sistema de justicia o
injusticia penal, no queda claro cuál va a ser la estrategia de Gobierno frente
a la violencia que se vive”.
Para José Antonio Álvarez León, doctor en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la nueva administración ha
logrado el consenso de las fuerzas armadas que participan en materia de
seguridad.
El académico también estimó que el Estado busca cambiar
“la lógica de la génesis del delito”, pues aludió que hay muestras de querer
combatir el delito desde su origen, “no combatirlo con política preventiva de
la acción delictiva, que ya se realiza, sino con la que le puede dar origen”.
Durante los dos primeros meses del sexenio de Andrés
Manuel López Obrador se han perpetrado al menos 4 mil 892 asesinatos, de los
cuales 3 mil 536 fueron cometidos con arma de fuego.
LA GUARDIA NACIONAL
La Guardia Nacional es el tema que todos los
entrevistados abordaron con énfasis, unos en contra y otros a favor. Erubiel
Tirado Cervantes y Catalina Pérez Correa reprocharon su creación,
principalmente por el ingrediente militar en su conformación y formación.
Tirado Cervantes criticó que, aún y con los cambios al
dictamen de la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad se constituyó “con
una visión distorsionada de la figura de la Guardia Nacional planteada en
nuestra Constitución de 1917”.
“Yo no haría crítica si en efecto todo fuese civil, pero
no es así, sigue con un esquema híbrido y el asunto es que se le vendió a la
sociedad un mando civil, pero la posibilidad de que el Presidente pueda nombrar
al mando [que puede ser un militar retirado] y esos engaños expresos del
Presidente […] se fueron por la tangente, hablaron como abogados gansteriles,
echando la vuelta a la norma”, recriminó.
La Guardia Nacional cuenta –según el dictamen– con un
esquema de reclutamiento similar al del Ejército, ejemplificó el profesor,
donde los criterios de ingreso no son rígidos, a diferencia de la Policía
federal que pedían mínimo estudios de preparatoria. Ese detalle abre la puerta
para que puedan ingresar personas que “llegan por descarte”, de no tener otras
oportunidades de empleo, pero no por una vocación de servicio público.
“Y eso es una visión del Ejército, así actúa el Ejercito.
Y esa visión nos va a traer unos efectos negativos en el corto y mediano plazo
porque los criterios de selección no son rigurosos y porque todo está a cargo
de la Sedena”.
Catalina Pérez comentó que la forma cómo redactaron la
creación de la Guardia Nacional en la Constitución, aunque es menos
problemática de lo inicialmente establecido, el régimen transitorio de la
Reforma aún permite la permanencia de por lo menos cinco años de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad pública, con todos los riesgos que eso con
lleva.
“Las fuerzas armadas en tareas de seguridad […] son la
fuerza de seguridad no solo con mayor presencia, sino la más letal que tiene el
Estado”, apuntó la maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la
Universidad de Stanford en California.
Los especialistas consideraron que la Guardia Nacional no
resolverá inseguridad en el país; al contrario, piensan que provocarán el
aumento de la discrecionalidad en las fuerzas policiacas y militares, y un alza
a la incidencia de violaciones a los derechos humanos. Foto: Cuartoscuro
Tirado Cervantes y Pérez Correa explicaron que el
siguiente paso para la Guardia Nacional es la elaboración de su Ley Orgánica y
es ahí donde aún hay muchas dudas y se aclarará cuál será la verdadera
naturaleza de su mando
“Aún falta ver que en las normas secundarias el Gobierno
realmente se comprometa con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y
controles bajo autoridades verdaderamente civiles y que no intenten continuar
por esta ruta de darle a la Sedena el control sobre esta [nueva] institución”,
abundó la doctora.
Erubiel Tirado también reprochó que el nuevo Gobierno –
con este discurso de la Guardia Nacional– plantea que las estructuras de
seguridad ya existentes no servían para nada “y eso tampoco es cierto”.
Pérez Correa coincide en ello, pues dijo que se mantiene
la idea que las instituciones civiles –para funcionar correctamente– deben de
tener una disciplina militar.
“Eso es problemático porque lo que está haciendo es la
militarización la seguridad pública por estas dos vías: tú puedes continuar
usando las fuerzas armadas para tareas de seguridad, y la segunda es
militarizar a las policías civiles para así ser más ‘eficientes’”, agregó.
Los especialistas advirtieron que la Guardia Nacional no
resolverá inseguridad en el país; al contrario, piensan que aumentará la
discrecionalidad en las fuerzas policiacas y militares, y la incidencia de
violaciones a los derechos humanos.
Para el Doctor José Álvarez León, la Guardia Nacional es
sólo la normalización de un proceso [la militarización] que ya estaba en
práctica.
“A mí me parece que lo que toma Andrés Manuel es el
reclamo de la Fuerzas Armadas, no de participar, sino cargar con la caga
histórica jurídica y política de los actos cometidos por ellos, eso no lo
salvaba de la Ley de Seguridad interior que tiró la Corte [Suprema Corte de
Justicia de la Nación], entonces este modelo policial para mí es una
normalización de lo que ya existía”.
El catedrático de la UNAM aplaudió los cambios al
dictamen para poner un tiempo límite a la presencia militar en las calles:
“creo que es exitoso que tenga un límite temporal para que se pueda modificar
la estructura policial”.
El especialista comentó que, aunque “no justifica” la
conformación militar en la Guardia Civil, sí piensa que el Gobierno no tenía
otra salida: “porque formar a un policía que ya está dentro de la práctica
policial lleva de seis a ocho meses o menos, pero formar a un civil nuevo en
materia policial lleva un año.
“Si nosotros hubiéramos hecho un cuerpo estrictamente
civil perderíamos de un año a año y medio para que la nueva policía, con la
nueva capacitación, pudiese enfrentar a las estructuras del crimen”.
El académico reconoció que la presencia de militares en
la Guardia Nacional sí supone un riesgo en materia de derechos humanos, pero
insistió que establecer un cuerpo cien por ciento civil provocaría pérdida de
tiempo.
“Siempre hay un riesgo, el problema es que si no lo
hiciéramos así ¿cuánto tiempo tardaría en capacitar a un joven nuevo para que
pueda salir a enfrentar a un crimen que no es cualquiera?, entonces tenemos que
seguir ajustándonos a los tiempos hasta que la estructura pueda cambiar”.
Álvarez León coincidió con los demás analistas que aún
queda pendiente conocer la Ley que va a reglamentar el funcionamiento de la
Guardia para saber cómo va a incidir la participación ciudadana en estas
estrategias, “de cómo van a caminar de la mano de la Guardia Nacional y cuál va
a ser la nueva perspectiva real, a vigilar desde los derechos humanos”.
“El riesgo que yo vería [Guardia Nacional] son los saldos
a largo plazo, mientras funciona la guardia nacional, es decir, que pueda haber
incidencia en violación a derechos humanos por las fuerzas armadas […] y que
los procesos de capacitación a las nuevas personas que se incorporen a la
Guardia Nacional no sean lo suficientemente técnicos, eficaces y eficientes
para formar oficios con los perfiles que se requieren”, expresó el profesor de
la UNAM.
La Guardia Nacional ha sido muy criticada por
organizaciones nacionales e internacionales.
INCIDENCIA CRIMINAL
Los expertos coincidieron que el arranque del sexenio de
Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado ningún avance significativo en
relación a la incidencia de delitos de alto impacto, incluso la violencia sigue
en ascenso. Sin embargo, aclararon que tampoco se esperaban resultados o que
empezara a revertirse la tendencia violenta, dada la magnitud de la crisis de
seguridad que dejó el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto, de al menos 90
asesinatos diarios.
Los asesinatos en México crecieron al menos 15 por ciento
durante el 2018, el último año del Presidente Enrique Peña Nieto, el más
sangrientos en dos décadas. El año pasado cerró con un total de 33 mil víctimas
de homicidio doloso y un total de 28 mil 816 carpetas de investigación
abiertas. Además, la violencia se expandió en el 75 por ciento del territorio
mexicano, pues 24 entidades federativas registraron alzas en homicidios, de
acuerdo a datos de la organización Semáforo Delictivo.
“En el aspecto de incidencia delictiva no ha llegado el
cambio en la percepción de la incidencia, sigue la misma tendencia, siguen casi
los mismos números, a veces un poco más altos que la administración pasada.
Tanto en zona metropolitana como en el resto del país, aún no hay resultados
significativos. Ahí digamos que seguimos en las mismas condiciones”, expresó
José Antonio Álvarez León.
Durante los dos primeros meses del sexenio de Andrés
Manuel López Obrador se han perpetrado al menos 4 mil 892 asesinatos, de los
cuales 3 mil 536 fueron cometidos con arma de fuego. Entre diciembre de 2018 y
enero de 2019 se han abierto a nivel nacional al menos 231 carpetas de
investigación por delitos de secuestro, 1 mil 202 por el delito extorsión y al
menos 2 mil 250 por delitos de violación.
En el primer bimestre de la administración morenista la
violencia creció 2.12 por ciento al registrar 102 crímenes más que el último
bimestre de Enrique Peña Nieto, que reportó 4 mil 790 investigaciones por
homicidios dolosos.
Los asesinatos cometidos con arma de fuego –entre
diciembre de 2018 y enero de 2019– subieron 4.12 por ciento, pues se reportaron
146 casos más que los 3 mil 390 homicidios con arma de fuego cometidos durante
noviembre y octubre de 2018.
“Hasta ahorita no hay ningún resultado en materia de
seguridad, que de todos modos no pensábamos que los iba a haber”, expresó Pérez
Correa.
En cuanto a las políticas de seguridad y justicia, José
Álvarez León enfatizó se han empezado a ver reordenamientos institucionales
donde se perfilan proyectos y políticas públicas que tienen que ver con el
tratamiento del delito.
“En estos 100 días sí se ha percibido que ya se empiezan
a instrumentar políticas públicas que buscan ser un factor para incidir -a
largo plazo- en la disminución de incendias de delitos, sobre todo comunes”,
comentó el maestro de la UNAM.
