CON LA ELIMINACIÓN DEL DELITO DE ULTRAJE, TRATAN DE AMARRAR LAS MANOS A SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPTOS EN EDOMEX
Toluca, Estado de México. El pasado 7 de septiembre la
Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó
por unanimidad reformas al Código Penal del Estado de México, esto para derogar
el delito de ultraje, al considerar que es inconstitucional, viola el derecho a
la libertad de expresión, puesto que restringe las libertades y se presta a la
interpretación que deriva en actos de corrupción por parte de personas servidores
y servidoras públicas, además, la policía lo utiliza como una arma de extorsión
a la población.
Durante la reunión, legisladores de distintos partidos políticos
señalaron que con esta reforma prevalece en la entidad el Estado de Derecho,
debido a que el delito de ultraje es inconstitucional, además de violar los
derechos humanos y la libertad de expresión, en tanto que la diputada Juana
Bonilla destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la
inconstitucionalidad de dicho delito en la Ciudad de México y en Veracruz al
considerarlo una coacción a la libertad de expresión, principalmente por
policías que extorsionan a la ciudadanía.
El dictamen señala que el delito es letra muerta, pues desde
2015 a la fecha no se tienen registros del delito en datos de averiguaciones
previas o carpetas de investigación de las procuradurías o fiscalías generales
de las entidades, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, sin embargo, se utiliza para robar a los habitantes de la
entidad mexiquense.
Por ejemplo en municipios altamente corruptos, como Ciudad
Nezahualcóyotl, los policías municipales utilizan este argumento para inhibir e
intimidar a personas que graban los abusos policiacos con sus dispositivos móviles,
así mismo, el argumento les ha servido para tratar de intimidar a reporteros
que cubren los constantes homicidios que se cometen en dicha localidad, en
tanto la ciudadanía espera que con la derogación del delito de ultraje, los
uniformados del gobierno morenista, entiendan que la libertad de expresión es
un derecho constitucional y por lo tanto cualquier persona puede gravar a
cualquier servidor público, en el ejercicio de sus funciones.
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