EL GOBIERNO DE LA 4T TIENE MUCHOS PENDIENTES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
*Ante el miedo, silencio, dudas y contradicciones sobre el asesinato en 2012 de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, el gobierno de AMLO debe de demostrar la versión impulsada por Javier Duarte: que el crimen fue pasional.
Ciudad de México 14 de abril de 2021. Las agresiones contra
periodistas y personas defensoras de derechos humanos no sólo no se han logrado
frenar, sino que van en aumento. Las cifran varían entre distintas fuentes, sin
embargo, de acuerdo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Artículo
19 y artículos periodísticos, sabemos que en 2020 por lo menos 13 periodistas y
14 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de homicidio. Por su
parte, Artículo 19 documentó un aumento de 45% en las agresiones a periodistas
durante el primer semestre de 2020.
Según la investigación del CASEDE, la mayor cantidad de
agresiones sufridas por estos grupos provienen de funcionarios públicos que, si
bien son de distintos niveles, principalmente provienen del local. Esto no ha
cambiado y, de hecho, la experiencia de años anteriores nos lleva a prever que
la situación está por recrudecerse ante el periodo electoral que se avecina. En
esta coyuntura, ni las instituciones federales, ni las locales están preparadas
para proteger y, mucho menos, para prevenir las agresiones contra periodistas y
personas defensoras. En general, no sólo no han mejorado sus capacidades, sino
que ha habido retrocesos importantes, como la desaparición del Fondo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin
ofrecer alguna alternativa más eficaz y eficiente para el manejo de los fondos.
Esto se aprobó en el Congreso contra toda recomendación del Consejo Consultivo
del Mecanismo de Protección federal, beneficiarios, periodistas, académicos y organizaciones
de la sociedad civil.
La desaparición del Fondo representa una vulneración a la
protección y seguridad de periodistas y personas defensoras. Los recursos se
trasladaron a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde su uso está sujeto a
caprichos políticos o simplemente desaparecer ante los recortes discrecionales
al presupuesto. Asimismo, la posibilidad de disponer de ellos para tomar las
medidas correspondientes en casos urgentes, en que alguna vida se vea
amenazada, se podrá ver truncada por los tiempos de la burocracia.
No todo está perdido. La propuesta de reforma a la Ley de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, podría
contribuir a mejorar la situación al fortalecer operativamente el Mecanismo de
Protección y garantizar su presupuesto anual, desconcentrándolo de la Segob.
También, requiere que los estados y municipios que firmen nuevos convenios de
coordinación con el Mecanismo los cumplan o, de lo contrario, podrán estar
sujetos a sanciones civiles, penales o administrativas. Si bien la reforma a la
Ley se aprobó el 3 de diciembre de 2020 en la Cámara de Diputados y se turnó
inmediatamente a la Cámara de Senadores para su discusión, se le excluyó de la
agenda al cierre de año 2020, por lo que está pendiente la fecha para su
discusión en la Cámara revisora. Otro posible obstáculo para su aprobación
proviene de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que mantiene algunas objeciones
presupuestarias al respecto.
En este sentido, no hay que quitar el dedo del renglón. Urge
una reforma para fortalecer al Mecanismo y su coordinación con las
instituciones estatales que, hasta ahora, se han quedado muy cortas en sus
funciones de prevención y protección. Garantizar la libertad de expresión no es
solamente cuestión de abrir el micrófono, sino de proteger a quienes lo
utilizan y lo necesitan.
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