EL DERRUMBE DE LA NARCOPOLÍTICA COMENZARÁ EN TAMAULIPAS
Por: Héctor De Mauleón
La pinza se está cerrando en Tamaulipas, el estado desde
el cual la 4T se consolidó con financiamiento ilegal procedente del crimen
organizado: el estado donde, todo indica, ha comenzado la demolición de un
partido que, a cambio de una poderosa línea de financiamiento
político-electoral, no tuvo empacho en abrir las puertas al crimen organizado
para establecer la “alianza intolerable” de que habla el gobierno de Estados
Unidos.
El 17 de abril, el alcalde morenista de Matamoros,
Alberto Granados Favila, fue detenido por agentes de la patrulla
fronteriza, Homeland Security, la DEA y el FBI, al intentar cruzar hacia
Brownsville. Granados fue interrogado durante varias horas y al final de
gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. El columnista Salvador
García Soto afirma que se la rompieron frente a sus propios ojos.
Lo mismo sucedió con más de una decena de funcionarios del
ayuntamiento de Matamoros: 16 hasta el momento, de acuerdo con fuentes
consultadas.
Apenas en enero pasado, agentes antidrogas de Estados Unidos
habían detenido, con casi nueve kilos de cocaína, a Edgar Alejandro Villarreal,
El Fresa, narcotraficante ligado al Cártel del Golfo. El escándalo
envolvió al gobierno de Granados Favila cuando trascendió que la esposa del
Fresa y un hermano de este ocupaban cargos en el ayuntamiento: la primera, como
directiva del DIF; el otro, como segundo síndico.
No tardaron en circular imágenes que mostraban al
alcalde al lado del familiar de sus colaboradores. Él se defendió: “Tengo fotos
con miles de ciudadanos”, y defendió también a sus funcionarios: “Mucha gente
se sumó a este gran proyecto… El movimiento es abierto para todos… No somos
responsables de lo que hagan terceras personas”.
Era la tercera vez que en Estados Unidos detenían al Fresa con
drogas. No era la primera en que se le acusó de haber financiado la campaña del
alcalde. Granados Favila negó toda relación, pero mantuvo a los familiares
del narco en sus cargos. También negó conocer al Fresa el hijo del
gobernador de Tamaulipas y delegado de Bienestar en Coahuila, Américo
Villarreal Santiago, otro de los balconeados a raíz del escándalo: “No lo
conozco, no es mi familiar, no es mi amigo”.
En 2020, quien fuera secretario particular del alcalde
Granados Favila cuando este fungió como secretario de Desarrollo bajo la
gestión de Mario Alberto Hernández, La Borrega, fue detenido por policías de
Tamaulipas en posesión de un arma y ocho kilos de cocaína. Un juez lo dejó en
libertad más adelante, por fallas en el debido proceso, pero la sombra de
presuntos nexos con el crimen organizado continuó acompañando al
morenista. Como se ha documentado, Matamoros es la sede histórica del Cártel de
Golfo y hoy se halla bajo el dominio absoluto del hoy prófugo José Alfredo
Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, sobre
el que pesa una orden de extradición.
Por otra parte, el jefe de prensa del alcalde ha sido ligado,
una y otra vez, con señalados personajes del Cártel del Golfo.
Según García Soto, el Ayuntamiento de Matamoros es considerado
“una organización criminal terrorista” por el gobierno de Estados Unidos.
El alcalde negó que le hubieran retirado la visa, pero cuando un reportero le
pidió que la mostrara, contestó: “No la traigo… está resguardada en mi casa”.
Hace apenas un mes se realizó en Altamira un
decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol, dentro de un
esquema de control portuario que apunta a las más altas instancias del gobierno
federal. Curiosamente, no hubo detenidos. Pasaron, sin embargo, solo unos días
para que otra noticia explosiva, dada a conocer el miércoles pasado, sacudiera
Tamaulipas: en un aparatoso operativo en el que tomaron parte el FBI,
el ICE y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Protección
Fronteriza, entre otras instancias, fue asegurada la empresa texana Arroyo
Terminals, localizada en Río Hondo, Texas, y dedicada la comercialización de
combustibles.
De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, la empresa
había importado 2 mil 881 cargamentos de combustible ilegal y, luego
de refinarlos, los había enviado de vuelta a México sin declararlos en la aduana o
bien presentándolos como residuos de aceites lubricantes o destilados de
petróleo. Los pagos iban a dar a empresas, sobre todo de Tamaulipas, “que
operan únicamente con la autorización de organizaciones criminales mexicanas”.
Casi 50 millones de dólares pasaron a manos de empresas
mexicanas: se trata del primer caso que involucra a los dos países en una
cadena de huachicol fiscal. A los propietarios de Arroyo Terminals les
fueron aseguradas cuentas y propiedades por 300 millones de dólares.
La pista se sigue desde mayo de 2022. Involucra pipas que
cruzan las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como cargamentos
que llegan por medio de buques y tanques de ferrocarril. ¿Qué empresas
mexicanas importan petróleo y otros combustibles? ¿En qué refinería de Estados
Unidos se procesan los hidrocarburos?
En 2020 se delinearon los nexos entre políticos de Morena y Sergio
Carmona, el Rey del Huachicol. Cinco años más tarde, las agencias de Estados
Unidos tienen la ruta, y los nombres, más claros que nunca: el derrumbe va
a comenzar desde Tamaulipas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario