PABLO GÓMEZ, DE LUCHADOR SOCIAL HA PERSEGUIDOR DE PERIODISTAS
*“Quién iba a pensar que Pablo Gómez, líder histórico
de la izquierda mexicana, iba a terminar desde una oficinita de
burócrata, persiguiendo periodistas”.
Ciudad de México, 8 de julio de 2024.- Cuando era estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo Gómez, como miles de sus pares, tomaron la calle y las plazas para protestar por la intervención de la fuerza pública en asuntos internos de la academia y los estudiantes. El 26 de julio de 1968 había iniciado un movimiento estudiantil que incluiría paro de labores y marchas, precisamente por la brutal intromisión de la policía contra los educandos de escuelas media y superior.
El 2 de octubre de aquel año, las de 2 protestas serían
marcadas por la violencia que ejerció el gobierno de la República contra los
estudiantes, asesinando a un número indeterminado de ellos y de civiles,
desapareciendo a otros, encarcelando a algunos. Entre estos últimos estuvo
Pablo Gómez, quien se había unido como estudiante a las protestas contra el
abuso del poder.
Pablo Gómez fue un defensor de las libertades, de la
libertad de cátedra, de la autonomía de la UNAM, de la libertad de pensamiento
y de manifestación, pugnó por la liberación de presos políticos, por la
destitución de generales del Ejército Mexicano abusivos que utilizaban las
estrellas de la jerarquía militar para someter a los jóvenes con plomo. Pidió
reparación del daño para las víctimas y sus familias, y que se deslindaran las
responsabilidades de los actos de represión en las entidades de la fuerza
pública, los militares y los granaderos.
También, Pablo Gómez pugnó por derogar el delito de
disolución social, que por entonces tenía como objetivo inhibir la propagación
de ideas que pudieran provocar una desestabilización del “orden social”.
De 1968 a 1971 Pablo Gómez estuvo en prisión por defender su
ideología, la libertad de pensamiento y la seguridad de los estudiantes y
civiles en manifestaciones sociales. 56 años después, Pablo Gómez vive su
propia transformación, de estudiante reprimido a funcionario opresor y
perseguidor de periodistas.
Hace unos días en su columna Linotipia que publica en el
diario Reforma la periodista Peniley Ramírez reveló una investigación que la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público realiza sobre los activos, bienes y estados financieros de dos
periodistas que han destacado por sus indagaciones mediáticas acerca de la
corrupción que se desarrolla en el gobierno de la República, teniendo como
protagonistas no solo a integrantes del gabinete legal y ampliado, sino a
familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus hermanos, su prima,
sus hijos, entre otros.
A Ramírez sus fuentes le hicieron del conocimiento de la
investigación y abundaron en detalles sobre su desarrollo. Aunadas a las
indagaciones que desde la misma Unidad de Inteligencia Financiera UIF se han
realizado sobre el medio Latinus, esta vez, confiaron a Peniley, los sujetos
investigados son Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola, quienes, en el pleno
ejercicio de su libertad de expresión y de pensamiento a partir de la
divulgación de sus editoriales, han sido sesudamente críticos del presidente
López Obrador y su entorno de poder y los privilegios de su familia a través
del gobierno de la República.
Pablo Gómez, exlíder comunista y defensor de los oprimidos
ante gobiernos represores, hoy día encabeza la Unidad de Inteligencia
Financiera, y, por tanto, sea a título personal como servidor público o
siguiendo órdenes de sus superiores, es quien ha ordenado las investigaciones
contra Loret de Mola, Trujillo y el medio Latinus.
ESTO NO PUEDE SER UNA COINCIDENCIA
En política no existe tal suerte. Menos cuando se trata de
investigar a personas que no están en la función pública, que no son parte de
la criminalidad organizada, que no pertenecen a un partido político ni tienen
relaciones con instituciones gubernamentales. Es pública y notoria la
animadversión del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las personas,
políticos, analistas, columnistas y periodistas que critican su gobierno, su
actuar o el de los suyos en su equipo y familia.
Contra Carlos Loret de Mola emprendió un ataque sistemático
a partir de enero de 2022 cuando el periodista reveló, con una investigación
como base, el lujo con el que vivía un hijo del presidente, Ramón López
Beltrán, en el extranjero, en el estado de Houston en la Unión Americana, en un
reportaje que hasta el día de hoy se conoce como La Casa Gris.
En un mes, comprendido entre el 27 de enero y el 27 de
febrero de 2022, el presidente López Obrador mencionó en 77 ocasiones al
periodista Loret de Mola en su conferencia desde Palacio Nacional, de acuerdo
al análisis cuantitativo de Spin, empresa dirigida por Luis Estrada; pero la
diatriba del mandatario nacional contra Loret se ha extendido hasta estos días.
No solo utilizó el sistema de gobierno que preside para hacer pública
información personal, protegida por Ley, del periodista; también le ha asestado
toda clase de calificativos para denostar su trabajo y su persona.
A Carlos Loret de Mola, el presidente en una clarísima
ventaja ante el ejercicio de su poder, lo ha hecho su adversario principal. Un
periodista con sus investigaciones, su pensamiento y su pluma, atacado desde
Palacio Nacional y ahora investigado por la UIF de la SHCP, por ejercer su
derecho a la libre expresión. Un periodista que, es evidente, incomoda al
gobierno de la República, al presidente y sus amigos y aliados convertidos en
funcionarios. Todo el Estado contra un ciudadano libre.
Las investigaciones reveladas por la columnista de Reforma,
Peniley Ramírez, fueron prácticamente confirmadas por el presidente López
Obrador cuando días después declaró desde su sitio de poder, que él no ordenó
hacerlas, que no tiene necesidad, y no evitó, como es su costumbre, compararse
con el periodista al decir que él también fue investigado por el gobierno y la
UIF en el pasado, como si por el hecho de que le haya sucedido a él, que
anteriores gobiernos intentaran reprimirlo, validara las acciones actuales de
la UIF contra dos periodistas y un medio de comunicación. Si él lo sobrevivió,
que lo otros lo superen. Así de fácil.
Pablo Gómez como titular de la UIF no actúa en solitario.
Ciertamente es quien decide a quien y porqué se investiga, aunque ello debería
ser en base a denuncias y en colaboración con autoridades procuradoras de
justicia ante la presunción de un delito, pero si el presidente dice que él no
ordenó tales indagaciones sobre los periodistas críticos de su gobierno y los
actos de corrupción que han evidenciado, entonces la responsabilidad es
enteramente de Gómez, el ex luchador social ahora convertido en verdugo desde
el poder porque a final de cuentas, fue lo que le convino más, por no decir que
fue para lo que más sirvió.
1 comentario:
Es evidente que los luchadores sociales no son aptos para ejercer el poder. Porque ellos están comprometidos únicame te con su lucha y son incapaces de desarrollar empatía por otras luchas. En el poder se requieren políticos profesionales que de a temano sepan que la ciudadanía tiene tantos matices como número de habitantes hay. Así que ni él ni AMLO son capaces de ejercer el poder con esa amplitud de miras
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