Comunicadores en Pie de Lucha

LA TRAMPA DE LA REFORMA JUDICIAL: SILENCIAR AL

 PODER JUDICIAL FRENTE AL CONGRESO

 

*Los foros de la Reforma Judicial han revelado que el oficialismo busca controlar a jueces y magistrados para evitar que sus decisiones se opongan a las reformas del gobierno. En un foro en Chiapas, el Senador Ricardo Monreal admitió que la reforma pretende limitar al Poder Judicial, acusando a los ministros de excederse al anular decisiones de otros poderes.

Ciudad de México, 20 de julio de 2024. Los foros de la Reforma Judicial han confirmado una de las verdaderas intenciones del oficialismo. Más allá de las promesas de mejorar el sistema de justicia, uno de los objetivos es controlar a jueces, magistrados y ministros para evitar que sus decisiones vayan en contra de las reformas del gobierno.

En un foro reciente en Chiapas, el Senador Ricardo Monreal admitió que la reforma busca frenar al Poder Judicial. Acusó a los ministros de excederse cuando “anulan decisiones de otros poderes alegando vicios de procedimiento”. Esta postura, aunque honesta, revela un intento peligroso de manipular el equilibrio de poderes en el país.

La Ministra Lenia Batres, en una entrevista en Canal 11, defendió la “remoción de cabezas” en el Poder Judicial como necesaria para implementar cualquier reforma. Criticó a la Corte por lo que considera “invalidaciones fáciles por proceso legislativo”, revelando que estas decisiones obstaculizan las reformas del gobierno.

Es irresponsable pensar que tener mayoría absoluta en el Congreso justifica saltarse las reglas de discusión legislativa. Los legisladores deben analizar y discutir cada proyecto con responsabilidad, evitando decisiones apresuradas y sin rendición de cuentas, como ocurrió con la creación y extinción exprés del INSABI, sin siquiera cuestionarse por temas elementales como el destino de cientos de miles de millones de pesos a su cargo.

La Reforma Electoral es un claro ejemplo de estas violaciones. Cuando el Plan A, una reforma constitucional, fue rechazado, el Presidente presentó de inmediato el Plan B, una reforma a leyes secundarias, sin permitir que los diputados la analizaran adecuadamente. Este proyecto con cientos de páginas y disposiciones fue aprobado en pocas horas, ignorando las reglas que exigen un análisis previo en comisiones.

El Ministro Pérez Dayán de la Suprema Corte señaló en su momento que saltarse el trámite de una iniciativa no significa aprobar normas sin informar a los legisladores sobre su contenido. Sin embargo, los legisladores de Morena y sus aliados violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución, que exigen un debate informado.

¿Cómo el Congreso puede justificar una reforma aprobada con graves violaciones a sus reglas? Ser mayoría no es excusa para hacer cambios apresurados a nuestras leyes, especialmente cuando se niega a las minorías el derecho a ser representadas de manera efectiva.

Otro ejemplo alarmante fue la “noche negra del Senado”, donde se aprobaron 20 proyectos en menos de cinco horas. En esta sesión, iniciativas que normalmente requerirían análisis y discusión detallada fueron votadas en aproximadamente 10 minutos cada una.

Además, se cometieron irregularidades como una votación indebida por parte de una senadora suplente mientras la propietaria ya estaba en funciones, y la realización de una sesión fantasma mediante una reunión de firmas, incluyendo la de una senadora que no estaba presente ese día, para simular la aprobación de la Ley de Ciencia. La falta de transparencia fue evidente, ya que no hubo claridad en las votaciones debido a la ausencia de un tablero electrónico. ¿Cómo se puede ignorar estos abusos?

Con la posibilidad de que Morena y sus aliados obtengan mayoría calificada en el Congreso, es más importante que nunca respetar el proceso legislativo. En un escenario sin contrapesos, el riesgo de que se repitan violaciones como las ocurridas en la discusión del Plan B o la “noche negra del Senado”, es alarmantemente alto.

Si Morena y aliados no respetan las normas básicas de discusión de proyectos legislativos, sería una traición a los 24.4 millones de personas que votaron para ser representadas por la oposición en el Congreso. 

Ignorar la voz de una parte relevante del electorado y permitir que una mayoría imponga su voluntad sin debate ni transparencia, socava los principios fundamentales de la democracia. Cada voto cuenta y cada ciudadano merece que sus intereses sean considerados en el proceso legislativo.

Proteger la integridad del proceso es esencial para mantener la legitimidad del gobierno y asegurar que todas las decisiones se tomen en beneficio del país, no solo la de una facción política.