EL EXPRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, ARTURO ZALDÍVAR, PUSO EN VENTA LA JUSTICIA EN MÉXICO
*Zaldívar, por medio de “extorsiones y amenazas torcía la
ley en favor de Morena”.
Ciudad de México, 15 de abril de 2024. El Senador morenista,
Alejandro Rojas Díaz Durán, desde diciembre de 2023, presentó una denuncia de
responsabilidad administrativa contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por sumarse a
la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, cuando aún ostentaba su cargo en
el Máximo Tribunal del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación determinó que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
la que definirá si Zaldívar cometió una infracción al reunirse con Claudia
Sheinbaum cuando todavía era ministro.
Ahora, el vendido, aplaudidor y arrastrado de la 4T, es acusado
de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados “con la
intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, así como de falta
de imparcialidad y abuso de funciones, durante el tiempo en que ejerció el
cargo de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura
(2019-2023). “Prometía beneficios políticos, económicos, adscripciones
favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de
extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de
responsabilidad administrativa o suspensiones”. El escrito dice que el operador
del ministro era Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de
la presidencia del Consejo de la Judicatura. La denuncia asegura que se cuenta
con los testimonios de los jueces supuestamente presionados.
Señala que Zaldívar colocó en puestos clave a personas
cercanas “para tener control de los asuntos más importantes”, y que utilizó al
entonces titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval,
y al del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar
Manuel Bonilla, para influir en el sentido de las resoluciones y para
beneficiar a alguna de las partes involucradas. La denuncia involucra incluso
a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de López Obrador, al que
señala de “confabularse” con Zaldívar para coaccionar a los jueces.
El escrito expone los casos en los que presuntamente ejerció
presión el ministro a través de sus colaboradores. Según el relato, amenazó a
los jueces que concedían suspensiones contra el Tren Maya, el Aeropuerto
de Santa Lucía, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrico, estas
últimas aprobadas por el oficialismo en el Congreso. Se mencionan también
presiones en casos políticamente relevantes: el de Rosario Robles como parte de
la trama corrupta de la Estafa maestra; el de Emilio Lozoya,
exdirector de Pemex acusado de corrupción; el fraude al Infonavit; el fraude en
la cooperativa Cruz Azul; la acusación fiscal contra el exgobernador de
Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca; los expedientes por corrupción en
Sagalmez, entre otros. La denuncia incluye los nombres de decenas de jueces
supuestamente coaccionados y de otros que, según el relato, aceptaron dádivas a
cambio de ceder.
La ministra Piña ordenó el inicio de investigaciones a fin
de recabar pruebas. “Ante la posibilidad de que los citados funcionarios
públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones
propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad
administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con
antelación, resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto
de esclarecer los hechos denunciados”, señala el expediente. La indagatoria
estará a cargo de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades
Administrativas (UGIRA) tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema
Corte.
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