EXIGEN VER A AMLO: PETARDOS AFUERA DE SEGOB POR AYOTZINAPA
*Pintas, petardos y consignas. Estudiantes y familiares de
Ayotzinapa exigen reunirse con AMLO y rechazan mediación de Félix Arturo Medina.
Es el segundo día de protestas en el que las madres y padres
de los desaparecidos exigen al gobierno federal la reinstalación de mesas
de diálogo para continuar las investigaciones y sancionar a los
responsables, además piden el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI).
Los manifestantes, con el rostro cubierto, bloquearon
la avenida Bucareli, donde se encuentran las oficinas de la Segob en la
Ciudad de México. Además realizaron algunas pintas en el edificio y organizaron
un mitin en exigencia de justicia y respuesta del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio aviso sobre el
cierre de la circulación cual sobre Bucareli a partir de la Avenda Morelos, por
lo que se sugirió a los automovilistas tomar medidas alternas.
Después del mitin, que duró aproximadamente dos horas, los
manifestantes se retiraron en camiones. Sobre las detonaciones registradas en
las oficinas públicas, se estima que se trató de cinco artefactos explosivos los
que fueron lanzados, pero sólo se detonaron tres. Al inmueble llegaron
elementos de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de
México, quienes acordonaron la zona.
En el percance no se registraron personas lesionadas y
tampoco daños en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación derivado de
los explosivos.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que
llevan más de tres meses pidiendo una reunión con el presidente López Obrador,
pero les dan largas y cero respuesta a las madres y padres de los jóvenes,
víctimas de desaparición forzada en 2014 en Iguala, Guerrero.
Demandó que el Ejército entregue los 800 folios que tiene en
su poder y que las familias consideran importantes para poder dar con el
paradero de los normalistas.
¿CÓMO VA EL CASO Y LAS INVESTIGACIONES?
Después de su liberación por parte de una jueza de distrito
del Estado de México, fueron reaprehendidos a principios de febrero, ocho
militares presuntamente involucrados en la desaparición y muerte de los estudiantes
de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Mientras que la Secretaría de Gobernación envió a finales de
enero una carta a la Suprema Corte de Justicia en la que se advierte
que habrá consecuencias por liberar a los ocho militares implicados, la defensa
de los uniformados acusa a la Segob de “persecución política”, pues
aseguran que las pruebas contra los militares se basan en dichos de testigos
que, posteriormente “cambiaron su versión”.
En tanto, los familiares de los desaparecidos, a través del Comité
Ayotzinapa, se han negado a recibir una compensación económica por parte
del gobierno, por haber estado casi 10 años, desde la desaparición de sus
hijos, sin una fuente de empleo.
El Comité de los familiares afirma que no permitirán que la
Segob les otorgue bienes económicos, ya que desde el gobierno de Enrique
Peña Nieto se intentó repartir apoyos y utilizarlo como una técnica de
división entre los familiares para desmovilizarse.
Durante su manifestación en la Segob, las familias apuntan
que antes de haber una reparación integral del daño, deben resolverse los casos
de justicia y pendientes del gobierno federal como el negar información sobre
la actuación del Ejército.
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