EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA EN MANOS DE LA SUPREMA CORTE
*El foco de atención de la marcha fue el Plan B, una reforma que debilita al árbitro electoral del país, además del llamado ciudadano hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidarla.
Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
Ciudad de México, 1 marzo de 2023. La concentración a favor
de la democracia fue un éxito. El Zócalo lució lleno pese a los
pronósticos oficialistas. Y más de 100 ciudades del país y otras partes
del mundo también fueron escenario de manifestaciones ciudadanas.
Como pocas veces, la agenda ciudadana dominó la narrativa,
pese a los intentos oficialistas de “garcialunizar” el evento. Así lo
confirmaron las primeras planas de los principales medios en México, incluso de
otras partes del mundo. El foco de atención fue el Plan B, una reforma que
debilita al árbitro electoral del país, además del llamado ciudadano hacia
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidarla.
La marcha ciudadana del pasado noviembre afianzó el bloque
opositor para rechazar la primera reforma electoral del presidente. Sin
embargo, tras la nueva manifestación del domingo, ahora el escenario es
distinto.
El primer paquete del Plan B, en materia de propaganda
electoral, fue impugnado por partidos políticos y grupos parlamentarios de
ambas cámaras del Congreso. Recientemente fue suspendido por el ministro Alberto
Pérez Dayán para que no se aplique en los procesos electorales de Coahuila
y Estado de México.
Tras la publicación de segundo paquete del Plan B en el
Diario Oficial de la Federación, cuyo proceso se detuvo unos días por
“cuestiones técnicas”, de acuerdo con el diputado Santiago Creel, seguirá un
nuevo periodo de 30 días para presentar acciones de inconstitucionalidad.
Decía un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del
Senado, que estaríamos frente a la reforma más impugnada en la historia de
México. Y no es para menos. Se trata de un cambio de las reglas de juego
un año antes de la elección presidencial de 2024, con claras ventajas hacia el
oficialismo y sus candidatos.
El éxito de la concentración del 26 de febrero obliga a la
oposición a no quedarse pasmados. En esta etapa, no sólo deben impugnarla
partidos políticos y grupos parlamentarios. También deben involucrarse
gobiernos estatales y municipios, pues también afectarán los derechos
político-electorales a nivel local.
A partir de ahí, la SCJN se convertirá en otro campo de
batalla. Actualmente la ley no establece plazos para resolver. Aunque es
facultad de la presidenta de la SCJN (Norma Piña) atender solicitudes
de resolución prioritaria que le hagan las Cámaras del Congreso, o el Poder
Ejecutivo. Hasta el momento, Santiago Creel, como presidente de la Cámara de
Diputados, anunció que lo solicitará haciendo uso de su facultad establecida en
el artículo 94 constitucional.
En el caso del Plan B, el tiempo apremia. El artículo 105
constitucional establece que no se pueden realizar cambios a las normas
electorales a 90 días del proceso electoral, es decir, las elecciones serán a
principios de junio. Si el Presidente publica el Plan B en estos días, eso
daría a la oposición el mes de marzo para impugnar. El problema sería para la
SCJN, que solo tendría algunas semanas antes de junio para resolver con la
finalidad de “preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la
estabilidad política del país”, de acuerdo al estudio del IBD.
LOS 8 VOTOS DE LA CORTE
Otro tema que nos debe (pre)ocupar, es que se necesita mayoría
calificada en el pleno de la SCJN para invalidar las normas impugnadas. Es
decir, ocho votos de ministras y ministros. O, dicho de otra forma, con cuatro
votos en contra no será posible la invalidación.
En la reciente discusión de la reforma que reestructura el
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), no se logró la mayoría
calificada en el pleno de la SCJN para invalidarla. Los votos de Yasmín
Esquivel, Loretta Ortiz, Arturo Zaldívar y Margarita Ríos-Farjat fueron
determinantes.
Así que el futuro de la democracia estará en manos de cuatro
ministras y ministros de la Suprema Corte.
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