LA PAZ: DISCURSOS DE ORDEN URBANO FRENTE A UN MUNICIPIO SUMIDO EN LA INSEGURIDAD, LA CORRUPCIÓN Y EL ABANDONO

 

*Entre el discurso oficial y la realidad: La Paz se hunde en la inseguridad, la corrupción policiaca y el negocio del agua

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Los Reyes la Paz, Estado de México, 28 de enero de 2026.- Mientras la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, presume coordinación interinstitucional, atlas de riesgo “de los mejores del Estado de México” y módulos de regularización de predios, en los hechos el municipio continúa atrapado en una crisis mucho más profunda y urgente que la mera falta de escrituras: la inseguridad desbordada, la corrupción institucionalizada y la escasez de servicios básicos como el agua potable.

 

El boletín oficial pinta un escenario casi idílico, donde la regularización del suelo aparece como la gran prioridad gubernamental. Sin embargo, la alcaldesa morenista vuelve a recurrir a una constante de su administración: omitir deliberadamente los temas que más lastiman a la ciudadanía. En ningún momento habló del clima de terror que se vive todos los días en colonias de la parte alta y baja del municipio, donde asaltos, extorsiones y abusos policiacos se han normalizado ante la inacción del gobierno local.

 

La inseguridad en La Paz no solo es rampante, sino incontrolable. La población ha tenido que aprender a vivir con miedo, sabiendo que salir a trabajar, transportar mercancía o simplemente circular por las calles implica el riesgo de ser víctima no solo de la delincuencia común, sino —peor aún— de elementos policiacos municipales. De acuerdo con múltiples denuncias ciudadanas exhibidas de manera constante en redes sociales, jefes policiacos, como el que tiene el indicativo “Cancer” habrían instruido a sus subordinados a extorsionar y robar a quien se les atraviese, especialmente a conductores y comerciantes, en un esquema que opera con total impunidad.

 

Pero el silencio de la presidenta municipal no se limita al tema de la seguridad. Tampoco dijo una sola palabra sobre la grave crisis de agua que padecen miles de familias en Los Reyes La Paz. El desabasto del vital líquido se ha convertido, presuntamente, en un negocio redondo para su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, quien según señalamientos ciudadanos habría tejido alianzas con grupos de la delincuencia organizada para monopolizar la venta de pipas de agua, alcanzando precios de hasta mil 700 pesos por carga, una cifra impagable para la mayoría de los habitantes.

 

Este negocio, que florece mientras las colonias pasan días o semanas sin una gota de agua, representa una traición abierta al discurso político que Morena dice enarbolar: “primero los pobres”. En Los Reyes La Paz, la realidad parece ser otra: primero el negocio de Tranquilino, aunque los más pobres se queden sin agua.

 

Así, mientras el gobierno municipal presume ordenamiento territorial y regularización a bajo costo, evade su responsabilidad frente a una administración señalada por la corrupción, la colusión y el abandono de las verdaderas urgencias sociales. Regularizar predios puede ser importante, pero resulta insuficiente —e incluso ofensivo— cuando se gobierna un municipio donde la gente vive con miedo, paga por agua como si fuera un lujo y desconfía de la policía que debería protegerla.

 

En La Paz, el discurso oficial habla de orden; la calle, en cambio, grita descomposición.

FGJEM BAJO LA LUPA: CRECEN DENUNCIAS POR EXTORSIÓN DE

 POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EDOMEX

 

* Aunque 10 agentes ya fueron separados, las quejas ciudadanas superan las 20 y exhiben una red de abusos, falsos policías y “madrinas” que operan con impunidad en vialidades como la México–Pachuca

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

Toluca, Estado de México, 27 de enero de 2026.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público, luego de que salieran a la luz decenas de denuncias ciudadanas por presuntos actos de extorsión cometidos por policías de investigación, principalmente contra automovilistas que circulan por la autopista México–Pachuca, una de las vialidades más transitadas y conflictivas de la entidad.

 

De acuerdo con información oficial dada a conocer por la propia Fiscalía, cuyo titular es José Luis Cervantes Martínez, las quejas han llegado a través de correos electrónicos institucionales y de los Centros de Justicia, donde ciudadanos relatan haber sido detenidos de manera arbitraria por sujetos que se identifican como agentes de investigación, quienes posteriormente exigen dinero a cambio de no fabricar delitos, no remitir vehículos al corralón o simplemente “dejarlos ir”.

 

Hasta el momento, la FGJEM informó que 10 policías de investigación ya fueron separados de la corporación como parte de estas indagatorias. Sin embargo, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, este anuncio provocó un efecto contrario: las denuncias aumentaron. Tras hacerse pública la investigación, el número de quejas superó ya las 20, lo que deja en evidencia que el problema podría ser mucho más profundo y extendido de lo que inicialmente se reconocía.

 

Las autoridades aseguran que ahora el objetivo es diferenciar a los verdaderos elementos de la corporación involucrados en actos de corrupción, de aquellos individuos que simulan ser agentes de investigación para delinquir, conocidos popularmente como “madrinas”. No obstante, esta línea de investigación despierta suspicacias, ya que al interior de la propia Fiscalía es un secreto a voces la existencia y tolerancia histórica de estas figuras, que operan en los márgenes de la legalidad, muchas veces con protección interna.

 

La autopista México–Pachuca ha sido señalada reiteradamente como un foco rojo de abusos, donde conductores denuncian operativos irregulares, detenciones sin fundamento legal y amenazas veladas o directas. A pesar de ello, los resultados visibles han sido escasos, y las sanciones ejemplares prácticamente inexistentes.

 

Diversos sectores de la sociedad civil cuestionan si esta ofensiva contra la corrupción es un intento real de limpiar la institución, o simplemente una reacción mediática para contener la indignación social, en un contexto donde la desconfianza hacia las corporaciones de seguridad y procuración de justicia se encuentra en uno de sus niveles más altos.

 

La separación de elementos, sin información clara sobre procesos penales, consignaciones o sentencias, resulta insuficiente para una ciudadanía que exige algo más que comunicados. La pregunta que flota en el ambiente es clara:

 

¿habrá consecuencias reales para los responsables o, como ha ocurrido en otras ocasiones, el caso terminará diluyéndose entre investigaciones internas, cambios administrativos y el olvido?

 

Mientras tanto, las denuncias siguen llegando, los automovilistas continúan expuestos y la Fiscalía del Estado de México enfrenta una prueba clave: demostrar con hechos que la corrupción no se combate con discursos, sino con acciones firmes y transparentes.

LOS REYES LA PAZ: EXTORSIÓN CON UNIFORME, EL NEGOCIO QUE SIGUE FLORECIENDO BAJO EL DISFRAZ DE RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

 

*Recuperación de Vehículos: la fachada creada para mantener viva la extorsión policiaca en Los Reyes La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 27 de enero de 2026.– En Los Reyes La Paz, la extorsión policiaca no solo continúa, sino que se perfecciona. Ahora se disfraza de “recuperación de vehículos”, una figura creada no para combatir el robo, sino para mantener intacta la maquinaria de corrupción que durante años ha saqueado a los ciudadanos desde el uniforme.

 

El caso más reciente exhibe con claridad el modus operandi. El policía municipal Dante Flores, adscrito al grupo de Recuperación de Vehículos y conductor de la patrulla 058, detuvo a un motociclista bajo el argumento de que no portaba placa. Sin embargo, el propio oficial fue testigo de cómo la placa se cayó accidentalmente y de cómo el conductor la recogió de inmediato con la intención de reinstalarla. Aun así, el uniformado decidió seguirlo y marcarle el alto.

 

Al ser cuestionado sobre la razón real de la detención, el policía insistió en que debía llevar la motocicleta al corralón, pese a saber que no existía tal falta. Tras un intercambio de palabras, y luego de que el conductor le reclamara por realizar funciones de tránsito —cuando su adscripción no lo faculta para ello—, el oficial cambió de estrategia: ya no vas al corralón, ahora iras ante el juez calificador.

 

El objetivo era evidente: llevarlo a cualquier lugar donde pudiera concretarse la extorsión. Corralón o juez, daba lo mismo. El fin era el mismo de siempre: dinero. El mismo esquema que padecen a diario los conductores que desconocen sus derechos y terminan “arreglándose” para poder continuar su camino.

 

Dante Flores no actuó por error ni por desconocimiento. Actuó como lo que cada vez resulta más evidente: un ratero con placa, que utiliza el uniforme para delinquir. Y lo más grave: no es un caso aislado, es parte de una estructura diseñada para extorsionar.

 

El llamado grupo de Recuperación de Vehículos nació después de que la policía de tránsito municipal, encabezada por Ismael Garduño, alias “El Ardilla”, fuera exhibida en decenas de ocasiones extorsionando a conductores sobre la carretera federal México-Texcoco. La alcaldesa morenista y su esposo, lejos de erradicar la corrupción, simplemente cambió el nombre y el uniforme se porta para cometer los mismos vicios. No se creó para recuperar vehículos robados, sino para que el dinero sucio siguiera fluyendo dentro de la corporación.

 

Este grupo está encabezado por un jefe policiaco ampliamente señalado por corrupción, quien fue despedido durante la administración priista de Cristina González Cruz, tras múltiples denuncias ciudadanas por extorsión. Resulta escandaloso que dicho personaje haya sido recontratado por el actual gobierno morenista encabezado por Martha Guerrero, con el aval político de su esposo Tranquilino Lagos Buenabad. Morena, el partido que presume ser “diferente”, recicló a un policía expulsado por corrupto.

 

Más aún, este regreso no ocurrió sin protección. El jefe extorsionador cuenta con el respaldo del director operativo de Seguridad Pública municipal, Isaías Ramírez Real, alias “El Gallo”, quien en los hechos controla toda la corporación. No es un secreto en los pasillos del ayuntamiento que desde la presidencia municipal se exigen cuotas elevadas producto de las extorsiones, tanto de los policías en la calle como de los jueces calificadores.

 

Por eso “El Gallo” recurrió al mismo personaje expulsado en el gobierno anterior: alguien con experiencia en exprimir a los ciudadanos sin escrúpulos ni límites.

 

En Los Reyes La Paz, la corrupción policiaca no es una desviación: es política pública. Cambian los partidos, cambian los discursos, pero los mismos extorsionadores siguen operando, ahora con la bendición de quienes prometieron ser diferentes y limpiar la casa.

 

El nombre, las fotografías y el historial completo del jefe del grupo de Recuperación de Vehículos —así como las razones precisas por las que fue despedido en la administración anterior— serán revelados en la próxima edición de la revista Expediente Secreto.

 

Porque en este municipio, el verdadero delito no es circular sin placa: el verdadero crimen es creer que el poder puede seguir robando sin consecuencias.

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN EDOMEX: UNA REFORMA BONITA EN EL PAPEL, INVIABLE Y CORRUPTA EN LA REALIDAD

 

*Sin presupuesto, sin personal y con corrupción estructural, la reforma amenaza con quedarse en pura simulación institucional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA, Estado de México, 26 de enero de 2026.- Mientras el Congreso del Estado de México presume el aval a una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para “fortalecer” la búsqueda de personas desaparecidas, en los hechos el discurso oficial vuelve a chocar de frente con una realidad incómoda: no hay presupuesto suficiente, no hay personal capacitado y mucho menos existe una estructura limpia y funcional para cumplir lo que la ley promete.

 

La reforma aprobada pinta un escenario ideal: acceso inmediato a bases de datos biométricos, forenses y administrativos; activación automática de alertas nacionales; fiscalías especializadas con recursos humanos y técnicos de alto nivel; comisiones de búsqueda con estándares internacionales y enfoque psicosocial. Sin embargo, ese entramado institucional simplemente no existe en la práctica o funciona de manera precaria, fragmentada y, en muchos casos, corrompida.

 

Hoy, las comisiones de búsqueda estatales y municipales, cuando existen, operan con plantillas mínimas, sin peritos suficientes, sin analistas de contexto y sin equipamiento básico. Hay áreas donde una sola persona concentra tareas administrativas, de campo y de atención a víctimas, lo que vuelve imposible cumplir con los plazos “inmediatos” que la reforma promete. Hablar de cruces de información masivos y plataformas interconectadas resulta casi cínico cuando ni siquiera hay sistemas informáticos compatibles entre dependencias.

 

El boletín legislativo también omite un punto central: el dinero. La reforma no viene acompañada de una asignación presupuestal clara, etiquetada y suficiente. Sin recursos nuevos, las obligaciones se convierten en letra muerta. Las fiscalías especializadas, lejos de contar con unidades multidisciplinarias robustas, siguen arrastrando rezagos históricos, carpetas empolvadas y expedientes mal integrados que rara vez llegan a juicio, además, la reforma tendría que contemplar la remoción de casi todo el personal que trabaja al interior de las fiscalías del Edomex, debido al alto índice de putrefacción que a lo largo de los años se ha establecido como una forma de trabajo cotidiano.

 

A ello se suma un problema estructural que el discurso oficial evita tocar: la corrupción rampante. El acceso indiscriminado a bases de datos sensibles, en un contexto donde no existe un instituto sólido de protección de datos personales ni controles internos efectivos, abre la puerta a filtraciones, uso indebido de información y hasta colusión con redes criminales. La advertencia de algunos diputados de la entidad no es menor: hoy no hay certeza de quién maneja los datos, cómo los usa ni con qué fines.

 

En el terreno, colectivos de familiares de desaparecidos siguen denunciando simulación, trato insensible y revictimización. Las búsquedas inmediatas muchas veces no ocurren; los registros forenses están incompletos o desactualizados; las fosas comunes carecen de información confiable; y los convenios de colaboración entre instituciones suelen quedarse en firmas protocolarias sin impacto real.

 

La promesa de personal “altamente capacitado con estándares internacionales” contrasta con policías mal pagados y sin formación especializada. La supuesta coordinación entre Guardia Nacional, policías estatales y municipales rara vez se traduce en operativos eficaces; por el contrario, prevalece la desorganización y la falta de liderazgo.

 

En resumen, la iniciativa avalada por el Congreso no resuelve el problema de fondo: un Estado sin capacidad operativa, sin recursos suficientes y con instituciones minadas por la corrupción. La reforma luce bien en comunicados y discursos, pero para miles de familias que buscan a sus desaparecidos, sigue siendo una promesa vacía.

 

Sin voluntad real, presupuesto transparente y una depuración profunda de las instituciones, la búsqueda de personas en el Estado de México seguirá atrapada entre la simulación legislativa y una realidad que, día tras día, sigue desapareciendo personas sin que el Estado sea capaz de encontrarlas.

EJECUCIÓN FRENTE A LA POLICÍA EXHIBE COLAPSO TOTAL DE

 LA SEGURIDAD EN LOS REYES LA PAZ

 

*Doble ejecución a metros de una base policial exhibe omisión, colapso operativo y posible complicidad del gobierno municipal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 26 de enero de 2026.— La violencia criminal volvió a humillar al gobierno municipal de Morena en Los Reyes La Paz. La tarde del pasado viernes 23 de enero, dos jóvenes fueron ejecutados a balazos dentro de una vulcanizadora ubicada en la colonia Flores Magón, en un ataque directo, certero y brutal, que terminó con disparos en la cabeza y el rostro de las víctimas.

 

El doble homicidio ocurrió en el cruce de las calles Jesús García y Narciso Mendoza, a escasos metros de la Subdirección Operativa de Seguridad Pública municipal, un punto donde se concentra el subdirector operativo Isaías Ramírez Real, alias “Gallo”, quien en los hechos ejerce el control de la corporación, mientras que el comisario, el contraalmirante Eduardo Fouilloux Bataller, es señalado como una figura meramente decorativa, sin mando real ni resultados visibles.

 

La cercanía con la base policial no fue obstáculo alguno para los sicarios, quienes actuaron con total impunidad, ejecutaron a los jóvenes y huyeron sin ser detenidos. La escena no solo evidenció la ausencia de reacción policiaca, sino también la pérdida absoluta del control territorial por parte de las autoridades municipales.

 

Para agravar aún más el escenario, los agresores tuvieron tiempo suficiente para dejar un narcomensaje, presuntamente firmado por un grupo delictivo, en el que anuncian el inicio de una “limpia” contra vendedores de droga sin autorización. El mensaje confirma una disputa criminal abierta por el control del narcomenudeo en la zona, mientras el gobierno municipal permanece paralizado, omiso o, peor aún, rebasado.

 

Aunque el ayuntamiento presume la implementación de las llamadas Mesas de Construcción de la Paz, la realidad es demoledora: los delitos de alto impacto continúan ocurriendo incluso frente a instalaciones policiacas. Las mesas no construyen paz, solo sirven como discurso para encubrir el fracaso rotundo de la estrategia de seguridad.

 

La responsabilidad política es directa y tiene nombre y apellido. La administración de la presidenta municipal Martha Guerrero carga con este baño de sangre, así como su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, señalado por vecinos de estar más ocupado en tejer presuntos acuerdos con el nuevo líder del grupo criminal Sindicato 22 de Octubre, Héctor Becerril, que en atender la crisis de violencia.

 

Habitantes denuncian que, gracias a esa cercanía, dicho grupo controla la venta de pipas de agua a precios de hasta 1,700 pesos, mientras Tranquilino Lagos se mueve con total tranquilidad y acumula poder económico, presuntamente ligado a estos acuerdos, en un municipio donde la violencia se normaliza y el crimen organizado opera sin disimulo.

 

Vecinos de la zona acusan falta de prevención, reacción tardía y una alarmante ausencia de resultados. Los homicidios se acumulan, las ejecuciones se repiten y la ciudadanía permanece atrapada entre balas, miedo y un gobierno que no responde. El discurso oficial está completamente rebasado por la realidad de las calles.

 

La ejecución de dos jóvenes frente a una base policial no solo refleja el poder del crimen organizado en Los Reyes La Paz, sino que desnuda la incapacidad, negligencia y posible complicidad del gobierno municipal para garantizar la seguridad. La población sigue expuesta, abandonada y sin protección efectiva, mientras la violencia avanza y la autoridad simplemente observa.

ECATEPEC: PROPAGANDA OFICIAL, MIEDO REAL Y LA HERENCIA

 CRIMINAL QUE NADIE QUIERE EXPLICAR

 

*Mientras el gobierno presume “avances”, Ecatepec sigue encabezando la lista del miedo y mantiene asesores señalados por corrupción y vínculos criminales.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 24 de enero de 2026.— En Ecatepec no hay milagros en materia de seguridad, hay propaganda. Y mientras la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez intentan vender una narrativa de éxito, la realidad —respaldada por datos oficiales del INEGI— los exhibe como lo que son: un gobierno que pretende engañar a la ciudadanía con cifras maquilladas y discursos huecos.

 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) es demoledora: Ecatepec sigue siendo el municipio con mayor percepción de inseguridad en el Estado de México, con un 88.0 % de su población adulta que se siente insegura. No hay matiz posible: es el peor lugar para vivir sin miedo entre los municipios evaluados.

 

Celebrar una supuesta reducción de 88.8 % a 88.0 % no solo es ridículo, es ofensivo. Es pretender convencer a una población aterrorizada de que ocho décimas equivalen a un cambio real. No lo son. Son ruido estadístico usado como coartada política.

 

Mientras otros municipios lograron reducciones visibles, Ecatepec permanece atrapado en el fondo del abismo. Y, aun así, la alcaldesa de Morena, Azucena Cisneros presume reducciones espectaculares en casi todos los delitos, respaldada dócilmente por la FGJEM, que habla de caídas del 25 % en delitos de alto impacto y del 33 % en homicidios dolosos.

 

La contradicción es brutal: si todo va tan bien como dicen, ¿por qué casi nueve de cada diez habitantes siguen viviendo con miedo? La respuesta está en lo que el gobierno calla, oculta o normaliza.

 

Azucena Cisneros no ha logrado —ni ha querido— sacudirse la sombra de Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa” o “El Doctor”, a quien mantiene como asesor en seguridad pública municipal. Un personaje que, de acuerdo con documentos de inteligencia y reportajes publicados por diversos medios de comunicación, ha sido señalado como presunto constructor de una red de policías corruptos y extorsionadores, dedicada durante años al cobro de derecho de piso para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

No se trata de chismes ni de rumores de café. Son señalamientos documentados, conocidos en los círculos de seguridad, que jamás han sido aclarados públicamente por el gobierno municipal. La alcaldesa guarda silencio, la fiscalía mira hacia otro lado y el gobierno estatal finge que no ve.

 

¿Con qué autoridad moral se habla de “pacificación” cuando el principal asesor en seguridad carga con un historial de acusaciones ligadas a la corrupción policial y al crimen organizado?

¿Con qué cara se presume coordinación institucional cuando los fantasmas del pasado siguen dictando la estrategia del presente?

 

El lunes pasado, la gobernadora Delfina Gómez encabezó una Mesa de Paz en el C5 de Ecatepec junto al fiscal José Luis Cervantes y la alcaldesa Cisneros. Hablaron de trabajo en equipo, de bienestar y de avances. Nada dijeron sobre La Jirafa. Nada dijeron sobre la desconfianza ciudadana. Nada dijeron sobre por qué Ecatepec sigue siendo sinónimo de miedo.

 

La ENSU no miente. La gente no se siente más segura, y eso pulveriza cualquier boletín triunfalista. La percepción no se construye con conferencias ni con mesas de paz para la foto; se construye cuando la ciudadanía deja de ser extorsionada, asaltada y asesinada.

 

Hablar de un “primer quiebre en la inercia delictiva” es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una mentira deliberada. Porque mientras no se rompan los pactos no dichos, mientras no se expliquen las asesorías oscuras y mientras no se depure de verdad a las corporaciones, no habrá paz posible.

 

En Ecatepec no falla la percepción: falla el gobierno. Falla la alcaldesa que presume logros inexistentes. Falla la fiscalía que valida el discurso sin convencer a nadie. Y falla el gobierno estatal que prefiere cerrar filas antes que decir la verdad.

 

La inseguridad no se combate con propaganda. Y el miedo no se borra con cifras maquilladas. 

HIGINIO MARTÍNEZ Y EL ANTORCHISMO: LA ALIANZA QUE EXHIBE LA DESESPERACIÓN DE UN CACIQUE POLÍTICO

 

*Presuntos acuerdos con Antorcha Campesina revelan el intento del senador con licencia por reventar a Morena desde dentro

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 23 de enero de 2026.- Higinio Martínez Miranda atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera política. El senador con licencia, acostumbrado a asumirse como el gran patriarca de Morena en el Estado de México, parece no haber digerido que sus ambiciones de convertirse en gobernador se encuentran prácticamente sepultadas. La realidad política lo rebasó, y hoy, sus propios discípulos avanzan sin él, dejándolo atrapado en el resentimiento y la desesperación.

 

Martínez Miranda, quien presume cinco décadas de militancia en la “izquierda”, ha construido su trayectoria bajo la lógica del control absoluto. Desde su primer gobierno en Texcoco, se apropió de espacios estratégicos de poder político, económico y territorial, consolidando un cacicazgo que durante años operó sin contrapesos. Sin embargo, el tiempo pasó y el poder comenzó a diluirse.

 

Ante la imposibilidad de ser el candidato de Morena a la gubernatura mexiquense, el senador con licencia habría optado por un camino que contradice todo su discurso histórico: reactivar viejos y oscuros acuerdos con la dirigencia de Antorcha Campesina, organización identificada durante décadas con el PRI, la violencia política y la imposición territorial.

 

El giro resulta tan cínico como revelador. Quien durante años utilizó al antorchismo como enemigo retórico para fortalecer su narrativa de “izquierda democrática”, hoy estaría dispuesto a pactar con esa misma organización con tal de recuperar influencia y golpear a su propio partido.

 

UNA ALIANZA CON HISTORIAL DE SANGRE E IMPUNIDAD

 

Para Texcoco y para amplios sectores del Estado de México, Antorcha Campesina no es una organización cualquiera. Su historial está marcado por episodios de violencia extrema, uno de los más recordados ocurrió cuando el antorchismo tomó el control de la Universidad Autónoma Chapingo, en el contexto de la conformación de su sindicato.

 

En aquellos hechos, encabezados por su líder vitalicio Aquiles Córdova Morán y Juan Manuel Celis Aguirre, actual líder del Antorchismo en el Estado de Puebla. En los acontecimientos se registraron nfrentamientos que derivaron en la muerte de estudiantes ajenos al conflicto. A pesar de la gravedad, la organización logró, como en otras ocasiones, imponer la impunidad mediante presión política, marchas, bloqueos y chantajes al Estado, hasta consolidar su control en la universidad.

 

Es con esa organización —acusada de operar bajo métodos violentos y autoritarios— con la que hoy Higinio Martínez estaría dispuesto a caminar de la mano, aunque eso implique pisotear su pasado, su discurso y la memoria de quienes murieron en esos episodios.

 

REUNIONES DISCRETAS Y REACOMODOS ESTRATÉGICOS

 

De acuerdo con información proveniente de fuentes internas del antorchismo, Higinio Martínez Miranda ha sostenido reuniones privadas y extremadamente discretas con personajes clave de la organización, entre ellos: Romero Aguirre Eruviel, Brasil Acosta, Abel Rodríguez Zamora, Telesforo García Carreón y Maricela Serrano.

 

Para evitar filtraciones, la dirigencia de Antorcha Campesina habría ordenado una reingeniería interna de Antorcha Campesina: Telesforo García Carreón asumió la dirigencia nacional, Antonio Sacarías fue designado dirigente en el municipio de Chimalhuacán, Saúl Torres tomó la dirigencia en el municipio de Toluca, Rosalba Pineda fue colocada al frente del sector campesino en la capital mexiquense.

 

El movimiento más significativo fue el castigo político contra Maricela Serrano, histórica líder en el municipio de Ixtapaluca, quien fue removida del Estado de México y enviada fuera de la entidad. Según una fuente interna que solicitó el anonimato, Serrano habría violado acuerdos del Comité Directivo Nacional al tomar decisiones junto a su esposo, Jesús Tolentino Román Bojórquez, al margen de los acuerdos de la dirigencia.

 

¿HASTA DÓNDE ESTÁ DISPUESTO A LLEGAR HIGINIO MARTÍNEZ?

 

La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde pretende llegar Higinio Martínez Miranda en su obsesión por el poder? ¿Está dispuesto a vender su discurso, su historia y su partido con tal de satisfacer una ambición personal que el propio Morena ya le negó?

 

Lo que hoy se perfila no es una estrategia política legítima, sino un intento por reventar a Morena desde dentro, aliándose con una organización históricamente opuesta a los principios que dice defender. En su caída, el senador con licencia parece dispuesto a arrastrar todo a su paso, incluso si eso implica sepultar al partido que le dio todo en el Estado de México.

 

La historia lo juzgará no por lo que fue, sino por lo que hoy está dispuesto a hacer.

FRACASO, DIVISIONES Y SOMBRAS CRIMINALES: EL RIDÍCULO DEL

 PARTIDO VERDE EN LOS REYES LA PAZ

 

*Del discurso triunfalista al vacío ciudadano: el Verde se desmorona en el oriente mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 22 de enero de 2026.-

Lo que pretendía ser un acto de fortalecimiento político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el oriente del Estado de México terminó convertido en un espectáculo bochornoso que exhibió, sin maquillaje, la profunda crisis, el descrédito social y las graves acusaciones que hoy persiguen a ese instituto político.

 

Alrededor de las 3 de la tarde, el dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Counttolenc Buentello, se presentó en la colonia San José las Palmas, acompañado del exdiputado Priista Alan Castellanos Ramírez. Quien ahora se ostenta como líder del Partido Verde, en la localidad, sin embargo, el evento fue un rotundo fracaso: apenas unas 20 personas acudieron al llamado, dejando en evidencia que el Verde no solo carece de estructura real en Los Reyes La Paz, sino que su discurso triunfalista está completamente desconectado de la realidad.

 

El propio Counttolenc, quien suele presumir en entrevistas y redes sociales que el Partido Verde es “la segunda fuerza política” en la entidad mexiquense, terminó contradiciéndose al reconocer públicamente que en municipios como Los Reyes La Paz no han sabido elegir a buenos dirigentes. La declaración no solo sacudió al propio Alan Castellanos, sino que también fue una alusión directa a Román Rico González, quien se ostenta como dirigente local del PVEM, pero cuya figura genera rechazo incluso dentro de su propio partido.

 

Las divisiones internas del Verde en este municipio son inocultables. A Rico González no le perdonan que, durante la pasada contienda electoral, operara políticamente para el PRI, impulsando a Cristina González Cruz, una traición que dejó heridas abiertas y fracturó aún más a una estructura partidista ya de por sí endeble y desacreditada.

 

No obstante, el desaire ciudadano va mucho más allá de pleitos internos o malas decisiones administrativas. El verdadero motivo del repudio social hacia el Partido Verde tiene nombre y apellido, y se relaciona con graves señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada.

 

José Alberto Counttolenc Buentello ha sido señalado de haber incorporado a las filas del Partido Verde a integrantes del grupo criminal conocido como “El Sindicato 22 de Octubre”, organización que opera en diversos municipios del oriente mexiquense y que ha sido identificada por las autoridades como responsable de delitos de alto impacto.

 

El líder de dicho grupo es Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, quien fue regidor del Partido Verde en Chalco y, al mismo tiempo, líder del grupo delictivo autodenominado Sindicato 22 de Octubre. Castillo Grimaldo fue detenido en noviembre de 2025 y vinculado a proceso por delitos graves como extorsión, secuestro exprés y robo de agua (huachicoleo), además de ser señalado presuntamente por diversos homicidios cometidos contra personas que se negaron a pagar las cuotas impuestas por esta organización criminal.

 

Lo que ha generado una indignación aún mayor entre la ciudadanía no es solo la infiltración del crimen organizado en un partido político, sino la actitud del propio dirigente estatal del Verde. De acuerdo con diversos testimonios y registros públicos, Pepe Counttolenc se refería a “El Jimmy” como su “hermano”, una expresión que, lejos de ser anecdótica, confirma la cercanía política —y moral— con un personaje hoy encarcelado por delitos que han lastimado profundamente a comunidades enteras.

 

Para muchos habitantes de Los Reyes La Paz, el vacío en San José las Palmas no fue casualidad ni apatía: fue un acto de rechazo consciente. La gente simplemente no quiso respaldar a un partido que, en lugar de representar causas ambientales o sociales, aparece cada vez más ligado al oportunismo, la traición política y las sombras del crimen organizado.

 

El evento de este jueves dejó una lección clara: no basta con discursos triunfalistas ni con autoproclamarse “segunda fuerza” cuando en el territorio la realidad es otra. El Partido Verde enfrenta una crisis de credibilidad profunda, y mientras su dirigencia siga apostando al poder por el poder, ignorando el hartazgo ciudadano y los señalamientos criminales que lo rodean, sus actos seguirán vacíos y su futuro político, cada vez más comprometido.

EL ORO: EL COLAPSO DE UN MUNICIPIO MORENISTA Y LA SOBERBIA DEL PODER

 

*El Oro, ejemplo del desgaste de la 4T: presupuesto como botín y ciudadanía harta de abusos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 21 de enero de 2026.— Lo que ocurre en El Oro ya no es una diferencia política ni un conflicto administrativo menor: es el retrato de un municipio al borde del colapso institucional, gobernado con autoritarismo, opacidad y desprecio por la ley. La intervención del Gobierno del Estado de México no fue un gesto de buena voluntad, sino la confirmación de que la crisis estalló y rebasó todos los límites.

 

Que el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, haya tenido que sentarse con la alcaldesa morenista Juana Elizabeth Díaz Peñaloza para “revisar la situación” y abrir diálogo, es la prueba más clara del fracaso de su administración. La bomba no solo explotó: dejó al descubierto un Ayuntamiento paralizado, enfrentado internamente y sin capacidad para garantizar lo más básico a la población.

 

Cinco regidores y el síndico municipal no acudieron a los medios por capricho político. Lo hicieron después de constatar que El Oro vive una situación de ingobernabilidad: sin agua potable, con el alumbrado público apagado durante semanas y con la recolección de basura prácticamente detenida. Todo ello, bajo la mirada pasiva —cuando no cómplice— de una presidenta municipal que ha optado por imponer decisiones unilaterales en lugar de gobernar conforme a la ley.

 

El Artículo 115 constitucional es claro: los municipios están obligados a garantizar agua, alumbrado y limpia. En El Oro, esos derechos han sido vulnerados de manera sistemática. El desabasto de agua comenzó desde noviembre de 2025, cuando trabajadores del organismo operador estallaron una huelga por falta de pago. Desde entonces, el servicio es irregular, errático y humillante para la población.

 

En diciembre, el municipio se sumió en la oscuridad. Varias semanas sin alumbrado público golpearon al comercio y al turismo en plena temporada alta. El Oro, Pueblo Mágico y punto estratégico para el avistamiento de la mariposa monarca, vio desplomarse su actividad económica mientras el gobierno municipal demostraba una alarmante incapacidad para resolver lo elemental.

 

Pero el desastre no termina en los servicios. Al caos operativo se suma un grave desorden financiero y administrativo. Intentos de destitución del tesorero, del oficial mayor y de otros directores sin la aprobación del Cabildo; nombramientos de encargados de despacho sin sustento legal; y sesiones de Cabildo realizadas sin el sello del secretario del Ayuntamiento, poniendo en duda su validez jurídica. Es decir, un gobierno que actúa fuera de la norma y que erosiona deliberadamente la legalidad.

 

La acusación más delicada es directa: se le quitó el control del token al tesorero municipal, usurpando funciones que por ley le corresponden. “Se están usurpando funciones”, denunciaron el síndico Ubaldo Velázquez y los regidores Agustín Bastida, Melissa González, Fernanda Gutiérrez, Erika Rodríguez y Dolores González. No es un señalamiento menor: es la base de cualquier posible desvío o manejo discrecional de los recursos públicos.

 

A ello se suma una denuncia formal por presuntas irregularidades en la Hacienda municipal, específicamente por montos que no habrían ingresado a la Tesorería pese a estar contemplados en la Ley de Ingresos. Transparencia cero, rendición de cuentas inexistente.

 

El punto más crítico llegó entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, cuando regidores y funcionarios denunciaron que se les impidió el acceso a las oficinas del Ayuntamiento, incluso con presencia de fuerza pública. Oficinas cerradas por orden de la alcaldesa, imposibilidad de retirar sellos oficiales y un ambiente descrito como de “autoritarismo total”. No es gobernar: es clausurar la vida institucional del municipio.

 

Y mientras el Cabildo buscaba una salida legal, incluso presentando una propuesta de destitución ante el Congreso local con acompañamiento inicial del Gobierno estatal, el proceso se estancó. ¿La razón? La presidenta municipal desconoció los acuerdos y, según el síndico, llegó a afirmar que “no recibe órdenes de ningún secretario ni de la gobernadora”. Una declaración que, de confirmarse, revela no solo soberbia, sino un abierto desafío al orden constitucional del Estado de México.

 

Como si el deterioro institucional no fuera suficiente, los regidores denunciaron haber recibido llamadas con amenazas y solicitaron protección. El conflicto dejó de ser administrativo y entró en un terreno peligroso, donde la intimidación sustituye al diálogo y la ley.

 

Las manifestaciones recientes frente al Palacio de Gobierno municipal no fueron, según los ediles, producto de grillas partidistas. Son el reflejo de una ciudadanía harta de la ingobernabilidad, del abandono y de un gobierno que no escucha ni resuelve.

 

El Oro hoy es un ejemplo incómodo para Morena y para el discurso oficial de “buen gobierno”. Un municipio sin servicios, sin legalidad y sin rumbo, gobernado desde la cerrazón y la imposición. La pregunta ya no es si el Ejecutivo estatal debe intervenir, sino hasta cuándo permitirá que la soberbia de una alcaldesa siga hundiendo a un municipio entero.

 

A este escenario de caos se suma un patrón que ya resulta familiar en los gobiernos emanados de Morena: la idea de que el presupuesto público es propiedad del grupo en el poder. En El Oro, como en muchos otros municipios gobernados por la llamada 4T, la administración actúa como si los recursos no pertenecieran a la ciudadanía, sino a una camarilla política que decide, dispone y oculta sin rendir cuentas.

 

No es casualidad que la molestia social haya escalado a manifestaciones públicas en las que los habitantes han exigido abiertamente la destitución de la presidenta municipal. Aunque los cargos de elección popular son legalmente irrevocables, las protestas son un termómetro inequívoco: la gente está harta de los abusos, de la soberbia y del saqueo disfrazado de “transformación”.

 

El mensaje ciudadano es claro: El Oro no está en crisis por falta de recursos, sino por un gobierno que perdió el rumbo, que cerró las puertas al diálogo y que gobierna de espaldas a la población. La narrativa oficial se desmorona cuando no hay agua, cuando el municipio queda a oscuras, cuando la basura se acumula y cuando el dinero público se maneja con opacidad.

FGJEM: ASALTO INSTITUCIONAL EN LA MÉXICO-PACHUCA

 

* Extorsión, abuso de poder y persecuciones ilegales convierten a la México-Pachuca en un corredor de asaltos con respaldo institucional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 21 de enero de 2026.– La carretera México-Pachuca libre se ha convertido en un territorio sin ley donde no mandan los delincuentes comunes, sino policías de investigación y madrinas adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes operan una red sistemática de abusos, detenciones arbitrarias y extorsiones contra ciudadanos que transitan por los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

 

Lejos de combatir al crimen, los hampones con placa han hecho de esta vía federal un corredor de cacería, aprovechando tramos sin cámaras de vigilancia para interceptar automovilistas, intimidarlos y despojarlos de dinero bajo amenazas fabricadas.

 

Uno de los casos más recientes quedó documentado en un video difundido en redes sociales, donde se observa cómo una camioneta evade a presuntos agentes de investigación. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un mes en un tramo federal de la México-Pachuca y se extendieron incluso hasta los límites con el estado de Hidalgo, evidenciando que estos grupos actúan fuera de su jurisdicción y sin coordinación con autoridades hidalguenses, como si se tratara de una banda criminal itinerante con respaldo institucional.

 

El afectado relató que ese día se dirigía de una plaza comercial en Tecámac hacia Tizayuca, Hidalgo, después de retirar dinero de una sucursal bancaria. Durante el trayecto, sujetos armados intentaron detenerlo en un punto ciego, sin vigilancia, lo que le generó sospecha y temor. Al no detenerse, fue perseguido durante varios kilómetros dentro del territorio hidalguense, hasta que los agresores regresaron al Estado de México.

 

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el denunciante aseguró haber sido hostigado en repetidas ocasiones, incluyendo revisiones arbitrarias de su teléfono celular en zonas comerciales y constantes detenciones en el mismo tramo carretero. El nivel de acoso fue tal que tomó una decisión extrema: vender su camioneta a un precio muy por debajo de su valor real para no volver a circular por la zona y proteger su vida y la de su familia.

 

“YA NO PUEDO NI PASAR POR AHÍ NI IR AL BANCO EN TECÁMAC; DIARIO ESTÁN EN ESA ÁREA”, AFIRMÓ.

 

Estas prácticas, denunciaron los afectados, son comunes dentro de la Policía de Investigación, siempre acompañados de madrinas que abundan al interior de la FGJEM. Lo más grave es que, según los testimonios, el fiscal general del Estado de México, José Luis Martínez Cervantes, tiene pleno conocimiento de estas operaciones y las permite, ya que este esquema de extorsión sirve para engrosar los bolsillos de comandantes regionales, mandos de alto nivel y del propio fiscal, a quien los denunciantes señalan directamente como parte de la cadena de corrupción.

 

El patrón se repite: fabricación de delitos, intimidación y amenazas. El ciudadano afirmó que un amigo suyo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía únicamente por haber tomado una fotografía, mientras que un familiar fue detenido por supuestas irregularidades en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

 

En este último caso, los agentes exigieron 45 mil pesos para no ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación, además de amenazarlo con sembrarle droga.

 

“Si no aflojas, ellos mismos te denuncian y se hacen pasar por víctimas”, sentenció el denunciante, quien sostuvo que estas extorsiones se realizan con el conocimiento de mandos superiores y dentro de las propias instalaciones de la Fiscalía, lo que confirma un esquema de delincuencia institucionalizada.

 

Las denuncias coinciden en que este patrón de conducta se repite en distintos municipios del Valle de México, especialmente en la zona oriente y en vías de alta afluencia vehicular, casualmente donde no hay cámaras de seguridad.

 

Ante esta situación, los afectados exigieron la intervención inmediata de autoridades estatales y federales para investigar a fondo a la FGJEM y frenar lo que califican como un sistema de asalto oficializado contra la ciudadanía.

 

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México guarda silencio, confirmando con su omisión la percepción de impunidad y corrupción que hoy convierte a la México-Pachuca no en una vía de comunicación, sino en un campo de extorsión bajo el amparo del Estado.