LLEGÓ LA HORA DE TOCAR LA PUERTA MÁS ARRIBA
Por: Héctor De Mauléon
Ciudad de México, publicado el 15 de julio de 2025.- Si
alguien respiró con alivio cuando a mediados de junio el presidente
estadounidense Donald Trump abandonó intempestivamente el G7 porque
se pensó que, de ese modo, la presidenta Claudia Sheinbaum quedaba a
salvo de alguna majadería, de alguna agresión o de algún desplante, la ausencia
de Trump fue en realidad la calma que precedía a la peor de las
tormentas.
De las negociaciones que el gobierno estadounidense
lleva con el narcotraficante Ovidio Guzmán se ha desprendido la
información que indica que el Cártel de Sinaloa lavó dinero en tres
instituciones y las sanciones que restringen las operaciones de CIBanco,
Intercam y Vector Casa Bolsa, propiedad esta última del empresario Alfonso
Romo, jefe de la oficina de la Presidencia durante los primeros años del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dichas instituciones han sido acusadas de haber permitido
operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Según la Red de
Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, estas firmas
constituyen “una preocupación principal por lavado de dinero en relación con
el tráfico de opioides”. Los datos en poder del gobierno estadounidense
revelan una estructura mediante la cual el Cártel de Sinaloa lavó activos
millonarios.
Aunque se ha concedido un plazo de 45 días antes de que estas
restricciones sean aplicadas, lo verdaderamente grave es que Estados Unidos ya
está investigando al sistema financiero mexicano. Es un hecho el retiro de
visas a titulares y familiares de las instituciones que han sido involucradas.
A principios de esta semana vino del norte otra estocada. A
pesar de la cauda de detenciones y aseguramientos anunciados diariamente por el
secretario Omar García Harfuch, Trump anunció la imposición
de aranceles de 30 por ciento a todos los productos mexicanos a
partir del 1 de agosto. En una carta enviada a la presidenta mexicana, el
mandatario recalcó que México no ha hecho lo suficiente para detener
a los cárteles “que intentan convertir toda América del Norte en un parque de
tráfico de narcóticos”.
El anuncio se dio a pesar de que desde el viernes una
delegación mexicana había llegado a Estados Unidos a negociar la imposición de
aranceles. El mensaje, a la vista de las señales enviadas una y otra vez por el
gobierno de Donald Trump, es absolutamente transparente: México asegura miles
de kilos de narcóticos, desmantela laboratorios clandestinos, asesta golpes
históricos al tráfico de huachicol en puertos, en la red ferroviaria,
en bodegas cercanas a los puntos de cruce fronterizo y a las instalaciones
de Pemex.
Pero las complicidades políticas y empresariales no han sido
desmanteladas. Siguen intactas.
Hace unos días se aseguraron en Coahuila 129
carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible de
procedencia ilícita, el mayor decomiso de hidrocarburos de que hay registro.
Grandes aseguramientos se han llevado a cabo en Cunduacán, en
Ensenada, en Altamira, en Comalcalco, en Villahermosa y en Coatzacoalcos. Los
que brillan por su ausencia son los responsables de un quebranto que según
el Observatorio Ciudadano de Energía entre 2018 y 2024 —los años en
que según López Obrador se había acabado el huachicol— ascendió a 17,300
millones de dólares.
Para Estados Unidos, la fuente de financiamiento más
importante para los cárteles mexicanos, además del fentanilo, es el
huachicol. Desde el sexenio pasado comenzó a seguir las redes de las que se
beneficiaron funcionarios y políticos. Su estrategia ha consistido en debilitar
financieramente a estos grupos: en mayo pasado sancionó empresas de César
Morfín Morfín, El Primito, líder del CJNG, quien fue señalado como
operador de una gran red de tráfico que abarcaba cinco estados e involucraba el
transporte, la importación y la distribución de hidrocarburos, fentanilo y
precursores químicos obtenidos en China.
El huachicol llega a Estados Unidos a través de corredores
mexicanos, aseguró el gobierno de Trump. El reciente hallazgo de una minirrefinería
en Veracruz, construida a principios del gobierno de López Obrador, que operaba
sin permisos y de la que extrañamente nadie tuvo noticia en seis años (se
encontraron ahí 500 mil barriles de crudo: la gobernadora Rocío Nahle dijo
que solo era “una mezcladora de aceites”), y la revelación de Mexicanos
contra la Corrupción de que durante la construcción del AIFA la Sedena pagó
500 millones de pesos a una firma vinculada con el tráfico de huachicol y otros
crímenes financieros, no hacen sino confirmar la información que Estados Unidos
ya tiene en su poder: que “no se ha hecho lo suficiente” porque en todo esto
hay mar de fondo.
Que no basta con detener a los guardianes de las bodegas. A
los operadores. A los transportadores de droga y de combustible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario