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CACHAN EN LA MOVIDA AL DIF EN VARIOS ESTADOS: “APOYAN” A MUERTOS

 

*Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca son algunos estados que tienen a personas fallecidas en las listas de apoyos del DIF, revela auditoría oficial. Millones de pesos siguen pendientes de aclaración

 

*Personas fallecidas en las listas de apoyo, práctica que persiste.

 

Por: Áxel Chávez

Ciudad de México. 11 de julio de 2025– La práctica de otorgar recursos del DIF a personas fallecidas no es nueva, pero persiste según las pesquisas de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Esta irregularidad fue detectada al revisar el origen de los recursos, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

 

Por ejemplo, en Veracruz, el DIF destinó 3 millones 469 mil 800 pesos para mil 496 personas fallecidas, a través de los programas Alimentación Escolar Fría, Alimentación Escolar Caliente, Atención Alimentaria en los primeros 1,000 Días, Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios y Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre.

 

Según el registro del DIF, durante el último año del morenista Cuitláhuac García, esta instancia validó que menores en edad escolar consumieron alimentos para mejor su estudio nutricional, a través de desayunos que consistían en leche, cereal integral, fruta deshidratada y oleaginosas, además de que igualmente recibían menús de alimentos frescos para asegurar su desarrollo físico y mental.

 

Se trataba de alumnos en zonas marginadas o con alto grado de rezago social, pero mientras los registros los anotaban como beneficiarios, y se cargaba el costo de un consumo a su nombre, los supuestos niños ya habían fallecido.

 

García fue gobernador de Veracruz desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2024.

 

El caso no es exclusivo de Veracruz: otras entidades tienen dinero pendiente por comprobar, aunque 16 incurrieron en esta acción detectada por la ASF y parte del primer informe de observaciones de la cuenta pública 2024.

 

Tampoco es una práctica nueva: en enero, se reveló que durante 2023 –tras la revisión de las tres entregas de la cuenta pública correspondientes a ese año– al menos 12 entidades tenían en su padrón de beneficiarios de programas sociales a personas muertas, y que a nombre de ellos se entregaron despensas o apoyos económicos que, en conjunto, ascendieron a 18 millones nueve mil 825.93 pesos.

 

Esos decesos no sólo ocurrieron en el año por el que fueron auditados los gobiernos estatales, sino que hubo casos en los que desde 2010 existía un acta de defunción que confirmaba el estatus de los “beneficiarios” a cuyos nombres se seguían “emitiendo” apoyos, según la serie de inspecciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a los estados por los recursos que recibieron en 2023 del FAM, cuyo objetivo debe ser contribuir al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria, para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad.

 

Además de Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tabasco, Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León Yucatán y Oaxaca estuvieron entre las entidades con recursos cargados para apoyos a nombres de personas muertas en 2023 y algunas de ellas repitieron la anomalía en 2024, siempre a través de los sistemas DIF.

 

En este último año, la ASF descubrió que los supuestos beneficiarios eran personas que ya habían fallecido, porque cotejó las listas que les proporcionó cada sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con las bases de datos de la Secretaría de Salud (SS), la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la matrícula de la Secretaría de Educación Pública (SEP), debido a que entre los “apoyos” estaban los de alumnos en condiciones de vulnerabilidad.

 

También en el último año del emecista Enrique Alfaro, el DIF de Jalisco tuvo registrados a 841 beneficiarios ya fallecidos de los programas Alimentación Escolar, Alimentación a Grupos Prioritarios, y Atención a Grupos Prioritarios, Primeros 1,000 Días. En ellos, la “justificación presupuestal” fue un gasto de un millón 850 mil pesos, que ahora el gobierno estatal debe acreditar o reintegrar a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

 

En la Ciudad de México, la ASF halló que “se otorgaron” desayunos a 69 beneficiarios identificados como decesos de ejercicios fiscales anteriores y en 2024 el gasto ascendió a 189 mil 800 pesos; sin embargo, durante la inspección, la administración capitalina justificó las entregas para 28 personas, cuyo costo fue de 77 mil pesos.

 

Nuevamente Baja California Sur tiene que comprobar por qué 27 personas fallecidas recibieron “apoyos” por 79 mil 904.84 pesos.

 

Campeche también otorgó “beneficios” por 33 mil 600 pesos a personas registradas como decesos en la base de datos de la Secretaría de Salud, pero reintegró el dinero a la Tesofe en el transcurso de la auditoría, en tanto que el gobierno del estado de Chiapas debe justificar 839 mil 150.92 pesos que corresponden a “ayudas sociales” para quienes no las recibieron, porque habían muerto, pero igualmente a quienes están fuera del rango de edad para seguir recibiendo apoyos, sin que la auditoría de cumplimiento 574 especifique a qué cantidad corresponde una y otra irregularidad.

 

Colima debe aclarar o reintegrar el uso de 283 mil 158.89 pesos en insumos y dotaciones alimentarias que dio a 85 personas de quienes la Secretaría de Salud tenía confirmación de su muerte, y el gobierno de Morelos debe hacer lo propio con 39 mil 475.18 pesos que emitió a nombre de 14 beneficiarios identificados como decesos.

 

De igual forma en Nuevo León, la ASF presume un posible daño a la hacienda pública federal de 218 mil 867.56 pesos por apoyos de los programas de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios y de Atención Alimentaria en los Primeros 1,000 Días a 43 personas fallecidas.

 

En el último año de gestión del panista Mauricio Vila Dosal en Yucatán, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) incluyó en su lista de apoyos sociales a 1,010 beneficiarios activos que, en realidad, eran personas que ya habían fallecido.

 

Por este posible uso indebido del erario, el ente federal reclama 4 millones 975 mil 178.81 pesos, aunque la observación también considera otros apoyos a mil 181 beneficiarios que no cumplían con el rango de edad establecido, sin especificar el monto que corresponde a una y otra inconsistencia por parte del DIF estatal.