EXTORSIÓN, LA PLAGA DE NUESTRO TIEMPO
Por: Alfonso Zárate
*Será inútil en la medida en que persista la impunidad que
involucra primeramente a las policías y a las fiscalías y después a los
juzgadores.
Junto con el secuestro, la extorsión es uno de los delitos que
más lacera a los ciudadanos. Para hacerse creíble, la intimidación suele estar
acompañada de violencia extrema: desde la quema de instalaciones hasta el
asesinato de quienes se niegan a pagarlas; es, además, un delito que no
reconoce clases sociales, lo mismo afecta a grandes empresarios que a modestos
dueños de una tortillería o a locatarios de un mercado.
El domingo pasado fue asesinado el empresario vitivinícola Ricardo
Vega Cámara, su crimen sacude e indigna, pero se da ante el silencio cobarde de
los organismos empresariales, empezando por el CCE, encabezado por Francisco
Cervantes, que lejos de exigir que las autoridades pongan un alto a las
extorsiones, están muy preocupados por acomodarse para no afectar sus negocios
con el gobierno (con la 4T han multiplicado sus ganancias).
Pero más allá de la notoriedad del empresario Vega Cámara,
están muchos otros homicidios a manos de extorsionadores. El 28 de octubre de
2023 fue asesinado por negarse a pagar la extorsión, Jesús Santiago Barrera,
fundador de Barbacoa Santiago: empezó en 1982 vendiendo barbacoa a pie de
carretera y la convirtió en una verdadera institución dentro de la industria
restaurantera; transcurridos trece meses el crimen sigue impune.
El 30 de julio pasado fue asesinado en Matamoros el presidente
de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, Julio César Almanza,
unas horas después de haber denunciado las extorsiones que sufren los
comerciantes.
Hace unos años, los comerciantes de la costera de Acapulco llamaban
a las autoridades a suspender el cobro de impuestos porque no podían pagar al
mismo tiempo a los extorsionadores y al gobierno, y qué decir de los
productores y exportadores de limón y aguacate en Michoacán que son víctimas
de los criminales ante la inacción de las autoridades.
El Centro Histórico ha sido desde hace décadas uno de los
espacios más lastimados por el cobro de piso. Es muy probable que detrás de los
sospechosos incendios en algunos mercados públicos de la ciudad de
México esté la mano del crimen.
Lo anterior confirma el sinsentido de haber iniciado “una
transformación profunda” al Poder Judicial, sin haber antes emprender la
depuración de las corporaciones policiales y las fiscalías.
En el Congreso de la Ciudad de México se acaba de
aprobar un dictamen que endurece las penas contra el delito de extorsión con 15
agravantes, entre ellas, los montachoques y la amenaza de difundir
vídeos o fotografías con contenido sexual. El delito se castigará con una pena
de 10 a 15 años de prisión y si se comete con agravantes aumentará al doble,
hasta 30 años de cárcel.
Endurecer las penas es un paso importante, pero será inútil en
la medida en que persista la impunidad que involucra primeramente a las
policías y a las fiscalías y después a los juzgadores.
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