EL LUCRATIVO NEGOCIO DE LA AMNISTÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO: LA NUEVA FÁBRICA DE BILLETES DE HUMBERTUS PÉREZ
En efecto, este diario realizó una nueva investigación sobre
los medios de subsistencia del supuesto líder social José Humbertus Pérez quien
resultó absuelto por los cargos penales en su contra en 2020, sin embargo, ha
sido incapaz de transparentar sus ingresos y desmentir los señalamientos sobre
el origen de sus medios de subsistencia durante estos 10 años de supuesto
“activismo”.
De acuerdo con sus simpatizantes, los recursos de Pérez
Espinosa provienen de las supuestas investigaciones científicas y la docencia
que desarrolla en el Instituto de Investigaciones Económicas, Administrativas y
Sociales del Instituto Politécnico Nacional (CIECAS-IPN). No obstante, durante
las investigaciones realizadas por este medio informativo no se encontró a
Pérez Espinosa en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), tampoco se pudo
ubicar algún artículo de su autoría, ni mucho menos se le encontró en los
registros de los docentes del CIECAS (Docentes e Investigadores - IPN).
Lo que sí se pudo obtener son registros en 2015 en los que se
evidencia que Pérez Espinoza ya cobraba cuotas a cambio de apoyar a familias a
través del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, A. C. en
Tecámac, Cuautitlán Izcalli y otros municipios en Jalisco y Chihuahua. Ahora,
ya en libertad, Pérez Espinosa parece haber encontrado otra fuente de
financiamiento o “máquina de hacer dinero” con la Amnistía, utilizando para
ello, la agrupación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A. C.
Cabe destacar que nuestra investigación arrojó que ambas
organizaciones no aparecen en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, por lo que no se pudo obtener información sobre los ingresos
que genera a partir de sus OSC. Esto a pesar que se calcula que se han
generador ingresos de entre 5 y 10 millones de pesos en los últimos años. ¿Será
que se trata de una mentira más y su movimiento carece de reconocimiento
federal para no reportar ingresos?
Turbulencia Política, tuvo acceso a documentos clasificados
y realizó entrevistas sobre el “modelo de negocio” impulsado por Pérez
Espinoza. El esquema de operación consiste en recibir dinero a cambio de
otorgar un servicio en tres etapas: 1) quedar registrado en la “base de datos”
de la organización (la recepción de los documentos y del dinero en efectivo se
realizan en domicilios privados y fuera de escrutinio); 2) ingreso de solicitud
de amnistía por bloques (cobro en mano una vez que se les envía el comprobante
de registro oficial); 3) pago único en caso de resultar beneficiado por la
Amnistía (cobro adicional de 2,500 pesos).
Todo el esquema es controlado por las seis “coordinadoras
regionales" de Presunción de Inocencia, mujeres todas quienes además están
encargadas del contacto directo con los familiares de los internos, del control
de todos los grupos de familiares de las personas privadas de la libertad, del
linchamiento mediático en contra de aquél que se atreva a cuestionar la
ausencia de resultados o de transparencia sobre los recursos del movimiento y
del líder.
En semanas pasadas, el periodista José Contreras entrevistó
a la madre de una mujer privada de la libertad, quien describió puntualmente la
forma de operación. Señaló que el primer contacto para ser enganchado o
enganchada se da vía Facebook, para posteriormente sostener un encuentro personal
con el Licenciado Pérez Espinoza, quien asegura la viabilidad del caso para
obtener la amnistía, aunque el señor sea Licenciado en Economía y no en Derecho
como lo requiere la práctica de defensa legal.
Este proceso, a diferencia del activismo en medios de
comunicación y redes sociales, se hace con el mayor sigilo para tener control
de la información y del flujo de dinero que se otorga. Se cobra por recibir una
asesoría para tramitar un derecho gratuito que al final no ha dado resultados y
que, incluso, ha recibido una respuesta de rechazo a sus solicitudes. En su
búsqueda por identificar a un culpable, ha acusado y vertido el odio de sus
simpatizantes en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(CODHEM), de la Fiscalía General de Justicia (Ricardo Sodi Cuéllar), incluso en
contra de antiguos aliados como Max Correa (legislador de Morena), Antonio Lara
Duque (Zeferino Ladrillero) y Arturo Calva (Resistencia Civil Pacífica), se ha
burlado incluso del activismo de estos últimos afirmando que mienten a sus
seguidores.
Con este modus operandi fraudulento, existen diversos casos
que se
empiezan a documentar de familias con internos en los centros
penitenciarios del Estado de México. Se cuentan con elementos de prueba
relacionados con estos casos, como comunicaciones vía telefónica, mensajes por
medio whatsapp, screenshots de las conversaciones de los grupos, transferencias
bancarias y depósitos a tarjetas
Lejos de ser un activismo genuino, la organización civil se
ha aprovechado de la desesperación de familiares y ha jugado con la esperanza
de que muchos internos en distintos penales del Estado de México recuperen la
libertad. Se espera que en las próximas
semanas se sigan dando a conocer casos de personas que han sufrido de esta
misma problemática ya que muchos no ven avance sobre su proceso.
Ahora, el veracruzano busca desmentir todo lo que él mismo
ha creado, pero su palabra pierde cada vez más el valor entre sus seguidores.
La mayoría de ellos se ha alejado de sus prácticas, por eso ha buscado
desplazarse a otros estados el primero de ellos: Tlaxcala.
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