CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE MÉXICO EXIGE SE FRENE LA
EXTORSIÓN Y CORRUPCIÓN EN PENALES DE LA ENTIDAD
MEXIQUENSE
*Solicita el Congreso estatal frenar corrupción y extorsiones que prolifera en los centros penitenciarios.
Toluca, Estado de México 22 de julio de 2021. El Congreso mexiquense
exigió al titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México que
implemente las acciones necesarias en los diferentes Centros Penitenciarios y
de Reinserción Social con el propósito de evitar actos de corrupción, como son
la extorsiones y abusos a los derechos humanos cometidos por personal
penitenciario y que se han agudizado a partir de la entrada en vigor de la Ley
de Amnistía en el Estado de México, a partir del pasado 5 de enero.
En sesión del Noveno Periodo Ordinario, diputados por
unanimidad aprobaron el punto de acuerdo aprobado por unanimidad, puesto que
personas que tienen interés en presentar una solicitud de amnistía han
denunciado que se les exige pagar de 500 a 2 mil 500 pesos, por el llenado de
supuestos formatos autorizados, comunicarse al buzón de la Comisión de Derechos
Humanos o para acceder a correos electrónicos y recibir las notificaciones, no
obstante, todos los trámites relacionados con esta ley son y deben de ser
gratuitos.
La Comisión Legislativa Especial en Materia de Amnistía han denunciado
verbalmente estas extorsiones, mismas que constituyen una práctica recurrente y
cotidiana del personal de los centros penitenciarios, así como los grupos conocidos
como autogobiernos en penales de Ecatepec, Almoloya de Juárez, Chiconautla, Neza-Bordo
y Barrientos, indicaron legisladores.
Además agregaron que la Ley de Amnistía se creó con el espíritu
de restablecer el derecho a la libertad de aquellas personas que, por su condición
de vulnerabilidad, no han tenido acceso a la justicia y ahora lamentablemente también
son víctimas de la corrupción.
Por ello, se enfatizó, la Secretaría de Seguridad del Estado
de México requiere estrategias para erradicar la corrupción que impera al interior
de los centros penitenciarios y servidores públicos mejor capacitados.
Además, de que la investigadora Catalina Pérez Correa señala
que cada persona privada de su libertad debe pagar en promedio 5 mil pesos mensuales
para sobrevivir en los centros penitenciarios, y que de acuerdo con un
denominado catálogo de conceptos ilegales por pagar, el uso de una tarjeta telefónica
asciende a un pago de 80 pesos, alimentos 120 pesos, una televisión o equipo de
audio 800 a mil pesos y, el aviso de la llegada de algún familiar 10 pesos, a
los que se le suman de dos a cinco pesos más por cada puerta que necesitan cruzar,
además de que se han incrementado las cuotas para acceder al “llavero” quien es
la persona encargada de cuidar o abrir la puerta.
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