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viernes, 19 de marzo de 2021


LA RED DE LOS CÁRTELES, INTOCADA

 

Ricardo Ravelo

Tras su arribo al poder 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador encontró un escenario nacional plagado de criminalidad y violencia generada por quince cárteles bien cimentados en todo el territorio.

De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del Golfo, Zetas, Tijuana, Juárez, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos, de la Sierra, Beltrán Leyva, familia Díaz Parada (traficantes de marihuana en Oaxaca), Valencia, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios”.

De todas estas organizaciones derivan decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de territorios y han establecido alianzas –políticas y criminales –con autoridades municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.

Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadunidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.

Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

En suma, el narco mexicano ya es internacional y por ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate.

De hecho, el Gobierno de López Obrador ya empezó a negociar con el crimen organizado y grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con una declaración que la semana pasada hizo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, el Presidente López Obrador desmintió a Sánchez Cordero y dijo que su Gobierno no negocie ni pacta con criminales.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad del país”, dijo el Presidente.

Sin embargo, el territorio sigue violentado por el crimen organizado, pues López Obrador no quiere usar la represión como vía para enfrentar a los cárteles: su política se basa, dice, en atender las causas que originan la criminalidad, pero pese a la puesta en marcha de los programas sociales –una medida que según el frenará la violencia –el país sigue incendiado por la violencia criminal.

 

 

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