CASO FERNANDITO; LA SENTENCIA QUE DESNUDA LA
PODREDUMBRE INSTITUCIONAL
*Detrás de la histórica pena contra la familia de plagiarios
se esconde la indolencia gubernamental: dependencias locales negaron el auxilio
a la madre del menor y las promesas económicas estatales nunca llegaron
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Sin embargo, el fallo judicial llega como un eco tardío en una
comunidad lacerada. Detrás de los fríos números de la sentencia se esconde una
trama de horror, miseria extrema y una cadena de omisiones institucionales que
exponen la total ausencia del Estado de derecho en una localidad gobernada por
la alcaldesa morenista Martha Guerrero Sánchez y su esposo, Tranquilino Lagos
Buenbad, señalado de operar las decisiones gubernamentales en la sombra.
LA CRÓNICA DEL HORROR EN LA EJIDAL EL PINO
Todo comenzó el 28 de julio de 2025. Según los informes
oficiales de la FGJEM, los hoy sentenciados privaron de la libertad al menor
como un mecanismo de presión radical: lo tomaron «en prenda» y en garantía para
exigirle a su madre el pago inmediato de un adeudo ridículo en cantidad, pero
devastador en consecuencias. La madre suplicó. Sin embargo, entre el 30 de
julio y el 2 de agosto de ese año, el pequeño Fernando fue privado de la vida.
No fue sino hasta el 5 de agosto de 2025 cuando su cuerpo fue localiza do en el
patio de u n a vivienda en la colonia Ejidal El Pino.
envuelto en un costal dentro de una habitación maloliente y en
avanzado estado de descomposición. El ensañamiento con el menor estremeció a la
opinión pública, pero la verdadera radiografía del caso radica en por qué la
madre no acudió a las autoridades locales desde las primeras horas del
secuestro.
UNA POLICÍA REPROBADA Y OFICINAS DE PUERTAS CERRADAS
En Los Reyes La Paz la desconfianza ciudadana hacia la policía
municipal es absoluta. Ante la amenaza de los captores, la madre prefirió rogar
directamente a los delincuentes antes que acudir a una corporación policíaca señalada
cotidianamente por corrupción, ineficacia y abusos. La seguridad en el
municipio se encuentra bajo la dirección del Contralmirante Eduardo Fouilloux
Bataller, un funcionario cuestionado por no haber presentado ni aprobado sus
exámenes de control y confianza correspondientes.
Además, el director operativo, Isaías Ramírez Real, con
indicativo “El Gallo”, es señalado presuntamente por tener nexos con el grupo
delictivo “La Familia Michoacana”. La cadena de rechazos para la madre de
Fernando continuó en las sedes ministeriales y asistenciales: La Fiscalía
Local: Al acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
en Los Reyes La Paz, el jefe de averiguaciones previas, Oscar Mendoza Paulín,
simplemente se negó a recibirla o escuchar su testimonio en los momentos más
críticos. El DIF Municipal: Desesperada, la mujer buscó auxilio en el Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encabezado por Ana
Guerrero Sánchez - hermana de la presidenta municipal.
Ahí, las puertas también se mantuvieron cerradas. La pregunta
que resuena entre los habitantes de la colonia Ejidal El Pino es inevitable: si
alguna de estas instituciones civiles o de seguridad hubiese activado un
protocolo de reacción inmediata, ¿estaría Fernando vivo?
LA POLÍTICA DEL
COMUNICADO Y LAS PROMESAS ROTAS
Tras el impacto
internacional de la noticia, la respuesta del ayuntamiento de Martha Guerrero
se limitó a la emisión de boletines de prensa redactados para expresar una
«solidaridad y empatía» institucional que los vecinos califican de simulación.
Ninguno de los funcionarios omisos fue removido de su cargo de manera inmediata
tras la tragedia.
Incluso la esfera estatal se vio envuelta en la controversia.
De acuerdo con testimonios recopilados en la localidad, la gobernadora del
Estado de México Delfina Gómez Álvarez, acudió al municipio junto con la
alcaldesa para visitar a la madre afectada. En dicho encuentro se le
prometieron apoyos económicos; no obstante, las denuncias locales apuntan a que
el acercamiento buscó contener la ola de desprestigio mediático hacia las
administraciones morenistas, y los recursos prometidos jamás llegaron a las
manos de la víctima.
UN PANORAMA DE ABANDONO
QUE NO CAMBIA
La sentencia de casi 79 años de cárcel para los asesinos
materiales cierra un capítulo en los tribunales, pero mantiene abierta la herida
social en este municipio. El caso de «Fernandito» desnudó la realidad de miles
de familias que sobrevive n en la periferia del Estado de México bajo
condiciones de marginación extrema, desamparadas por un gobierno local sin
estrategias reales de desarrollo social ni depuración policial.
Hoy, a un año de la tragedia, los rostros en el palacio
municipal y en las fiscalías siguen siendo los mismos. La justicia penal
castigó a los captores, pero la estructura política y administrativa que
permitió que la vida de un niño valiera mil pesos permanece intacta y cobrando
del erario público.
