MÁS DE LA MITAD DE LOS MEXICANOS CON EMPLEO, TRABAJAN EN LA
INFORMALIDAD O EN LA PRECARIEDAD
*A pesar de la reducción de la pobreza celebrada por el
gobierno federal, el Coneval también reveló que ha crecido la cifra de personas
laboralmente vulnerables: más de la mitad de los trabajadores está en la
informalidad, es decir, viven con el Jesús en la boca, pero además, seis de
cada 10 ocupados carecen de seguridad social.
Ciudad de Méxco, 15 de agosto de 2023. Con la reducción de
la pobreza en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en gran
medida por los programas sociales, las condiciones de precariedad en el mercado
laboral en este gobierno han propiciado el aumento en la falta de seguridad
social.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) informo en sus últimas proyecciones de Pobreza Multidimensional
que, entre los componentes de la carencia por acceso a la seguridad social,
resalta como principal reto que el año pasado 63.6% de las personas ocupadas
carece de seguridad social por prestación laboral, demás que los programas
sociales resultan ser una ilusión porque la gente gasta más de ese dinero en la
compra de medicamentos.
Además, el porcentaje de personas con carencia por acceso a
los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual
representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, de
acuerdo con el Coneval.
En gran medida los números reflejan los mayores rezagos del
mercado laboral, y que son causados por la elevada informalidad.
“Informalidad es trabajar sin derechos laborales y
específicamente sin acceso a los servicios de salud ni al resto de los
mecanismos de protección social del sistema de seguro social mexicano. Nuestro
modelo de seguro social segmenta a la población entre ‘derechohabientes’ y ‘no
derechohabientes’ y condiciona el acceso a servicios de salud al régimen
laboral”, explicó el colectivo Acción Ciudadana frente a la Pobreza.
Esta distinción contradice e incumple derechos humanos,
advierte en su reporte El vaso laboral en México no está medio lleno, ni
medio vacío: está roto.
En dicho documento publicado en mayo de 2023, el centro de
análisis aclara que la salud es un derecho humano, no puede ser una “prestación
laboral”.
En México, como en muchos otros países, “el modelo de seguro
social contributivo, que depende de la condición laboral (tener un trabajo y
que el patrón cumpla con la afiliación obligatoria), ha mantenido excluida a
más de la mitad de la población y crea la distinción que es inaceptable, pues
en la salud todas las personas son derechohabientes”, explicó.
No es casual que la “carencia por acceso a la seguridad
social” sea la carencia social más alta en la medición de la pobreza del
Coneval.
Privación de derechos
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), con cifras de junio de 2023, la población ocupada en la informalidad
laboral fue de 32.6 millones de personas y la tasa de informalidad laboral fue
55.5% de la población ocupada.
Es decir, más de la mitad de los mexicanos que tienen un
empleo es informal o está en situación de precariedad.
De acuerdo con el INEGI la población ocupada en la
informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente
vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así
como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de
trabajo.
Así, se incluyen, además de la población que trabaja en
micronegocios no registrados o sector informal, otras modalidades análogas,
como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como
a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las
unidades económicas registradas.
Sin embargo, Acción Ciudadana frente a la Pobreza advierte
que, en realidad, la llamada “informalidad” consiste en carecer de afiliación a
los servicios de salud del Seguro Social (IMSS, ISSSTE, etcétera), sin acceso a
estancias infantiles, no contar con de ingreso en caso de enfermedad,
incapacidad y maternidad.
Asimismo carecer de pensión para la jubilación y de acceso
al Sistema de Ahorro para el Retiro durante la etapa productiva; tampoco hay
acceso al ahorro y financiamiento para la vivienda (Infonavit, Fovissste,
etcétera.)
La informalidad no siempre implica no pagar impuestos,
aclara el documento.
Por ejemplo, los “trabajos del futuro”, basados en
plataformas tecnológicas para el reparto de alimentos y transporte de personas,
se registran como trabajos “por cuenta propia”; son informales pues no tienen
derechos laborales ni seguro social, pero requieren cuenta bancaria y Registro
Federal de Causantes.
Si bien en el gobierno de López Obrador la pobreza
multidimensional a escala nacional pasó de 41.9% a 36.3%, es decir, en 2022: 36
de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus
derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para
adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios, lo que
no han podido lograr los programas sociales ni la política económica de López
Obrador es frenar la elevada informalidad.
En el primer trimestre de 2019 la tasa de informalidad
laboral era de 56.7%; para los primeros tres meses de 2023 el porcentaje se redujo
apenas a 55.1%: apenas 1.6 puntos porcentuales.
De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las
transferencias de programas gubernamentales representan menos de 3% del total
del ingreso de los hogares.
Es decir, por cada 100 pesos de ingreso, dos pesos con 80
centavos provienen de transferencias de programas gubernamentales.
Los programas gubernamentales tienen un alto nivel de
exclusión. Sólo 12 millones 829 mil hogares perciben ingresos por transferencia
de programas gubernamentales (34% del total) y 24 millones 731 mil hogares
están excluidos (66%).
“Los programas gubernamentales de transferencias tienen nulo
efecto redistributivo y son poco efectivas como acciones de equidad e
inclusión”, señala el estudio.