BIRMEX EN LA MIRA; UN REPASO A LA COMPRA FALLIDA DE MEDICAMENTOS

 

*Recapitulamos el nuevo escándalo en Birmex: compras irregulares, funcionarios destituidos e investigaciones por corrupción en la estrategia de abasto de medicamentos

 

Ciudad de México, 30 de abril de 2025. Durante la conferencia presidencial matutina, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno anunció una serie de medidas por irregularidades en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026. La funcionaria informó la inhabilitación de la farmacéutica Biomics y denuncias penales contra otra empresa por la falsificación de documentos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris).

 

Se trata de la última controversia de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa, en su mayoría de propiedad estatal, que está a cargo de ejecutar la estrategia de compra de medicamentos en el país planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta buscaba poner fin al problema de desabasto que arrastra el gobierno federal desde el sexenio anterior. En 2024, el IMSS no surtió más de 4 millones de recetas, de acuerdo con una solicitud de información realizada por medios de comunicación.

 

Hacemos un repaso por la trama de corrupción más reciente de Birmex, así como de los cambios en la estrategia de compra de medicamentos que han originado el problema de desabasto en el país.

 

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE SHEINBAUM PARA COMPRAR MEDICAMENTOS?

 

El pasado 31 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su estrategia para la adquisición de medicamentos. Esta vez, la Secretaría de Salud y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno se unieron a Birmex para garantizar el acceso a los insumos médicos.

 

La empresa estatal siguió a cargo de la ejecución de las compras, pero ahora la Secretaría de Salud quedó al frente del diagnóstico, planeación y coordinación de todo el proceso de compra. A la Secretaría Anticorrupción le fue encomendado supervisar toda la operación.

 

Este cambio en el esquema de compra tuvo lugar tras la incapacidad de Birmex para garantizar el acceso a medicamentos a la población. Hasta 2018, la compra consolidada de insumos médicos era llevada a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador traslado esta función a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la intención de evitar corrupción en el proceso.

 

Según una investigación de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, el cambio provocó retrasos y compras insuficientes debido a la falta de experiencia de los nuevos encargados de llevarlas a cabo. Ante el eventual desabasto, en 2020, el gobierno anunció que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) se encargaría de la compra.

 

Sin embargo, la UNOPS no obtuvo los resultados esperados y en 2023 la compra de medicamentos quedó en manos de Birmex. En diciembre de aquel año se puso en marcha la polémica “Megafarmacia”.

 

DE “POSIBLE CORRUPCIÓN” A DESTITUCIONES Y SANCIONES

 

El pasado 18 de marzo, cuatro meses después del lanzamiento de la estrategia de Sheinbaum para la compra de medicamentos, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, reconoció "posibles indicios de corrupción " en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026 al adjudicar 175 claves de medicamentos a un sobreprecio cercano a los 13 mil millones de pesos.

 

Clark señaló que los funcionarios, presuntos responsables de la operación, habían sido separados de su cargo. El 10 de abril, Sheinbaum confirmó la destitución “cinco o seis funcionarios” de Birmex, incluyendo al director general de la empresa, por su responsabilidad en la adquisición de medicamentos a sobreprecio.

 

“No pueden seguir ahí mientras se hace la investigación, entonces todos aquellos que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso que no fue claro, fueron separados de su cargo", explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

 

Tras estas irregularidades, la compra consolidada fue anulada, lo que levantó la alerta de organizaciones como Cero Desabasto, quienes a través de un comunicado manifestaron su preocupación por que la medida pudiera afectar el acceso a tratamientos de personas que dependen del sistema público de salud.

 

Finalmente, este 29 de abril, Raquel Buenrostro informó de la inhabilitación de la farmacéutica Biomics y denuncias penales contra otra empresa por la falsificación de documentos ante la Cofepris en el marco de la compra a sobreprecio de medicamentos por parte de Birmex.

 

“Tenemos otras 16 investigaciones abiertas también para empresas farmacéuticas que están en proceso de investigación y continuamos con el proceso de investigación”, explicó.

 

¿QUÉ SIGUE TRAS LA CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS?

 

Este martes, Eduardo Clark señaló que, pese a la cancelación de la última compra consolidada, se volvió a iniciar un proceso para adquirir los medicamentos y aseguró que no se ha generado una falta de insumos médicos.

 

El funcionario informó que, durante los últimos meses, han recibido 435 millones de piezas de insumos para la salud. En lo que de abril se han recibido 148 millones de piezas. "Inclusive en este proceso que se está llevando a cabo para reponer los procesos de compra de medicamentos para los siguientes 18 meses, hemos seguido recibiendo piezas”, aclaró.

 

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud dijo que los insumos médicos seguirán llegando mientras continúa el proceso para generar nuevos contratos de compra.

LA FISCALÍA DEL EDOMEX CREA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE DESPOJO; EN DOS DÍAS RECUPERARON 17 INMUEBLES

 

*La Fiscalía del Edomex, no debe de quitar los ojos en los movimientos de Tranquilino Lagos Bueabad, esposo de la alcaldesa de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, pues presuntamente es quien apadrina al temible delincuente e invasor de predios, conocido como “El Mimoso”

 

Los Reyes, La Paz, Estado de México. 29 de abril de 2025. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que tras la creación de la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles el pasado 25 de abril, se realizó la recuperación de 17 inmuebles en tan solo dos días.

 

Los trabajos se llevaron a cabo el 24 y 25 de abril en inmuebles ubicados en los municipios del Valle de México y la Región Oriente de la entidad, mismos, que ya contaban con una denuncia por el delito de despojo.

 

La Fiscalía puntualizó que esta nueva Unidad Especializada tiene como objetivo investigar y perseguir los ilícitos relacionados con despojo o invasión de predios o inmuebles, así como realizar análisis en el contexto de la comisión del delito, también identificar y a personas y grupos que participan en este ilícito y así detenerlos, pero, principalmente lograr la recuperación de los inmuebles.

 

Como resultado de las operaciones fueron recuperados 10 inmuebles ubicados en el municipio de Tecámac, 2 en Nezahualcóyotl, 2, 3 más en Los Reyes, La Paz, y 3 en Chicoloapan, los cuales una vez que sean analizadas las investigaciones serán devueltos a sus propietarios.

 

Sería importante que la Fiscalía del Edomex, fijara los ojos en Tranquilino Lagos Buenabad, el esposo de la alcaldesa de Los Reyes, La Paz, Martha Guerrero, pues todo mundo sabe que Tranquilino Lagos presuntamente apadrina al delincuente José Luis Díaz Ramírez, alias, “El Mimoso”, quien tiene cientos de carpetas de investigación abiertas en su contra por los delitos de despojo e invasión de predios. Como se recordará El Mimoso, fue sentenciado a de 47 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y fraccionador clandestino, sin embargo, antes de cumplir 2 años bajo la sombra increíblemente fue puesto en libertad.

 

la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, de igual manera realiza el análisis de los expedientes de investigación relacionados con dichos ilícitos con el fin de determinar si la denuncia por el que inició la indagatoria no ha prescrito, si hubo mecanismo de solución alterna del procedimiento, entre otros.

 

Es importante señalar que la creación de esta Unidad se realizó en menos de un mes luego de los hechos registrados el pasado 1 de abril en el municipio de Chalco, Estado de México, en el que Doña Carlota y sus hijos acudieron a un inmueble para retirar a los invasores, quienes resultaron ser integrantes del grupo criminal denominado, “Sindicato 22 de Octubre, mismo, que es lidereado por el presunto delincuente y regidor del partido verde ecologista de México en el municipio de Chalco, a quien le apodan “El Jimmy”. El hecho dejo como saldo, a dos personas asesinadas y una más lesionada.

 

Por estos hechos, tanto Carlota “N” como sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N” se encuentran vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

EL DERRUMBE DE LA NARCOPOLÍTICA COMENZARÁ EN TAMAULIPAS

 

Por: Héctor De Mauleón

 

La pinza se está cerrando en Tamaulipas, el estado desde el cual la 4T se consolidó con financiamiento ilegal procedente del crimen organizado: el estado donde, todo indica, ha comenzado la demolición de un partido que, a cambio de una poderosa línea de financiamiento político-electoral, no tuvo empacho en abrir las puertas al crimen organizado para establecer la “alianza intolerable” de que habla el gobierno de Estados Unidos.

 

El 17 de abril, el alcalde morenista de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza, Homeland Security, la DEA y el FBI, al intentar cruzar hacia Brownsville. Granados fue interrogado durante varias horas y al final de gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. El columnista Salvador García Soto afirma que se la rompieron frente a sus propios ojos.

 

Lo mismo sucedió con más de una decena de funcionarios del ayuntamiento de Matamoros: 16 hasta el momento, de acuerdo con fuentes consultadas.

 

Apenas en enero pasado, agentes antidrogas de Estados Unidos habían detenido, con casi nueve kilos de cocaína, a Edgar Alejandro Villarreal, El Fresa, narcotraficante ligado al Cártel del Golfo. El escándalo envolvió al gobierno de Granados Favila cuando trascendió que la esposa del Fresa y un hermano de este ocupaban cargos en el ayuntamiento: la primera, como directiva del DIF; el otro, como segundo síndico.

 

No tardaron en circular imágenes que mostraban al alcalde al lado del familiar de sus colaboradores. Él se defendió: “Tengo fotos con miles de ciudadanos”, y defendió también a sus funcionarios: “Mucha gente se sumó a este gran proyecto… El movimiento es abierto para todos… No somos responsables de lo que hagan terceras personas”.

 

Era la tercera vez que en Estados Unidos detenían al Fresa con drogas. No era la primera en que se le acusó de haber financiado la campaña del alcalde. Granados Favila negó toda relación, pero mantuvo a los familiares del narco en sus cargos. También negó conocer al Fresa el hijo del gobernador de Tamaulipas y delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, otro de los balconeados a raíz del escándalo: “No lo conozco, no es mi familiar, no es mi amigo”.

 

En 2020, quien fuera secretario particular del alcalde Granados Favila cuando este fungió como secretario de Desarrollo bajo la gestión de Mario Alberto Hernández, La Borrega, fue detenido por policías de Tamaulipas en posesión de un arma y ocho kilos de cocaína. Un juez lo dejó en libertad más adelante, por fallas en el debido proceso, pero la sombra de presuntos nexos con el crimen organizado continuó acompañando al morenista. Como se ha documentado, Matamoros es la sede histórica del Cártel de Golfo y hoy se halla bajo el dominio absoluto del hoy prófugo José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, sobre el que pesa una orden de extradición.

 

Por otra parte, el jefe de prensa del alcalde ha sido ligado, una y otra vez, con señalados personajes del Cártel del Golfo.

 

Según García Soto, el Ayuntamiento de Matamoros es considerado “una organización criminal terrorista” por el gobierno de Estados Unidos. El alcalde negó que le hubieran retirado la visa, pero cuando un reportero le pidió que la mostrara, contestó: “No la traigo… está resguardada en mi casa”.

 

Hace apenas un mes se realizó en Altamira un decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol, dentro de un esquema de control portuario que apunta a las más altas instancias del gobierno federal. Curiosamente, no hubo detenidos. Pasaron, sin embargo, solo unos días para que otra noticia explosiva, dada a conocer el miércoles pasado, sacudiera Tamaulipas: en un aparatoso operativo en el que tomaron parte el FBI, el ICE y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras instancias, fue asegurada la empresa texana Arroyo Terminals, localizada en Río Hondo, Texas, y dedicada la comercialización de combustibles.

 

De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, la empresa había importado 2 mil 881 cargamentos de combustible ilegal y, luego de refinarlos, los había enviado de vuelta a México sin declararlos en la aduana o bien presentándolos como residuos de aceites lubricantes o destilados de petróleo. Los pagos iban a dar a empresas, sobre todo de Tamaulipas, “que operan únicamente con la autorización de organizaciones criminales mexicanas”.

 

Casi 50 millones de dólares pasaron a manos de empresas mexicanas: se trata del primer caso que involucra a los dos países en una cadena de huachicol fiscal. A los propietarios de Arroyo Terminals les fueron aseguradas cuentas y propiedades por 300 millones de dólares.

 

La pista se sigue desde mayo de 2022. Involucra pipas que cruzan las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como cargamentos que llegan por medio de buques y tanques de ferrocarril. ¿Qué empresas mexicanas importan petróleo y otros combustibles? ¿En qué refinería de Estados Unidos se procesan los hidrocarburos?

 

En 2020 se delinearon los nexos entre políticos de Morena y Sergio Carmona, el Rey del Huachicol. Cinco años más tarde, las agencias de Estados Unidos tienen la ruta, y los nombres, más claros que nunca: el derrumbe va a comenzar desde Tamaulipas.

DESTAPAN CLOACA Y CORRUPCIÓN EN LA SECRETARÍA DE

 DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

 

Por: Juan José Sánchez García y Mario Cárdenas Sánchez

Especial para Proyección EDOMÉX

 

Toluca, EDOMÉX. — Lo que por años fue un secreto a voces dentro de los pasillos de la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, finalmente comienza a salir a la luz. Bajo la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien ha proclamado su mandato bajo el lema “El Poder de Servir”, su gobierno enfrenta ahora severas denuncias públicas que exponen un ambiente de corrupción, presunto saqueo y abuso de poder que amenaza con empañar el discurso de honestidad de la Cuarta Transformación en la entidad.

 

Todo inició tras una denuncia publicada en la columna de opinión “Proyección Sin Tapujos”, donde se señaló el actuar de Blanca Hereida Piña Moreno, actual Directora General de Operación y Control Urbano, quien, pese a antecedentes cuestionables durante el sexenio de Alfredo Del Mazo, habría logrado mantenerse incrustada en el nuevo gobierno.

 

A raíz de esa publicación, Proyección EDOMÉX recibió una serie de documentos, fotografías y testimonios que sugieren la existencia de una red de corrupción aún más profunda, presuntamente encabezada por Mariana Campos Reyes, coordinadora administrativa de la Secretaría, en colusión con Felipe Leonides Linares, quien, según las denuncias, habría perfeccionado una maquinaria de desvío de recursos públicos.

 

De acuerdo con los documentos en poder de esta redacción, los denunciantes aseguran que ambos funcionarios presumiblemente, desvían de forma mensual, entre $1.5 y $2 millones de pesos provenientes de la partida presupuestal 3000, originalmente destinada al gasto de combustible. Supuestamente, dicho dinero sería triangulado hacia la partida 5000, fragmentándolo en contratos menores de 490 mil pesos, eludiendo así auditorías y firmas de autorización del secretario, Carlos Maza Lara.

 

Lo anteriormente expuesto, no solo es escandaloso, de confirmarse, se estaría hablando de la configuración de posible delito de desvio de recursos públicos tipificado en el código penal.

 

Estas acciones, de confirmarse, permitirían a los señalados acumular ganancias desproporcionadas. Testimonios de los denunciantes señalaron que en Tlacotepec, municipio de Toluca, apuntan a la existencia de propiedades lujosas que algunos habitantes ya apodan «La casa de los millones», vinculándolas a Felipe Leonides Linares.

 

Facturas y gastos opacos: un presunto despilfarro

 

Entre las pruebas entregadas a este medio, sobresalen:

 

Un gasto de $95,550 pesos en papel higiénico, cuando trabajadores afirman que apenas reciben un rollo semanal por área.

 

$45,000 pesos en despensas de lujo que incluyen mariscos, salmón y carne de res orgánica, con sobreprecios de hasta un 200% respecto a precios de mercado.

 

La simulación de un comedor industrial que, en la práctica, solo sirve de forma esporádica a altos directivos.

 

Documentos revisados muestran la presunta utilización de factureras (empresas de papel) para justificar compras inexistentes, una práctica que los denunciantes acusan de replicar esquemas de corrupción vistos en administraciones anteriores.

 

Cabe recordar que, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Estado de México figura entre las entidades con mayor número de operaciones simuladas mediante «factureras», lo que añade contexto a las denuncias vertidas contra la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

 

No sólo se trataría de desvíos financieros: trabajadores han denunciado un ambiente de hostigamiento laboral bajo la gestión de Campos Reyes y Leonides Linares.

 

Diversos testimonios recabados por Proyección EDOMÉX señalan que empleados que se han rehusado a participar o encubrir irregularidades habrían sido despedidos de forma injustificada, sin importar su antigüedad ni situación personal.

 

Particularmente alarmante es la situación de madres solteras, quienes, pese a ser sostenes únicos de sus familias, habrían sido cesadas de forma indiferente, dejándolas sin sustento económico.

 

«Aquí no importa tu trayectoria, si no sirves a sus intereses, estorbas», denunció una de las afectadas.

 

Mientras la gobernadora Delfina Gómez sostiene públicamente los principios de «no mentir, no robar, no traicionar», las denuncias recibidas dibujan un panorama preocupante dentro de su estructura de gobierno, donde, según los quejosos, el verdadero lema sería «El Poder de Servirse».

 

Los trabajadores y fuentes cercanas a la dependencia advierten que, de no intervenir las autoridades, podrían salir a la luz fotografías, documentos bancarios y registros inmobiliarios que comprobarían el presunto enriquecimiento ilícito.

 

Esta es la primera entrega de un reportaje especial basado en documentos, testimonios y denuncias que Proyección EDOMÉX ha recabado, y que continuará documentando para esclarecer la verdad de los hechos.

DE NADA SIRVE ENDURECER LAS PENAS CONTRA CRIMINALES, SI ESTOS SON O ESTÁN VINCULADOS CON GRUPOS CRIMINALES

 

*¿Qué hay que hacer con los funcionarios delincuentes de Morena?

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA. Edomex.- 26 de abril de 2025. Luego de que el pasado 2 de abril, Doña Carlota, mujer, de la tercera edad, recupero la propiedad de su hija que había sido invadido por presuntos delincuentes integrantes del grupo delictivo, “El Sindicato 22 de Octubre, mismo, que es comandado por el criminal del partido Verde Ecologista de México, es decir, por Christian Jesús Castillo Grimaldoel sexto regidor de Chalco, a quien la maña lo conoce como: “El Jimmy”.

 

En el suceso donde Doña Carlota, asesino a dos presuntos delincuentes que invadieron el inmueble propiedad de su hija, genero un escándalo mayúsculo y se puso en evidencia los lasos entre integrantes del crimen organizado y autoridades, municipales y estatales. Lo que motivo que el pasado miércoles 23 de abril en la cámara local de la entidad mexiquense se presentara una iniciativa de ley que busca endurecer las sanciones por el delito de despojo, con penas de hasta 25 años de prisión y la posibilidad de restitución exprés de la o las propiedades. 

 

La iniciativa responde al incremento del 68.1% en este delito entre 2019 y la fecha, y busca proteger a los propietarios de inmuebles, especialmente en municipios como Nezahualcóyotl, donde se registran 14 denuncias al día por despojo. Es importante mencionar que, en Neza, existe un grupo delictivo denominado “Los Mazos”, que se dedican al cobro de derecho de piso, a la extorsión de comerciantes y principalmente al despojo de predios, en contra de personas discapacitadas o de la tercera edad, lo lamentable es que “Los Mazos”, son protegidos por la policía Municipal, bajo las órdenes del alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo.

 

Durante la sesión en la cámara local, el diputado de Morena Octavio Martínez propuso que el delito sea grave, se restituya el bien en menos de 72 horas y se sancione hasta con 10 años de prisión a los infractores. Lo anterior, luego de señalar el problema que representa para el municipio de Ecatepec donde existe el grupo delictivo llamado grupo “Los 300”, dedicado a la extorsión e invasión de inmuebles, al cual pertenece el ex alcalde morenista y hoy diputado federal Fernando Vilchis.

 

La situación es grabe en Ecatepec, debido a que la morenista y alcaldesa del municipio, Azucena Cisneros Coss, también esta ligada a un grupo delictivo denominado “La Chokiza, cuyo líder es Alejandro Gilmare Mendoza, alias, “El Choco”, protegido por la mandataria, quien asegura que, “El criminal, es un gran ser humano. La Chokiza también se dedica al despojo de predios y venta de drogas sintéticas. La gravedad del problema es que las autoridades se encuentran ligadas con los grupos de la delincuencia organizada, por lo que seguramente llegara el día en que el estiércol brote por todos lados y termine evidenciando la clase de funcionarios que ha elegido la 4T para gobernar.

 

En el municipio de Los Reyes la Paz, existe el grupo delictivo dedicado a la extorción e invasión y despojo de predios, los delincuentes son comandados por José Luis Días Ramírez, alias, “El Mimoso”, quien tiene innumerables carpetas de investigación abiertas en su contra, por los delitos de despojo de predios y homicidios, pero, sin embargo, nunca han prosperado. El “Mimoso”, es amigo personal de Tranquilina Lagos Buenabad, el esposo de la alcaldesa morenista de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, por lo que “El Mimoso, grita a los cuatro vientos que tiene garantizado otros cuatro años de impunidad. 

 

Otro delincuente es “El Jimmy”, sexto regidor del ayuntamiento de Chalco, también gobernado por Morena, Christian Jesús Castillo Grimaldo, es líder del grupo criminal “El Sindicato 22 de Octubre”, quienes se dedican a extorsionar a conductores de transporte púbico, a comerciantes, así como a la invasión y despojo de predios, pero sobre todo controlan los pozos de agua y exigen pago de derecho de piso a los conductores de pipas que transportan el vital líquido, sería bueno preguntarle José Alberto Couttolenc Buentello, líder del Partido Verde Ecologista en el Edomex, que opina de su regidor delincuente a quien apodan “El Jimmy.

 

De nada sirve que las penas y sanciones se endurezcan contra invasores de casas y predios, si son encubiertos y cómplices de las autoridades locales de cada municipio. Sin duda, esto resultara como siempre, solo un show mediático, pues es evidente que en muchos casos, alcaldes, regidores y hasta la gobernadora delfina Gómez de la entidad se encuentra relacionados con grupos delictivos. La Gobernadora morenista apárese en cientos de fotos con el líder del grupo criminal, Guillermo Fragoso Báez, alias, El Memo y/o El Jefe, líder de la  Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), quienes se dedican al cobro de derecho de piso, extorsión e invasión de predios y casas.

EN LOS REYES LA PAZ, RECIBEN A LA GOBERNADORA CON CABEZA

 HUMANA AL INTERIOR DE UNA MALETA

 

Por: Rodolfo Rodríguez C.

 

*La morenista, Martha Guerrero, no debería de olvidar que, un barco a la deriva tiene más dirección que su mandato

 

LOS REYES, LA PAZ, Mex. El pasado lunes 21 de abril se llevó a cabo la reunión de seguridad en el municipio gobernado por la morenista Martha Guerrero Sánchez. La reunión fue presidida por la Gobernadora de Morena, Delfina Gómez Álvarez. En la reunión para construcción de la Paz, estuvo presente el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez y varios alcaldes de la zona oriente.

 

Sin embargo, en un franco desafío, los mañosos que operan con toda impunidad en la localidad, recibieron a los anfitriones de la mesa de seguridad, con una cabeza Humana, que fue encontrada al interior de una mochila casi a las puertas del metro Santa Martha del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Los demás restos humanos fueron encontrados al interior de cuatro bolsas negras en calle Acoatl, en la colonia Vidrieros, en el municipio de Chimalhuacán, gobernado por la morenista Xóchitl Flores Jiménez y quien también asistió a la reunión de seguridad, que hasta la fecha no ha dado resultados positivos.

 

El mes pasado, La Gobernadora Delfina Gómez y el Fiscal General José Luis Cervantes, tomaron la decisión de llevar a cabo reuniones de seguridad en 11 municipios de la zona oriente de la entidad, debido al alto e incontrolable índice delictivo, sin embargo, todo indica que a los mañosos no les preocupa en lo más mínimo, las mediocres reuniones de seguridad que solo sirven para sentarse a tomar café y tomarse las foto.

 

Lo anterior porque la maña, sabe que están protegidos por los directores de Seguridad Publica, en este caso, el del municipio de La paz, el Contralmirante Eduardo Fouilloux Bataller, quien solo sirve de florero, pero, además, asegura la tropa uniformada de La Paz, que el flamante Contralmirante es un viejo amargado, inepto y reciclado que gracias a su incapacidad y desconocimiento en el municipio de Ixtapaluca no sirvió de nada cuando estuvo al frente de la seguridad en dicha localidad.

 

Es importante destacar que ese mismo lunes 21 de abril a las afueras del metro La Paz, con todo impunidad a plena luz del día, un hombre fe baleado al interior de su vehículo y hoy se debate entre la vida y la muerte, mientras la delincuencia organizada se adueña de las calles de La Paz, el Contralmirante Eduardo Fouilloux Bataller, ha demostrado que su desempeño ha dejado mucho que desear, mostrando una alarmante falta de preparación, visión y una nula estrategia que garantice la seguridad a los habitantes.

 

Mientras tanto, la alcaldesa Martha Guerrero, su esposo, el aprendiz de luchador social Tranquilino Lagos Buenbad, regidores, regidoras y demás autoridades locales de extracción morenista se encentran disfrutando la embriagues que dan las mieles del poder y el dinero, pensando que con los programas sociales van a seguir engañando a la gente toda la vida. Sin embargo, la morenista no debería de olvidar que, un barco a la deriva tiene más dirección que su mandato, solo es cuestión de tiempo.

GN, PRINCIPAL IMPUTADO: CASI 8 MIL EXPEDIENTES 

DE TORTURA DE 2018 A 2024, ADMITE FGR

 

Por: Esteban David Rodríguez

 

*Del 1 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2024 se abrieron en México 7 mil 749 expedientes judiciales de orden federal por denuncias de los delitos de tortura y tratos crueles o inhumanos.

 

Ciudad de México, 24 de abril 2025. La Guardia Nacional (GN) fue creada en el sexenio de AMLO como la principal apuesta de seguridad pública del régimen morenista, sin embargo, también es la corporación de seguridad pública con mayor número de imputaciones con casi 8 mil casos de tortura y tratos inhumanos perpetrados por autoridades mexicanas, de acuerdo con informes oficiales.

 

Según estadísticas del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) de la Fiscalía General de la República, emitidas el pasado mes de febrero. Cabe destacar que del 1 de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2024 se abrieron en México 7 mil 749 expedientes judiciales de orden federal por denuncias de los delitos de tortura y tratos crueles o inhumanos. 

 

De acuerdo a información pública; 710 de las carpetas fueron abiertas en 2018 y 7 mil 39, de 2019 a 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Considerando todo el periodo (2018-24), cada año han sido abiertos en promedio 1 mil 107 expedientes. En cuanto a los delincuentes que cometieron la tortura o tratos inhumanos, sólo el 1.24% fue identificado en denuncias, y de estos, la mayoría fueron cometidos la Guardia Nacional (GN). Está después la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y en tercer sitio se encuentran los centros penitenciarios. Después otras autoridades.

 

En cuantos la distribución geográfica de la tortura y los tratos inhumanos, se generaron en promedio 242 expedientes por entidad federativa. Los delitos por los que se abrieron estos expedientes ocurrieron principalmente en Oaxaca 11.7% (904), Veracruz 11.2% (870), México 8.1% (626), Durango 7.4% (571) y Jalisco 7.1% (552). 

 

“A nivel federal se han abierto 4,130 expedientes por tortura y 3,619 por tratos crueles. Por cada expediente de tratos crueles e inhumanos abierto, se abren 1.1 expedientes de tortura. El delito de tortura se registra principalmente en Oaxaca 16.2% (668), Jalisco 11.3% (467) y México 9.8% (404). Mientras que por tratos crueles se concentraron en Veracruz 19.3% (700), Durango 14.3% (519) y Nayarit 13.3% (482)”, dice la dependencia.

 

EL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS

 

De acuerdo con el RENADET, los 7 mil 749 delitos de tortura y tratos inhumanos cometidos en el periodo revisado, se perpetraron contra 7 mil 943 víctimas. En promedio, 1 mil 135 personas fueron víctimas cada año de esos crímenes, alrededor de 1.03 víctimas por cada expediente abierto.

 

El promedio de víctimas por entidades federativas es de 248, pero hay estados que sobresalen, como Oaxaca con el 15.4% de las víctimas (1 mil 224), Durango 10.6% (842), Nayarit 9.0% (711), Veracruz 8.8% (699) y Morelos 5.0% (398). 

 

El informe de la FGR detalla que, del total de víctimas registradas en los expedientes abiertos por el delito de tortura y tratos o penas crueles e inhumanos, 69.7% (5 mil537) de las víctimas son hombres y 8.0 % (634) son mujeres. Así, por cada mujer hubo 8.7 hombres torturados.

 

Las víctimas hombres se registraron principalmente en Oaxaca 14.3% (792), Veracruz 10.9% (606) y Durango 8.7% (479). El informe consigna un promedio de 791 víctimas hombres por año y 173 por entidad federativa. Mientras que sobre las víctimas mujeres señala que se concentraron en Morelos 16.1% (102), Ciudad de México 12.9% (82) y Nuevo León 11.0% (70). Existe un promedio de 91 víctimas mujeres por año y 20 por entidad federativa.

 

A nivel federal, consigan el reporte oficial, 318 de las víctimas del delito de tortura y tratos o penas crueles e inhumanos (4.0%) se encuentran en un rango de edad entre 18 y 35 años. Respecto a la situación de vulnerabilidad de las víctimas, las condiciones más comunes son: población indígena 1.91% (152), grupo vulnerable 0.15% (12) y periodista 0.14% (11) del total de víctimas registradas.

 

¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES?

 

Según el sumario multicitado, 9 mil 183 presuntos responsables son señalados en los 7 mil 749 expedientes. En promedio, 1 mil 312 responsables anuales, 1.19 presuntos responsables por cada expediente abierto, y 1.16 presuntos responsables por cada víctima registrada.

 

El RENADET estima un promedio de 287 presuntos responsables por entidad federativa, aunque despuntan Oaxaca con el 10.5% (965) de los imputados, Veracruz 10.3% (948), México 7.4% (684), Jalisco 7.1% (649) y Baja California 6.6% (608).

 

A nivel federal, sólo el 1.24% de los presuntos responsables fueron identificados en expedientes abiertos. Pertenecen a las siguientes instituciones: Guardia Nacional 0.64% (59), Defensa 0.25% (23), Centro Penitenciario 0.19% (17), Policía Ministerial 0.09% (8), y Policía Municipal 0.07% (6) del total de presuntos responsables registrados.

 EMPIEZA CACERÍA POLÍTICA DE EU: ¿VISAZOS, NO APAPACHOS?

 

Por: Salvador García Soto

 

*México ofreció a EU investigar al alcalde de Matamoros, por los presuntos vínculos con delincuencia organizada

 

La retención por varias horas que sufrió el pasado jueves santo el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, junto con el largo interrogatorio del que fue objeto y la cancelación de su visa y la de al menos 13 de sus acompañantes y colaboradores, dista mucho de haber sido una “inspección de rutina”, como sostiene públicamente el edil morenista. Al presidente municipal y a sus acompañantes los interrogaron ocho agentes estadounidenses del CBP, del Homeland Security, de la DEA y del FBI, durante 14 horas en una oficina de la Puerta de entrada de Brownsville, Texas, y tras negarles el acceso a Estados Unidos, les dijeron que no podían ingresar a su país por trabajar en el “Ayuntamiento de Matamoros, que para nuestro gobierno es una organización criminal y terrorista”.

 

Tanto al alcalde Granados como a sus acompañantes les destruyeron la visa estadunidense frente a ellos y les dijeron que serían detenidos por vincularlos al tráfico de cocaína cometido por Edgar Alejandro Villarreal “La Fresa”, quien fue capturado en ese mismo puente internacional el pasado 8 de febrero en posesión de casi 9 kilos de cocaína. Fue la tercera vez que detenían al “Fresa” y les informaron que hay una investigación a cargo del ICE y Homeland Security, desde diciembre pasado en la que se les vincula. Al anunciarles la intención de detenerlos, el alcalde Granados pidió su derecho a hacer llamadas y, de acuerdo con fuentes que presenciaron el interrogatorio, el morenista llamó primero a Norberto Barrón Barragán, secretario particular del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y luego al hijo de éste, Américo Villarreal Santiago.

 

Era la 1 de la tarde del jueves 17 de abril cuando el presidente municipal intentó cruzar por la puerta de entrada de Brownsville y los agentes del CBP, al ver su nombre, como si lo tuvieran enlistado, le pidieron pasar junto con cuatro de sus acompañantes que fueron bajados de sus camionetas y los pasaron a una oficina de la DEA en las instalaciones de dicha entrada. Junto al alcalde Beto Granados iban Daniel Zárate, acompañante y amigo del alcalde; José Jaciel Martínez, director de Comunicación Social del municipio; Israel Vélez, chofer, y Fabián Avalos, secretario particular del presidente, que viajaban con él en los vehículos.

 

En esa oficina de la DEA, donde es sabido que lo primero que les piden a los que son interrogados es el teléfono celular —que es pasado por un escáner que copia todo su contenido— estuvieron hasta las 3 de la mañana del viernes. Cuando le regresaron el funcionario mexicano su celular le dijeron que había “orden” de no dejarlo pasar ni a él ni a sus acompañantes a Estados Unidos “porque el Ayuntamiento de Matamoros es considerado una organización criminal terrorista”.

 

Tras los interrogatorios y el anuncio de que serían detenidos, las llamadas que realizó el alcalde morenista surtieron efecto. Desde Ciudad Victoria, del gobierno de Tamaulipas llamaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores para avisar que a Granados Favila lo tenían detenido en Brownsville; de la cancillería se comunicaron a Washington para plantear el tema y pedir una explicación y de allá llamaron a las oficinas del CBP para preguntar por la situación del funcionario mexicano.

 

Cuando del gobierno de Estados Unidos explicaron a la cancillería los motivos de la detención y cancelación de visas al alcalde y a sus 13 acompañantes, los funcionarios del Gobierno mexicano pidieron su liberación y se comprometieron a colaborar en las investigaciones, al tiempo que ofrecieron que tanto Alberto Granados como sus colaboradores serían investigados por el gobierno de México por los presuntos vínculos con delincuencia organizada. Esa fue la razón, según las fuentes internas de agencias estadounidenses, por la que aceptaron liberar al presidente municipal y a sus acompañantes a las 3 de la madrugada y tras haber estado detenidos 14 horas continuas.

 

Pero luego, el pasado sábado 19 de abril, un día después de la retención y liberación del alcalde, otros funcionarios del municipio de Matamoros que quisieron cruzar por el mismo puente de Brownsville a Estados Unidos, también fueron retenidos, se les negó el acceso con el mismo argumento de que colaboraban en el Ayuntamiento de Matamoros “que es una organización terrorista-criminal” y se le cancelaron también sus visas. Fueron en total 14 funcionarios municipales a los que se les negó acceso y se les destruyó el visado y sólo uno que demostró tener un puesto de segundo nivel y dijo ni siquiera conocer al alcalde Beto Granados, a ese sí le regresaron su visa y lo dejaron pasar al territorio estadounidense.

 

Fue tal el impacto que tuvo esta detención y cancelación de visas al alcalde morenista y sus acompañantes, que ayer estuvieron en la Secretaría de Gobernación el gobernador de Tamaulipas y el propio presidente municipal, quienes fueron recibidos por la titular de la dependencia para hablar del tema. El lunes al mediodía, en el evento del aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz la presidenta Claudia Sheinbaum fustigó a los “vendepatrias” que buscan intervención del gobierno de Donald Trump para resolver el problema del narcotráfico y su violencia desbordada en México.

 

“Así de sencillo y profundo, porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda en el extranjero para resolver los problemas internos del país”, dijo la mandataria que ayer martes, en su conferencia mañanera, abundó en el tema y acusó al PRIAN y a senadores de la oposición de estar pidiendo que haya una intervención abierta del gobierno de Estados Unidos en los temas de seguridad y corrupción en México.

 

Lo más grave de todo este asunto es el argumento que, según las fuentes estadounidenses les dieron al presidente municipal y a sus acompañantes para retenerlos, negarles el acceso y destruirles la visa. Si, como les dijeron, para el gobierno de Estados Unidos el ayuntamiento de Matamoros, donde hoy gobierna Morena, es una “organización criminal terrorista”, entonces se está acusando a una parte del Estado mexicano, del que la célula básica es el municipio, de ser también parte de esas organizaciones criminales y terroristas.

 

¿Será que como se ha publicado y documentado ya en varios espacios, incluido esta columna, las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios y políticos mexicanos ya empezaron a activarse y a surtir efectos como la cancelación de visas y negarles acceso a su país a esos políticos de los que se dice hay una lista de 100 en total entre los que se encuentran gobernadores, senadores, diputados y hasta líderes parlamentarios, además de alcaldes de Morena y de otros partidos que están señalados de tener vínculos de distinto tipo con los cárteles de la droga mexicanos que ya fueron declarados organizaciones terroristas por el presidente Trump?

 

Tal vez a eso se refirió la presidenta al hablar de los “vendepatrias”, como llamó a priistas y panistas que, según la mandataria están invocando y hasta colaborando con el gobierno de Estados Unidos para dar información en contra de políticos mexicanos vinculados al narco. Puede ser, pues, que haya comenzado ya la cacería desde Washington y sus agencias de seguridad en contra de las redes de la narcopolítica en México. Y si ya empezaron con un alcalde morenista, habrá que ver quiénes son los políticos de ese y otros partidos que hoy tienen el valor de intentar viajar a Estados Unidos a donde, todo indica, ya empezó la política de “visazos, no apapachos”.

JOSAFAT GREEN RAMÍREZ, EX «CHOFER» DE DELFINA

 GÓMEZ ÁLVAREZ, NUEVO COMISARIO

 

* En Cien Días de Gobierno, San Vicente Chicoloapan estrena a su tercer jefe policiaco

* La «presencia» de Green Ramírez, policía municipal texcocano, genera desconfianza y repudio entre elementos locales

* El alcalde Javier Mendoza Vásquez tendrá que responder de los abusos y atracos de su nuevo jefe policiaco

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN, Méx., 23 de abril de 2025. Ayer durante la reunión de cabildo presidida por el alcalde morenista Javier Mendoza Vázquez, rindió protesta como director de seguridad pública municipal, Josafat Green Ramírez.

 

El nombramiento ha generado una profunda crisis de desconfianza e incertidumbre al interior de la policía municipal, sobre todo porque el nuevo jefe policiaco ingresó a la corporación apenas el 1 de enero de 2025 y su única experiencia policiaca se limita a haber un simple policía del municipio de Texcoco, lo que genera aún más desconfianza; sin embargo, aún así desde su llegada a Chicoloapan fue asignado como subdirector de la corporación en esta localidad.

 

Es un secreto a voces que al citado Green Ramírez le sirvieron sus primeros tres meses para examinar los movimientos al interior de la dependencia y así convertir la corporación policiaca en un prostíbulo que genere ganancias millonarias.

 

La irresponsabilidad del alcalde Mendoza Vasquez al nombrar a un improvisado en tan delicada área, tendrá pésimas consecuencias, solo es cuestión de tiempo. 

 

Desde su arribo a Chicoloapan Josafat Green Ramírez se hace acompañar de José Elías Flores Flores, un individuo con indicativo «Titán», quien fue agente federal y  quien se afirma que estuvo cinco años recluido en un penal, presuntamente por delitos graves.

 

En ese mismo clan mafioso de policías corruptos se encuentra Luis Ángel Tolentino Hernández. Los tres policías, desde el primero de enero se dedicaron a ubicar los puntos de venta de drogas, pues se sabe que «Titán» cuenta con una extensa experiencia en trabajar ese tema.

 

«Titán» es un experto en extorsionar los puntos donde se comercializa la cocaína en su modalidad de piedra. De igual manera, se sabe que ya tienen ubicadas a las empresas a las que se les puede rentar o vender la seguridad, además de tener ubicados a los policías aviadores que solo cobran, pero no trabajan. Razón por la que la ciudadanía debe de estar al pendiente debido a que Josafat Green Ramírez llegó a la corporación policiaca para explotarla y sacarle todo el provecho económico que más se pueda, esto con la complicidad del alcalde morenista. 

 

Es importante destacar que el presidente municipal, Javier Mendoza Vásquez tiene a su servicio a dos escoltas quienes cuentan con un permiso «provisional», debido a que son policías en activo del municipio de Texcoco.

 

En este sentido, es importante resaltar que los dos escoltas del alcalde portan armas de manera ilegal, debido a que no son policías de San Vicente Chicoloapan, sino del municipio de Texcoco, por lo que en cualquier momento podrían ser detenidos, ya que en Chicoloapan no cuentan con la respectiva licencia para portar armas, según trascendió.

 

Lo anterior demuestra que el morenista Javier Mendoza Vásquez no confía en su propio cuerpo de seguridad pública, sobre todo, porque él sabe que los uniformados a su cargo están coludidos con los mañosos, prueba de ello es que a poco más de tres meses de haber tomado el cargo esta es la tercera vez que nombra a un nuevo titular de seguridad pública municipal.

 

De acuerdo a información recabada por EXPEDIENTE SECRETO se sabe que Josafat Green Ramírez nació el 22 de diciembre de 1990. Tiene su residencia en el Fraccionamiento Real del Valle, segunda sección, en el municipio de Acolman. Cuenta actualmente solo con estudios de preparatoria, sin embargo, la norma establece que para ocupar un cargo de director de policía deberá contar con licenciatura. Por lo que nadie sabe la razón por la que el morenista Javier Mendoza Vásquez lo designó como jefe de policía o comisario.

 

Lo antes dicho solo tiene dos explicaciones, la primera porque tal vez Green Ramírez le compró la dirección de seguridad pública al alcalde en una cantidad millonaria, o segunda porque el nuevo jefe policiaco fue impuesto por la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México puesto que Green Ramirez asegura que hace algunos años se desempeñó como chofer de Gómez Álvarez. cuando ésta gobernó el municipio de Texcoco, por lo que ella fue quien ordenó se le diera el cargo de manera inmediata.

 

Si en realidad Green Ramírez fue chofer de la ahora gobernadora Delfina Gómez Álvarez resultaría una aberración porque quien «va a pagar los platos rotos» será como siempre la ciudadanía que tendrá que soportar los abusos, atracos, agresiones y extorsiones de los delincuentes uniformados. 

 

A pesar de que la corporación policiaca actualmente es insuficiente, ya que solo cuenta con 355 elementos, los uniformados no se dan abasto para garantizar la seguridad necesaria a los habitantes de la localidad,

 

A lo anterior habría que agradarle que llegó a Chicoloapan un jefe policiaco inexperto e improvisado, pero además con un profundo deseo perverso de robarse todo lo que encuentre a su paso, y quien en complicidad del alcalde Javier Mendoza Vásquez hacerse inmensamente ricos aun a costa de sacrificar al pueblo que confió su voto al morenista y ex antorchista Mendoza Vásquez.

 

A pesar de que ha corrido mucha sangre en Chicoloapan, el panorama se vislumbra desalentador, sobre todo porque en los primeros cien días de gobierno del alcalde Mendoza Vásquez han sido asesinados al menos cuatro policías municipales. Esta situación en un municipio mínimamente democrático sería un verdadero escándalo, sin embargo, para el morenista Mendoza Vásquez, «no pasa nada».

 

BOTÓN DE MUESTRA

 

La madrugada del pasado 3 de enero, fueron ejecutados dos policías municipales y uno más resultó herido de gravedad; cuando los cuerpos de emergencia llegaron a la calle Río Armería y Avenida Allende, en el Barrio La Conchita, los paramédicos encontraron a los uniformados tiroteados al interior de la patrulla Nissan Frontier, número económico CHIC-053.

 

La unidad policiaca se encontraba con las puertas abiertas, además, en el lugar de los hechos la Fiscalía Especializada de Homicidios de zona Oriente dió fe del hallazgo de varios casquillos percutidos a un costado de la unidad policiaca.

 

Al interior de la patrulla fue localizada una uniformada identificada como Maricarmen Hernández Jardón; de igual manera, se encontraba otro elemento policiaco con abundante sangre en el cuerpo, quien en vida respondía al nombre de Manuel Bustos Lorenzo, de 45 años de edad, quien fue trasladado al hospital ISSEMYM ubicado en el municipio de Texcoco para recibir atención médica, pero, lamentablemente al llegar al nosocomio perdió la vida. 

 

Un tercer policía municipal de nombre Miguel Lara Moreno, de 30 años de edad, fue herido de gravedad, pero más tarde según se supo salvó la vida.

 

Ante este negro panorama los habitantes de Chicoloapan se encuentran preocupados y temerosos, de contar con un alcalde y un jefe policiaco corruptos cuya mentalidad se ha corrompido y buscan una forma fácil de ganar dinero.

 

Al pueblo no le queda de otra que esperar que alguien de la 4T le diga al morenista Javier Mendoza Vásquez y al jefe policiaco Josafat Green Ramírez, que el voto ciudadano no es un cheque en blanco para engordarse los bolsillos, por lo que la ciudadanía debe de estar al tanto para cuestionarlos.