EXIGEN FEMINISTAS COMPAREZCA EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO
Y EL FISCAL ALEJANDRO GÓMEZ
* "No acaso la Fiscalía no depende del gobernador?
entonces quiere decir que no tiene control de sus instituciones porque
pareciera eso”, aseveró la abogada Shayra Ruiz.
* Exigen feministas a la legislatura del estado la
comparecencia del gobernador del estado Alfredo del Mazo Maza, el titular de la
FGJEM, Alejandro Gómez, al presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis,
entre otros.
Ecatepec Estado de México 14 de septiembre de 2020.
- Después de los hechos suscitados el viernes pasado donde un grupo de feministas tomara las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos del Estado de México (Codhem), ubicada en la colonia Bulevares de San Cristóbal, en Ecatepec, debido a que el organismo no atendía las quejas de agresiones y feminicidios que se han presentado en municipios del Estado de México, por la madrugada de ese viernes, fueron desalojadas, agredidas y aprehendidas por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por daño en los bienes, estando entre ellas una mujer embarazada.
Es así que después de 10 horas fueron liberadas 11 mujeres y
dos hombres, porque su detención fue ilegal, donde en su momento el gobernador
reprobó las acciones de los elementos de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, aunque al parecer hubo cierta contradicción del Ejecutivo
Estatal, al aseverar que tanto la Fiscalía como la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, eran organismos autónomos y gozaban de total independencia en la toma
de sus decisiones, cuando finalmente todas las dependencias estatales están
bajo su mandato.
No obstante, el día de hoy que se presentaron un grupo de
feministas en la Fiscalía Regional de Ecatepec, Shayra Ruiz, activista política
social y defensora de derechos humanos, quien tuvo a cargo la representación de
sus compañeras, aseveró que los hechos se suscitaron luego de que las mujeres
ya están hartas de que Ecatepec sea un foco rojo para la violencia de género,
de feminicidios, de acciones que día a día se agudizan, por lo que decidieron
alzar la voz, ya que es responsabilidad del estado, de la falta de políticas
públicas, de la falta de sensibilidad de las autoridades para impartir
justicia, y que, por cada una de estas mujeres que hoy ya no pueden hablar
porque forman parte de unas estadísticas, están otras mujeres que día con día
luchan por alzar la voz y por hacerse escuchar y exigir justicia.
De igual forma, la abogada Ruiz, manifestó “Quiero
comentarles que el día viernes cuando llegamos efectivamente a la Fiscalía de
Atizapán de Zaragoza, lo cual desde ahí habla de una grave violación, porque
los hechos sucedieron en Ecatepec y sin embargo se les traslada a una
jurisdicción ajena a este municipio y las autoridades de Ecatepec están
señaladas por las compañeras por la omisión, porque la omisión también es violencia,
por qué quiere decir, que entonces en Ecatepec puede pasar lo que sea, se puede
desaparecer, aprehender a quien sea y que el presidente municipal y que el
director de seguridad pública y que la defensora de Derechos Humanos no hacen
absolutamente nada, sólo son observadores de lo que pasa, no garantizan los
derechos humanos de los habitantes y de todo ciudadano que está dentro de su
municipio… así también aseveró que hubo un total abuso, una violencia extrema
psicológica, porque las compañeras pensaron que las iban a desaparecer, porque
pensaban que como el estado de México ha sido siempre represor nunca más iban a
poder ver a su familia, además de que nunca fueron llamadas para atender sus
demandas simple y sencillamente fue una operación de estado porque, ellos
esperaron a que fuera de noche y actuaron como actúan los grupos delictivos en
la noche, cuando nadie ve, con camionetas que ni siquiera tenían identificación
y de esa manera las violentaron, estaban incomunicadas, sus familiares no sabían
dónde estaban, no sabían a ciencia cierta quiénes eran las detenidas, ni
siquiera se les permitió hacer una llamada”.
Finalmente al salir las feministas se les certificó y se
reservó el derecho a que declararan, ellas salieron con las reservas de ley, es
decir, que si ellos en cualquier momento deciden reactivar la investigación lo
pueden hacer, por eso exigen el esclarecimiento total de la parte acusadora,
saber quién las acusa y el desistimiento de esa acción, ya que ellas puedan
proceder a realizar su denuncia, no obstante, se les sigue vulnerando sus
derechos, les siembran miedo, el estado está acostumbrado a sembrar miedo a
todos aquellos que defienden sus derechos y los de otros.
De igual manera Sheyla recalcó que cuando se dio la
liberación, pareciera que el gobernador no sabe lo que pasa en su estado y que
ya cuando estaban en el proceso de liberación es cuando él se atreve a decir
que está en contra del abuso de autoridad, a lo que puntualizó “Pero, que no
acaso la Fiscalía no depende del gobernador? entonces quiere decir que no tiene
control de sus instituciones porque pareciera eso”.
También exigió en que se pida en la legislatura del estado
la comparecencia de estos funcionarios, no basta que los legisladores pidan
desde la comodidad de un Twitter, de un Facebook y se inconformen con la
violencia, es necesario que actúen y es necesario que pidan la comparecencia
del gobernador Alfredo del Mazo, del Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, de la
titular de seguridad pública, del presidente municipal de Ecatepec Fernando
Vilchis Contreras, de la defensora de derechos humanos, de quien preside el
instituto de la mujer, porque todos son corresponsables de esta situación que
vivieron desafortunadamente las compañeras por exigir justicia.
Respecto a la mujer embarazada “Kika”, señaló se encuentra
estable con ocho meses de embarazo, aunque ha estado perdiendo liquido después
de lo sucedido por el estrés y los golpes que recibió.
Finalmente una de las activistas que fueron aprehendidas
manifestó que seguirán con su lucha, en tanto en la parte legal tendrán que
recurrir a las instancias federales y pedirán se cierre la carpeta abierta y
posteriormente presentar las denuncias por abuso de autoridad, por la
violación al debido proceso a las autoridades que participaron
en los hechos estatales y municipales, además de buscar el resarcimiento del
daño de su persona y sus familiares.
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