FGJEM: ASALTO INSTITUCIONAL EN LA MÉXICO-PACHUCA

 

* Extorsión, abuso de poder y persecuciones ilegales convierten a la México-Pachuca en un corredor de asaltos con respaldo institucional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 21 de enero de 2026.– La carretera México-Pachuca libre se ha convertido en un territorio sin ley donde no mandan los delincuentes comunes, sino policías de investigación y madrinas adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes operan una red sistemática de abusos, detenciones arbitrarias y extorsiones contra ciudadanos que transitan por los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

 

Lejos de combatir al crimen, los hampones con placa han hecho de esta vía federal un corredor de cacería, aprovechando tramos sin cámaras de vigilancia para interceptar automovilistas, intimidarlos y despojarlos de dinero bajo amenazas fabricadas.

 

Uno de los casos más recientes quedó documentado en un video difundido en redes sociales, donde se observa cómo una camioneta evade a presuntos agentes de investigación. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un mes en un tramo federal de la México-Pachuca y se extendieron incluso hasta los límites con el estado de Hidalgo, evidenciando que estos grupos actúan fuera de su jurisdicción y sin coordinación con autoridades hidalguenses, como si se tratara de una banda criminal itinerante con respaldo institucional.

 

El afectado relató que ese día se dirigía de una plaza comercial en Tecámac hacia Tizayuca, Hidalgo, después de retirar dinero de una sucursal bancaria. Durante el trayecto, sujetos armados intentaron detenerlo en un punto ciego, sin vigilancia, lo que le generó sospecha y temor. Al no detenerse, fue perseguido durante varios kilómetros dentro del territorio hidalguense, hasta que los agresores regresaron al Estado de México.

 

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el denunciante aseguró haber sido hostigado en repetidas ocasiones, incluyendo revisiones arbitrarias de su teléfono celular en zonas comerciales y constantes detenciones en el mismo tramo carretero. El nivel de acoso fue tal que tomó una decisión extrema: vender su camioneta a un precio muy por debajo de su valor real para no volver a circular por la zona y proteger su vida y la de su familia.

 

“YA NO PUEDO NI PASAR POR AHÍ NI IR AL BANCO EN TECÁMAC; DIARIO ESTÁN EN ESA ÁREA”, AFIRMÓ.

 

Estas prácticas, denunciaron los afectados, son comunes dentro de la Policía de Investigación, siempre acompañados de madrinas que abundan al interior de la FGJEM. Lo más grave es que, según los testimonios, el fiscal general del Estado de México, José Luis Martínez Cervantes, tiene pleno conocimiento de estas operaciones y las permite, ya que este esquema de extorsión sirve para engrosar los bolsillos de comandantes regionales, mandos de alto nivel y del propio fiscal, a quien los denunciantes señalan directamente como parte de la cadena de corrupción.

 

El patrón se repite: fabricación de delitos, intimidación y amenazas. El ciudadano afirmó que un amigo suyo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía únicamente por haber tomado una fotografía, mientras que un familiar fue detenido por supuestas irregularidades en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

 

En este último caso, los agentes exigieron 45 mil pesos para no ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación, además de amenazarlo con sembrarle droga.

 

“Si no aflojas, ellos mismos te denuncian y se hacen pasar por víctimas”, sentenció el denunciante, quien sostuvo que estas extorsiones se realizan con el conocimiento de mandos superiores y dentro de las propias instalaciones de la Fiscalía, lo que confirma un esquema de delincuencia institucionalizada.

 

Las denuncias coinciden en que este patrón de conducta se repite en distintos municipios del Valle de México, especialmente en la zona oriente y en vías de alta afluencia vehicular, casualmente donde no hay cámaras de seguridad.

 

Ante esta situación, los afectados exigieron la intervención inmediata de autoridades estatales y federales para investigar a fondo a la FGJEM y frenar lo que califican como un sistema de asalto oficializado contra la ciudadanía.

 

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México guarda silencio, confirmando con su omisión la percepción de impunidad y corrupción que hoy convierte a la México-Pachuca no en una vía de comunicación, sino en un campo de extorsión bajo el amparo del Estado.

MORENA REVIVE LA PRENSA A MODO EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Delfina Gómez y líderes del régimen excluyen a periodistas críticos y usan recursos públicos para comprar silencio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México.— Bajo el discurso oficial del reconocimiento a la libertad de expresión y a la “función social” del periodismo, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez volvió a exhibir las viejas prácticas que Morena prometió desterrar: el control político de la prensa, la exclusión de voces incómodas y el uso del presupuesto público para comprar silencios.

 

El diputado local José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, acompañó a la gobernadora a un encuentro con comunicadores de la zona oriente y del Valle de los Volcanes, realizado en Texcoco. El acto fue presentado como un ejercicio de cercanía y reconocimiento al trabajo periodístico, pero en los hechos se trató de un evento selectivo, cuidadosamente filtrado y alineado a los intereses del gobierno estatal.

 

Durante el encuentro, la mandataria mexiquense destacó el profesionalismo de las y los comunicadores y su labor para informar a la sociedad sobre las acciones de su administración. Sin embargo, ese discurso contrastó de manera evidente con la realidad del evento: sólo fueron convocados periodistas “a modo”, afines al gobierno de Morena, mientras que reporteros independientes, críticos y medios incómodos fueron deliberadamente excluidos.

 

Lejos de representar un espacio plural, el desayuno con comunicadores repitió un esquema que se ha institucionalizado año con año en el Estado de México: reuniones cerradas, listas depuradas desde la oficina de Comunicación Social y, como incentivo, la entrega de apoyos económicos que rondan los 10 mil pesos por asistente. Un mecanismo que, de acuerdo con periodistas marginados de estos encuentros, funciona como una moneda de cambio para asegurar silencio, complacencia y la reproducción acrítica de boletines oficiales.

 

En los hechos, el gobierno de Delfina Gómez, junto con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y otros funcionarios de Morena, ha optado por privilegiar una narrativa controlada, difundida casi exclusivamente a través de comunicados redactados desde el aparato gubernamental, mientras se margina cualquier ejercicio periodístico que cuestione, investigue o exhiba las contradicciones de la llamada Cuarta Transformación en el Estado de México.

 

La presencia del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez en este acto no es menor. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, su acompañamiento refuerza la idea de una alianza entre el poder Ejecutivo y el Legislativo para mantener una relación cómoda con ciertos sectores de la prensa, al tiempo que se ignora el derecho de la sociedad a recibir información diversa, crítica y contrastada.

 

Este tipo de encuentros, lejos de fortalecer la libertad de expresión, la debilitan. Convertir el reconocimiento al periodismo en un ritual de simulación, condicionado a la lealtad política, revive las peores prácticas del viejo régimen priista que Morena juró combatir. Hoy, en el Estado de México, la censura ya no se ejerce con amenazas directas, sino con exclusión, dinero y control del acceso.

 

Mientras el gobierno presume cercanía con los medios, la realidad es que sólo dialoga con aquellos que no preguntan, no investigan y no incomodan. Y así, bajo el disfraz de un homenaje al periodismo, se consolida un modelo de comunicación oficial basado en la propaganda, la mentira institucional y el silencio comprado.

 LA REFORMA ELECTORAL DE SHEINBAUM FRACTURA A LA

 4T Y DESATA EL CHANTAJE DE SUS ALIADOS

 

*PT y PVEM se rebelan, exigen gubernaturas y exhiben la debilidad de Morena para imponer cambios constitucionales

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA. Estado de México, 19 de enero de 2026.- La rebelión en la granja legislativa de la llamada 4T exhibe una verdad incómoda para el oficialismo: el poder de Morena es amplio, pero no absoluto, y su pretendida disciplina política se diluye cuando los aliados dejan de sentirse convidados. El rechazo abierto del PT y del PVEM a la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional no es un accidente ni un malentendido: es el resultado de una lógica de imposición que ha sustituido al diálogo y el consenso por el “pastoreó” legislativo y la negociación en lo oscurito.

 

La presidenta Sheinbaum, lejos de construir acuerdos previos, optó por enviar a sus operadores de Gobernación y a los líderes parlamentarios de Morena a apagar el incendio que ella misma provocó. El problema es de origen: una reforma constitucional de alto calado, diseñada por una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, que nunca consultó ni tomó en cuenta a los partidos aliados de la 4T, y mucho menos a los de oposición, pese a que, sin sus aliados, la iniciativa está condenada a nacer muerta. Morena, por sí solo, no tiene la mayoría calificada y hoy paga el costo de su soberbia política.

 

El caso del PVEM es especialmente revelador. El rechazo frontal de su senador Adán Augusto López como interlocutor no sólo es un desaire personal, sino una señal clara de que el Verde se niega a seguir siendo tratado como fuerza subordinada. Las declaraciones de Luis Armando Melgar, senador del Verde, dejan ver un hartazgo profundo: aliados en campaña, pero ignorados en las decisiones; útiles para sumar votos, pero relegados cuando se reparte el poder real. Esa fractura no es menor y marca un precedente peligroso para la estabilidad de la coalición oficialista.

 

Mientras tanto, el PT y el Verde hacen lo que Morena les enseñó a hacer: convertir el poder legislativo en moneda de cambio. Las “condiciones” que se filtran desde las mesas de negociación —gubernaturas, candidaturas estratégicas y concesiones políticas de alto costo— confirman que la reforma electoral no se discute por convicción democrática, sino como parte de un vulgar regateo. Cinco gubernaturas a cambio de una reforma que ni es urgente ni necesaria es un precio político desproporcionado, que desnuda el verdadero interés detrás del proyecto.

 

La paradoja es brutal: el oficialismo ya controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y tiene mayorías cómodas en los órganos electorales. El INE y el Tribunal Electoral federal, que difícilmente se enfrentes hoy con un contrapeso real. ¿Para qué, entonces, una reforma electoral? La respuesta parece menos institucional y más obsesiva: reconfigurar las reglas aun cuando el tablero ya está inclinado a favor de Morena, aunque eso implique dinamitar la alianza que los llevó al poder.

 

Todo esto ocurre, además, en un contexto internacional adverso, con presiones crecientes desde Estados Unidos y amenazas reales a la soberanía nacional. Pero mientras el mundo arde, la presidenta prefiere verse al espejo y agitar el avispero interno, enfrentándose con sus propios aliados por una iniciativa que no logra ni siquiera el consenso del bloque gobernante. La 4T, que prometió una nueva forma de hacer política, hoy revive las peores prácticas del viejo régimen: chantaje, cuotas y negociaciones de sangre. Y como bien lo entienden el Verde y el PT, en esta historia, quien quiera miel, tendrá que pagarla muy cara.

 

A propósito de Pablo Gómez, no son pocas las voces importantes, dentro de la 4T, empezando por las de diputados y senadores de la cúpula, que lo culpan del mal ambiente que ha generado la reforma electoral, además de la rebelión de los partidos aliados, porque “su carácter soberbio y altanero”, dicen los mismos morenistas, no ayudó mucho a que se socializara y se incluyera a un sector más amplio en las consultas y discusiones sobre el contenido de dicha reforma.

 

El estilo que con los años ha desarrollado Gómez, uno de los primeros beneficiarios de la apertura política y democrática hacia las minorías, prepotente, soberbio y altanero, no le sirvió de mucho a la presidenta al designarlo como el titular de su comisión que se encargaría de reunir y redactar las propuestas de cambio al sistema electoral.

TRASLADAN HERIDOS DE LA CDMX A HOSPITALES DEL EDOMEX PARA MAQUILLAR CIFRAS DELICTIVAS, REVELA HÉCTOR DE MAULEÓN

 

* Policías capitalinos habrían recibido órdenes de “bajar la incidencia delictiva como fuera” trasladando heridos al Edomex

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2025.— Un grave patrón de actuación policial quedó al descubierto tras una serie de hechos ocurridos la noche del 14 de octubre de 2023, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron de manera arbitraria a personas gravemente heridas a un hospital del Estado de México, presuntamente con el objetivo de reducir artificialmente la incidencia delictiva en la capital del país.

 

De acuerdo con la crónica documentada por el periodista Héctor De Mauleón, las cámaras del Centro de Mando Municipal de Nezahualcóyotl detectaron que dos patrullas de la CDMX —MX-121-D2 y MX-443-01— abandonaron en la vía pública, frente al Hospital General de La Perla, a un hombre con heridas de arma punzocortante, sin esperar a que recibiera atención médica.

 

Un familiar de la víctima declaró ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que el hombre fue atacado con un cuchillo dentro de su domicilio, en el Barrio San Miguel de Iztapalapa, y que, pese a solicitar una ambulancia, los policías se limitaron a trasladarlo hasta dicho hospital mexiquense bajo el argumento de que “era el más cercano y ahí lo atenderían mejor”. Sin embargo, los agentes se retiraron antes de que el personal médico pudiera intervenir.

 

Minutos después, policías municipales de Nezahualcóyotl fueron testigos del arribo de otra patrulla capitalina, la MX-122-D2, conducida por el agente Enrique Lucero Balbuena, que transportaba a dos mujeres heridas por arma de fuego. Según el reporte ministerial, los policías intentaron retirarse del lugar, dejándolas tiradas en la vía pública.

 

La escena se repitió con la llegada de más patrullas de la CDMX —MX-444-D-1 y MX-272-D2— tripuladas por los agentes José Fernando Salinas, Brenda Barrón y Ricardo Mirafuentes Sánchez, jefe del Sector Oasis de Iztapalapa, quienes llevaban a un hombre y dos mujeres baleados tras un ataque relacionado con extorsión en un puesto de micheladas en Santa Martha Acatitla.

 

Una de las víctimas declaró que eran derechohabientes del ISSSTE y que existían hospitales mucho más cercanos en la Ciudad de México, como el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” o el “José María Morelos y Pavón”, pero que los policías decidieron, de manera arbitraria, trasladarlos hasta el Hospital de La Perla, ya en territorio mexiquense.

 

Ante estos hechos, mandos de la policía de Nezahualcóyotl ordenaron la detención de seis agentes capitalinos por impedir el acceso inmediato a atención médica y trasladar a los lesionados fuera de su jurisdicción. Entre los detenidos se encontraba el propio jefe del Sector Oasis.

 

Según testimonios recabados en el Centro de Justicia Neza La Perla, no se trataba de un hecho aislado. Existían reportes previos de policías y paramédicos de la CDMX que desviaban a heridos graves hacia hospitales del Estado de México, en lugar de ingresarlos a nosocomios capitalinos.

 

Esa misma noche, altos mandos de la policía capitalina, entre ellos el comisario Juan Hernández Vázquez y José Antonio Bautista, director de investigación policial de asuntos internos, acudieron ante autoridades de Nezahualcóyotl para exigir que los agentes fueran liberados, lo cual finalmente ocurrió mediante la intervención de sus superiores.

 

De acuerdo con la investigación de Héctor De Mauleón, estos hechos dieron pie a acusaciones formales de autoridades mexiquenses, quienes señalaron que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se habría instruido a policías capitalinos a trasladar heridos y moribundos al Edomex para maquillar las estadísticas de homicidios en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana negó en su momento dichas acusaciones.

 

La crónica completa de esa noche quedó asentada en la carpeta de investigación NZ3/062/292551/23/10, que documenta cómo al menos seis personas gravemente heridas fueron trasladadas de forma irregular y, horas después, ingresadas finalmente al hospital capitalino que debieron haber recibido desde un inicio.

DESIGNACIÓN DE JUAN HUGO DE LA ROSA EN MOVILIDAD DESATA INDIGNACIÓN Y REVIVE SEÑALAMIENTOS DE CACICAZGO EN EL EDOMEX

 

* Nombramiento revive acusaciones de cacicazgo y conflictos de interés en el gobierno estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 15 de enero de 2025.— Cayó como un balde de agua fría en amplios sectores sociales y políticos del Estado de México la designación de Juan Hugo de la Rosa García como nuevo titular de la Secretaría de Movilidad estatal, en sustitución de Daniel Sibaja González, cuya renuncia fue anunciada desde la semana pasada. La toma de protesta del exalcalde de Nezahualcóyotl se concretó este miércoles 15 de enero y, lejos de generar consenso, desató una oleada de críticas.

 

De la Rosa García es considerado por amplios sectores ciudadanos como uno de los caciques políticos más repudiados del oriente mexiquense. Su llegada al gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fue interpretada por actores políticos como otro error estratégico del actual gobierno estatal, al privilegiar viejas prácticas de poder por encima de perfiles técnicos y con preparación en la materia.

 

El nombramiento abre serias interrogantes debido a que, desde hace años, Juan Hugo de la Rosa ha sido señalado como presunto operador político y financiero de las protestas protagonizadas por choferes del autotransporte en el oriente del Edomex, particularmente las llamadas “rutas hermanas”, movilizaciones que han afectado a miles de ciudadanos sin que exista una explicación clara de su origen ni de sus beneficiarios.

 

Estas sospechas se refuerzan con el hecho de que, en meses recientes, unidades de dichas rutas han sido utilizadas para promover la imagen de Carmen de la Rosa, hija del ahora secretario, a quien Juan Hugo de la Rosa busca posicionar —a toda costa— como candidata de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Nezahualcóyotl.

 

La llegada del exalcalde a la Secretaría de Movilidad también anticipa una profundización de la pugna política con el actual presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda, una confrontación que amenaza con fracturar aún más a Morena en uno de sus bastiones electorales más importantes del Estado de México.

 

Diversas voces advierten que, desde esta nueva posición, Juan Hugo de la Rosa podría fortalecer redes de negociación entre ministerios públicos, dueños de corralones y organizaciones del transporte, lo que permitiría que continúen abusos, extorsiones y atracos contra los ciudadanos sin consecuencias visibles, en un contexto donde la impunidad ha sido una constante.

 

A estos señalamientos se suma un antecedente familiar grave. Juan Hugo de la Rosa es tío de Fabiola Yuritzi Hernández De la Rosa, contra quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documentó que el 25 de septiembre de 2022 participó, junto con cuatro cómplices, en el secuestro de una comerciante en el municipio de Texcoco. De acuerdo con la investigación, los agresores ingresaron armados al negocio de la víctima, la privaron de la libertad y exigieron cinco millones de pesos para su liberación.

 

Según las indagatorias, Hernández De la Rosa se hacía pasar como ministerio público cuando encabezaba la Dirección de Apoyo a la Mujer, cargo que le fue otorgado durante una de las administraciones municipales de su tío en Nezahualcóyotl, lo que agravó la gravedad de los hechos.

 

Aunque la prima de la diputada Carmen de la Rosa y sobrina del cacique Juan Hugo de la Rosa, fue sentenciada a 95 años de prisión, hoy se encuentra en libertad, presuntamente gracias a argucias legales y gestiones políticas atribuidas a de la Rosa y a su hija, la actual diputada de Morena.

 

Juan Hugo de la Rosa fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos (2016–2018 y 2019–2021), diputado federal por el PRD en 2006 y nuevamente legislador federal por Morena en la LXVI Legislatura en 2024. También ha sido diputado local y funcionario municipal en distintas áreas administrativas y de servicios públicos, pero carece de experiencia comprobable en materia de movilidad y transporte.

 

Entre la ciudadanía persiste una pregunta que no deja de retumbar: ¿no existen perfiles mejor preparados y sin señalamientos para encabezar una dependencia tan estratégica? Para muchos, este nombramiento no solo perpetúa los cacicazgos regionales, sino que contradice el discurso fundacional de Morena.

La duda es inevitable: ¿no que eran diferentes?

AULAS PARA LA FOTO, AGUA SECUESTRADA PARA EL NEGOCIO:

 EL VERDADERO PODER EN LA PAZ

 

* El negocio del agua, la omisión del gobierno y el silencio que ahoga a La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de enero de 2026.— Mientras la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez encabeza actos públicos para presumir la entrega de un aula escolar como ejemplo de “austeridad” y buen gobierno, en el municipio se consolida una realidad mucho más grave: el agua, derecho humano básico, permanece bajo un presunto control criminal con la tolerancia y la complicidad del poder político local.

 

Para escuelas públicas y miles de familias, la propaganda oficial contrasta brutalmente con la vida diaria. Planteles educativos que no reciben agua por la red municipal se ven obligados a comprar pipas hasta en 1,700 pesos para poder operar, mientras el Ayuntamiento guarda silencio y evade cualquier explicación seria.

 

La desesperación social crece ante los señalamientos directos de líderes comunitarios y operadores del reparto de agua, quienes, bajo reserva de identidad por temor a represalias— aseguran que la alcaldesa Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un pacto político y económico con Héctor Becerril, identificado por diversas fuentes locales como quien habría asumido el control del grupo criminal conocido como Sindicato 22 de Octubre, tras la detención de “El Jimmy”.

 

Según estos testimonios, el saqueo del agua es sistemático: de cada pozo se extraen alrededor de cien pipas diarias durante la madrugada, mismas que no se distribuyen a la población, sino que son apartadas para su venta, convirtiendo el desabasto en un negocio multimillonario sostenido por la omisión deliberada del gobierno municipal.

 

La pregunta es inevitable y cada vez más incómoda: ¿por qué el Ayuntamiento no interviene, no clausura, no investiga y no denuncia?

Para vecinos y directivos escolares, la respuesta es clara: porque el control del agua se ha convertido en un botín político y económico, útil para someter colonias enteras, castigar disidencias y administrar la escasez como herramienta de poder.

 

Habitantes de las zonas altas, las más golpeadas por la falta de agua, aseguran que el problema podría aliviarse de inmediato si el gobierno municipal rompiera los presuntos acuerdos que mantiene con estas redes. Sin embargo, lejos de hacerlo, la alcaldesa opta por culpar al crecimiento urbano y pedirle a la ciudadanía que “impida” la expansión de colonias, lavándose las manos de una responsabilidad que es exclusivamente institucional.

 

En este escenario, la entrega de un aula no es un logro: es una distracción. Una cortina de humo frente a un sistema que permite que escuelas públicas compren agua como si fuera un lujo, mientras funcionarios presumen “ahorros” y administran ceremonias.

 

Hoy, la exigencia social va más allá de obras aisladas: La Paz demanda respuestas, nombres, investigaciones y consecuencias. Y la pregunta que retumba en colonias, escuelas y calles sigue sin respuesta oficial:

 

¿Cuánto dinero reciben mensualmente Martha Guerrero Sánchez y Tranquilino Lagos Buenabad por permitir que el agua de La Paz siga en manos de un presunto grupo criminal?

 

Mientras esa duda no sea aclarada con transparencia y acciones reales, cualquier discurso de austeridad no será más que propaganda construida sobre la sed de la población.

NEZAHUALCÓYOTL: PROTESTAS POR AGUA TURBIA DESTAPAN PRESUNTO NEGOCIO PRIVADO DEL ALCALDE

 

*Agua turbia, pipas privadas y silencio oficial: la indignación crece en Ciudad Neza

 

Por: EXPEDIENE SECRETO

 

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México, 13 de enero de 2026.— La crisis hídrica en la colonia Izcalli estalló ayer en las calles. Vecinos bloquearon vialidades clave, como la avenida Chimalhuacán, para denunciar la falta de suministro regular de agua potable, un problema que —aseguran— se arrastra desde hace más de un año sin solución por parte del gobierno municipal.

 

La protesta escaló cuando los colonos acusaron directamente al alcalde morenista, Adolfo Cerqueda Rebollo, y a su círculo cercano de repartir y vender agua sucia a la población. “No es agua limpia y no es segura”, reclamaron. De acuerdo con los testimonios, el líquido que compran hasta dos veces por semana presenta alta turbiedad, no sirve para lavar alimentos ni puede pasar por purificadores domésticos.

 

Las afectaciones son cotidianas y costosas. El agua sólo alcanza para sanitarios y pisos; la ropa queda percudida y la blanca ya no recupera su color. Para llenar un tinaco de mil litros, las familias pagan hasta 300 pesos, un volumen que apenas rinde dos días. El gasto semanal asciende a 600 pesos, además del pago anual de 4 mil 149 pesos que realizan al ODAPAS Nezahualcóyotl por un servicio que, en los hechos, no llega.

 

“Es injusto pagar más de 4 mil pesos al año y que el agua llegue cuando quiere: de madrugada o una vez a la semana. Llevamos años denunciando y nadie nos hace caso”, reclamó una vecina afectada. La precariedad ha obligado incluso a que algunas familias se trasladen a otros municipios, como Tecámac, para lavar su ropa y reducir el impacto económico, una postal que exhibe el colapso del servicio hídrico municipal.

 

La indignación creció tras revelaciones documentales. De acuerdo con el periódico QUADRATÍN EMX, registros del Registro Público del Comercio señalan que el edil figura como accionista de LDA y Asociados S.C. de R.L. de C.V. y Multiproductos y Servicios ACR y Asociados S.A. de C.V., ambas con sede en el municipio que gobierna. LDA y Asociados mantiene actividades vinculadas al transporte, acarreo, carga y descarga, rubros relacionados con el uso de pipas para el traslado de agua o residuos dentro y fuera del Estado de México. Por ello, vecinos acusan un posible conflicto de interés y sostienen que el alcalde estaría lucrando con la necesidad de la población.

 

Multiproductos y Servicios ACR y Asociados, dedicada a la distribución y flete de mercancías, también registra al alcalde como accionista, lo que ha encendido más alertas. “No se entiende por qué no resuelven el problema si mientras el servicio público colapsa, el negocio privado del transporte prospera”, reprochan los colonos.

 

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha aclarado ni la calidad del agua distribuida por pipas ni los señalamientos sobre la relación del alcalde con empresas vinculadas al reparto del líquido. Mientras tanto, en Izcalli y otras colonias, la población sigue pagando caro por agua que no puede consumir y que, para muchos hogares, simplemente no existe.

CORRALONES DEL HORROR EN EL ORIENTE DEL EDOMEX: EXTORSIÓN, ROBO Y COMPLICIDAD OFICIAL DESATAN PROTESTA MASIVA DE TRANSPORTISTAS

 

*El negocio del despojo: policías, ministerios públicos y corralones operan una red de extorsión con protección oficial en el oriente del Edomex, según afectados

 

Por EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 13 de enero de 2026.— La movilización de transportistas que colapsó este martes las principales vialidades del oriente del Estado de México no fue un acto espontáneo ni una protesta aislada: fue el estallido de un hartazgo acumulado por años de abusos, extorsiones y robos sistemáticos operados, según denuncias directas, desde una red de corrupción donde confluyen policías estatales y municipales, agentes del Ministerio Público y empresas concesionadas de grúas y corralones.

 

Los transportistas aseguran que su patrimonio ha sido erosionado no solo por la delincuencia común —robos de autopartes, asaltos a pasajeros y atracos a operadores— sino por un esquema institucionalizado de saqueo que utiliza la ley como herramienta de despojo. La acusación es contundente: los corralones se han convertido en centros de robo legalizado bajo la protección del Estado.

 

De acuerdo con los testimonios recabados, es una práctica recurrente que vehículos asegurados terminen desaparecidos dentro de los propios depósitos. En casos extremos, aun después de pagar multas y supuestos adeudos, los propietarios descubren que sus unidades ya fueron vendidas de manera ilegal por el personal del corralón.

 

A ello se suman cobros arbitrarios y desproporcionados. Transportistas denuncian que elementos de la policía estatal, un sin tener atribuciones, buscan cualquier pretexto para remitir unidades a depósitos donde se cobran hasta 6 mil pesos por un solo día de estancia, cantidades imposibles de cubrir para quienes viven al día.

 

El presunto modus operandi incluye la fabricación de delitos. Según las denuncias, policías y agentes del Ministerio Público imputan cargos falsos como “ataques a las vías de comunicación” para mantener detenidos a los operadores hasta por 48 horas. Al recuperar la libertad, el castigo continúa: en los corralones se les exigen pagos que alcanzan los 15 mil pesos o más para liberar su herramienta de trabajo.

 

La protesta inició alrededor de las 9:00 de la mañana y provocó cierres totales y parciales en la Carretera Chalco-Cuautla, la Autopista México-Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Nezahualcóyotl, Calzada Ignacio Zaragoza en Santa Martha Acatitla, Avenida Bordo de Xochiaca en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, así como el acceso al Circuito Exterior Mexiquense por el cruce con avenida Vicente Villada.

 

Para los líderes transportistas, el bloqueo fue el último recurso ante la indiferencia sistemática de las autoridades de seguridad y del gobierno del Estado de México. Cerca de las 11:00 horas, los manifestantes levantaron las movilizaciones tras alcanzar un acuerdo preliminar con autoridades estatales, quienes reconocieron —aunque sin consecuencias visibles— que muchos corralones continúan extorsionando a la ciudadanía en complicidad con policías estatales, municipales y agentes del Ministerio Público.

 

Uno de los casos más señalados es el del corralón “Grúas Castillo”, ubicado en los límites de Los Reyes La Paz y la Ciudad de México, propiedad de Arturo Castillo, representante del Corporativo de Servicios y Comercializadora Moctezuma S.A. de R.L..

 

Transportistas y víctimas aseguran que el empresario presume públicamente ser amigo personal de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, jactándose de que, por esa relación, “puede hacer lo que quiera” sin enfrentar consecuencias legales.

 

El caso de Gabriela Adriana Vega Torres expone con crudeza la profundidad de este entramado. En agosto de 2022, su esposo, Adán Santos Cuevas, fue asesinado, hecho asentado en la carpeta de investigación NUC NEZ/NEZ/NZ3/062/222569/22/08. El vehículo donde ocurrió el homicidio —un Volkswagen Beetle azul, modelo 2010, placas V05AZV, valuado en 140 mil pesos— fue asegurado por la Fiscalía Especializada de Homicidios Zona Oriente.

 

Lo que debía ser evidencia clave para esclarecer el asesinato, terminó convertido en botín. El automóvil fue trasladado al corralón Grúas Castillo, donde, pese a oficios oficiales como el 2133F000/73/2025, firmado por el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Roa Salazar, a Gabriela se le intento extorsionar con una exigencia de más de 100 mil pesos por “gastos” inexistentes. Luego, la respuesta del dueño fue brutal: “¿De verdad le conviene recuperar su coche? Mejor cómprese otro”.

 

En septiembre de 2025, un trabajador del propio corralón confirmó lo impensable: el vehículo había sido vendido desde finales de 2024. La verificación oficial del número de serie 3VWKV21C1AM002737 reveló que el coche fue reemplacado como LHB-63-8B, repintado de amarillo y hoy es conducido presuntamente por un familiar del propio dueño del corralón.

 

La evidencia de un homicidio fue robada, alterada y revendida con lo que las víctimas califican como complicidad directa de la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad y el gobierno estatal.

 

Otro episodio, ocurrido el 29 de octubre de 2025, refuerza el patrón. Un conductor de un camión tipo torton, averiado en la vía pública, fue detenido por policías municipales de la patrulla SP-284, en el municipio gobernado por la alcaldesa morenista Martha Guerrero. Tras ser presentado ante un juez cívico y multado con 4 mil 394 pesos, su unidad fue enviada al corralón Moctezuma, mejor conocido como: “Corralón Castillo”, donde le exigieron un pago total de 69 mil 209 pesos.

El desglose resulta escandaloso:

– Servicio de grúa: 14,211 pesos

– Abanderamiento: 7,800 pesos

– Tiempo en espera: 4,545 pesos

– Piso: 3,255 pesos

– Maniobras de salvamento: 21,452 pesos

– Servicio de grúa tipo B (dos unidades): 8,800 pesos

Subtotal: 59,663 pesos

IVA: 9,546 pesos

Total exigido: 69,209 pesos

Para los transportistas, estos hechos no son excepciones, sino la regla. Un sistema donde la ley dejó de proteger y pasó a extorsionar; donde la justicia se vende, la evidencia se roba y la impunidad se administra desde oficinas públicas. Mientras tanto, en el oriente del Estado de México, los corralones siguen operando como cajas negras del despojo, bajo la mirada complaciente —o cómplice— del poder.

MORENA SIMULA UNIDAD EN EL EDOMEX MIENTRAS SE PROFUNDIZA

 LA DISPUTA INTERNA RUMBO A 2027

 

*“Unidad de utilería: asambleas de Morena exhiben la lucha por candidaturas y el control del Edomex rumbo a 2027”

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 12 de enero de 2026.— Lejos de representar un verdadero cierre de filas o una reconciliación interna, las llamadas “asambleas en defensa de la soberanía nacional” realizadas por Morena en diversos municipios del Estado de México evidenciaron, una vez más, la profunda fractura que persiste al interior del partido y la lucha anticipada por el control político y las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

 

Aunque el discurso oficial buscó presentar estos encuentros como ejercicios de organización territorial y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en los hechos se trató de actos políticos cuidadosamente calculados para reposicionar a un grupo específico: el encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda, histórico cacique de Texcoco, quien continúa siendo uno de los principales factores de ruptura dentro de Morena en la entidad.

 

La presencia conjunta de algunos liderazgos fue vendida como “reconciliación”, pero en realidad responde a una estrategia de negociación y presión interna. El objetivo es claro: ganar espacios, condicionar decisiones y asegurar cuotas de poder y candidaturas para 2027, aun a costa de la estabilidad del partido en el Estado de México.

 

Resulta particularmente revelador que en estas reuniones brillaran por su ausencia alcaldes y diputados identificados con el grupo político cercano a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte. Esta omisión no es menor: confirma que no existe tal unidad y que los actos fueron organizados por una sola corriente, la misma que históricamente ha confrontado y saboteado los esfuerzos de cohesión interna.

 

En ese contexto, el supuesto respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum se percibe más como un recurso retórico que como un compromiso político real. Un apoyo “de saliva”, vacío de hechos y desprovisto de una verdadera alineación institucional, utilizado únicamente como bandera para legitimar una disputa interna que nada tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional ni con el trabajo de base que Morena dice abanderar.

 

Mientras el grupo opositor a Delfina Gómez y Horacio Duarte insiste en protagonizar estos actos, la realidad es que sus movimientos apuntan a descarrilar a Morena en el Edomex, anteponiendo intereses facciosos y ambiciones personales al proyecto de gobierno y a la responsabilidad de gobernar una de las entidades más complejas del país.

 

Así, bajo el disfraz de asambleas cívicas y mensajes patrióticos, Morena en el Estado de México comienza a mostrar el verdadero rostro de su disputa interna: una lucha adelantada por el poder que amenaza con erosionar su credibilidad y su cohesión rumbo a 2027.

PARQUES INAUGURADOS, SEGURIDAD SIMULADA: LA OTRA CARA

 DEL “MUNICIPIO DE PAZ” EN ECATEPEC

 

*Mientras el gobierno presume parques y espectáculos comunitarios, la seguridad de Ecatepec sigue secuestrada por mandos y asesores señalados por vínculos con estructuras del crimen organizado.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 11 de enero de 2026.– Mientras el gobierno municipal de Azucena Cisneros Coss presume la inauguración del parque Colibrí en la colonia Francisco I. Madero y difunde discursos sobre la “transformación” de la policía, la realidad de la seguridad pública en Ecatepec contradice de manera frontal la narrativa oficial.

 

La recuperación de espacios públicos, presentada como símbolo de avance institucional, no puede ocultar el deterioro estructural de la corporación policiaca, ni mucho menos la permanencia de figuras altamente cuestionadas dentro del aparato de seguridad municipal.

 

LOS BOLETINES NO ALCANZAN PARA ESCONDER LA REALIDAD

 

La seguridad en Ecatepec no se va a recuperar, y mucho menos mientras el gobierno municipal mantenga como asesor en materia de seguridad pública a Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa”, señalado en círculos de inteligencia federal como uno de los operadores que impulsó la creación de mandos policiacos utilizados como recolectores de extorsiones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Frente a estos señalamientos, los boletines de prensa resultan irrelevantes, e incluso ofensivos para una ciudadanía que vive a diario la extorsión, el miedo y la desconfianza hacia su propia policía.

 

Cisneros Coss debe entender que no se construye un municipio de paz con propaganda, cuando al interior de su gobierno operan personajes ligados —presuntamente— a estructuras de la delincuencia organizada.

 

POLICÍA “TRANSFORMADA”, CIUDADANOS DESPROTEGIDOS

 

El subdirector de la policía municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, afirmó que se busca profesionalizar la corporación y recuperar la confianza ciudadana. Sin embargo, la presencia de asesores cuestionados, la falta de depuración real y las constantes denuncias ciudadanas desmienten ese discurso.

 

La confianza no se decreta en un evento público, se construye con resultados, con mandos limpios y con decisiones firmes para romper cualquier vínculo entre autoridad y crimen organizado. Hasta ahora, eso no ha ocurrido.

 

EVENTOS PARA LA FOTO, PROBLEMAS SIN ATENDER

 

La exhibición de binomios caninos, caballería, prevención del delito y convivencia con niños funciona como escenografía institucional, pero no atiende el problema de fondo: La inseguridad sigue intacta, y los delitos de alto impacto continúan golpeando a colonias enteras del municipio.

 

Los parques pueden ser pintados, los juegos infantiles reparados y las fotos difundidas, pero ningún columpio rehabilitado sustituye una estrategia real de seguridad pública.

 

LA ORGANIZACIÓN VECINAL, NO EL MILAGRO GUBERNAMENTAL

 

Incluso los propios testimonios ciudadanos reconocen que el parque Colibrí fue recuperado gracias a la organización vecinal, jornadas comunitarias de limpieza y trabajo colectivo, más que por una acción integral del gobierno municipal.

 

Eso revela una verdad incómoda: cuando la autoridad falla, la ciudadanía se organiza; cuando la autoridad presume, la realidad desmiente.

 

CONCLUSIÓN POLÍTICA

 

Ecatepec no necesita más inauguraciones ni discursos reciclados.

Necesita decisiones contundentes, ruptura con personajes señalados, y una depuración real de su policía.

 

Porque mientras el gobierno municipal insista en vender una imagen de “municipio de paz”, la inseguridad seguirá siendo el principal habitante de Ecatepec, y la distancia entre el boletín y la calle será cada vez más difícil de ocultar.

JUGUETES PARA LA FOTO, SILENCIO PARA LOS FEMINICIDIOS: LA PAZ, ENTRE LA PROPAGANDA Y LA SANGRE

 

* Feminicidios ocultos, balaceras a metros del Palacio Municipal y el control criminal del agua exhiben el colapso moral y político del gobierno de Martha Guerrero y Tranquilino Lagos rumbo a 2027.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

Los Reyes La Paz, Estado de México, 5 de enero de 2026.– Mientras el gobierno municipal encabezado por Martha Guerrero Sánchez, junto con su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, se esfuerza por proyectar una imagen de “convivencia familiar” a través de festivales, rifas y la entrega masiva de juguetes, La Paz se hunde en una realidad marcada por la violencia feminicida, el control criminal de servicios básicos y el presunto encubrimiento institucional.

 

EL CONTRASTE ENTRE EL DISCURSO OFICIAL Y LA REALIDAD SOCIAL YA NO ES SUTIL: ES BRUTAL

 

El pasado 27 de diciembre, una menor de apenas 15 años fue asesinada en la colonia Altavista. De acuerdo con denuncias vecinales y testimonios de activistas, el crimen no fue difundido ni por el Ayuntamiento ni por la Fiscalía del Estado de México, presuntamente para evitar el impacto político y mediático durante la temporada decembrina.

 

Hasta hoy, no existe posicionamiento público, informe oficial ni avance claro de la investigación. El silencio institucional ha encendido la indignación de colectivos de mujeres y habitantes, quienes advierten que La Paz se ha convertido en territorio de feminicidios silenciados, donde la omisión es política de Estado.

 

EL AGUA COMO BOTÍN Y EL PODER COMO CÓMPLICE

 

A la crisis de seguridad se suma una problemática estructural que golpea a los más pobres: el control del agua potable. Señalamientos ciudadanos apuntan a que Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, presuntamente mantiene acuerdos con un sujeto identificado como Héctor Becerril, señalado como ex líder del Sindicato Libertad y hoy líder del Sindicato 22 de Octubre, operador criminal que controla pozos de agua y vende el recurso a precios elevados, afectando principalmente a familias de escasos recursos en las zonas altas del municipio.

 

Mientras el Ayuntamiento anuncia albercas públicas y “recuperación de áreas verdes”, el acceso al agua depende de redes irregulares toleradas desde el poder, lo que representa una violación directa al derecho humano al agua y una muestra clara de cómo los servicios básicos se han convertido en negocio bajo la sombra del poder político.

 

FIESTA PÚBLICA, OMISIÓN PRIVADA

 

Durante los primeros días de enero, el gobierno municipal presumió la entrega de más de 30 mil juguetes, espectáculos de lucha libre, payasos y rifas. Pero, lo que no hubo fue un solo acto público para condenar la violencia contra las mujeres, ni una mención al asesinato de la menor en Altavista.

 

Para amplios sectores de la población, los festejos operan como una cortina de humo, en un municipio donde la violencia, la corrupción y la impunidad dictan la vida cotidiana.

 

BALACERAS, MUERTES Y SILENCIO OFICIAL

 

Los hechos no son aislados: el jueves 4 de diciembre, una balacera dentro del bar “La Europea”, un establecimiento de mala muerte ubicado literalmente a espaldas del Palacio Municipal, dejó dos personas sin vida, una de ellas mujer. El hecho, como ya es costumbre en este gobierno municipal, se intentó ocultar. El caso quedó asentado en la carpeta de investigación TLA/FEF/FEF/104/336691/2512.

 

El martes 2 de diciembre, fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 35 años dentro de una habitación del hotel Saro, sobre avenida Puebla, en la colonia Los Reyes Acaquilpan. El cuerpo presentaba múltiples golpes en rostro y cabeza, evidencia de una agresión salvaje. Según las investigaciones, un hombre ingresó con la víctima al hotel y hasta la fecha sigue libre, reflejo de la ineficacia de la Fiscalía de Feminicidios.

 

En todos estos casos, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez se ha mantenido en absoluto silencio, pese a que en su toma de protesta aseguró que “llegaron todas”. Los hechos, sin embargo, hablan por sí solos.

 

FISCALÍA SUMISA, JUSTICIA AUSENTE

 

Aunque en el discurso se insiste en la independencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en los hechos esa autonomía es cuestionable. El fiscal José Luis Cervantes Martínez ha sido señalado por servir a los intereses del partido en el poder, guardando silencio y permitiendo que los asesinatos de mujeres sean tratados como daños colaterales que no deben trascender mediáticamente.

 

RUMBO A 2027: CUANDO EL MAQUILLAJE NO ALCANZA

 

A dos años del próximo proceso electoral, La Paz comienza a perfilarse como un ejemplo del costo político del maquillaje institucional. Un gobierno que apuesta por la propaganda, pero calla ante los feminicidios, que habla de infancia mientras oculta la muerte de una niña, y que promete bienestar mientras presuntamente tolera pactos con estructuras criminales, difícilmente sostendrá su narrativa rumbo a 2027.

 

Porque en el balance electoral, los juguetes se rompen, pero las omisiones pesan, y la sangre no se borra con festivales y mucho menos con la construcción de albercas.