Comunicadores en Pie de Lucha

¿QUIÉN ENTREGÓ EL EDOMEX AL “GRUPO SINALOA”?

 

*La seguridad mexiquense, bajo sospecha: mientras Sinaloa se desangra entre violencia, acusaciones de narcopolítica y penetración criminal, Delfina Gómez mantiene a Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la seguridad estatal y permite que su círculo de confianza gane posiciones estratégicas. El caso de la Universidad Mexiquense de Seguridad enciende todas las alarmas.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 12 de agosto de 2026.- El Estado de México no necesita que le disparen para ser tomado. También puede ser ocupado desde las oficinas. Sin balas. Sin retenes. Sin camionetas blindadas.

 

Con nombramientos. Con cargos. Con contratos. Con operadores. Con funcionarios que llegan de otra entidad y, poco a poco, comienzan a apoderarse de las áreas estratégicas del gobierno.

 

Eso es precisamente lo que hoy debería estar explicando la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

Porque mientras Sinaloa se encuentra sumido en una brutal crisis de violencia y bajo el escrutinio nacional e internacional por presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, en el Estado de México se consolida la presencia de un grupo de funcionarios provenientes de aquella entidad alrededor de la Secretaría de Seguridad.

 

Al frente está Cristóbal Castañeda Camarillo. Y la pregunta ya no es por qué llegó. La pregunta es: ¿Hasta dónde llegó con él?

 

DEL NORTE AL CENTRO: ¿UNA IMPORTACIÓN PELIGROSA?

 

Castañeda Camarillo llegó al Estado de México después de haber encabezado la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

 

La gobernadora Delfina Gómez decidió poner en sus manos la seguridad de una entidad con más de 17 millones de habitantes, una complejidad criminal enorme y una policía que enfrenta problemas históricos de corrupción, infiltración y falta de confianza ciudadana. Fue una decisión política de la gobernadora.

 

Por lo tanto, cada funcionario que Castañeda coloca, cada estructura que modifica y cada espacio estratégico que entrega también es responsabilidad política del gobierno de Delfina Gómez.

 

Y ahí es donde aparece la Universidad Mexiquense de Seguridad. La institución que debería ser una fortaleza contra el crimen. La escuela donde se preparan quienes mañana tendrán una placa, un arma y autoridad sobre los ciudadanos.

 

La fábrica de policías del Estado de México. Y, según los cuestionamientos que hoy circulan, uno de los principales territorios donde se ha asentado la influencia de los operadores vinculados al grupo de Castañeda.

 

Si eso es falso, que lo demuestren. Si es cierto que expliquen por qué. Pero lo que no puede hacer el gobierno estatal es esconderse detrás del silencio.

 

LA UNIVERSIDAD QUE NO DEBERÍA TENER DUEÑO POLÍTICO

 

La Universidad Mexiquense de Seguridad no pertenece a Castañeda. No pertenece a sus operadores. No pertenece a ningún grupo político. Pertenece al Estado de México.

 

Por eso resulta inadmisible que una institución de esa importancia pueda ser percibida como un espacio reservado para funcionarios de confianza de un secretario de Seguridad.

 

Y el nombre que aparece en la Rectoría es Gonzalo Hernández Durazo. Ex delegado de la Fiscalía General de la Republica. Su nombramiento está documentado oficialmente.

 

Pero alrededor de su trayectoria también existen señalamientos que deben ser aclarados respecto de su paso por instituciones federales de seguridad y procuración de justicia, particularmente durante su permanencia en Sinaloa.

 

Y aquí hay que ser absolutamente claros: un señalamiento no constituye una sentencia. Precisamente por eso la obligación de las autoridades es investigar, transparentar y despejar cualquier duda.

 

No ocultarla. No minimizarla. No pedirles a los mexiquenses que simplemente confíen.

 

¿QUÉ ESTÁ IMPORTANDO CASTAÑEDA?

 

Esta es la pregunta que debería perseguir todos los días a la Secretaría de Seguridad.

 

¿Qué está llegando realmente desde Sinaloa? ¿Experiencia? ¿Inteligencia? ¿Capacidad operativa? ¿O una red de funcionarios y operadores cuya principal virtud es la cercanía personal con el secretario?

 

Porque el Estado de México no es Sinaloa. Tiene otra geografía. Otra dinámica criminal. Otra estructura económica. Otra problemática social y otra realidad política.

 

Y, sobre todo, otros millones de ciudadanos que no votaron para que un grupo de funcionarios foráneos convirtiera las instituciones mexiquenses en su zona de influencia.

 

No se cuestiona que un funcionario pueda venir de otro estado. Se cuestiona que los perfiles locales sean desplazados mientras un círculo de confianza concentra posiciones estratégicas. Eso sí merece una investigación. Y una explicación pública.

 

SINALOA DEBERÍA SER UNA ADVERTENCIA

 

Mientras tanto, Sinaloa ofrece una lección que nadie en el Estado de México debería ignorar.

 

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con narcotráfico y armas.

 

Rocha Moya rechazó las acusaciones, además, todo el gobierno de Morena incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum lo han protegido. Pero el simple hecho de que un gobierno extranjero haya colocado bajo semejante escrutinio a la estructura política y de seguridad de una entidad debería provocar una reacción inmediata en cualquier gobierno responsable.

 

Porque cuando las instituciones encargadas de combatir al crimen son cuestionadas por sus posibles vínculos con quienes deberían perseguir, la democracia entra en zona de peligro.

 

Y justamente por eso resulta tan grave que un grupo proveniente de esa realidad tenga hoy una influencia creciente en la seguridad mexiquense.

 

¿QUÉ LE DEBE DELFINA A CASTAÑEDA?

 

Aquí está el verdadero asunto. No se trata únicamente de Castañeda. Se trata de la gobernadora Delfina Gómez.

 

Porque la gobernadora tiene la facultad de removerlo. Tiene la facultad de exigir explicaciones. Tiene la facultad de ordenar investigaciones.

 

Tiene la obligación de garantizar que ningún grupo político, económico o criminal capture las instituciones de seguridad.

 

Entonces: ¿Por qué lo mantiene? ¿Por qué continúa intacto? ¿Por qué, frente a los cuestionamientos, la gobernadora no abre una revisión integral de la estructura que recibió de Castañeda?

 

¿Por qué no transparenta cuántos funcionarios provenientes de Sinaloa ocupan actualmente puestos estratégicos?

 

¿Por qué no publica sus perfiles, antecedentes y evaluaciones de control de confianza? ¿Por qué no explica cómo fueron seleccionados?

 

¿Por qué no aclara si existe una estructura política o administrativa que opere alrededor del secretario?

 

Y la pregunta más incómoda de todas: ¿Qué le debe Delfina Gómez a Cristóbal Castañeda Camarillo para permitir que continúe controlando una de las áreas más sensibles de su gobierno?

 

Porque si no le debe nada, entonces debería tener las manos libres para exigir cuentas.

 

EL “CÁRTEL ADMINISTRATIVO”

 

Aquí no hablamos de un cártel criminal acreditado judicialmente. Hablamos de algo distinto y, políticamente, igualmente preocupante:

 

un posible cártel administrativo. Un grupo de funcionarios unidos por lealtades, procedencias y relaciones de confianza que puede terminar convirtiendo las instituciones públicas en patrimonio de una camarilla.

 

Eso es lo que debe impedirse. Porque las instituciones comienzan a perderse mucho antes de que aparezcan las armas.

 

Primero llegan los amigos. Después los operadores. Luego los nombramientos. Después los contratos. Después el control.

 

Y cuando finalmente alguien pregunta quién manda, resulta que nadie sabe exactamente dónde termina el gobierno y dónde comienza el grupo.

 

EL EDOMEX NO ES BOTÍN

 

El Estado de México no es refugio de funcionarios. No es agencia de colocación. No es laboratorio para experimentar con estructuras importadas. No es patrimonio de Castañeda. No es patrimonio de Delfina. Y mucho menos puede convertirse en territorio de ningún grupo político o de seguridad.

 

Los mexiquenses merecen saber quién está tomando las decisiones. Merecen saber quién forma a sus policías. Merecen saber quién controla la Universidad Mexiquense de Seguridad. Merecen saber quién recomienda a los funcionarios. Merecen saber qué antecedentes tienen. Merecen saber cuánto dinero público manejan.

 

Y merecen saber si existe alguna investigación sobre sus posibles vínculos con organizaciones criminales. Eso no es persecución política. Es rendición de cuentas.

 

ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

 

La historia de Sinaloa debería servir como advertencia. Porque cuando el crimen organizado logra penetrar las instituciones, recuperarlas puede costar años. Y cuando la política comienza a depender de estructuras de seguridad opacas, la democracia deja de funcionar con reglas claras.

 

Por eso Delfina Gómez todavía está a tiempo. Puede ordenar una investigación independiente. Puede revisar los nombramientos. Puede auditar la Universidad Mexiquense de Seguridad. Puede revisar los contratos.

 

Puede transparentar los controles de confianza. Puede explicar la procedencia de los funcionarios. Puede demostrar que no existe ninguna estructura paralela. Puede demostrar que Cristóbal Castañeda no tiene un gobierno dentro del gobierno. Puede demostrar que las instituciones siguen perteneciendo a los mexiquenses.

 

Pero si decide no hacerlo, el silencio comenzará a ser una respuesta. Y entonces la pregunta dejará de ser si existe una “invasión sinaloense”.

 

La pregunta será mucho más grave: ¿Quién abrió la puerta?

 

Porque nadie puede tomar el control de una institución pública sin que alguien le entregue las llaves. Y en el Estado de México, esas llaves están en manos de la gobernadora.

 

Delfina Gómez tiene la palabra. Los mexiquenses tienen el derecho de exigir respuestas.

 

Y la historia juzgará a quienes permitieron que las instituciones de seguridad terminaran convertidas en territorio de grupos de poder.

 

El Estado de México no es Sinaloa. El Estado de México no es botín. Y sus policías no pueden ser formados bajo la sombra de ninguna estructura política, administrativa o criminal.