FALSOS POLICÍAS, CRÍMENES REALES: LA PODREDUMBRE QUE

 DESNUDA A LA FISCALÍA DEL EDOMEX

 

*La farsa del uniforme: corrupción interna permitió que el crimen operara desde la propia Fiscalía

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 6 de febrero de 2026.— La detención de 21 personas que se hacían pasar por Policías de Investigación, vinculadas con homicidios, extorsiones y robos de vehículos, exhibe no solo la audacia del crimen organizado, sino la profunda descomposición que carcome a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

 

De acuerdo con la propia Fiscalía, los detenidos operaban con armas de fuego, narcóticos, insignias falsas y vehículos rotulados para simular pertenecer a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Con esa fachada sembraron terror, despojaron patrimonios y arrebataron vidas en distintas regiones del Edomex, aprovechándose de la confianza —y del miedo— que inspira una placa oficial.

 

Las capturas, resultado de denuncias ciudadanas y publicaciones que evidenciaban conductas criminales, derivaron en un escándalo mayor: 110 expedientes abiertos, entre investigaciones de oficio y denuncias formales. En ellos aparecen señalados 39 servidores públicos de la propia Fiscalía y al menos ocho policías de investigación con probable participación directa en delitos como extorsión y usurpación de funciones públicas.

 

Aunque la FGJEM presume acciones penales contra algunos implicados y procedimientos administrativos contra otros, la magnitud del caso deja claro que no se trata de hechos aislados ni de “manzanas podridas”. El problema es estructural. Durante años, estas redes operaron con total impunidad, bajo la mirada —cuando no la protección— de mandos regionales que hoy siguen intocados.

 

El fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, sabe que la corrupción no se gesta en la calle, sino en las oficinas donde se toleran abusos, se archivan denuncias y se reparten favores. Sin una depuración real de los fiscales regionales y de los mandos medios, cualquier detención será apenas un gesto cosmético: se corta la rama, pero se deja intacta la raíz.

 

La captura de falsos policías puede venderse como un avance, pero para la ciudadanía es apenas una confirmación de lo que ya sabía: que el uniforme se ha usado como licencia para delinquir y que la justicia, en el Estado de México, sigue secuestrada por la corrupción. Si no hay una limpia profunda y pública, la Fiscalía seguirá siendo parte del problema y no de la solución.

SED, MIEDO Y ENCAPUCHADOS: EL NEGOCIO DEL AGUA QUE TIENE

 AL BORDE DEL ESTALLIDO A LA PAZ

 

*Agua condicionada, grupos de choque y crimen: el pozo de La Paz convertido en botín político

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 5 de febrero de 2026.— La crisis por el agua en el municipio de La Paz estuvo a punto de convertirse en un episodio de violencia abierta. Habitantes de la comunidad conocida como El Potrero, en la colonia Lomas de San Sebastián, se manifestaron ayer al mediodía a las afueras del pozo ubicado en la calle Dalia, luego de que se les negara la dotación de agua que regularmente se les vende, mientras decenas de pipas salían cargadas del mismo pozo.

 

La protesta escaló peligrosamente cuando, de acuerdo con testimonios de los pobladores, un grupo de hombres armados y encapuchados, identificados por los vecinos como un grupo de choque vinculado a la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez y a su esposo Tranquilino Lagos Buenabad, arribó al lugar con actitud intimidante. La confrontación estuvo a punto de desbordarse. La policía municipal nunca apareció.

 

Los inconformes relatan que acudieron al pozo tras no recibir la venta de agua que, de manera irregular, se les ofrece los lunes, miércoles y viernes. Al llegar, se percataron de que más de 50 pipas estaban siendo abastecidas, mientras a los habitantes de la zona se les negó incluso “una gota”. La indignación llevó a los vecinos a bloquear la salida de las pipas.

 

“El pozo se explota todos los días, pero el pueblo sigue seco”, reclamaron los manifestantes, quienes acusan que el agua, lejos de ser un derecho, se ha convertido en un negocio lucrativo y selectivo, controlado desde el ayuntamiento.

 

Según los pobladores, Tranquilino Lagos Buenabad y la alcaldesa morenista Martha Guerrero han instaurado un sistema de control y condicionamiento del agua, especialmente en las partes altas del municipio. Cuando el vital líquido llega, no es gratuito: se vende como limosna y bajo reglas políticas.

 

De acuerdo con los testimonios, el ayuntamiento llena tinacos de mil litros los lunes, miércoles y viernes por 100 pesos, más 30 pesos adicionales “para el refresco” de quienes reparten el agua. Pero este “beneficio” solo aplica para quienes se afilian a Morena y asisten a reuniones partidistas dos veces por semana.

Quien se niega a militar en el partido guinda, recibe el castigo: los mismos mil litros se le venden hasta en 270 pesos.

 

“Nos están cobrando el agua y, además, nos quieren obligar a afiliarnos”, denunciaron los vecinos, quienes califican la práctica como extorsión política con el agua como instrumento de control social.

 

La distribución y el cobro, aseguran, está a cargo de Alejandro “N”, encargado del pozo, así como de Reyna Martínez y Teresa Gaona, empleados del ayuntamiento morenista. Para los habitantes, esto evidencia que el esquema no es aislado, sino institucional.

 

Pero el señalamiento más grave apunta a la presunta colusión con el grupo criminal “Sindicato 22 de Octubre”, que, según los inconformes, controla las pipas, fija precios y vende agua a empresas privadas y particulares hasta en 1,800 pesos por pipa. Afirman que no se permite la entrada de pipas de otras empresas, y que quienes lo intentan son apedreados, robados o incluso despojados de sus unidades.

 

Los vecinos identifican a Silvia Roana como la persona encargada de vigilar que ninguna pipa ajena entre a las partes altas del municipio. Dicha persona, aseguran, forma parte del “Sindicato 22 de Octubre”, cuyo líder es Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, sexto regidor de Chalco por el Partido Verde Ecologista de México, actualmente recluido en el penal Neza-Bordo por extorsión, secuestro y otros delitos graves, además de ser señalado por disputas violentas relacionadas con el control del agua en la zona oriente del Estado de México.

 

Trabajadores de Gobernación que se encontraban en la zona presenciaron el clima de tensión y los hechos intimidatorios, mientras la población espera que esta información haya sido notificada a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

 

“Si aquí corre sangre, la responsabilidad será directa de Tranquilino Lagos Buenabad y de Martha Guerrero Sánchez”, advirtieron los habitantes, quienes exigen una investigación inmediata sobre el manejo del pozo, la venta ilegal del agua y la presunta relación entre autoridades municipales y grupos criminales.

 

La pregunta queda abierta y resuena entre la población sedienta de La Paz: ¿Cuánto recibe Tranquilino Lagos Buenabad por permitir que el crimen organizado haga un negocio millonario con el agua del pueblo?

ANTORCHA CAMPESINA SE DISFRAZA DE ANTIIMPERIALISTA

 PARA COLARSE EN LA 4T

 

*Del discurso antiimperialista al acomodo político: Antorcha busca reciclar su poder dentro de Morena

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 5 de febrero de 2026.— Aquiles Córdova Morán, dirigente vitalicio y patriarca del Movimiento Antorchista Nacional, volvió a escena con un discurso grandilocuente sobre el “imperialismo”, la guerra mundial y la multipolaridad, pero detrás de la retórica ideológica se asoma una maniobra política clara: justificar su alineamiento con Morena y su entrada formal a la llamada Cuarta Transformación.

 

En una entrevista publicada el pasado 31 de enero por el semanario buzos, órgano afín al antorchismo, Córdova Morán realizó una serie de contracciones discursivas para presentarse como un férreo opositor al imperialismo estadounidense y, al mismo tiempo, como aliado natural del gobierno de la 4T. El mensaje, envuelto en referencias al “gran capital”, a las corporaciones trasnacionales y al peligro de una guerra nuclear, parece más un acto de maquillaje político que una reflexión genuina sobre el contexto internacional.

 

El líder antorchista sostiene que el imperialismo se encuentra en decadencia y que, en su desesperación, empuja al mundo hacia una guerra global. Bajo esa narrativa, llama a México a alinearse con la multipolaridad y a cerrar filas con el gobierno actual frente a lo que denomina una “campaña de la ultraderecha”. Sin embargo, críticos dentro y fuera de Morena señalan que el discurso antiimperialista de Córdova es selectivo y oportunista, útil solo para legitimar su acercamiento al poder que durante décadas combatió… o utilizó según le convenía.

 

Porque Antorcha Campesina no es un actor nuevo ni ajeno al sistema político que hoy dice repudiar. Fundado en 1974, el movimiento nació como una organización de apoyo al sector agrario, pero con el paso de los años se consolidó como un aparato político-electoral, muy violento y ligado al PRI, con métodos de presión, control territorial y movilización dura. Municipios como Ixtapaluca y Chimalhuacán, en la zona oriente del Estado de México, fueron durante años sus bastiones, gobernados como feudos donde Antorcha se resistió a soltar el poder.

 

No es casual que, tras el triunfo de Morena en 2018, surgieran alertas internas para impedir que ese tipo de estructuras se infiltraran en el nuevo partido. Incluso Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, advirtió públicamente sobre el riesgo de abrirle la puerta a Antorcha Campesina. Hoy esas advertencias parecen haber sido ignoradas.

 

La llegada del antorchismo a la 4T se explica, según diversas fuentes políticas, por la intervención del senador Higinio Martínez Miranda, quien ha provocado una ruptura al interior de Morena, además, es conocido por su cacicazgo político en el municipio de Texcoco y operador clave en el Estado de México. Con su respaldo, Antorcha encontró el camino que durante años se le negó: el cobijo del partido que prometió desterrar el viejo régimen.

 

De ahí que el discurso de Aquiles Córdova contra el imperialismo estadounidense resulte, para muchos, una falacia conveniente. No se trata de una conversión ideológica, sino de una estrategia de supervivencia política. El llamado a “organizar al pueblo” y a “cerrar el paso a la derecha” suena menos a conciencia social y más a la reedición de las prácticas que convirtieron a Antorcha en un grupo temido y cuestionado.

 

La pregunta incómoda sigue en el aire: ¿qué pensarán los morenistas de antaño, aquellos que construyeron el movimiento desde la resistencia, que enfrentaron represión y fraudes, al ver llegar a Morena a los viejos caciques de un grupo señalado durante años como aparato de choque y control político, con un historial marcado por conflictos, violencia y acusaciones graves?

 

Mientras Aquiles Córdova predica sobre la decadencia del imperio, Antorcha Campesina parece haber encontrado un nuevo refugio, no en la multipolaridad mundial, sino en el pragmatismo de una 4T que hoy abre sus puertas a quienes ayer representaban todo lo que decía combatir.

K9, PROPAGANDA Y SIMULACIÓN: LA PAZ PRESUME SEGURIDAD MIENTRAS LA INSEGURIDAD Y LA EXTORSIÓN SIGUEN MANDANDO

 

*Con sueldos de hambre, policías sin dignidad y boletines triunfalistas, el gobierno de La Paz fabrica una seguridad que no existe

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 4 de febrero de 2026.— Entre ceremonias cívicas, honores a la bandera y boletines cuidadosamente redactados, el gobierno municipal de Martha Guerrero Sánchez intenta vender la idea de que la seguridad en La Paz avanza. La realidad en las calles, sin embargo, contradice el discurso oficial: la delincuencia no se ha ido, la percepción de inseguridad persiste y la estrategia parece más enfocada en la propaganda que en resolver el problema de fondo.

 

El anuncio del fortalecimiento de la Unidad K9 —pasar de dos a cuatro caninos— fue presentado como un logro relevante. Pero en un municipio asfixiado por el narcomenudeo, los asaltos y las extorsiones, la medida resulta simbólica y claramente insuficiente. Cuatro perros no representan una política de seguridad, sino un recurso mediático que sirve para encubrir la falta de resultados tangibles.

 

La alcaldesa insistió en que la unidad fue recibida en abandono y que ahora cuenta con instructores certificados y mejores condiciones. El argumento del “todo estaba mal antes” se repite como coartada para justificar la incapacidad de la administración actual. A más de un año de gobierno de Morena, los problemas estructurales de la policía municipal siguen intactos y los ciudadanos siguen sin ver mejoras reales.

 

La morenista Guerrero Sánchez aseguró que la incidencia delictiva ha disminuido gracias a la coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. No obstante, incluso el propio gobierno admite que esa supuesta reducción no se percibe entre la población. No se trata de una sensación aislada: vecinos continúan denunciando robos, cobro de cuotas, abusos policiales y venta de droga a plena luz del día, sin que existan cifras públicas, verificables y transparentes que respalden el optimismo oficial.

 

El discurso se apoya en la entrega de uniformes, equipo táctico, kits para armas y nuevas patrullas. Pero el gobierno municipal evita deliberadamente hablar del elefante en la habitación: la miseria salarial de los policías. Hace apenas ocho meses, los propios elementos bloquearon una carretera para exigir un aumento de sueldo. Su ingreso sigue siendo de 3 mil 500 pesos quincenales, una cantidad insultante para quien arriesga la vida todos los días.

 

Con salarios de hambre, no puede sorprender que la corporación sea vulnerable a la corrupción, la extorsión y los malos tratos a la ciudadanía. Pretender combatir la delincuencia sin dignificar a la policía es una receta conocida para el fracaso. El gobierno exige honestidad, pero no garantiza condiciones mínimas de vida; pide disciplina, pero paga una miseria.

 

La alcaldesa también presumió la publicación del Código de Ética Profesional y afirmó que hoy los policías “son más observados” y “grabados”. Pero la vigilancia no sustituye al profesionalismo, ni los códigos impresos sustituyen a una política seria de depuración, sanción y mejora salarial. Sin consecuencias reales, la ética es solo discurso.

 

En La Paz, la seguridad no se construye con boletines optimistas ni con fotos oficiales. Se construye con resultados, transparencia y voluntad política para enfrentar las causas reales del problema. Mientras el gobierno municipal siga apostando a la simulación y evite tocar los temas incómodos, la inseguridad seguirá mandando y los ciudadanos seguirán pagando el costo de un gobierno que confunde propaganda con gobierno.

PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS DERRIBA A ADÁN AUGUSTO DEL SENADO; SE CIERRA EL CERCO CONTRA LA CÚPULA MORENISTA

 

*Investigaciones por corrupción, vínculos criminales y amenazas de sanciones y extradiciones cerraron el paso al intocable de López Obrador y encendieron alertas en la cúpula de Morena

 

Por: EXPEDIENTEE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero de 2026.— Tras un forcejeo político que se prolongó durante un año, Adán Augusto López Hernández dejó finalmente la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. No fue una decisión personal —como intentó presentar el gobierno federal—, sino el desenlace de una derrota inevitable frente a la presión directa del gobierno de Estados Unidos, cuyas investigaciones alcanzaron a la esposa del senador y a su red de socios y contratistas millonarios.

 

De acuerdo con información revelada por el periodista Héctor De Mauleón, Washington hizo saber al gobierno mexicano que estaba listo para congelar bienes y activos vinculados al llamado grupo Palenque, una estructura empresarial que obtuvo contratos jugosos en diversas dependencias durante la gestión de López Hernández. La advertencia incluyó incluso la amenaza de formalizar una solicitud de extradición contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

 

La ratonera se cerró hace unas semanas, durante la última reunión de Adán Augusto con la presidenta Claudia Sheinbaum. La presión desde el norte se volvió insostenible y los márgenes para ofrecerle una salida “digna” se agotaron, luego de una cadena de escándalos que incluyó presuntos actos de corrupción, ingresos millonarios, conflictos de interés, evasión fiscal y posibles vínculos con estructuras criminales. Muchos de estos señalamientos, según las fuentes, fueron filtrados desde el propio gobierno y amplificados por redes digitales vinculadas al aparato de comunicación oficial.

 

Desde septiembre del año pasado, reportajes de The Wall Street Journal y The New York Times colocaron el nombre de Adán Augusto en el contexto de la infiltración del crimen organizado en la política mexicana. Aunque el senador intentó desviar las acusaciones culpando primero a enemigos internos y luego a la “derecha”, sin embargo, el volumen y la precisión de la información solo podían provenir de los más altos niveles del poder.

 

Sheinbaum sabía que heredó en el Senado a un adversario político impuesto por Andrés Manuel López Obrador y protegido por el manto de los “intocables”. El factor Trump —y el endurecimiento de la política estadounidense— lo cambió todo. Desde agosto de 2025, en Palacio Nacional se tenía conocimiento de que López Hernández era investigado por agencias estadounidenses de alto nivel, lo que provocó tensiones constantes con la Presidencia por mantenerlo en una posición clave del Congreso.

 

Lejos de dar un paso al costado, Adán Augusto exigió respaldo de legisladores, gobernadores y figuras centrales de la 4T, respaldo que en su momento le fue concedido por personajes como Alfonso Durazo. Sin embargo, la defensa pública comenzó a erosionar la credibilidad del movimiento. Desde Palacio se pidió frenar el respaldo político, ante la creciente percepción de cinismo e impunidad que marcó el llamado “verano VIP” de las élites morenistas.

 

La ofensiva final incluyó revelaciones sobre discrepancias fiscales y conflictos de interés, mientras altos funcionarios estadounidenses —como Marco Rubio, Christopher Landau y el embajador Ronald Johnson— insistían en el alto costo diplomático de proteger a políticos vinculados con el crimen organizado. Se habló incluso de audios en poder de Omar García Harfuch que formarían parte del expediente contra el exsecretario de Gobernación.

 

Aunque fuentes aseguran que López Obrador intervino para frenar el caso Bermúdez y blindar a su antiguo colaborador, la tumba política ya estaba cavada. Y quien terminó de cerrarla fue el gobierno de Estados Unidos.

 

En la misma reunión en la que se notificó la salida de Adán Augusto de la coordinación senatorial. De acuerdo al periodista Héctor De Mauleón, se advirtió también a Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, que él y su entorno familiar habían sido alcanzados por investigaciones estadounidenses. Un día después, Monreal anunció que tiene firmada su carta de renuncia, apelando a un supuesto “relevo generacional”.

 

Para muchos, 2026 marcó el fin de la borrachera de poder. La resaca, advierten las fuentes, apenas comienza. Y todo indica que ha llegado la hora de pagar la cuenta.

EXIGEN FRENAR LA IMPUNIDAD: TEMEN LIBERACIÓN DE EXCOMANDANTE

 QUE  ASESINÓ A MADRE E HIJO EN LA GAM

 

*Admiten amparo a excomandante acusado del doble homicidio y reavivan el temor de impunidad en la CDMX

 

Por: Rodolfo R. Martín P. y Carlos R.

 

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero de 2026.— A más de un año del brutal asesinato de Verónica “N” y su hijo Gael “N”, así como de Gabriela “N”, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 en la colonia San Felipe de Jesús, Manuel Hernández, esposo y padre de Verónica y Gael, alzó nuevamente la voz para exigir a las autoridades que no permitan la liberación del responsable del crimen que destrozó a su familia.

 

De acuerdo con la carpeta de investigación FIGAM/UAT-GAM-4UI-1 S/D/02873/112024, judicializada como la causa 012/3159/2024, los hechos se registraron durante una reunión familiar en el domicilio de Hernández, cuando Martín Inocencio Ibarra Pérez, entonces comandante de la policía municipal de Tlalnepantla, Estado de México, arribó al lugar acompañado de otros sujetos y comenzó a agredir verbalmente a los asistentes.

 

Tras una primera riña y una aparente calma momentánea, el exmando policial lanzó amenazas directas: advirtió que regresaría armado. Minutos después cumplió su palabra. Ibarra Pérez volvió al domicilio, irrumpió de manera violenta y abrió fuego contra la familia. Manuel Hernández intentó proteger a su esposa y a su hijo, pero lamentablemente las tres personas fueron alcanzadas por las balas y murieron en el lugar, en un ataque que exhibe el uso criminal del poder policial.

 

Aunque Martín Inocencio Ibarra Pérez y Ernesto García de Jesús permanecen actualmente detenidos, los familiares de las víctimas denunciaron que la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas admitió a trámite un amparo promovido por la defensa, bajo el argumento de presuntas violaciones a sus derechos humanos, lo que encendió las alarmas sobre una posible liberación de los acusados.

 

“La justicia no puede convertirse en una burla”, advirtieron los deudos, quienes señalaron que permitir la salida de prisión del excomandante representaría un agravio irreparable no sólo para la familia Hernández, sino para toda la sociedad, al enviar el mensaje de que un policía puede matar y quedar impune, a pesar de que existen múltiples señalamientos y evidencias que demuestran su culpabilidad.

 

El caso también está marcado por retrasos y omisiones graves. A pesar de la gravedad del crimen, el excomandante fue detenido hasta el 21 de junio de 2025, cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, y ello sólo ocurrió después de que los familiares ejercieran presión directa sobre la Fiscalía de la Ciudad de México.

 

Los familiares acusaron además al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, Atanahel Huecas Solís, de ocultar información y obstaculizar el acceso a la justicia, revictimizando a quienes perdieron a sus seres queridos a manos de un mando policial.

 

Ante este panorama, exigieron la intervención directa de la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, para impedir que el presunto asesino recupere su libertad gracias a la corrupción y a las redes de protección que, aseguran, siguen enquistadas en el sistema de procuración de justicia de la capital.

 

“La vida de dos mujeres y de un niño no puede valer menos que los privilegios de un excomandante”, sentenciaron.

MILLONES SIN RESULTADOS: EL COMISARIO INTOCABLE DE METEPEC

 Y LA VIOLENCIA QUE NO CEDE

 

*Diez años, millones de pesos y cero resultados: la seguridad de Metepec atrapada entre la violencia y la protección política

 

METEPEC, Estado de México, 2 de febrero de 2026.— Mientras Metepec enfrenta una de las etapas más violentas de su historia reciente, el director de Seguridad Pública municipal, Jesús Ramírez Manzur, acumula más de 9.2 millones de pesos en percepciones salariales a lo largo de la última década, sin que existan resultados verificables que justifiquen su permanencia ni el costo de su gestión.

 

De acuerdo con cifras oficiales de Transparencia, Ramírez Manzur —en el cargo desde septiembre de 2015— recibió tan solo en 2024 un total de 922 mil 511 pesos, suma que incluye sueldo neto, aguinaldo y prima vacacional. Sus ingresos acumulados alcanzaron 7 millones 380 mil pesos en ocho años, cifra que se incrementó con el salario de 2025 y la parte proporcional de enero de 2026, hasta rebasar los 9.2 millones de pesos.

 

El monto no solo resulta elevado: no cuadra con el tabulador municipal. Mientras los salarios oficiales para cargos directivos oscilan entre 64 mil y 78 mil pesos mensuales, los registros de Transparencia muestran que el comisario ha percibido ingresos superiores incluso a los del propio alcalde, evidenciando inconsistencias administrativas graves y una opacidad que nadie ha explicado.

 

VIOLENCIA CONSTANTE, RESULTADOS NULOS

 

El gasto millonario no se tradujo en seguridad. Durante la gestión de Ramírez Manzur, los delitos no han disminuido de manera sostenida. Las cifras de homicidio muestran picos recurrentes entre 2015 y 2025, y el robo a transeúnte, uno de los delitos que más afectan a la población, se ha mantenido entre 300 y 400 casos anuales, sin una tendencia clara a la baja.

 

Los registros municipales tampoco reflejan mejoras en lesiones con arma, robo a casa habitación, robo de vehículos o robo a negocio. En varios rubros, la incidencia actual es similar a la de hace diez años, lo que confirma un estancamiento prolongado en la política de seguridad.

 

Desde 2024, Metepec vive una ola sostenida de ataques armados, ejecuciones y agresiones directas, que exhiben la pérdida de control territorial. Entre los hechos más graves destacan:

 

La ejecución de un hombre en Infonavit San Francisco, asesinado mientras cambiaba la llanta de su vehículo; los agresores escaparon en motocicleta.

 

Un ataque armado en la calle Galeana, en plena cabecera municipal, que dejó un herido y ninguna detención.

 

Nueve balaceras documentadas en un solo año, ocurridas en zonas comerciales y habitacionales.

 

El asesinato del exfiscal regional de Nezahualcóyotl, Elohim Díaz Jiménez, y de un empresario, dentro de un restaurante.

 

Homicidios ligados al despojo de inmuebles, un delito donde confluyen células criminales, intereses económicos y omisiones institucionales.

Solo en 2025 se registraron 11 asesinatos, al menos cuatro vinculados a disputas de predios o grupos criminales.

 

EL COMISARIO QUE NADIE TOCA

 

Pese a este panorama, Ramírez Manzur ha sobrevivido tres administraciones municipales —dos priistas y una panista— sin evaluaciones públicas, sin auditorías visibles y sin rendición de cuentas. Su permanencia está asociada a su cercanía con José Manzur Quiroga, exsecretario general de Gobierno del Estado de México y figura histórica del priismo regional.

 

En una entidad donde suele abrirse investigación inmediata a mandos policiacos por posibles vínculos con el crimen organizado, el caso de Metepec resulta atípico: el comisario jamás ha sido investigado, a pesar del deterioro de la seguridad, la duración inusual de su encargo y sus conexiones políticas.

 

Durante una década, la estrategia de Ramírez Manzur se ha limitado a presencia policial reactiva, sin fortalecer la prevención social, la inteligencia criminal ni una reducción sostenida de los delitos. Hoy, tras millones de pesos invertidos en la jefatura de seguridad, Metepec no solo es más inseguro: es un ejemplo de cómo la impunidad administrativa y la protección política pueden perpetuar el fracaso.

 

La pregunta ya no es cuánto ha costado su gestión, sino por qué nadie la investiga.

ADÁN AUGUSTO CAE EN EL SENADO: EL VENDAVAL DE LA

 BARREDORA LO ARRASTRA FUERA DE MORENA

 

*La sombra de La Barredora rompe a Morena y sepulta el liderazgo de Adán Augusto en el Senado

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2028.– De manera repentina, sin discurso de despedida y en medio de un silencio que dice más que cualquier comunicado, Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y, con ello, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Su salida ocurre tras meses de desgaste político y bajo la sombra de un escándalo que nunca logró sacudirse: sus nexos con Hernán Bermúdez, el temido “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora.

 

Fueron ocho meses de resistencia. Ocho meses en los que el tabasqueño soportó críticas, señalamientos públicos, revisiones de propiedades, cuentas y vínculos, mientras repetía que no renunciaría y que se mantendría al frente de la bancada oficialista. Hoy, ese discurso quedó pulverizado.

 

Desde septiembre del año pasado comenzaron a ventilarse las relaciones entre Adán Augusto y Hernán Bermúdez, a quien él mismo nombró secretario de Seguridad al inicio de su gobierno en Tabasco. Bermúdez fue posteriormente acusado, detenido y señalado en expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional como líder de La Barredora, una organización criminal dedicada a la extorsión, el contrabando de drogas y migrantes, el control del huachicol y asesinatos en distintas regiones del estado.

 

Las exigencias de que Adán Augusto dejara el cargo y fuera investigado no solo vinieron de la oposición, sino desde el interior de Morena. El escándalo fracturó a la bancada guinda, donde un grupo de senadores comenzó a cuestionar abiertamente su liderazgo. Aun así, el exsecretario de Gobernación se aferró al cargo, incluso cuando ya no era interlocutor válido con los grupos parlamentarios opositores.

 

A la presión interna se sumaron versiones periodísticas que lo colocan como uno de los políticos mexicanos bajo investigación por autoridades de Estados Unidos, un señalamiento que, aunque no confirmado oficialmente, terminó de minar su posición política.

 

La caída de Adán Augusto se da, además, en un momento clave: en plena negociación de la reforma electoral que será enviada al Senado en la segunda semana de febrero, una de las iniciativas prioritarias para la presidenta Claudia Sheinbaum. Su salida deja a Morena sin uno de sus operadores políticos más experimentados justo cuando más lo necesitaba.

 

Queda la pregunta que recorre los pasillos del Senado y los corrillos políticos: ¿Adán Augusto renunció por voluntad propia o fue empujado fuera del cargo para evitar un mayor costo político al gobierno y a Morena?

 

Por ahora, lo único claro es que el vendaval de La Barredora terminó por alcanzarlo, y el político que alguna vez fue llamado “hermano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador salió por la puerta trasera del Senado, cargando un silencio que huele más a caída que a decisión propia.

EXIGEN JUSTICIA POR VANESA: PROTESTAN EN CHIMALHUACÁN POR EL ASESINATO DE UNA ODONTÓLOGA MIENTRAS LA ALCALDESA GUARDA SILENCIO

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

*La mataron trabajando y el gobierno calla: Chimalhuacán suma otro feminicidio en total impunidad

 

CHIMALHUACÁN, Estado de México, 1 de febrero de 2026.– La indignación volvió a desbordarse en Chimalhuacán. Familiares, amigos y conocidos de Vanesa Maricruz Trejo Ramos, odontóloga de 30 años de edad, se concentraron este domingo alrededor de las 8 de la mañana en el kiosco de San Agustín para exigir justicia por su asesinato, ocurrido el pasado 26 de enero, en lo que denuncian como un presunto feminicidio.

 

Con pancartas, consignas y el reclamo que se repite una y otra vez en el Estado de México, los familiares denunciaron públicamente que a Vanesa le arrebataron la vida mientras trabajaba en su consultorio, sin que hasta ahora exista claridad sobre el caso ni responsables detenidos.

 

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, Vanesa salió ese lunes a trabajar a un consultorio ubicado sobre avenida del Peñón, frente a la estación del Mexibús Las Flores, pero nunca regresó a casa. Fue atacada, presuntamente, dentro de su propio espacio de trabajo.

 

Su prima, Alma Trejo, relató los hechos en una publicación que se viralizó rápidamente y que desmonta cualquier intento de criminalizar a la víctima:

 

“Ella no estaba de fiesta, ni borracha. Ella no estaba vestida provocativamente. Ella no iba de noche sola. Ella estaba en su consultorio, trabajando, esperando su comida. ¿Cuál fue su error? ¿Ser mujer? ¡Exigimos justicia! ¡Exigimos llegar al culpable!”

 

El mensaje es claro y demoledor: Vanesa fue asesinada por el simple hecho de ser mujer, en uno de los municipios más violentos y abandonados por las autoridades del Estado de México.

 

Lo más indignante, señalan los manifestantes, es el silencio absoluto del gobierno municipal. Chimalhuacán está gobernado por Xóchitl Flores Jiménez, una alcaldesa emanada de Morena, de quien la sociedad esperaba una postura firme, pública y contundente. Sin embargo, no ha levantado la voz, no ha exigido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, resultados, pero, adema, no se ha dignado en acompañar a la familia de la víctima.

 

La omisión resulta escandalosa. Para los familiares, el silencio de la alcaldesa no solo es complicidad pasiva, sino una confirmación de que la delincuencia se ha adueñado del municipio sin resistencia desde el poder local.

 

Este caso también deja en entredicho el discurso oficial del gobierno federal. Para muchos, el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum, “llegamos todas”, se estrella contra la realidad de municipios como Chimalhuacán, donde las mujeres siguen siendo asesinadas mientras las autoridades callan.

 

Vanesa Maricruz Trejo Ramos no murió en una riña, no murió en la calle de madrugada, no murió por “andar mal”. La mataron trabajando. Y mientras no haya justicia, su nombre se suma a la larga lista de mujeres asesinadas en el Estado de México, un territorio donde la impunidad sigue mandando.

CATEM: LA MAFIA SINDICAL QUE EXTORSIONA AL PAÍS CON EL SELLO DE LA 4T

 

*Cobros ilegales, amenazas, vínculos criminales y protección política: el imperio de Pedro Haces vuelve a estallar, ahora en Tampico

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero de 2026.- La CATEM ya no es solo un sindicato. Es un aparato de extorsión con estructura nacional, disfrazado de representación laboral y blindado por su cercanía con el poder político. A un mes de que empresarios denunciaran ante autoridades federales un patrón sistemático de chantaje, falsificación de firmas y amenazas de huelga, el escándalo vuelve a estallar, ahora en Tampico, Tamaulipas.

 

Empresarios de la Canaco Tampico acusan a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México de exigir pagos de hasta 25 mil pesos para permitir la descarga de mercancías en el puerto. Un derecho convertido en botín. La denuncia, ya en manos de la Secretaría de Gobernación, señala directamente a Juan Manuel Quezada Rodríguez, directivo de la CATEM, como operador de los cobros ilegales, bajo la dirigencia estatal de Hugo Torteya Chimeli.

 

Pero Tampico no es la excepción: es la confirmación. En diciembre pasado fue detenido en Durango Edgar Rodríguez Ortiz, alias, “El Limones”, identificado como secretario de organización de la CATEM en el estado y señalado por empresarios como extorsionador serial de transportistas y constructores. Su nombre no es menor: organizaciones de La Laguna lo ubican como operador financiero de los Cabrera Sarabia, grupo criminal ligado al entorno de El Mayo Zambada.

 

 

A pesar de ello, el líder nacional de la CATEM y diputado de Morena, Pedro Haces Barba, negó cualquier vínculo. Pero las pruebas lo desmienten. Fotografías eliminadas de las redes del sindicato —y rescatadas por usuarios— muestran a Haces posando sonriente junto a Él Limones, ambos con la camiseta de la CATEM. Para los transportistas, la relación era “un secreto a voces”. Para el poder, un silencio conveniente.

 

En agosto del año pasado, 19 cámaras empresariales de Coahuila y Durango rompieron el miedo y calificaron a la CATEM como lo que es: un “sindicato criminal”. Denunciaron cobros ilegales por transportar ganado, mover materiales de construcción, usar módulos de riego e incluso por cada hectárea sembrada. Un impuesto mafioso impuesto a punta de amenazas.

 

La violencia verbal y el terror quedaron expuestos en audios difundidos públicamente, donde Nassael Armando Cobián Duarte, secretario general de la CATEM en Durango, amenaza con lenguaje brutal a sindicatos de transportistas para forzarlos a afiliarse y pagar cuotas. No era negociación: era sometimiento.

 

Las denuncias se multiplicaron en al menos seis estados —Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Estado de México y Puebla, entre otros— donde se habló de desapariciones, privaciones de la libertad, cobros indebidos y alianzas con el crimen organizado. En Altamira y Ciudad Madero, desde mediados de 2025, trabajadores de carga y descarga fueron obligados a firmar su afiliación bajo presión directa.

 

Con más de mil sindicatos bajo su control y alrededor de siete millones de afiliados, Pedro Haces se ha convertido en un factor de poder incómodo dentro de Morena. No es bien visto en Palacio Nacional, no por sus métodos, sino por sus excesos, sus lujos y sus vínculos. Sus relaciones con abogados cercanos a El Mayo Zambada provocaron alarma, y su figura es vista como un muro entre la Presidencia y el sector empresarial.

 

Cuando los escándalos estallaron a nivel nacional, Omar García Harfuch recibió la orden de investigar a la CATEM. El diagnóstico fue lapidario: lo ocurrido en La Laguna no era una anomalía, sino un modus operandi nacional. Desde Palacio se ordenó contener el poder extorsionador del sindicato. Contener, no desmantelar.

 

Hoy, el escándalo revienta en Tampico y deja al descubierto una verdad incómoda: la extorsión también se institucionaliza, cuando el poder mira hacia otro lado. Mientras tanto, en la nómina política de la Cuarta Transformación sigue creciendo la lista de personajes que contradicen, con hechos, el discurso oficial de honestidad y justicia.