LA POLICÍA DE CHICOLOAPAN, CONVERTIDA EN CAJA DE COBRO: ACUSAN A COMISARIO Y MANDOS DE EXTORSIONAR A SUS PROPIOS AGENTES
*Policías denuncian cuotas de 900 pesos semanales, castigos y
presuntas extorsiones a transportistas; acusan al comisario Josafat Green
Ramírez y señalan al alcalde morenista Francisco Javier Mendoza Vázquez de
conocer el esquema y permitirlo
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Los señalamientos apuntan directamente al comisario de
Seguridad Pública Municipal, Josafat Green Ramírez, y alcanzan al presidente
municipal morenista, Francisco Javier Mendoza Vázquez, a quien los uniformados
responsabilizan de conocer la situación y permitir que continúe.
De acuerdo con los testimonios recabados por EXPEDIENTE
SECRETO, los policías aseguran estar hartos de los presuntos abusos y de un
esquema en el que cada elemento debe entregar 900 pesos semanales por utilizar
una patrulla.
La acusación es particularmente grave: los uniformados
sostienen que los mandos les exigen salir a conseguir dinero mediante extorsiones
a ciudadanos y conductores para poder cubrir esa cuota.
LA PATRULLA COMO NEGOCIO
Entre los mandos señalados aparece Tolentino Hernández Luis
Ángel, jefe de turno, a quien los policías identifican como uno de los operadores
encargados de cobrar las cuotas y de contener las inconformidades dentro de la
corporación.
Los elementos aseguran que las denuncias internas por abusos
no prosperan y que existiría una red de protección alrededor de los mandos,
incluso dentro del área de Asuntos Internos. La licenciada y titular del área tiene
una muy estrecha cercanía con el comandante Luis Ángel, por ello, las denuncias
nunca prosperan.
Pero los señalamientos no terminan ahí. Otro de los nombres
mencionados por los uniformados es el del comandante Pérez Cantú Evelio, a
quien atribuyen el cobro de 600 pesos por cada falta laboral. Los agentes
aseguran contar con comprobantes de depósitos que, según su versión, corresponderían
a esos cobros.
Más grave todavía es la acusación de que a los policías se les
habría sugerido obtener dinero mediante presuntas extorsiones a los camiones de
carga que circulan por la carretera México-Texcoco.
El mecanismo descrito por los uniformados sería sencillo y
brutal: detener a los conductores, amenazarlos con inventarles algún delito y
mantener sus vehículos en los corralones, sabiendo que recuperar una unidad
puede representar para los transportistas gastos de decenas de miles de pesos. Por
ello, acceden a pagar las extorsiones.
Si estos señalamientos se confirman mediante una investigación
formal, no se estaría hablando simplemente de abusos aislados de algunos
policías, sino de un posible esquema institucional de corrupción que
convertiría la función de seguridad pública en una fuente de ingresos producto
de extorsiones.
EL PRECIO DE DENUNCIAR
Los policías también denuncian que quienes se atreven a
cuestionar las cuotas o a protestar por los abusos son castigados. Según sus
testimonios, pueden ser retirados de las patrullas y enviados a los llamados “servicios
de castigo”, con la intención de desgastarlos hasta provocar su renuncia.
Los elementos afirman incluso que existe el temor de que, como
represalia, se les fabriquen responsabilidades y sean puestos a disposición del
Ministerio Público. Es decir, el mensaje para los uniformados sería
contundente: pagar, callar o irse.
Y mientras los policías viven bajo presión, la ciudadanía
queda atrapada en el extremo más peligroso del problema: si los uniformados necesitan
obtener dinero en la calle para cumplir cuotas internas, la seguridad pública
deja de ser un servicio y corre el riesgo de convertirse en una actividad de
recaudación ilegal.
CINCO MIL 500 PESOS QUINCENALES Y 900 PESOS SEMANALES DE CUOTA
Las condiciones económicas denunciadas por los policías hacen
todavía más grave el panorama. Los elementos aseguran percibir 5 mil 500 pesos
quincenales, pero de esa cantidad tendrían que desprenderse de 900 pesos cada
semana por la renta de las patrullas.
A ello se suman los gastos de combustible. Los agentes
aseguran que reciben apenas ocho litros diarios de combustible, cantidad que
consideran insuficiente para realizar sus recorridos.
Cuando una patrulla se descompone, según los testimonios, los
propios policías tendrían que asumir el costo de las reparaciones si quieren
continuar trabajando.
El resultado sería una corporación en la que el policía
termina pagando por trabajar, mientras los ciudadanos padecen las consecuencias
de una estructura que, en lugar de fortalecer la seguridad, estaría generando
incentivos para obtener dinero por vías irregulares.
JORNADAS EXTENUANTES Y POLICÍAS AL LÍMITE
A este escenario se agregan las condiciones laborales. Los
uniformados denuncian jornadas de 24 horas de trabajo por 24 de descanso,
aunque aseguran que en ocasiones ni siquiera cuentan con tiempo suficiente para
comer.
Quienes permanecen asignados al Palacio Municipal, afirman,
deben cubrir jornadas de aproximadamente 9 de la mañana a 12 de la noche, con
apenas una hora destinada a alimentos. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo
puede exigirse eficiencia, profesionalismo y seguridad a policías sometidos a
estas condiciones?
El problema no sería únicamente laboral. También representa un
riesgo para la ciudadanía. Un policía agotado, mal pagado, presionado
económicamente y sometido a amenazas internas difícilmente puede desempeñar de
manera adecuada una función que exige concentración, disciplina y capacidad de
respuesta.
¿QUÉ SABE EL ALCALDE MORENISTA?
Los policías aseguran que el presidente municipal Francisco
Javier Mendoza Vázquez conoce los señalamientos y que, pese a ello, el sistema
continúa operando. Las acusaciones son suficientemente graves como para que el
alcalde no pueda limitarse a guardar silencio.
Si desconoce lo que ocurre dentro de su propia corporación,
entonces tendría que explicar por qué sus mandos pueden cobrar cuotas a los
policías sin que nadie los detenga. Si lo conoce, tendría que explicar por qué
no ha actuado.
Y si sostiene que todo es falso, la respuesta no debería ser
política ni discursiva: debería abrirse una investigación independiente,
revisar los depósitos bancarios denunciados por los elementos, auditar las
cuotas, investigar las quejas ante Asuntos Internos y determinar si existe o no
una estructura de extorsión dentro de la policía municipal.
Porque aquí no se está hablando solamente de policías
inconformes.
Se está hablando de cobros obligatorios, amenazas, castigos, extorsiones
a transportistas, denuncias internas que son frenadas y una cadena de mando
que, según los testimonios, llegaría hasta el comisario y el propio gobierno
municipal.
LA POLICÍA SE CANSÓ DE SER SEÑALADA
Los uniformados que decidieron romper el silencio sostienen
que existe una percepción social de que toda la policía municipal es
responsable de los abusos. Pero aseguran que detrás de muchos de esos
comportamientos existe una estructura de presión que comienza dentro de la
propia corporación.
Y ante la gravedad de estos señalamientos, el alcalde Francisco
Javier Mendoza Vázquez y el comisario Josafat Green Ramírez tienen algo más que
una obligación política de responder: tienen la responsabilidad de aclarar
públicamente qué está ocurriendo dentro de la corporación que está bajo su
mando.
Las acusaciones aquí descritas corresponden a testimonios de
policías municipales y deberán ser investigadas y corroboradas por las
autoridades competentes.
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