JUGUETES PARA LA FOTO, SILENCIO PARA LOS FEMINICIDIOS: LA PAZ, ENTRE LA PROPAGANDA Y LA SANGRE
* Feminicidios ocultos, balaceras a metros del Palacio
Municipal y el control criminal del agua exhiben el colapso moral y político
del gobierno de Martha Guerrero y Tranquilino Lagos rumbo a 2027.
Por: EXPEDIENTE SECRETO
EL CONTRASTE ENTRE EL DISCURSO OFICIAL Y LA REALIDAD SOCIAL YA
NO ES SUTIL: ES BRUTAL
El pasado 27 de diciembre, una menor de apenas 15 años fue
asesinada en la colonia Altavista. De acuerdo con denuncias vecinales y
testimonios de activistas, el crimen no fue difundido ni por el Ayuntamiento ni
por la Fiscalía del Estado de México, presuntamente para evitar el impacto
político y mediático durante la temporada decembrina.
Hasta hoy, no existe posicionamiento público, informe oficial
ni avance claro de la investigación. El silencio institucional ha encendido la
indignación de colectivos de mujeres y habitantes, quienes advierten que La Paz
se ha convertido en territorio de feminicidios silenciados, donde la omisión es
política de Estado.
EL AGUA COMO BOTÍN Y EL PODER COMO CÓMPLICE
A la crisis de seguridad se suma una problemática estructural
que golpea a los más pobres: el control del agua potable. Señalamientos
ciudadanos apuntan a que Tranquilino Lagos Buenabad, esposo de la alcaldesa, presuntamente
mantiene acuerdos con un sujeto identificado como Héctor Becerril, señalado
como ex líder del Sindicato Libertad y hoy líder del Sindicato 22 de Octubre,
operador criminal que controla pozos de agua y vende el recurso a precios
elevados, afectando principalmente a familias de escasos recursos en las zonas
altas del municipio.
Mientras el Ayuntamiento anuncia albercas públicas y
“recuperación de áreas verdes”, el acceso al agua depende de redes irregulares
toleradas desde el poder, lo que representa una violación directa al derecho
humano al agua y una muestra clara de cómo los servicios básicos se han
convertido en negocio bajo la sombra del poder político.
FIESTA PÚBLICA, OMISIÓN PRIVADA
Durante los primeros días de enero, el gobierno municipal
presumió la entrega de más de 30 mil juguetes, espectáculos de lucha libre,
payasos y rifas. Pero, lo que no hubo fue un solo acto público para condenar la
violencia contra las mujeres, ni una mención al asesinato de la menor en
Altavista.
Para amplios sectores de la población, los festejos operan
como una cortina de humo, en un municipio donde la violencia, la corrupción y
la impunidad dictan la vida cotidiana.
BALACERAS, MUERTES Y SILENCIO OFICIAL
Los hechos no son aislados: el jueves 4 de diciembre, una balacera
dentro del bar “La Europea”, un establecimiento de mala muerte ubicado literalmente
a espaldas del Palacio Municipal, dejó dos personas sin vida, una de ellas
mujer. El hecho, como ya es costumbre en este gobierno municipal, se intentó
ocultar. El caso quedó asentado en la carpeta de investigación TLA/FEF/FEF/104/336691/2512.
El martes 2 de diciembre, fue localizado el cadáver de una
mujer de aproximadamente 35 años dentro de una habitación del hotel Saro, sobre
avenida Puebla, en la colonia Los Reyes Acaquilpan. El cuerpo presentaba múltiples
golpes en rostro y cabeza, evidencia de una agresión salvaje. Según las
investigaciones, un hombre ingresó con la víctima al hotel y hasta la fecha
sigue libre, reflejo de la ineficacia de la Fiscalía de Feminicidios.
En todos estos casos, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez se
ha mantenido en absoluto silencio, pese a que en su toma de protesta aseguró
que “llegaron todas”. Los hechos, sin embargo, hablan por sí solos.
FISCALÍA SUMISA, JUSTICIA AUSENTE
Aunque en el discurso se insiste en la independencia de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en los hechos esa autonomía
es cuestionable. El fiscal José Luis Cervantes Martínez ha sido señalado por servir
a los intereses del partido en el poder, guardando silencio y permitiendo que los
asesinatos de mujeres sean tratados como daños colaterales que no deben
trascender mediáticamente.
RUMBO A 2027: CUANDO EL MAQUILLAJE NO ALCANZA
A dos años del próximo proceso electoral, La Paz comienza a
perfilarse como un ejemplo del costo político del maquillaje institucional. Un
gobierno que apuesta por la propaganda, pero calla ante los feminicidios, que habla
de infancia mientras oculta la muerte de una niña, y que promete bienestar
mientras presuntamente tolera pactos con estructuras criminales, difícilmente
sostendrá su narrativa rumbo a 2027.
Porque en el balance electoral, los juguetes se rompen, pero las
omisiones pesan, y la sangre no se borra con festivales y mucho menos con la construcción
de albercas.
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