CORRALONES DEL HORROR EN EL ORIENTE DEL EDOMEX: EXTORSIÓN, ROBO Y COMPLICIDAD OFICIAL DESATAN PROTESTA MASIVA DE TRANSPORTISTAS
*El negocio del despojo: policías, ministerios públicos y
corralones operan una red de extorsión con protección oficial en el oriente del
Edomex, según afectados
Por EXPEDIENTE SECRETO
LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 13 de enero de 2026.— La
movilización de transportistas que colapsó este martes las principales
vialidades del oriente del Estado de México no fue un acto espontáneo ni una
protesta aislada: fue el estallido de un hartazgo acumulado por años de abusos,
extorsiones y robos sistemáticos operados, según denuncias directas, desde una
red de corrupción donde confluyen policías estatales y municipales, agentes del
Ministerio Público y empresas concesionadas de grúas y corralones.
Los transportistas aseguran que su patrimonio ha sido
erosionado no solo por la delincuencia común —robos de autopartes, asaltos a
pasajeros y atracos a operadores— sino por un esquema institucionalizado de
saqueo que utiliza la ley como herramienta de despojo. La acusación es
contundente: los corralones se han convertido en centros de robo legalizado
bajo la protección del Estado.
De acuerdo con los testimonios recabados, es una práctica
recurrente que vehículos asegurados terminen desaparecidos dentro de los
propios depósitos. En casos extremos, aun después de pagar multas y supuestos
adeudos, los propietarios descubren que sus unidades ya fueron vendidas de
manera ilegal por el personal del corralón.
A ello se suman cobros arbitrarios y desproporcionados.
Transportistas denuncian que elementos de la policía estatal, un sin tener
atribuciones, buscan cualquier pretexto para remitir unidades a depósitos donde
se cobran hasta 6 mil pesos por un solo día de estancia, cantidades imposibles
de cubrir para quienes viven al día.
El presunto modus operandi incluye la fabricación de delitos.
Según las denuncias, policías y agentes del Ministerio Público imputan cargos
falsos como “ataques a las vías de comunicación” para mantener detenidos a los
operadores hasta por 48 horas. Al recuperar la libertad, el castigo continúa:
en los corralones se les exigen pagos que alcanzan los 15 mil pesos o más para
liberar su herramienta de trabajo.
La protesta inició alrededor de las 9:00 de la mañana y
provocó cierres totales y parciales en la Carretera Chalco-Cuautla, la Autopista
México-Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Nezahualcóyotl, Calzada
Ignacio Zaragoza en Santa Martha Acatitla, Avenida Bordo de Xochiaca en los
límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, así como el acceso al Circuito
Exterior Mexiquense por el cruce con avenida Vicente Villada.
Para los líderes transportistas, el bloqueo fue el último
recurso ante la indiferencia sistemática de las autoridades de seguridad y del
gobierno del Estado de México. Cerca de las 11:00 horas, los manifestantes
levantaron las movilizaciones tras alcanzar un acuerdo preliminar con
autoridades estatales, quienes reconocieron —aunque sin consecuencias visibles—
que muchos corralones continúan extorsionando a la ciudadanía en complicidad
con policías estatales, municipales y agentes del Ministerio Público.
Uno de los casos más señalados es el del corralón “Grúas
Castillo”, ubicado en los límites de Los Reyes La Paz y la Ciudad de México,
propiedad de Arturo Castillo, representante del Corporativo de Servicios y
Comercializadora Moctezuma S.A. de R.L..
Transportistas y víctimas aseguran que el empresario presume
públicamente ser amigo personal de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez,
jactándose de que, por esa relación, “puede hacer lo que quiera” sin enfrentar
consecuencias legales.
El caso de Gabriela Adriana Vega Torres expone con crudeza la
profundidad de este entramado. En agosto de 2022, su esposo, Adán Santos Cuevas,
fue asesinado, hecho asentado en la carpeta de investigación NUC
NEZ/NEZ/NZ3/062/222569/22/08. El vehículo donde ocurrió el homicidio —un Volkswagen
Beetle azul, modelo 2010, placas V05AZV, valuado en 140 mil pesos— fue
asegurado por la Fiscalía Especializada de Homicidios Zona Oriente.
Lo que debía ser evidencia clave para esclarecer el asesinato,
terminó convertido en botín. El automóvil fue trasladado al corralón Grúas
Castillo, donde, pese a oficios oficiales como el 2133F000/73/2025, firmado por
el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Roa Salazar, a Gabriela se le
intento extorsionar con una exigencia de más de 100 mil pesos por “gastos”
inexistentes. Luego, la respuesta del dueño fue brutal: “¿De verdad le conviene
recuperar su coche? Mejor cómprese otro”.
En septiembre de 2025, un trabajador del propio corralón
confirmó lo impensable: el vehículo había sido vendido desde finales de 2024.
La verificación oficial del número de serie 3VWKV21C1AM002737 reveló que el
coche fue reemplacado como LHB-63-8B, repintado de amarillo y hoy es conducido
presuntamente por un familiar del propio dueño del corralón.
La evidencia de un homicidio fue robada, alterada y revendida
con lo que las víctimas califican como complicidad directa de la Fiscalía, la
Secretaría de Movilidad y el gobierno estatal.
Otro episodio, ocurrido el 29 de octubre de 2025, refuerza el
patrón. Un conductor de un camión tipo torton, averiado en la vía pública, fue
detenido por policías municipales de la patrulla SP-284, en el municipio
gobernado por la alcaldesa morenista Martha Guerrero. Tras ser presentado ante
un juez cívico y multado con 4 mil 394 pesos, su unidad fue enviada al corralón
Moctezuma, mejor conocido como: “Corralón Castillo”, donde le exigieron un pago
total de 69 mil 209 pesos.
Para los transportistas, estos hechos no son excepciones, sino
la regla. Un sistema donde la ley dejó de proteger y pasó a extorsionar; donde
la justicia se vende, la evidencia se roba y la impunidad se administra desde
oficinas públicas. Mientras tanto, en el oriente del Estado de México, los
corralones siguen operando como cajas negras del despojo, bajo la mirada
complaciente —o cómplice— del poder.
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