Comunicadores en Pie de Lucha

EL ORO: EL COLAPSO DE UN MUNICIPIO MORENISTA Y LA SOBERBIA DEL PODER

 

*El Oro, ejemplo del desgaste de la 4T: presupuesto como botín y ciudadanía harta de abusos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 21 de enero de 2026.— Lo que ocurre en El Oro ya no es una diferencia política ni un conflicto administrativo menor: es el retrato de un municipio al borde del colapso institucional, gobernado con autoritarismo, opacidad y desprecio por la ley. La intervención del Gobierno del Estado de México no fue un gesto de buena voluntad, sino la confirmación de que la crisis estalló y rebasó todos los límites.

 

Que el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, haya tenido que sentarse con la alcaldesa morenista Juana Elizabeth Díaz Peñaloza para “revisar la situación” y abrir diálogo, es la prueba más clara del fracaso de su administración. La bomba no solo explotó: dejó al descubierto un Ayuntamiento paralizado, enfrentado internamente y sin capacidad para garantizar lo más básico a la población.

 

Cinco regidores y el síndico municipal no acudieron a los medios por capricho político. Lo hicieron después de constatar que El Oro vive una situación de ingobernabilidad: sin agua potable, con el alumbrado público apagado durante semanas y con la recolección de basura prácticamente detenida. Todo ello, bajo la mirada pasiva —cuando no cómplice— de una presidenta municipal que ha optado por imponer decisiones unilaterales en lugar de gobernar conforme a la ley.

 

El Artículo 115 constitucional es claro: los municipios están obligados a garantizar agua, alumbrado y limpia. En El Oro, esos derechos han sido vulnerados de manera sistemática. El desabasto de agua comenzó desde noviembre de 2025, cuando trabajadores del organismo operador estallaron una huelga por falta de pago. Desde entonces, el servicio es irregular, errático y humillante para la población.

 

En diciembre, el municipio se sumió en la oscuridad. Varias semanas sin alumbrado público golpearon al comercio y al turismo en plena temporada alta. El Oro, Pueblo Mágico y punto estratégico para el avistamiento de la mariposa monarca, vio desplomarse su actividad económica mientras el gobierno municipal demostraba una alarmante incapacidad para resolver lo elemental.

 

Pero el desastre no termina en los servicios. Al caos operativo se suma un grave desorden financiero y administrativo. Intentos de destitución del tesorero, del oficial mayor y de otros directores sin la aprobación del Cabildo; nombramientos de encargados de despacho sin sustento legal; y sesiones de Cabildo realizadas sin el sello del secretario del Ayuntamiento, poniendo en duda su validez jurídica. Es decir, un gobierno que actúa fuera de la norma y que erosiona deliberadamente la legalidad.

 

La acusación más delicada es directa: se le quitó el control del token al tesorero municipal, usurpando funciones que por ley le corresponden. “Se están usurpando funciones”, denunciaron el síndico Ubaldo Velázquez y los regidores Agustín Bastida, Melissa González, Fernanda Gutiérrez, Erika Rodríguez y Dolores González. No es un señalamiento menor: es la base de cualquier posible desvío o manejo discrecional de los recursos públicos.

 

A ello se suma una denuncia formal por presuntas irregularidades en la Hacienda municipal, específicamente por montos que no habrían ingresado a la Tesorería pese a estar contemplados en la Ley de Ingresos. Transparencia cero, rendición de cuentas inexistente.

 

El punto más crítico llegó entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, cuando regidores y funcionarios denunciaron que se les impidió el acceso a las oficinas del Ayuntamiento, incluso con presencia de fuerza pública. Oficinas cerradas por orden de la alcaldesa, imposibilidad de retirar sellos oficiales y un ambiente descrito como de “autoritarismo total”. No es gobernar: es clausurar la vida institucional del municipio.

 

Y mientras el Cabildo buscaba una salida legal, incluso presentando una propuesta de destitución ante el Congreso local con acompañamiento inicial del Gobierno estatal, el proceso se estancó. ¿La razón? La presidenta municipal desconoció los acuerdos y, según el síndico, llegó a afirmar que “no recibe órdenes de ningún secretario ni de la gobernadora”. Una declaración que, de confirmarse, revela no solo soberbia, sino un abierto desafío al orden constitucional del Estado de México.

 

Como si el deterioro institucional no fuera suficiente, los regidores denunciaron haber recibido llamadas con amenazas y solicitaron protección. El conflicto dejó de ser administrativo y entró en un terreno peligroso, donde la intimidación sustituye al diálogo y la ley.

 

Las manifestaciones recientes frente al Palacio de Gobierno municipal no fueron, según los ediles, producto de grillas partidistas. Son el reflejo de una ciudadanía harta de la ingobernabilidad, del abandono y de un gobierno que no escucha ni resuelve.

 

El Oro hoy es un ejemplo incómodo para Morena y para el discurso oficial de “buen gobierno”. Un municipio sin servicios, sin legalidad y sin rumbo, gobernado desde la cerrazón y la imposición. La pregunta ya no es si el Ejecutivo estatal debe intervenir, sino hasta cuándo permitirá que la soberbia de una alcaldesa siga hundiendo a un municipio entero.

 

A este escenario de caos se suma un patrón que ya resulta familiar en los gobiernos emanados de Morena: la idea de que el presupuesto público es propiedad del grupo en el poder. En El Oro, como en muchos otros municipios gobernados por la llamada 4T, la administración actúa como si los recursos no pertenecieran a la ciudadanía, sino a una camarilla política que decide, dispone y oculta sin rendir cuentas.

 

No es casualidad que la molestia social haya escalado a manifestaciones públicas en las que los habitantes han exigido abiertamente la destitución de la presidenta municipal. Aunque los cargos de elección popular son legalmente irrevocables, las protestas son un termómetro inequívoco: la gente está harta de los abusos, de la soberbia y del saqueo disfrazado de “transformación”.

 

El mensaje ciudadano es claro: El Oro no está en crisis por falta de recursos, sino por un gobierno que perdió el rumbo, que cerró las puertas al diálogo y que gobierna de espaldas a la población. La narrativa oficial se desmorona cuando no hay agua, cuando el municipio queda a oscuras, cuando la basura se acumula y cuando el dinero público se maneja con opacidad.