ECATEPEC: PROPAGANDA OFICIAL, MIEDO REAL Y LA HERENCIA

 CRIMINAL QUE NADIE QUIERE EXPLICAR

 

*Mientras el gobierno presume “avances”, Ecatepec sigue encabezando la lista del miedo y mantiene asesores señalados por corrupción y vínculos criminales.

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 24 de enero de 2026.— En Ecatepec no hay milagros en materia de seguridad, hay propaganda. Y mientras la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez intentan vender una narrativa de éxito, la realidad —respaldada por datos oficiales del INEGI— los exhibe como lo que son: un gobierno que pretende engañar a la ciudadanía con cifras maquilladas y discursos huecos.

 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) es demoledora: Ecatepec sigue siendo el municipio con mayor percepción de inseguridad en el Estado de México, con un 88.0 % de su población adulta que se siente insegura. No hay matiz posible: es el peor lugar para vivir sin miedo entre los municipios evaluados.

 

Celebrar una supuesta reducción de 88.8 % a 88.0 % no solo es ridículo, es ofensivo. Es pretender convencer a una población aterrorizada de que ocho décimas equivalen a un cambio real. No lo son. Son ruido estadístico usado como coartada política.

 

Mientras otros municipios lograron reducciones visibles, Ecatepec permanece atrapado en el fondo del abismo. Y, aun así, la alcaldesa de Morena, Azucena Cisneros presume reducciones espectaculares en casi todos los delitos, respaldada dócilmente por la FGJEM, que habla de caídas del 25 % en delitos de alto impacto y del 33 % en homicidios dolosos.

 

La contradicción es brutal: si todo va tan bien como dicen, ¿por qué casi nueve de cada diez habitantes siguen viviendo con miedo? La respuesta está en lo que el gobierno calla, oculta o normaliza.

 

Azucena Cisneros no ha logrado —ni ha querido— sacudirse la sombra de Jorge Amador Amador, alias “La Jirafa” o “El Doctor”, a quien mantiene como asesor en seguridad pública municipal. Un personaje que, de acuerdo con documentos de inteligencia y reportajes publicados por diversos medios de comunicación, ha sido señalado como presunto constructor de una red de policías corruptos y extorsionadores, dedicada durante años al cobro de derecho de piso para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

No se trata de chismes ni de rumores de café. Son señalamientos documentados, conocidos en los círculos de seguridad, que jamás han sido aclarados públicamente por el gobierno municipal. La alcaldesa guarda silencio, la fiscalía mira hacia otro lado y el gobierno estatal finge que no ve.

 

¿Con qué autoridad moral se habla de “pacificación” cuando el principal asesor en seguridad carga con un historial de acusaciones ligadas a la corrupción policial y al crimen organizado?

¿Con qué cara se presume coordinación institucional cuando los fantasmas del pasado siguen dictando la estrategia del presente?

 

El lunes pasado, la gobernadora Delfina Gómez encabezó una Mesa de Paz en el C5 de Ecatepec junto al fiscal José Luis Cervantes y la alcaldesa Cisneros. Hablaron de trabajo en equipo, de bienestar y de avances. Nada dijeron sobre La Jirafa. Nada dijeron sobre la desconfianza ciudadana. Nada dijeron sobre por qué Ecatepec sigue siendo sinónimo de miedo.

 

La ENSU no miente. La gente no se siente más segura, y eso pulveriza cualquier boletín triunfalista. La percepción no se construye con conferencias ni con mesas de paz para la foto; se construye cuando la ciudadanía deja de ser extorsionada, asaltada y asesinada.

 

Hablar de un “primer quiebre en la inercia delictiva” es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una mentira deliberada. Porque mientras no se rompan los pactos no dichos, mientras no se expliquen las asesorías oscuras y mientras no se depure de verdad a las corporaciones, no habrá paz posible.

 

En Ecatepec no falla la percepción: falla el gobierno. Falla la alcaldesa que presume logros inexistentes. Falla la fiscalía que valida el discurso sin convencer a nadie. Y falla el gobierno estatal que prefiere cerrar filas antes que decir la verdad.

 

La inseguridad no se combate con propaganda. Y el miedo no se borra con cifras maquilladas. 

HIGINIO MARTÍNEZ Y EL ANTORCHISMO: LA ALIANZA QUE EXHIBE LA DESESPERACIÓN DE UN CACIQUE POLÍTICO

 

*Presuntos acuerdos con Antorcha Campesina revelan el intento del senador con licencia por reventar a Morena desde dentro

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México, 23 de enero de 2026.- Higinio Martínez Miranda atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera política. El senador con licencia, acostumbrado a asumirse como el gran patriarca de Morena en el Estado de México, parece no haber digerido que sus ambiciones de convertirse en gobernador se encuentran prácticamente sepultadas. La realidad política lo rebasó, y hoy, sus propios discípulos avanzan sin él, dejándolo atrapado en el resentimiento y la desesperación.

 

Martínez Miranda, quien presume cinco décadas de militancia en la “izquierda”, ha construido su trayectoria bajo la lógica del control absoluto. Desde su primer gobierno en Texcoco, se apropió de espacios estratégicos de poder político, económico y territorial, consolidando un cacicazgo que durante años operó sin contrapesos. Sin embargo, el tiempo pasó y el poder comenzó a diluirse.

 

Ante la imposibilidad de ser el candidato de Morena a la gubernatura mexiquense, el senador con licencia habría optado por un camino que contradice todo su discurso histórico: reactivar viejos y oscuros acuerdos con la dirigencia de Antorcha Campesina, organización identificada durante décadas con el PRI, la violencia política y la imposición territorial.

 

El giro resulta tan cínico como revelador. Quien durante años utilizó al antorchismo como enemigo retórico para fortalecer su narrativa de “izquierda democrática”, hoy estaría dispuesto a pactar con esa misma organización con tal de recuperar influencia y golpear a su propio partido.

 

UNA ALIANZA CON HISTORIAL DE SANGRE E IMPUNIDAD

 

Para Texcoco y para amplios sectores del Estado de México, Antorcha Campesina no es una organización cualquiera. Su historial está marcado por episodios de violencia extrema, uno de los más recordados ocurrió cuando el antorchismo tomó el control de la Universidad Autónoma Chapingo, en el contexto de la conformación de su sindicato.

 

En aquellos hechos, encabezados por su líder vitalicio Aquiles Córdova Morán y Juan Manuel Celis Aguirre, actual líder del Antorchismo en el Estado de Puebla. En los acontecimientos se registraron nfrentamientos que derivaron en la muerte de estudiantes ajenos al conflicto. A pesar de la gravedad, la organización logró, como en otras ocasiones, imponer la impunidad mediante presión política, marchas, bloqueos y chantajes al Estado, hasta consolidar su control en la universidad.

 

Es con esa organización —acusada de operar bajo métodos violentos y autoritarios— con la que hoy Higinio Martínez estaría dispuesto a caminar de la mano, aunque eso implique pisotear su pasado, su discurso y la memoria de quienes murieron en esos episodios.

 

REUNIONES DISCRETAS Y REACOMODOS ESTRATÉGICOS

 

De acuerdo con información proveniente de fuentes internas del antorchismo, Higinio Martínez Miranda ha sostenido reuniones privadas y extremadamente discretas con personajes clave de la organización, entre ellos: Romero Aguirre Eruviel, Brasil Acosta, Abel Rodríguez Zamora, Telesforo García Carreón y Maricela Serrano.

 

Para evitar filtraciones, la dirigencia de Antorcha Campesina habría ordenado una reingeniería interna de Antorcha Campesina: Telesforo García Carreón asumió la dirigencia nacional, Antonio Sacarías fue designado dirigente en el municipio de Chimalhuacán, Saúl Torres tomó la dirigencia en el municipio de Toluca, Rosalba Pineda fue colocada al frente del sector campesino en la capital mexiquense.

 

El movimiento más significativo fue el castigo político contra Maricela Serrano, histórica líder en el municipio de Ixtapaluca, quien fue removida del Estado de México y enviada fuera de la entidad. Según una fuente interna que solicitó el anonimato, Serrano habría violado acuerdos del Comité Directivo Nacional al tomar decisiones junto a su esposo, Jesús Tolentino Román Bojórquez, al margen de los acuerdos de la dirigencia.

 

¿HASTA DÓNDE ESTÁ DISPUESTO A LLEGAR HIGINIO MARTÍNEZ?

 

La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde pretende llegar Higinio Martínez Miranda en su obsesión por el poder? ¿Está dispuesto a vender su discurso, su historia y su partido con tal de satisfacer una ambición personal que el propio Morena ya le negó?

 

Lo que hoy se perfila no es una estrategia política legítima, sino un intento por reventar a Morena desde dentro, aliándose con una organización históricamente opuesta a los principios que dice defender. En su caída, el senador con licencia parece dispuesto a arrastrar todo a su paso, incluso si eso implica sepultar al partido que le dio todo en el Estado de México.

 

La historia lo juzgará no por lo que fue, sino por lo que hoy está dispuesto a hacer.

FRACASO, DIVISIONES Y SOMBRAS CRIMINALES: EL RIDÍCULO DEL

 PARTIDO VERDE EN LOS REYES LA PAZ

 

*Del discurso triunfalista al vacío ciudadano: el Verde se desmorona en el oriente mexiquense

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 22 de enero de 2026.-

Lo que pretendía ser un acto de fortalecimiento político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el oriente del Estado de México terminó convertido en un espectáculo bochornoso que exhibió, sin maquillaje, la profunda crisis, el descrédito social y las graves acusaciones que hoy persiguen a ese instituto político.

 

Alrededor de las 3 de la tarde, el dirigente estatal del Partido Verde, José Alberto Counttolenc Buentello, se presentó en la colonia San José las Palmas, acompañado del exdiputado Priista Alan Castellanos Ramírez. Quien ahora se ostenta como líder del Partido Verde, en la localidad, sin embargo, el evento fue un rotundo fracaso: apenas unas 20 personas acudieron al llamado, dejando en evidencia que el Verde no solo carece de estructura real en Los Reyes La Paz, sino que su discurso triunfalista está completamente desconectado de la realidad.

 

El propio Counttolenc, quien suele presumir en entrevistas y redes sociales que el Partido Verde es “la segunda fuerza política” en la entidad mexiquense, terminó contradiciéndose al reconocer públicamente que en municipios como Los Reyes La Paz no han sabido elegir a buenos dirigentes. La declaración no solo sacudió al propio Alan Castellanos, sino que también fue una alusión directa a Román Rico González, quien se ostenta como dirigente local del PVEM, pero cuya figura genera rechazo incluso dentro de su propio partido.

 

Las divisiones internas del Verde en este municipio son inocultables. A Rico González no le perdonan que, durante la pasada contienda electoral, operara políticamente para el PRI, impulsando a Cristina González Cruz, una traición que dejó heridas abiertas y fracturó aún más a una estructura partidista ya de por sí endeble y desacreditada.

 

No obstante, el desaire ciudadano va mucho más allá de pleitos internos o malas decisiones administrativas. El verdadero motivo del repudio social hacia el Partido Verde tiene nombre y apellido, y se relaciona con graves señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada.

 

José Alberto Counttolenc Buentello ha sido señalado de haber incorporado a las filas del Partido Verde a integrantes del grupo criminal conocido como “El Sindicato 22 de Octubre”, organización que opera en diversos municipios del oriente mexiquense y que ha sido identificada por las autoridades como responsable de delitos de alto impacto.

 

El líder de dicho grupo es Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, quien fue regidor del Partido Verde en Chalco y, al mismo tiempo, líder del grupo delictivo autodenominado Sindicato 22 de Octubre. Castillo Grimaldo fue detenido en noviembre de 2025 y vinculado a proceso por delitos graves como extorsión, secuestro exprés y robo de agua (huachicoleo), además de ser señalado presuntamente por diversos homicidios cometidos contra personas que se negaron a pagar las cuotas impuestas por esta organización criminal.

 

Lo que ha generado una indignación aún mayor entre la ciudadanía no es solo la infiltración del crimen organizado en un partido político, sino la actitud del propio dirigente estatal del Verde. De acuerdo con diversos testimonios y registros públicos, Pepe Counttolenc se refería a “El Jimmy” como su “hermano”, una expresión que, lejos de ser anecdótica, confirma la cercanía política —y moral— con un personaje hoy encarcelado por delitos que han lastimado profundamente a comunidades enteras.

 

Para muchos habitantes de Los Reyes La Paz, el vacío en San José las Palmas no fue casualidad ni apatía: fue un acto de rechazo consciente. La gente simplemente no quiso respaldar a un partido que, en lugar de representar causas ambientales o sociales, aparece cada vez más ligado al oportunismo, la traición política y las sombras del crimen organizado.

 

El evento de este jueves dejó una lección clara: no basta con discursos triunfalistas ni con autoproclamarse “segunda fuerza” cuando en el territorio la realidad es otra. El Partido Verde enfrenta una crisis de credibilidad profunda, y mientras su dirigencia siga apostando al poder por el poder, ignorando el hartazgo ciudadano y los señalamientos criminales que lo rodean, sus actos seguirán vacíos y su futuro político, cada vez más comprometido.

EL ORO: EL COLAPSO DE UN MUNICIPIO MORENISTA Y LA SOBERBIA DEL PODER

 

*El Oro, ejemplo del desgaste de la 4T: presupuesto como botín y ciudadanía harta de abusos

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 21 de enero de 2026.— Lo que ocurre en El Oro ya no es una diferencia política ni un conflicto administrativo menor: es el retrato de un municipio al borde del colapso institucional, gobernado con autoritarismo, opacidad y desprecio por la ley. La intervención del Gobierno del Estado de México no fue un gesto de buena voluntad, sino la confirmación de que la crisis estalló y rebasó todos los límites.

 

Que el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, haya tenido que sentarse con la alcaldesa morenista Juana Elizabeth Díaz Peñaloza para “revisar la situación” y abrir diálogo, es la prueba más clara del fracaso de su administración. La bomba no solo explotó: dejó al descubierto un Ayuntamiento paralizado, enfrentado internamente y sin capacidad para garantizar lo más básico a la población.

 

Cinco regidores y el síndico municipal no acudieron a los medios por capricho político. Lo hicieron después de constatar que El Oro vive una situación de ingobernabilidad: sin agua potable, con el alumbrado público apagado durante semanas y con la recolección de basura prácticamente detenida. Todo ello, bajo la mirada pasiva —cuando no cómplice— de una presidenta municipal que ha optado por imponer decisiones unilaterales en lugar de gobernar conforme a la ley.

 

El Artículo 115 constitucional es claro: los municipios están obligados a garantizar agua, alumbrado y limpia. En El Oro, esos derechos han sido vulnerados de manera sistemática. El desabasto de agua comenzó desde noviembre de 2025, cuando trabajadores del organismo operador estallaron una huelga por falta de pago. Desde entonces, el servicio es irregular, errático y humillante para la población.

 

En diciembre, el municipio se sumió en la oscuridad. Varias semanas sin alumbrado público golpearon al comercio y al turismo en plena temporada alta. El Oro, Pueblo Mágico y punto estratégico para el avistamiento de la mariposa monarca, vio desplomarse su actividad económica mientras el gobierno municipal demostraba una alarmante incapacidad para resolver lo elemental.

 

Pero el desastre no termina en los servicios. Al caos operativo se suma un grave desorden financiero y administrativo. Intentos de destitución del tesorero, del oficial mayor y de otros directores sin la aprobación del Cabildo; nombramientos de encargados de despacho sin sustento legal; y sesiones de Cabildo realizadas sin el sello del secretario del Ayuntamiento, poniendo en duda su validez jurídica. Es decir, un gobierno que actúa fuera de la norma y que erosiona deliberadamente la legalidad.

 

La acusación más delicada es directa: se le quitó el control del token al tesorero municipal, usurpando funciones que por ley le corresponden. “Se están usurpando funciones”, denunciaron el síndico Ubaldo Velázquez y los regidores Agustín Bastida, Melissa González, Fernanda Gutiérrez, Erika Rodríguez y Dolores González. No es un señalamiento menor: es la base de cualquier posible desvío o manejo discrecional de los recursos públicos.

 

A ello se suma una denuncia formal por presuntas irregularidades en la Hacienda municipal, específicamente por montos que no habrían ingresado a la Tesorería pese a estar contemplados en la Ley de Ingresos. Transparencia cero, rendición de cuentas inexistente.

 

El punto más crítico llegó entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, cuando regidores y funcionarios denunciaron que se les impidió el acceso a las oficinas del Ayuntamiento, incluso con presencia de fuerza pública. Oficinas cerradas por orden de la alcaldesa, imposibilidad de retirar sellos oficiales y un ambiente descrito como de “autoritarismo total”. No es gobernar: es clausurar la vida institucional del municipio.

 

Y mientras el Cabildo buscaba una salida legal, incluso presentando una propuesta de destitución ante el Congreso local con acompañamiento inicial del Gobierno estatal, el proceso se estancó. ¿La razón? La presidenta municipal desconoció los acuerdos y, según el síndico, llegó a afirmar que “no recibe órdenes de ningún secretario ni de la gobernadora”. Una declaración que, de confirmarse, revela no solo soberbia, sino un abierto desafío al orden constitucional del Estado de México.

 

Como si el deterioro institucional no fuera suficiente, los regidores denunciaron haber recibido llamadas con amenazas y solicitaron protección. El conflicto dejó de ser administrativo y entró en un terreno peligroso, donde la intimidación sustituye al diálogo y la ley.

 

Las manifestaciones recientes frente al Palacio de Gobierno municipal no fueron, según los ediles, producto de grillas partidistas. Son el reflejo de una ciudadanía harta de la ingobernabilidad, del abandono y de un gobierno que no escucha ni resuelve.

 

El Oro hoy es un ejemplo incómodo para Morena y para el discurso oficial de “buen gobierno”. Un municipio sin servicios, sin legalidad y sin rumbo, gobernado desde la cerrazón y la imposición. La pregunta ya no es si el Ejecutivo estatal debe intervenir, sino hasta cuándo permitirá que la soberbia de una alcaldesa siga hundiendo a un municipio entero.

 

A este escenario de caos se suma un patrón que ya resulta familiar en los gobiernos emanados de Morena: la idea de que el presupuesto público es propiedad del grupo en el poder. En El Oro, como en muchos otros municipios gobernados por la llamada 4T, la administración actúa como si los recursos no pertenecieran a la ciudadanía, sino a una camarilla política que decide, dispone y oculta sin rendir cuentas.

 

No es casualidad que la molestia social haya escalado a manifestaciones públicas en las que los habitantes han exigido abiertamente la destitución de la presidenta municipal. Aunque los cargos de elección popular son legalmente irrevocables, las protestas son un termómetro inequívoco: la gente está harta de los abusos, de la soberbia y del saqueo disfrazado de “transformación”.

 

El mensaje ciudadano es claro: El Oro no está en crisis por falta de recursos, sino por un gobierno que perdió el rumbo, que cerró las puertas al diálogo y que gobierna de espaldas a la población. La narrativa oficial se desmorona cuando no hay agua, cuando el municipio queda a oscuras, cuando la basura se acumula y cuando el dinero público se maneja con opacidad.

FGJEM: ASALTO INSTITUCIONAL EN LA MÉXICO-PACHUCA

 

* Extorsión, abuso de poder y persecuciones ilegales convierten a la México-Pachuca en un corredor de asaltos con respaldo institucional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

ECATEPEC, Estado de México, 21 de enero de 2026.– La carretera México-Pachuca libre se ha convertido en un territorio sin ley donde no mandan los delincuentes comunes, sino policías de investigación y madrinas adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes operan una red sistemática de abusos, detenciones arbitrarias y extorsiones contra ciudadanos que transitan por los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

 

Lejos de combatir al crimen, los hampones con placa han hecho de esta vía federal un corredor de cacería, aprovechando tramos sin cámaras de vigilancia para interceptar automovilistas, intimidarlos y despojarlos de dinero bajo amenazas fabricadas.

 

Uno de los casos más recientes quedó documentado en un video difundido en redes sociales, donde se observa cómo una camioneta evade a presuntos agentes de investigación. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un mes en un tramo federal de la México-Pachuca y se extendieron incluso hasta los límites con el estado de Hidalgo, evidenciando que estos grupos actúan fuera de su jurisdicción y sin coordinación con autoridades hidalguenses, como si se tratara de una banda criminal itinerante con respaldo institucional.

 

El afectado relató que ese día se dirigía de una plaza comercial en Tecámac hacia Tizayuca, Hidalgo, después de retirar dinero de una sucursal bancaria. Durante el trayecto, sujetos armados intentaron detenerlo en un punto ciego, sin vigilancia, lo que le generó sospecha y temor. Al no detenerse, fue perseguido durante varios kilómetros dentro del territorio hidalguense, hasta que los agresores regresaron al Estado de México.

 

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el denunciante aseguró haber sido hostigado en repetidas ocasiones, incluyendo revisiones arbitrarias de su teléfono celular en zonas comerciales y constantes detenciones en el mismo tramo carretero. El nivel de acoso fue tal que tomó una decisión extrema: vender su camioneta a un precio muy por debajo de su valor real para no volver a circular por la zona y proteger su vida y la de su familia.

 

“YA NO PUEDO NI PASAR POR AHÍ NI IR AL BANCO EN TECÁMAC; DIARIO ESTÁN EN ESA ÁREA”, AFIRMÓ.

 

Estas prácticas, denunciaron los afectados, son comunes dentro de la Policía de Investigación, siempre acompañados de madrinas que abundan al interior de la FGJEM. Lo más grave es que, según los testimonios, el fiscal general del Estado de México, José Luis Martínez Cervantes, tiene pleno conocimiento de estas operaciones y las permite, ya que este esquema de extorsión sirve para engrosar los bolsillos de comandantes regionales, mandos de alto nivel y del propio fiscal, a quien los denunciantes señalan directamente como parte de la cadena de corrupción.

 

El patrón se repite: fabricación de delitos, intimidación y amenazas. El ciudadano afirmó que un amigo suyo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía únicamente por haber tomado una fotografía, mientras que un familiar fue detenido por supuestas irregularidades en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

 

En este último caso, los agentes exigieron 45 mil pesos para no ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación, además de amenazarlo con sembrarle droga.

 

“Si no aflojas, ellos mismos te denuncian y se hacen pasar por víctimas”, sentenció el denunciante, quien sostuvo que estas extorsiones se realizan con el conocimiento de mandos superiores y dentro de las propias instalaciones de la Fiscalía, lo que confirma un esquema de delincuencia institucionalizada.

 

Las denuncias coinciden en que este patrón de conducta se repite en distintos municipios del Valle de México, especialmente en la zona oriente y en vías de alta afluencia vehicular, casualmente donde no hay cámaras de seguridad.

 

Ante esta situación, los afectados exigieron la intervención inmediata de autoridades estatales y federales para investigar a fondo a la FGJEM y frenar lo que califican como un sistema de asalto oficializado contra la ciudadanía.

 

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México guarda silencio, confirmando con su omisión la percepción de impunidad y corrupción que hoy convierte a la México-Pachuca no en una vía de comunicación, sino en un campo de extorsión bajo el amparo del Estado.

MORENA REVIVE LA PRENSA A MODO EN EL ESTADO DE MÉXICO

 

*Delfina Gómez y líderes del régimen excluyen a periodistas críticos y usan recursos públicos para comprar silencio

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TEXCOCO, Estado de México.— Bajo el discurso oficial del reconocimiento a la libertad de expresión y a la “función social” del periodismo, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez volvió a exhibir las viejas prácticas que Morena prometió desterrar: el control político de la prensa, la exclusión de voces incómodas y el uso del presupuesto público para comprar silencios.

 

El diputado local José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, acompañó a la gobernadora a un encuentro con comunicadores de la zona oriente y del Valle de los Volcanes, realizado en Texcoco. El acto fue presentado como un ejercicio de cercanía y reconocimiento al trabajo periodístico, pero en los hechos se trató de un evento selectivo, cuidadosamente filtrado y alineado a los intereses del gobierno estatal.

 

Durante el encuentro, la mandataria mexiquense destacó el profesionalismo de las y los comunicadores y su labor para informar a la sociedad sobre las acciones de su administración. Sin embargo, ese discurso contrastó de manera evidente con la realidad del evento: sólo fueron convocados periodistas “a modo”, afines al gobierno de Morena, mientras que reporteros independientes, críticos y medios incómodos fueron deliberadamente excluidos.

 

Lejos de representar un espacio plural, el desayuno con comunicadores repitió un esquema que se ha institucionalizado año con año en el Estado de México: reuniones cerradas, listas depuradas desde la oficina de Comunicación Social y, como incentivo, la entrega de apoyos económicos que rondan los 10 mil pesos por asistente. Un mecanismo que, de acuerdo con periodistas marginados de estos encuentros, funciona como una moneda de cambio para asegurar silencio, complacencia y la reproducción acrítica de boletines oficiales.

 

En los hechos, el gobierno de Delfina Gómez, junto con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y otros funcionarios de Morena, ha optado por privilegiar una narrativa controlada, difundida casi exclusivamente a través de comunicados redactados desde el aparato gubernamental, mientras se margina cualquier ejercicio periodístico que cuestione, investigue o exhiba las contradicciones de la llamada Cuarta Transformación en el Estado de México.

 

La presencia del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez en este acto no es menor. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, su acompañamiento refuerza la idea de una alianza entre el poder Ejecutivo y el Legislativo para mantener una relación cómoda con ciertos sectores de la prensa, al tiempo que se ignora el derecho de la sociedad a recibir información diversa, crítica y contrastada.

 

Este tipo de encuentros, lejos de fortalecer la libertad de expresión, la debilitan. Convertir el reconocimiento al periodismo en un ritual de simulación, condicionado a la lealtad política, revive las peores prácticas del viejo régimen priista que Morena juró combatir. Hoy, en el Estado de México, la censura ya no se ejerce con amenazas directas, sino con exclusión, dinero y control del acceso.

 

Mientras el gobierno presume cercanía con los medios, la realidad es que sólo dialoga con aquellos que no preguntan, no investigan y no incomodan. Y así, bajo el disfraz de un homenaje al periodismo, se consolida un modelo de comunicación oficial basado en la propaganda, la mentira institucional y el silencio comprado.

 LA REFORMA ELECTORAL DE SHEINBAUM FRACTURA A LA

 4T Y DESATA EL CHANTAJE DE SUS ALIADOS

 

*PT y PVEM se rebelan, exigen gubernaturas y exhiben la debilidad de Morena para imponer cambios constitucionales

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

TOLUCA. Estado de México, 19 de enero de 2026.- La rebelión en la granja legislativa de la llamada 4T exhibe una verdad incómoda para el oficialismo: el poder de Morena es amplio, pero no absoluto, y su pretendida disciplina política se diluye cuando los aliados dejan de sentirse convidados. El rechazo abierto del PT y del PVEM a la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional no es un accidente ni un malentendido: es el resultado de una lógica de imposición que ha sustituido al diálogo y el consenso por el “pastoreó” legislativo y la negociación en lo oscurito.

 

La presidenta Sheinbaum, lejos de construir acuerdos previos, optó por enviar a sus operadores de Gobernación y a los líderes parlamentarios de Morena a apagar el incendio que ella misma provocó. El problema es de origen: una reforma constitucional de alto calado, diseñada por una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, que nunca consultó ni tomó en cuenta a los partidos aliados de la 4T, y mucho menos a los de oposición, pese a que, sin sus aliados, la iniciativa está condenada a nacer muerta. Morena, por sí solo, no tiene la mayoría calificada y hoy paga el costo de su soberbia política.

 

El caso del PVEM es especialmente revelador. El rechazo frontal de su senador Adán Augusto López como interlocutor no sólo es un desaire personal, sino una señal clara de que el Verde se niega a seguir siendo tratado como fuerza subordinada. Las declaraciones de Luis Armando Melgar, senador del Verde, dejan ver un hartazgo profundo: aliados en campaña, pero ignorados en las decisiones; útiles para sumar votos, pero relegados cuando se reparte el poder real. Esa fractura no es menor y marca un precedente peligroso para la estabilidad de la coalición oficialista.

 

Mientras tanto, el PT y el Verde hacen lo que Morena les enseñó a hacer: convertir el poder legislativo en moneda de cambio. Las “condiciones” que se filtran desde las mesas de negociación —gubernaturas, candidaturas estratégicas y concesiones políticas de alto costo— confirman que la reforma electoral no se discute por convicción democrática, sino como parte de un vulgar regateo. Cinco gubernaturas a cambio de una reforma que ni es urgente ni necesaria es un precio político desproporcionado, que desnuda el verdadero interés detrás del proyecto.

 

La paradoja es brutal: el oficialismo ya controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y tiene mayorías cómodas en los órganos electorales. El INE y el Tribunal Electoral federal, que difícilmente se enfrentes hoy con un contrapeso real. ¿Para qué, entonces, una reforma electoral? La respuesta parece menos institucional y más obsesiva: reconfigurar las reglas aun cuando el tablero ya está inclinado a favor de Morena, aunque eso implique dinamitar la alianza que los llevó al poder.

 

Todo esto ocurre, además, en un contexto internacional adverso, con presiones crecientes desde Estados Unidos y amenazas reales a la soberanía nacional. Pero mientras el mundo arde, la presidenta prefiere verse al espejo y agitar el avispero interno, enfrentándose con sus propios aliados por una iniciativa que no logra ni siquiera el consenso del bloque gobernante. La 4T, que prometió una nueva forma de hacer política, hoy revive las peores prácticas del viejo régimen: chantaje, cuotas y negociaciones de sangre. Y como bien lo entienden el Verde y el PT, en esta historia, quien quiera miel, tendrá que pagarla muy cara.

 

A propósito de Pablo Gómez, no son pocas las voces importantes, dentro de la 4T, empezando por las de diputados y senadores de la cúpula, que lo culpan del mal ambiente que ha generado la reforma electoral, además de la rebelión de los partidos aliados, porque “su carácter soberbio y altanero”, dicen los mismos morenistas, no ayudó mucho a que se socializara y se incluyera a un sector más amplio en las consultas y discusiones sobre el contenido de dicha reforma.

 

El estilo que con los años ha desarrollado Gómez, uno de los primeros beneficiarios de la apertura política y democrática hacia las minorías, prepotente, soberbio y altanero, no le sirvió de mucho a la presidenta al designarlo como el titular de su comisión que se encargaría de reunir y redactar las propuestas de cambio al sistema electoral.

TRASLADAN HERIDOS DE LA CDMX A HOSPITALES DEL EDOMEX PARA MAQUILLAR CIFRAS DELICTIVAS, REVELA HÉCTOR DE MAULEÓN

 

* Policías capitalinos habrían recibido órdenes de “bajar la incidencia delictiva como fuera” trasladando heridos al Edomex

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2025.— Un grave patrón de actuación policial quedó al descubierto tras una serie de hechos ocurridos la noche del 14 de octubre de 2023, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron de manera arbitraria a personas gravemente heridas a un hospital del Estado de México, presuntamente con el objetivo de reducir artificialmente la incidencia delictiva en la capital del país.

 

De acuerdo con la crónica documentada por el periodista Héctor De Mauleón, las cámaras del Centro de Mando Municipal de Nezahualcóyotl detectaron que dos patrullas de la CDMX —MX-121-D2 y MX-443-01— abandonaron en la vía pública, frente al Hospital General de La Perla, a un hombre con heridas de arma punzocortante, sin esperar a que recibiera atención médica.

 

Un familiar de la víctima declaró ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que el hombre fue atacado con un cuchillo dentro de su domicilio, en el Barrio San Miguel de Iztapalapa, y que, pese a solicitar una ambulancia, los policías se limitaron a trasladarlo hasta dicho hospital mexiquense bajo el argumento de que “era el más cercano y ahí lo atenderían mejor”. Sin embargo, los agentes se retiraron antes de que el personal médico pudiera intervenir.

 

Minutos después, policías municipales de Nezahualcóyotl fueron testigos del arribo de otra patrulla capitalina, la MX-122-D2, conducida por el agente Enrique Lucero Balbuena, que transportaba a dos mujeres heridas por arma de fuego. Según el reporte ministerial, los policías intentaron retirarse del lugar, dejándolas tiradas en la vía pública.

 

La escena se repitió con la llegada de más patrullas de la CDMX —MX-444-D-1 y MX-272-D2— tripuladas por los agentes José Fernando Salinas, Brenda Barrón y Ricardo Mirafuentes Sánchez, jefe del Sector Oasis de Iztapalapa, quienes llevaban a un hombre y dos mujeres baleados tras un ataque relacionado con extorsión en un puesto de micheladas en Santa Martha Acatitla.

 

Una de las víctimas declaró que eran derechohabientes del ISSSTE y que existían hospitales mucho más cercanos en la Ciudad de México, como el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” o el “José María Morelos y Pavón”, pero que los policías decidieron, de manera arbitraria, trasladarlos hasta el Hospital de La Perla, ya en territorio mexiquense.

 

Ante estos hechos, mandos de la policía de Nezahualcóyotl ordenaron la detención de seis agentes capitalinos por impedir el acceso inmediato a atención médica y trasladar a los lesionados fuera de su jurisdicción. Entre los detenidos se encontraba el propio jefe del Sector Oasis.

 

Según testimonios recabados en el Centro de Justicia Neza La Perla, no se trataba de un hecho aislado. Existían reportes previos de policías y paramédicos de la CDMX que desviaban a heridos graves hacia hospitales del Estado de México, en lugar de ingresarlos a nosocomios capitalinos.

 

Esa misma noche, altos mandos de la policía capitalina, entre ellos el comisario Juan Hernández Vázquez y José Antonio Bautista, director de investigación policial de asuntos internos, acudieron ante autoridades de Nezahualcóyotl para exigir que los agentes fueran liberados, lo cual finalmente ocurrió mediante la intervención de sus superiores.

 

De acuerdo con la investigación de Héctor De Mauleón, estos hechos dieron pie a acusaciones formales de autoridades mexiquenses, quienes señalaron que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se habría instruido a policías capitalinos a trasladar heridos y moribundos al Edomex para maquillar las estadísticas de homicidios en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana negó en su momento dichas acusaciones.

 

La crónica completa de esa noche quedó asentada en la carpeta de investigación NZ3/062/292551/23/10, que documenta cómo al menos seis personas gravemente heridas fueron trasladadas de forma irregular y, horas después, ingresadas finalmente al hospital capitalino que debieron haber recibido desde un inicio.

DESIGNACIÓN DE JUAN HUGO DE LA ROSA EN MOVILIDAD DESATA INDIGNACIÓN Y REVIVE SEÑALAMIENTOS DE CACICAZGO EN EL EDOMEX

 

* Nombramiento revive acusaciones de cacicazgo y conflictos de interés en el gobierno estatal

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

TOLUCA, Estado de México, 15 de enero de 2025.— Cayó como un balde de agua fría en amplios sectores sociales y políticos del Estado de México la designación de Juan Hugo de la Rosa García como nuevo titular de la Secretaría de Movilidad estatal, en sustitución de Daniel Sibaja González, cuya renuncia fue anunciada desde la semana pasada. La toma de protesta del exalcalde de Nezahualcóyotl se concretó este miércoles 15 de enero y, lejos de generar consenso, desató una oleada de críticas.

 

De la Rosa García es considerado por amplios sectores ciudadanos como uno de los caciques políticos más repudiados del oriente mexiquense. Su llegada al gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fue interpretada por actores políticos como otro error estratégico del actual gobierno estatal, al privilegiar viejas prácticas de poder por encima de perfiles técnicos y con preparación en la materia.

 

El nombramiento abre serias interrogantes debido a que, desde hace años, Juan Hugo de la Rosa ha sido señalado como presunto operador político y financiero de las protestas protagonizadas por choferes del autotransporte en el oriente del Edomex, particularmente las llamadas “rutas hermanas”, movilizaciones que han afectado a miles de ciudadanos sin que exista una explicación clara de su origen ni de sus beneficiarios.

 

Estas sospechas se refuerzan con el hecho de que, en meses recientes, unidades de dichas rutas han sido utilizadas para promover la imagen de Carmen de la Rosa, hija del ahora secretario, a quien Juan Hugo de la Rosa busca posicionar —a toda costa— como candidata de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Nezahualcóyotl.

 

La llegada del exalcalde a la Secretaría de Movilidad también anticipa una profundización de la pugna política con el actual presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda, una confrontación que amenaza con fracturar aún más a Morena en uno de sus bastiones electorales más importantes del Estado de México.

 

Diversas voces advierten que, desde esta nueva posición, Juan Hugo de la Rosa podría fortalecer redes de negociación entre ministerios públicos, dueños de corralones y organizaciones del transporte, lo que permitiría que continúen abusos, extorsiones y atracos contra los ciudadanos sin consecuencias visibles, en un contexto donde la impunidad ha sido una constante.

 

A estos señalamientos se suma un antecedente familiar grave. Juan Hugo de la Rosa es tío de Fabiola Yuritzi Hernández De la Rosa, contra quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México documentó que el 25 de septiembre de 2022 participó, junto con cuatro cómplices, en el secuestro de una comerciante en el municipio de Texcoco. De acuerdo con la investigación, los agresores ingresaron armados al negocio de la víctima, la privaron de la libertad y exigieron cinco millones de pesos para su liberación.

 

Según las indagatorias, Hernández De la Rosa se hacía pasar como ministerio público cuando encabezaba la Dirección de Apoyo a la Mujer, cargo que le fue otorgado durante una de las administraciones municipales de su tío en Nezahualcóyotl, lo que agravó la gravedad de los hechos.

 

Aunque la prima de la diputada Carmen de la Rosa y sobrina del cacique Juan Hugo de la Rosa, fue sentenciada a 95 años de prisión, hoy se encuentra en libertad, presuntamente gracias a argucias legales y gestiones políticas atribuidas a de la Rosa y a su hija, la actual diputada de Morena.

 

Juan Hugo de la Rosa fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos (2016–2018 y 2019–2021), diputado federal por el PRD en 2006 y nuevamente legislador federal por Morena en la LXVI Legislatura en 2024. También ha sido diputado local y funcionario municipal en distintas áreas administrativas y de servicios públicos, pero carece de experiencia comprobable en materia de movilidad y transporte.

 

Entre la ciudadanía persiste una pregunta que no deja de retumbar: ¿no existen perfiles mejor preparados y sin señalamientos para encabezar una dependencia tan estratégica? Para muchos, este nombramiento no solo perpetúa los cacicazgos regionales, sino que contradice el discurso fundacional de Morena.

La duda es inevitable: ¿no que eran diferentes?

AULAS PARA LA FOTO, AGUA SECUESTRADA PARA EL NEGOCIO:

 EL VERDADERO PODER EN LA PAZ

 

* El negocio del agua, la omisión del gobierno y el silencio que ahoga a La Paz

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 

LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de enero de 2026.— Mientras la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez encabeza actos públicos para presumir la entrega de un aula escolar como ejemplo de “austeridad” y buen gobierno, en el municipio se consolida una realidad mucho más grave: el agua, derecho humano básico, permanece bajo un presunto control criminal con la tolerancia y la complicidad del poder político local.

 

Para escuelas públicas y miles de familias, la propaganda oficial contrasta brutalmente con la vida diaria. Planteles educativos que no reciben agua por la red municipal se ven obligados a comprar pipas hasta en 1,700 pesos para poder operar, mientras el Ayuntamiento guarda silencio y evade cualquier explicación seria.

 

La desesperación social crece ante los señalamientos directos de líderes comunitarios y operadores del reparto de agua, quienes, bajo reserva de identidad por temor a represalias— aseguran que la alcaldesa Martha Guerrero y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un pacto político y económico con Héctor Becerril, identificado por diversas fuentes locales como quien habría asumido el control del grupo criminal conocido como Sindicato 22 de Octubre, tras la detención de “El Jimmy”.

 

Según estos testimonios, el saqueo del agua es sistemático: de cada pozo se extraen alrededor de cien pipas diarias durante la madrugada, mismas que no se distribuyen a la población, sino que son apartadas para su venta, convirtiendo el desabasto en un negocio multimillonario sostenido por la omisión deliberada del gobierno municipal.

 

La pregunta es inevitable y cada vez más incómoda: ¿por qué el Ayuntamiento no interviene, no clausura, no investiga y no denuncia?

Para vecinos y directivos escolares, la respuesta es clara: porque el control del agua se ha convertido en un botín político y económico, útil para someter colonias enteras, castigar disidencias y administrar la escasez como herramienta de poder.

 

Habitantes de las zonas altas, las más golpeadas por la falta de agua, aseguran que el problema podría aliviarse de inmediato si el gobierno municipal rompiera los presuntos acuerdos que mantiene con estas redes. Sin embargo, lejos de hacerlo, la alcaldesa opta por culpar al crecimiento urbano y pedirle a la ciudadanía que “impida” la expansión de colonias, lavándose las manos de una responsabilidad que es exclusivamente institucional.

 

En este escenario, la entrega de un aula no es un logro: es una distracción. Una cortina de humo frente a un sistema que permite que escuelas públicas compren agua como si fuera un lujo, mientras funcionarios presumen “ahorros” y administran ceremonias.

 

Hoy, la exigencia social va más allá de obras aisladas: La Paz demanda respuestas, nombres, investigaciones y consecuencias. Y la pregunta que retumba en colonias, escuelas y calles sigue sin respuesta oficial:

 

¿Cuánto dinero reciben mensualmente Martha Guerrero Sánchez y Tranquilino Lagos Buenabad por permitir que el agua de La Paz siga en manos de un presunto grupo criminal?

 

Mientras esa duda no sea aclarada con transparencia y acciones reales, cualquier discurso de austeridad no será más que propaganda construida sobre la sed de la población.