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EL PRÓFUGO Y LOS EMBARRADOS DEL GOBIERNO DE CUAUHTÉMOC BLANCO

 

Por: Héctor De Mauleón

 

Ciudad de México. 13 de marzo de 2025.- En octubre pasado, la administración de la nueva gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, detectó una escandalosa serie de irregularidades en el fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El fideicomiso había sido dirigido por Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, muy cercano al secretario particular y primo del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, Edgar Riu, y muy cercano también al hermano del exmandatario, Ulises Bravo.

 

Dionicio Álvarez había renunciado a la dirección del fideicomiso 15 días antes del fin del sexenio, dejando en las arcas 58 mil pesos de un presupuesto de 65 millones. No tardó en acomodarse como Tesorero en el gobierno municipal de Cuautla --cuyo alcalde, Jesús Corona Damián, fue grabado acordando, en una reunión, con uno de los jefes criminales más buscados del estado: Jupiter Araujo El Barbas.

 

Al tomar posesión de la administración, el gobierno de González Saravia descubrió que, antes de irse, funcionarios de Cuauhtémoc Blanco habían reseteado las computadoras del gobierno estatal a fin de eliminar información clave.

 

Al mismo tiempo, se recibieron denuncias de decenas de ciudadanos que habían sido víctimas de fraude en la adquisición de terrenos situados en la ribera del lago: algunos predios habían sido vendidos dos veces. Para colmo, el valor comercial de los mismos no correspondía con el precio al que fueron vendidos: habían metido mano negra en los avalúos.

 

En el equipo de Margarita González Saravia dicen que la funcionaria estalló en indignación al comprobar el estado en que su antecesor dejó el gobierno. El asunto del fideicomiso fue una de las primeras cosas que brincaron. Cuando la investigación avanzó, la Fiscalía Anticorrupción dio con una lista de funcionarios ligados a Cuauhtémoc Blanco que habían adquirido predios por debajo de su valor comercial.

 

En la lista estaba la exsecretaria de Administración del “Cuau” y actual diputada federal por Morena, Sandra Anaya. Se descubrió que había adquirido cuatro predios, ¡a 400 pesos el metro!, a través del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos.

 

“¿Dónde está el delito en haber comprado un predio? Que hayan encontrado irregularidades no son atribuibles a mi persona… Quienes me conocen saben que soy empresaria, tengo otros ingresos, tengo capacidad para eso y para un poquito más”, dijo la legisladora morenista.

 

Según la investigación, fue precisamente el Instituto de Crédito el que asignó un valor menor a los terrenos que luego compraron los funcionarios.

 

Otra que se despachó con la cuchara grande fue la jefa de oficina del exgobernador, Mónica Boggio, quien saltó del gobierno estatal a una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa.

 

Entre los casos más escandalosos figura el del exzar anticorrupción durante la gestión del futbolista, Gerardo Becerra Chávez: en noviembre del año pasado dijo que traía “en el radar” el caso del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo desde hacía varios años: no solo por los millones de pesos que debían estar en caja y se habían esfumado, sino porque el gobierno de Blanco no había entregado un solo peso de las ventas a los ejidatarios de Puente de Ixtla, Jojutla y Xoxocotla, “que son los que de alguna manera están integrando el fideicomiso”.

 

“Es verdaderamente deleznable lo que hicieron”, declaró Becerra Chávez.

 

A los pocos días se filtró un documento que lo incluía entre los compradores de predios. Compró cinco y desembolsó solo 280 mil pesos.

 

Alegó en defensa que no había en el hecho nada ilegal: que el Instituto de Crédito le había otorgado facilidades para la compra: “A mí me hizo la oferta y lo creí prudente, no por el precio, que quedé claro, sino por las facilidades que daba el Instituto”.

 

Una línea de investigación ha detectado que funcionarios de la pasada administración usaron incluso prestanombres para hacerse de más terrenos.

 

El exdirector del Fideicomiso, Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, tenía chamba asegurada durante los siguientes dos años, como flamante Tesorero de Cuautla. Probablemente supo lo que se venía porque desde hace varios días dejó de presentarse.

 

Ayer, la Fiscalía Anticorrupción ofreció una recompensa de 113 mil 140 pesos a quien proporcione información que conduzca a su captura.

 

Un boquete más en el agujerado prestigio del exfutbolista y exgobernador, actual diputado y recién reafiliado a Morena, cuyo desafuero se discute en el Congreso por solo una de las múltiples carpetas que tiene abiertas: la de intento de violación en contra de su hermana.

 

¡La Transformación va!