miércoles, 21 de enero de 2026

FGJEM: ASALTO INSTITUCIONAL EN LA MÉXICO-PACHUCA

 

* Extorsión, abuso de poder y persecuciones ilegales convierten a la México-Pachuca en un corredor de asaltos con respaldo institucional

 

Por: EXPEDIENTE SECRETO

 



ECATEPEC, Estado de México, 21 de enero de 2026.– La carretera México-Pachuca libre se ha convertido en un territorio sin ley donde no mandan los delincuentes comunes, sino policías de investigación y madrinas adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes operan una red sistemática de abusos, detenciones arbitrarias y extorsiones contra ciudadanos que transitan por los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.

 

Lejos de combatir al crimen, los hampones con placa han hecho de esta vía federal un corredor de cacería, aprovechando tramos sin cámaras de vigilancia para interceptar automovilistas, intimidarlos y despojarlos de dinero bajo amenazas fabricadas.

 

Uno de los casos más recientes quedó documentado en un video difundido en redes sociales, donde se observa cómo una camioneta evade a presuntos agentes de investigación. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un mes en un tramo federal de la México-Pachuca y se extendieron incluso hasta los límites con el estado de Hidalgo, evidenciando que estos grupos actúan fuera de su jurisdicción y sin coordinación con autoridades hidalguenses, como si se tratara de una banda criminal itinerante con respaldo institucional.

 

El afectado relató que ese día se dirigía de una plaza comercial en Tecámac hacia Tizayuca, Hidalgo, después de retirar dinero de una sucursal bancaria. Durante el trayecto, sujetos armados intentaron detenerlo en un punto ciego, sin vigilancia, lo que le generó sospecha y temor. Al no detenerse, fue perseguido durante varios kilómetros dentro del territorio hidalguense, hasta que los agresores regresaron al Estado de México.

 

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el denunciante aseguró haber sido hostigado en repetidas ocasiones, incluyendo revisiones arbitrarias de su teléfono celular en zonas comerciales y constantes detenciones en el mismo tramo carretero. El nivel de acoso fue tal que tomó una decisión extrema: vender su camioneta a un precio muy por debajo de su valor real para no volver a circular por la zona y proteger su vida y la de su familia.

 

“YA NO PUEDO NI PASAR POR AHÍ NI IR AL BANCO EN TECÁMAC; DIARIO ESTÁN EN ESA ÁREA”, AFIRMÓ.

 

Estas prácticas, denunciaron los afectados, son comunes dentro de la Policía de Investigación, siempre acompañados de madrinas que abundan al interior de la FGJEM. Lo más grave es que, según los testimonios, el fiscal general del Estado de México, José Luis Martínez Cervantes, tiene pleno conocimiento de estas operaciones y las permite, ya que este esquema de extorsión sirve para engrosar los bolsillos de comandantes regionales, mandos de alto nivel y del propio fiscal, a quien los denunciantes señalan directamente como parte de la cadena de corrupción.

 

El patrón se repite: fabricación de delitos, intimidación y amenazas. El ciudadano afirmó que un amigo suyo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía únicamente por haber tomado una fotografía, mientras que un familiar fue detenido por supuestas irregularidades en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

 

En este último caso, los agentes exigieron 45 mil pesos para no ponerlo a disposición del Ministerio Público por el delito de ataques a las vías de comunicación, además de amenazarlo con sembrarle droga.

 

“Si no aflojas, ellos mismos te denuncian y se hacen pasar por víctimas”, sentenció el denunciante, quien sostuvo que estas extorsiones se realizan con el conocimiento de mandos superiores y dentro de las propias instalaciones de la Fiscalía, lo que confirma un esquema de delincuencia institucionalizada.

 

Las denuncias coinciden en que este patrón de conducta se repite en distintos municipios del Valle de México, especialmente en la zona oriente y en vías de alta afluencia vehicular, casualmente donde no hay cámaras de seguridad.

 

Ante esta situación, los afectados exigieron la intervención inmediata de autoridades estatales y federales para investigar a fondo a la FGJEM y frenar lo que califican como un sistema de asalto oficializado contra la ciudadanía.

 

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México guarda silencio, confirmando con su omisión la percepción de impunidad y corrupción que hoy convierte a la México-Pachuca no en una vía de comunicación, sino en un campo de extorsión bajo el amparo del Estado.

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