AULAS PARA LA FOTO, AGUA SECUESTRADA PARA EL NEGOCIO:
EL VERDADERO PODER EN LA PAZ
* El negocio del agua, la omisión del gobierno y el silencio
que ahoga a La Paz
Por: EXPEDIENTE SECRETO
LOS REYES LA PAZ, Estado de México, 14 de enero de 2026.— Mientras
la presidenta municipal Martha Guerrero Sánchez encabeza actos públicos para
presumir la entrega de un aula escolar como ejemplo de “austeridad” y buen
gobierno, en el municipio se consolida una realidad mucho más grave: el agua,
derecho humano básico, permanece bajo un presunto control criminal con la
tolerancia y la complicidad del poder político local.
Para escuelas públicas y miles de familias, la propaganda
oficial contrasta brutalmente con la vida diaria. Planteles educativos que no
reciben agua por la red municipal se ven obligados a comprar pipas hasta en
1,700 pesos para poder operar, mientras el Ayuntamiento guarda silencio y evade
cualquier explicación seria.
La desesperación social crece ante los señalamientos directos
de líderes comunitarios y operadores del reparto de agua, quienes, bajo reserva
de identidad por temor a represalias— aseguran que la alcaldesa Martha Guerrero
y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un pacto político y
económico con Héctor Becerril, identificado por diversas fuentes locales como
quien habría asumido el control del grupo criminal conocido como Sindicato 22
de Octubre, tras la detención de “El Jimmy”.
Según estos testimonios, el saqueo del agua es sistemático: de
cada pozo se extraen alrededor de cien pipas diarias durante la madrugada,
mismas que no se distribuyen a la población, sino que son apartadas para su
venta, convirtiendo el desabasto en un negocio multimillonario sostenido por la
omisión deliberada del gobierno municipal.
Habitantes de las zonas altas, las más golpeadas por la falta
de agua, aseguran que el problema podría aliviarse de inmediato si el gobierno
municipal rompiera los presuntos acuerdos que mantiene con estas redes. Sin
embargo, lejos de hacerlo, la alcaldesa opta por culpar al crecimiento urbano y
pedirle a la ciudadanía que “impida” la expansión de colonias, lavándose las
manos de una responsabilidad que es exclusivamente institucional.
En este escenario, la entrega de un aula no es un logro: es
una distracción. Una cortina de humo frente a un sistema que permite que
escuelas públicas compren agua como si fuera un lujo, mientras funcionarios
presumen “ahorros” y administran ceremonias.
Hoy, la exigencia social va más allá de obras aisladas: La Paz
demanda respuestas, nombres, investigaciones y consecuencias. Y la pregunta que
retumba en colonias, escuelas y calles sigue sin respuesta oficial:
¿Cuánto dinero reciben mensualmente Martha Guerrero Sánchez y
Tranquilino Lagos Buenabad por permitir que el agua de La Paz siga en manos de
un presunto grupo criminal?
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