MÉXICO, EN EL BANQUILLO INTERNACIONAL: DESAPARICIONES MASIVAS APUNTAN A CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Por: Rodolfo Rodríguez, Martín Ponce y Carlos Recio
TOLUCA, Estado de México, 8 de abril de 2026.- México enfrenta
una de las acusaciones más graves en materia de derechos humanos de su historia
reciente: un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
advierte que la crisis de desapariciones en el país no solo es sistemática,
sino que podría constituir crímenes de lesa humanidad, con indicios de
participación directa o tolerada por agentes del Estado y el crimen organizado.
La gravedad del diagnóstico encendió las alarmas
internacionales. El Comité activó el Artículo 34 de la Convención Internacional,
un mecanismo excepcional que solicita llevar el caso ante la Asamblea General
de la ONU y el Secretario General para la adopción de medidas urgentes. México
ha cruzado una línea crítica y hoy está bajo escrutinio global.
El informe es lapidario: no hay mejoras sustanciales desde
2021. La impunidad, la crisis forense y la ausencia de judicialización siguen
siendo la constante. En los hechos, el aparato del Estado ha sido incapaz —o
renuente— a frenar una maquinaria de desapariciones que sigue operando con
brutal eficacia.
Las cifras son demoledoras. Más de 130 mil personas
desaparecidas integran el registro nacional, muchas sin datos suficientes para
su búsqueda. Colectivos ciudadanos denuncian que tan solo en el primer año de
la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se
registró un promedio de 40 desapariciones diarias, confirmando que la crisis no
solo continúa, sino que se profundiza.
El informe además señala algo aún más grave: el “beneplácito”
de fuerzas de seguridad, es decir, la tolerancia o participación directa de
autoridades en estos crímenes. Esto no es negligencia menor, es un señalamiento
que coloca al Estado mexicano en el terreno de la responsabilidad directa.
Mientras tanto, las madres buscadoras siguen haciendo el
trabajo que el gobierno no hace: cavar la tierra para encontrar a sus hijos. Y
pese a su lucha incansable, denuncian que ni la actual presidenta ni su
antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han tenido la voluntad política
siquiera de mirarlas a los ojos en una reunión formal.
Pero si el panorama nacional es devastador, el caso del Estado
de México resulta escandaloso.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el fiscal general José
Luis Cervantes Martínez no solo enfrentan una crisis: están al frente del
estado con más desapariciones en todo el país, y aun así su respuesta ha sido
el silencio, la inacción y la ausencia de una estrategia real.
No se trata de falta de información. Los datos están sobre la
mesa: 14,772 personas desaparecidas y no localizadas a inicios de 2026 colocan
al Estado de México en el primer lugar nacional, por encima de entidades
históricamente violentas como Jalisco y Tamaulipas. Municipios como Ecatepec, Toluca,
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Atlautla concentran la tragedia.
Lo verdaderamente grave es que, frente a esta realidad, no
existe una política de Estado seria. Ni una secretaría especializada con
autonomía, ni recursos suficientes, ni una reingeniería institucional que rompa
con la corrupción enquistada en cuerpos policiacos y en la propia fiscalía.
La omisión de Delfina Gómez Álvarez y José Luis Cervantes
Martínez ya no puede leerse como simple incapacidad: es una negligencia
política que raya en la complicidad por omisión. Gobernar el estado con más
desaparecidos del país sin una respuesta contundente no es solo un fracaso
administrativo, es una renuncia de facto a la responsabilidad constitucional de
proteger a la población.
El Estado de México se ha convertido en un epicentro de
desapariciones, con una incidencia particularmente alta en mujeres, superando
la media nacional. Y, aun así, las autoridades estatales han preferido la
pasividad, mientras las cifras crecen y las fosas clandestinas se multiplican.
El resultado es brutal: un territorio que se descompone en
silencio, donde la ausencia de justicia se vuelve norma y la autoridad,
ausente.
El informe internacional no deja lugar a dudas. México
enfrenta una acusación histórica. Pero en el Estado de México, esa acusación
tiene rostro, nombre y cargo. Y hasta ahora, quienes deberían responder,
simplemente no lo han hecho.
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