LA PAZ BAJO EXTORSIÓN: PROTECCIÓN CIVIL CONVERTIDA EN BOTÍN POLÍTICO
*Martha Guerrero y Tranquilino Lagos reciclan a funcionario
con negro historial para exprimir a empresarios
Por: Rodolfo Rodríguez y Martín Ponce
Empresarios de pequeños, medianos y grandes negocios acusan
directamente al titular del área, Francisco Felipe Villa Campa, de operar un
esquema sistemático de hostigamiento y presunta extorsión que utiliza
inspecciones, observaciones administrativas y clausuras como mecanismo de
presión económica.
En días recientes fueron cerrados varios establecimientos en
Plaza Tepozanes y en distintas colonias del municipio. Los afectados denuncian
que para “liberar” trámites o evitar sanciones se les exigen pagos que van de
50 mil a 80 mil pesos. En casos más graves, aseguran, las cantidades pueden
dispararse mucho más alto bajo la amenaza de clausura definitiva.
No se trata de un funcionario sin antecedentes. El 16 de
octubre de 2024, cuando se desempeñaba en Protección Civil de Ciudad
Nezahualcóyotl, más de un centenar de propietarios de clínicas, gimnasios,
farmacias y otros giros se manifestaron frente al palacio municipal para exigir
al alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo su destitución por presuntos abusos,
extorsiones y la operación de una red de “coyotes” que ofrecían arreglar
irregularidades a cambio de fuertes sumas de dinero.
Los denunciantes de entonces hablaron de citatorios
intimidatorios y cobros que podían alcanzar hasta 200 mil pesos. La presión
pública obligó a su salida.
Lejos de representar un antecedente que descalificara su
perfil, el historial parece haber sido irrelevante para el gobierno de La Paz.
Tras pasar por la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Villa Campa
reapareció en la administración de Martha Guerrero, en lo que empresarios
califican como un acto de complicidad política.
Los antecedentes del funcionario también se extienden a Xalapa
Veracruz, donde fue titular de Seguridad Ciudadana. Ahí enfrentó señalamientos
por opacidad y presunta corrupción, así como críticas por pobres resultados en
materia de seguridad que derivaron en su renuncia en marzo de 2021, tras
presiones políticas y denuncias ante la Contraloría.
Su historial incluye episodios que exhiben abuso de poder y
conductas indebidas: desde intentos de detención arbitraria contra civiles
hasta el señalamiento de haber utilizado una patrulla para transportar
adoquines destinados a obra pública hacia su domicilio particular en 2018.
Ese es el perfil que hoy ocupa la oficina encargada de
supervisar medidas de seguridad y protección civil en Los Reyes La Paz.
Empresarios consultados sostienen que el verdadero problema no
es solo el funcionario, sino quien lo sostiene. Señalan que la presidenta
municipal y su esposo, Tranquilino Lagos Buenabad, mantienen un control
político férreo sobre el ayuntamiento y que nada ocurre sin su conocimiento.
“Si sigue ahí es porque tiene respaldo”, señalan afectados,
quienes acusan que el municipio se ha convertido en tierra fértil para el
reciclaje de perfiles cuestionados provenientes de otras administraciones.
La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿ignorancia o
complicidad? Porque después de un historial público de denuncias, escándalos y
renuncias forzadas, la designación de Villa Campa no puede explicarse como
descuido administrativo.
Mientras el discurso oficial habla de orden y legalidad,
comerciantes viven bajo la amenaza constante de una inspección que puede
convertirse en factura. En La Paz, dicen los empresarios, la Protección Civil
dejó de prevenir riesgos para convertirse en instrumento de presión política y
financiera.
El costo no solo lo pagan los negocios; lo paga la
credibilidad de un gobierno que prometió transformación y hoy carga con la
sombra de prácticas que dice combatir.
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