EXIGEN FRENAR LA IMPUNIDAD: TEMEN LIBERACIÓN DE EXCOMANDANTE
QUE ASESINÓ A MADRE E HIJO EN LA GAM
*Admiten amparo a excomandante acusado del doble homicidio y
reavivan el temor de impunidad en la CDMX
Por: Rodolfo R. Martín P. y Carlos R.
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de febrero de 2026.— A más de un año del
brutal asesinato de Verónica “N” y su hijo Gael “N”, así como de Gabriela “N”, ocurrido
el 17 de noviembre de 2024 en la colonia San Felipe de Jesús, Manuel Hernández,
esposo y padre de Verónica y Gael, alzó nuevamente la voz para exigir a las
autoridades que no permitan la liberación del responsable del crimen que
destrozó a su familia.
De acuerdo con la carpeta de investigación FIGAM/UAT-GAM-4UI-1
S/D/02873/112024, judicializada como la causa 012/3159/2024, los hechos se
registraron durante una reunión familiar en el domicilio de Hernández, cuando
Martín Inocencio Ibarra Pérez, entonces comandante de la policía municipal de
Tlalnepantla, Estado de México, arribó al lugar acompañado de otros sujetos y
comenzó a agredir verbalmente a los asistentes.
Tras una primera riña y una aparente calma momentánea, el
exmando policial lanzó amenazas directas: advirtió que regresaría armado.
Minutos después cumplió su palabra. Ibarra Pérez volvió al domicilio, irrumpió
de manera violenta y abrió fuego contra la familia. Manuel Hernández intentó
proteger a su esposa y a su hijo, pero lamentablemente las tres personas fueron
alcanzadas por las balas y murieron en el lugar, en un ataque que exhibe el uso
criminal del poder policial.
Aunque Martín Inocencio Ibarra Pérez y Ernesto García de Jesús
permanecen actualmente detenidos, los familiares de las víctimas denunciaron
que la jueza Ruby Celia Castellanos Barradas admitió a trámite un amparo
promovido por la defensa, bajo el argumento de presuntas violaciones a sus derechos
humanos, lo que encendió las alarmas sobre una posible liberación de los
acusados.
“La justicia no puede convertirse en una burla”, advirtieron
los deudos, quienes señalaron que permitir la salida de prisión del excomandante
representaría un agravio irreparable no sólo para la familia Hernández, sino
para toda la sociedad, al enviar el mensaje de que un policía puede matar y
quedar impune, a pesar de que existen múltiples señalamientos y evidencias que
demuestran su culpabilidad.
El caso también está marcado por retrasos y omisiones graves.
A pesar de la gravedad del crimen, el excomandante fue detenido hasta el 21 de
junio de 2025, cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Ixtapaluca,
Estado de México, y ello sólo ocurrió después de que los familiares ejercieran
presión directa sobre la Fiscalía de la Ciudad de México.
Los familiares acusaron además al agente del Ministerio
Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero,
Atanahel Huecas Solís, de ocultar información y obstaculizar el acceso a la
justicia, revictimizando a quienes perdieron a sus seres queridos a manos de un
mando policial.
Ante este panorama, exigieron la intervención directa de la
fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, para impedir que
el presunto asesino recupere su libertad gracias a la corrupción y a las redes
de protección que, aseguran, siguen enquistadas en el sistema de procuración de
justicia de la capital.
“La vida de dos mujeres y de un niño no puede valer menos que
los privilegios de un excomandante”, sentenciaron.
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