FISCALÍA DE HOMICIDIOS, ZONA ORIENTE BAJO SOSPECHA: DENUNCIAN EXTORSIONES Y FABRICACIÓN DE CULPABLES
Por EXPEDIENTE SECRETO
Ixtapaluca, Estado de México, a 9 de septiembre de 2025.– La
Fiscalía Especializada en Homicidios de zona Oriente de la entidad volvió a
colocarse en el centro de la polémica tras una reunión a puerta cerrada en la
que se les llamó a todos los agentes del ministerio público adscritos a las
tres coordinaciones ubicadas en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán e Ixtapaluca,
misma que fue convocada de manera urgente por su titular, Guillermo Varela
Espinoza y su secretario particular, Ricardo Iván Mendoza Gutiérrez.
La citada reunión tuvo lugar en el Centro de Atención
Ciudadana de Ixtapaluca, donde Varela Espinoza tiene su propia oficina. Fue
alrededor de las diez y media de la mañana de hoy, donde la misma se convirtió
en un escándalo, debido a que Varela Espinoza, les comunicó las «nuevas
instrucciones de trabajo» que lejos de fortalecer la procuración de justicia,
revelan prácticas presuntamente irregulares y de carácter corrupto.
Los servidores públicos ahí presentes escucharon, con sorpresa
e indignación, que cada agente del ministerio público deberá entregar dos mil
pesos semanales como «renta» y, además, cada mes tendrán la obligación de poner
a disposición cinco detenidos ante un juez de control, independientemente de si
existen elementos de prueba o no. Según Varela Espinoza: «esas son las nuevas
indicaciones de la maestra Sayonara».
De acuerdo a lo explicado en la reunión, el dinero será
recabado a través de los coordinadores, quienes a su vez lo entregarán a
Mendoza Gutiérrez, secretario particular de Varela, para posteriormente hacerlo
llegar a la maestra Sayonara Encarnación Rosales, Coordinadora General de
Combate al Homicidio de la FGJEM, recientemente nombrada en el cargo.
MALESTAR DE AGENTES
El anuncio generó molestia y desconcierto entre los presentes,
pues esperaban que la llegada de la maestra Encarnación Rosales significara un
cambio positivo, luego de múltiples señalamientos en contra de Varela Espinoza
por corrupción y abuso de poder. En cambio, el mensaje fue interpretado como la
confirmación de que las prácticas más cuestionadas no solo continuarán, sino
que podrían institucionalizarse como parte del trabajo cotidiano.
De acuerdo con fuentes consultadas, varios agentes han
considerado renunciar a sus cargos, como ocurrió meses atrás en la misma
fiscalía cuando se registró una desbandada por inconformidades similares.
FÁBRICA DE CULPABLES
Las críticas hacia la gestión de Varela Espinoza no son
nuevas. Diversos colectivos de Derechos Humanos y familiares de personas
detenidas han denunciado que bajo sus órdenes la Fiscalía de Homicidios en la
zona Oriente se ha convertido en una «fábrica de expedientes», donde se
privilegia la simulación de resultados sobre las investigaciones reales, todo a
cambio de mucho dinero que va directamente a los bolsillos de Varela Espinoza.
Uno de los casos más recientes es el de Alan Alfonso «N», de
22 años, detenido tras el homicidio del padre del joven Johan Alain,
desaparecido en 2024. Aunque familiares y conocidos aseguran que Alan no tuvo
participación en el crimen, fue acusado de homicidio y trasladado al penal de
Huitzilzingo.
Testigos aseguran que, al momento de su detención, el joven
imploró entre lágrimas: «Me van a fregar la vida, yo soy inocente». Luego el
joven aterrado se hizo del baño en los pantalones, ante la burla de Varela
Espinoza y sus allegados. Este caso se encuentra registrado en la carpeta
administrativa: 847/225.
Historias como la de Alan, señalan fuentes consultadas, se han
vuelto frecuentes en la fiscalía, donde se privilegia el cumplimiento de cuotas
por encima de la verdad jurídica.
EXIGEN INVESTIGAR A VARELA ESPINOZA
Ante la gravedad de los hechos, voces internas y externas
consideran que el maestro José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de
Justicia del Estado de México, debe intervenir de manera inmediata para
comprobar si es verídico que se están exigiendo cuotas.
Se plantea la necesidad de esclarecer si la Coordinadora
General de Combate al Homicidio, Sayonara Encarnación Rosales, está
efectivamente detrás de estas presuntas disposiciones o si, por el contrario,
se trata de un nuevo esquema de extorsión diseñado por Guillermo Varela y su
círculo más cercano.
GOLPE A LA JUSTICIA
De confirmarse estas prácticas, se estaría frente a un
escándalo mayúsculo: no solo por la exigencia de pagos ilegales a servidores
públicos, sino por la normalización de la fabricación de culpables, lo que
representa un atentado directo contra los derechos humanos y una burla al
sistema judicial.
La justicia en el Estado de México, ya de por sí cuestionada
por su ineficiencia y opacidad, quedaría una vez más bajo sospecha. Y mientras
las autoridades no actúen con firmeza, los ciudadanos seguirán en riesgo de ser
víctimas de una maquinaria institucional que, en lugar de perseguir criminales,
se dedica a fabricar culpables y lucrar con la tragedia ajena.
El cierre del caso no está en los escritorios de los fiscales
locales, sino en la capacidad de las más altas autoridades de frenar de una vez
por todas a funcionarios que, como Guillermo Varela Espinoza, presumen de ser
intocables. De lo contrario, lo ocurrido este martes en Ixtapaluca será
recordado como un capítulo más de la profunda crisis que atraviesa la justicia
mexiquense.
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