RESUELVE TAMAULIPAS QUE A EL UNIVERSAL Y A MÍ NOS REGISTREN 4 AÑOS COMO VIOLENTADORES DE GÉNERO
Por: Héctor De Mauleón
Columna publicada el 3 de julio de 2025.- A través de un notificador,
la nueva resolución del Consejo General del Instituto Electoral de
Tamaulipas llegó a las puertas de mi domicilio.
Todo esto en razón de una columna publicada en este
espacio el 1º de mayo pasado bajo el título de “Huachicol y poder judicial en
Tamaulipas”, la cual abordó las redes de tráfico de combustible en
las aduanas de Tamaulipas, a partir de un oficio en el que el ex secretario de
la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, denunció al administrador de
Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, de extorsionar agentes
aduanales, recibir sobornos y estar vinculado con una red de tráfico de
huachicol.
En la columna en cuestión señalé básicamente que Madero Larios
seguía impune a pesar de la denuncia del exsecretario, y anoté el
hecho preocupante de que el líder de esa red de tráfico fuera cuñado de Tania
Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal,
considerada entonces “la carta más fuerte de Morena para quedarse con la
presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado” (cosa que, tras
la elección judicial, obtuvo Contreras).
Ese era el tema de la columna: las redes impunes y su conexión
con el Poder Judicial.
Todo esto sucedió, por cierto, en los días en que acababa de
llevarse a cabo en Altamira, Tamaulipas, un decomiso histórico de
10 millones de litros de huachicol.
Contreras nos denunció, a EL UNIVERSAL y al autor de
esta columna, por violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral
del estado, integrado por una prima hermana suya y por un magistrado que
fue subordinado directo de su esposo en la subsecretaría general de
gobierno, atendió la denuncia y nos dictó una serie de medidas cautelares.
Se nos ordenó eliminar de inmediato la publicación de
la página web de EL UNIVERSAL y no volver a emitir expresiones que vincularan a
Contreras “con personas o actos delincuenciales”.
El periódico tomó la decisión de resistir el
inadmisible intento de censura, condenó el amago de llevar a cabo
procedimientos sancionatorios por la publicación de un tema de interés público
relacionado con la corrupción y preguntó si este era el futuro para el Poder
Judicial.
Comenzó la incierta batalla legal.
Según la resolución enviada nuevamente a mi domicilio, y no al
del periódico donde la columna se publicó, el Consejo General del Instituto
Electoral de Tamaulipas ha declarado existente la infracción de
“violencia política en contra de las mujeres en razón de género” debido a la
publicación de esa columna.
Después de infinitas páginas de jerga legal, la resolución
ordena que se me inscriba durante cuatro años en el Registro Nacional de
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género.
Me ordena ofrecer durante 16 días naturales una disculpa
pública en la misma columna, “y dejar el mensaje anclado de fijo”.
Me ordena publicar la síntesis de la resolución, absteniéndome
“de incluir comentarios o expresiones ajenas al fin y a los alcances definidos
en la presente sentencia”.
Me ordena “reconocer los hechos”. “Aceptar mi
responsabilidad”. “Dignificar a mi víctima”, sin que la disculpa “reviva las
situaciones que provocaron la sanción”.
Me obliga a hacer pública mi “aceptación expresa de la
necesidad de reparar el daño”.
Y “como medida idónea para inhibir conductas
futuras como la acreditada en el caso concreto”, me impone una multa que
debo pagar ante la Dirección de Administración del Instituto, so pena de que se
dé vista a las autoridades hacendarias para que sean estas quienes
procedan al cobro.
Para que tenga acceso a un “mayor grado de sensibilización”,
me mandan a leer, además, guías y manuales para el uso no sexista del lenguaje
y para el uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de perspectiva de género.
No es todo. La resolución sostiene que también EL UNIVERSAL
incurrió en violencia política de género al no eliminar la publicación, y a fin
de que “el infractor” pueda “hacer conciencia” de que “su conducta fue
ilícita”, se la ha impuesto también el pago de una multa. Se le obliga,
además, a reconocer “su responsabilidad”, a ofrecer una disculpa pública, a
aceptar “la necesidad de reparar el daño”, a publicar un extracto de la
sentencia durante cinco días naturales... y a permanecer, a lo largo de cuatro
años, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Las faltas leves, por cierto, son sancionadas con
una permanencia en el registro de hasta por tres años.
La batalla legal sigue su curso. El hecho referido arriba se
enmarca, sin embargo, en el patrón de censura, en la embestida imparable
contra medios, periodistas y ciudadanos que osan ejercer la crítica frente a un
régimen que se dice democrático y que solo da muestras de practicar la intolerancia.
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