TAMAULIPAS: CENSURA Y ORO NEGRO
Por: Héctor De Mauleón
Ciudad de México. 2 de junio de 2025.- A fines de abril pasado, perdió la vida en un supuesto accidente carretero
el millonario empresario tamaulipeco, ligado al transporte de combustibles, Ángel
Arnoldo Ramírez Salinas. Su muerte no atrajo la atención de los medios:
prácticamente, solo el portal Código Magenta, cuyo director es Ramón
Alberto Garza, y su director editorial, el periodista Rodrigo Carbajal, dieron
acuse de recibo del extraño accidente ocurrido en la carretera que va de Colima
a Jalisco.
Ramírez Salinas radicaba en San Pedro Garza García, Nuevo
León. Había acudido a una reunión cuando se le perdió la pista. En su entorno
cercano sostienen que aquel día de abril se descubrieron dos cosas: su auto en
el fondo de una barranca, y que sus cuentas habían sido vaciadas. Se cree
que él mismo hizo una serie de millonarias transferencias horas antes de
“accidentarse”.
Ramírez Salinas era considerado el sucesor de Sergio
Carmona, El Rey del Huachicol: el empresario que, a través de su hermano,
Julio Carmona, controló la aduana de Reynosa y que, con los millones
obtenidos con el tráfico ilegal de combustibles, que eran reportados como
aceites de desecho para evadir al SAT, financió las campañas políticas de
presidentes municipales, gobernadores, legisladores, e incluso un dirigente
de Morena. Las camionetas de lujo que repartió y los vuelos que políticos
de ese partido realizaron en su avión privado están perfectamente documentados.
Carmona presumía sus vínculos con las más altas esferas
del lopezobradorismo. Agencias de seguridad norteamericanas lo detectaron
y comenzaron a desentrañar las redes que él encabezaba. Acorralado, El Rey
del Huachicol se sentó a negociar con el gobierno de EU. En noviembre de
2021, cuando esas pláticas se hallaban en marcha, fue asesinado en una
barbería.
Su hermano, Julio Carmona, buscó la protección del gobierno
estadounidense y entregó al menos un teléfono celular con las conversaciones del
empresario. El imperio que Carmona había construido quedó en manos de su viuda,
Perla McDonald, y de Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, el empresario tamaulipeco
que murió en abril en la carretera Jalisco-Colima: una zona controlada por
el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el que Ramírez ha sido vinculado.
De hecho, en esa región del país ha sido detectado un poderoso
aliado del Cártel Jalisco, encargado de las operaciones de este grupo en el
estado de Tamaulipas: César Morfín Morfín, El Primito.
Hace un mes, poco después del “accidente” de Ramírez Salinas,
el Departamento del Tesoro sancionó al Primito por robo de
combustible y contrabando de petróleo para el Cártel Jalisco:
Un mes antes de esa designación, y justo un mes antes de que
el cadáver de Ángel Arnoldo Ramírez fuera hallado en una carretera, ocurrió un
decomiso histórico de huachicol en Altamira, Tamaulipas: más de 10
millones de litros de diésel que se hallaban almacenados en una empresa de
fletes. El combustible ilegal había llegado en barco desde Texas, a través de
una compañía cuyo propietario es Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú,
cercano a la senadora morenista Olga Sosa, exsecretaria del Trabajo del
gobierno de Américo Villarreal y una de las principales operadoras
del fallecido Rey del Huachicol (cuyas conversaciones de WhatsApp con
este, ya se han hecho públicas).
En medio de ese pantano de oro y dinero negro, el
periódico Reforma reportó un ataque ocurrido a mediados de mayo en el
restaurante La Cocktelería de Ciudad Victoria. La primera versión señaló que el
blanco de la agresión había sido Perla McDonald, la viuda de Sergio Carmona,
heredera de sus negocios y ligada a varios personajes de la administración de
Américo Villarreal. El gobierno del estado negó que McDonald se hallara “en ese
momento” en el restaurante. Una segunda versión aseguró que el atentado había
sido dirigido en realidad contra sus escoltas, agentes de la policía estatal,
cosa que el gobierno de Villarreal también negó. Según el periodista Ramón
Alberto Garza, que lleva años siguiendo la red de huachicol de Carmona, el
ataque fue un mensaje, ya que también McDonald ha tenido acercamientos
con agencias estadounidenses.
Garza fue más allá: descubrió que la dirección fiscal del
empresario muerto en la carretera es la misma que Sergio Carmona registró como
domicilio de su empresa más importante, Grupo Industrial Permart. No solo eso:
aparece también como domicilio fiscal de Esmeralda McDonald, hermana de la
viuda del Rey del Huachicol.
Al seguir los cabos sueltos que Carmona dejó tras de sí, los
directivos de Código Magenta, Rodrigo Carbajal y el ya mencionado Ramón Alberto
Garza, llegaron al titular de la Administración General de Aduanas, y
luego subsecretario de Gobernación durante la administración de Andrés Manuel
López Obrador, Ricardo Peralta, el funcionario bajo cuya gestión Carmona
comenzó a tejer su red.
Código Magenta ha documentado, entre otras cosas, las
denuncias que la extitular del SAT, Margarita Ríos Farjat, hizo en contra
de Peralta por malos manejos y corrupción en las aduanas. Ha documentado las
denuncias de Porfirio Muñoz Ledo, que acusó a Peralta y Mario Delgado
de entregar dinero en efectivo para asegurar la elección interna del partido en
el poder.
Documentó también cómo, desde la subsecretaría de Gobernación,
Peralta hizo alianzas con la Columna Armada Pedro J. Méndez, brazo paramilitar
del Cártel del Golfo, razón por la que López Obrador lo removió.
El portal había sido demandado por Tania Contreras, la
misma aspirante a presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas que
demandó a EL UNIVERSAL y a este columnista por dar a conocer sus
vínculos con las redes que operan desde las aduanas. En mayo pasado, los
directores de Magenta recibieron otra demanda, tan abultada que un funcionario
tuvo que llevarla en un “diablito”: la que Ricardo Peralta interpuso en su
contra.
Está en marcha en toda regla, desde Tamaulipas, una operación
de censura, visible e invisible, cuyo fin es ocultar las redes que
han ligado a políticos de Morena con el oro y el dinero negro. Se ha desatado
desde esa entidad una operación de acoso legal contra el periodismo.
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